Juicio Laboral Nº- 320-20 LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito, 5 julio de 203, las 09h5 VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por Miguel Ángel Bateoja Ramírez contra Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos, en la interpuesta persona de su representante legal señor Alfredo Orellana Pineda, por los derechos que representa y a éste por sus propios derechos y personales derechos; la parte actora interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. ANTECEDENTES.- Comparece Miguel Ángel Bateoja Ramírez, manifestando que ingresó a prestar sus servicios lícitos y personales desde el 0 de febrero de 2008, en calidad de entrenador de baloncesto, para la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos, bajo la dependencia directa de su Presidente, siendo su remuneración de USD. 672.00.- Que el 30 de junio del 2009, recibió una carta firmada y suscrita por el señor Presidente de la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos, en la cual se le agradece los servicios como trabajador deportivo, despidiéndole intempestivamente de su puesto de trabajo que durante cerca de dos años viene desempeñando en forma responsable y eficiente, precisando que durante toda la relación laboral su ex empleadora nunca le pagó la décima tercera, cuarta remuneración, vacaciones, ni se le afilió al IESS; en esta razón demanda para que en sentencia se le condene al pago de los rubros señalados en su
demanda. El juez de primer nivel aceptando la excepción de incompetencia del Juez, rechaza la demanda propuesta. La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, dicta sentencia confirmando la subida en grado. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpone recurso de casación, mismo que ha sido aceptado a trámite en auto de 6 de junio de 202, las h00, por la Sala de Conjueces de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. COMPETENCIA.- Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal que suscribe constituido por juezas y jueces nacionales, nombrados/as y posesionados/as por el Consejo Nacional de la Judicatura, mediante resolución número 004-202 de 26 de enero de 202; y designados por el pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución de 30 de enero de 202 y en este proceso en mérito al sorteo realizado de conformidad a lo dispuesto en el penúltimo inciso del Art. 83 del Código Orgánico de la Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se fundamenta en lo dispuesto en los Arts. 84. de la Constitución de la República del Ecuador, 9. del Código Orgánico de la Función Judicial, de la Ley de Casación y 63 del Código del Trabajo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO - El casacionista aduce, que se han infringido las siguientes normas de derecho: Art. 5, 7 del Código del Trabajo, Art. 326 numeral 6 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. CONSIDERACIONES SOBRE LA CASACIÓN.- La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho. Citando a Humberto Murcia Ballen, diremos; que la casación es un recurso limitado, por que la ley lo reserva para impugnar por medio de él solo determinadas sentencias, formalista; es decir, que impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que sustenta, el
inexorable deber de observar todas las exigencias de la técnica de casación, a tal punto que, el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo. No es una tercera instancia. El objetivo fundamental de éste recurso, es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que puede adolecer; proceso que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de Justicia ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado Constitucional de derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- Debe tenerse presente que es obligación de jueces y tribunales, examinar la validez del proceso, observando en ella, el cumplimiento de las condiciones que deben existir para que pueda darse un pronunciamiento, concretándose de esta forma el deber del juzgador de proveer sobre el mérito de lo actuado, por ello, se hace indispensable analizar los siguientes antecedentes y hechos, así tenemos:.- La Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos, es una organización deportiva calificada como persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, que expresa: De las organizaciones deportivas.- Las organizaciones que contemple esta Ley son entidades de Murcia Ballen Humberto, Recurso de Casación Civil, Bogotá 2005.p.9.
derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública, tienen como propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con las políticas, planes y directrices que establezca el Ministerio Sectorial. Las organizaciones deportivas no podrán realizar proselitismo ni perseguir fines políticos o religiosos. La afiliación o retiro de sus miembros, será libre y voluntaria cumpliendo con las normas que para el efecto determine el Reglamento de esta Ley., asimismo de conformidad con lo preceptuado en el Art. 35 ibídem estas organizaciones planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su Asamblea General. A través de su departamento técnico metodológico coadyuvarán al desarrollo de los deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando la normativa técnica dictada por las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial. En los casos pertinentes de acuerdo a sus objetivos, coordinarán con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, sus actividades de acuerdo a la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial, para cuyo funcionamiento recibe fondos públicos, mismos que al tenor del Art. 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, son: todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas
jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley. 2.- Ahora bien, en el líbelo inicial, se observa que el actor Miguel Ángel Bateoja Ramírez, formula su acción exclusivamente contra la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos, empero no solicita se cuente y notifique al señor Procurador General del Estado o su delegado distrital provincial, como tampoco el Ab. Enrique Barona P., Juez del Trabajo de Sucumbíos, al calificar la demanda (fjs. 5), luego que se procedió a citar a la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos, o antes de dictar sentencia, subsanó este hecho, ordenando se notifique a dicho funcionario del Estado.- La falta de notificación al Procurador General del Estado, es causal de nulidad del proceso, según mandato expreso del Art. 6 de la Ley de la Procuraduría General del Estado, que dispone: Toda demanda o actuación para iniciar un proceso judicial, procedimiento alternativo de solución de conflictos y procedimiento administrativo de impugnación o reclamo contra organismos y entidades del sector público, deberá citarse o notificarse obligatoriamente al Procurador General del Estado. De la misma manera se procederá en los casos en los que la ley exige contar con dicho funcionario. La omisión de este requisito, acarreará la nulidad del proceso o procedimiento. Se citará al Procurador General del Estado en aquellas acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente, y se le notificará en todos los demás de acuerdo con lo previsto en esta ley. Las citaciones y notificaciones se harán en la persona del Procurador General del Estado o de los delegados distritales o provinciales del organismo. De no existir tales delegaciones, las citaciones o notificaciones se harán directamente al Procurador General del Estado, en la forma prevista en este artículo. El Procurador comparecerá directamente o mediante su delegado. El Procurador General del Estado podrá delegar por escrito el ejercicio del patrocinio o defensa del Estado y de los organismos y entidades del sector público, a funcionarios de la Procuraduría General del Estado; y, a asesores jurídicos, procuradores, procuradores síndicos y abogados de otras entidades del sector público. El delegado que actuare al margen de los términos e instrucciones de la delegación,
responderá administrativa, civil y penalmente, de modo directo y exclusivo, por los actos u omisiones verificado en el ejercicio de la delegación. El ejercicio de acciones legales y la interposición de recursos administrativos, por parte del Procurador General del Estado o sus delegados y los representantes legales de las instituciones del sector público estarán exentos del pago de tasas judiciales y de toda clase de tributos. La intervención del Procurador General del Estado o su delegado, no limita ni excluye las obligaciones de las máximas autoridades y representantes legales de los organismos y entidades del sector público, para presentar demandas o contestarlas e interponer los recursos que procedan conforme a la ley ; siendo obligación de Jueces y tribunales al tenor de lo preceptuado en el Art. 349 del Código de Procedimiento Civil, declararla aún de oficio, en consecuencia este Tribunal declara la nulidad de lo actuado en este juicio a partir de fjs. 5 del cuaderno de primer nivel. De conformidad con el Art. 356 del Código de Procedimiento Civil, que establece: Toda omisión de solemnidad sustancial hace personalmente responsables a los jueces que en ella hubiesen incurrido, quienes serán condenados en las costas respectivas, se declara dicha nulidad a costas de los jueces que han intervenido en primera y segunda instancia, ya que no han evitado que se produzca esta nulidad. Notifíquese y devuélvase.- Fdo.) Dr. Jorge M. Blum Carcelén; JUEZ NACIONAL PONENTE; Dr. Wilson Andino Reinoso; Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia; JUECES NACIONALES; CERTIFICO.- Fdo.) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.- SECRETARIO RELATOR.