Ser juez en Marruecos y en España.

Transcripción

1 Fundación CIDOB - Calle Elisabets, Barcelona, España - Tel. (+34) Fax. (+34) info@cidob.org Ser juez en Marruecos y en España. Verdad material y garantías en el proceso civil y penal Las garantías legales en los procesos judiciales

2 LAS GARANTÍAS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES Director de Estudios, Cooperación y Modernización. Ministerio de Justicia, Rabat Antes de empezar, me gustaría mostrar todo mi agradecimiento hacia el profesor Nour Eddine Affaya, así como a los representantes de la Fundación CIDOB por haberme invitado a participar en un encuentro científico de esta envergadura. Y felicito también a los organizadores por la elección de un tema de especial actualidad: la justicia. En este sentido, me gustaría poner de relieve la enorme importancia que nuestro país otorga a la cuestión de la justicia. Una importancia que se ha visto de nuevo reflejada en el discurso real pronunciado el viernes pasado (12 de octubre de 2007) por Su Majestad el Rey ante el parlamento. En este discurso, el soberano ha anunciado la preparación de un estatuto nacional sobre la justicia que permita reforzar las garantías legales de los ciudadanos. Su Majestad el Rey ha anunciado la preparación de un estatuto nacional sobre la justicia que permita reforzar las garantías legales de los ciudadanos Las garantías legales en los procesos judiciales La expresión garantías legales de los procesos judiciales designa los instrumentos y los medios jurídicos establecidos por el legislador para acompañar cada una de las etapas de los procesos judiciales, desde su inició hasta su conclusión, tanto en el ámbito civil como en el penal. El alcance de estas garantías se ha visto ampliado estos últimos años y concierne, hoy en día, diferentes aspectos relacionados principalmente con el derecho de acceso a la justicia, la transparencia de los procesos judiciales, la protección del derecho de defensa y el respeto a los principios del proceso justo. La noción de garantías legales en relación con el proceso judicial se ha ampliado igualmente para abarcar el derecho de acceso a la información jurídica y judicial, lo cual permite la vulgarización del contenido de las reglas jurídicas. La ampliación de este concepto también concierne el derecho a la transparencia del proceso y el fortalecimiento del papel de la defensa en cada una de sus fases, además de la simplificación de los procedimientos así como el tratamiento de los asuntos en un plazo razonable. 59

3 Lo que estas garantías legales expresan en realidad es el respeto a un aspecto esencial de los Derechos Humanos que se refiere al desarrollo de un proceso equitativo, tanto para los asuntos civiles como para los asuntos penales Lo que estas garantías legales expresan en realidad es el respeto a un aspecto esencial de los Derechos Humanos que se refiere al desarrollo de un proceso equitativo, tanto para los asuntos civiles como para los asuntos penales, y del mismo modo ante instancias judiciales en el sentido clásico como ante instancias arbítrales o ante autoridades administrativas independientes. Teniendo en cuenta la globalización en la que se enmarcan estas garantías, la atención que se les presta ha ido más allá del mero aspecto coyuntural relativo a la acción civil o penal, para llegar a la consagración de un entorno jurídico global capaz de garantizar la seguridad jurídica de una manera general. Teniendo esto en cuenta, las garantías legales pueden ser tratadas a través de tres ejes: Los principios generales, su campo de aplicación en relación con la acción civil, y finalmente la acción pública en materia penal. En primer lugar, los principios generales de garantía de los procesos judiciales El derecho de acceso a la justicia es un derecho consagrado por los pactos internacionales, garantizado por las constituciones nacionales, sostenido y asegurado por la justicia. El ejercicio de este derecho, necesita que se den un conjunto de condiciones primordiales que constituyen el fundamento de todo el sistema judicial. Estas condiciones representan, de hecho, la base de las garantías de los procesos judiciales. Estos principios generales de garantía en el proceso son característicos de todos los sistemas judiciales. En el marco del sistema marroquí, sus características son las siguientes: 1. La independencia de la justicia El principio de independencia de la justicia es un principio constitucional. Dicho principio a sido definido por Su Majestad Mohammed VI, presidente del Consejo Superior de la Magistratura, en una de sus alocuciones como un derecho concedido al justiciable y no un privilegio concedido al juez. Resulta importante señalar aquí que el principio de independencia de la justicia está estrechamente ligado a otros principios básicos tales como el principio de imparcialidad, el de neutralidad y el de honestidad. 2. La unidad del sistema judicial Marruecos se caracteriza por la adopción del principio de unidad de la justicia, lo que significa que nuestro país no ha optado por la dualidad de los sistemas administrativo y judicial, aplicada en países tales como Francia, Egipto, etc. 60 LAS GARANTÍAS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

4 Disponemos, por supuesto, de un Tribunal Supremo, que constituye una jurisdicción de derecho y que se encuentra en la cima de la pirámide judicial. En la base de dicha pirámide, se encuentran las jurisdicciones de derecho común (jurisdicciones comunales y de distrito 1, los tribunales de primera instancia y los tribunales de apelación 2 ), las jurisdicciones administrativas (los tribunales administrativos y los tribunales administrativos de apelación) y las jurisdicciones mercantiles (los tribunales mercantiles y los tribunales mercantiles de apelación 3 ). La institución de un alto tribunal contribuirá sin duda a asegurar una unificación de las soluciones jurídicas, lo cual constituye un elemento fundamental de cara a salvaguardar las garantías de los justiciables. 3. El principio de especialización El fundamento de este principio reside en la especialización de las jurisdicciones y de los magistrados en determinados asuntos: este principio se ha plasmado en la práctica a través de la creación de jurisdicciones administrativas y de jurisdicciones mercantiles. Cuál es el valor añadido de la especialización judicial? Aquí podría citar, sin carácter exclusivo, dos elementos fundamentales: la mejora del nivel y de la calidad de las sentencias; la unificación de las soluciones judiciales. Ello constituye una garantía importante para los justiciables y para el buen desarrollo de la justicia en un sentido amplio. Conviene señalar que una reflexión profunda tiende a la creación de un Consejo de Estado que constituiría la cúspide de la pirámide de la justicia administrativa; de este modo se instalará definitivamente la dualidad de jurisdicción en el sistema judicial marroquí 4. El juez único y la colegialidad La reforma de 1974 instauró el principio del juez único en los tribunales de primera instancia. En 1993, sin embargo, se volvió al sistema colegial para ciertos litigios y, de este modo, el sistema de juez único ha quedado limitado a los asuntos menores. 5. El respeto al derecho de defensa Este principio está consagrado tanto por el Código Procesal Civil, como por el Código Procesal Penal o incluso la ley sobre la profesión de abogado. El legislador ha establecido sanciones en caso de vulneración de este derecho. Y como garantía suplementaria se considera que los abogados forman parte del cuerpo judicial. 6. El doble grado de jurisdicción Existen dos niveles para tratar un asunto: La primera instancia y después la apelación Incluso para los asuntos penales se ha establecido la posibilidad de apelar las sentencias dictadas en primera instancia, lo cual no era posible con el antiguo Código Procesal Penal. Del mismo modo, las sentencias dictadas por los tribunales administrativos pueden ser objeto de apelación ante los tribunales administrativos de apelación cuando, de hecho, antes solo cabía apelar ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo, lo cual impedía todo recurso de casación. Conviene señalar que una reflexión profunda tiende a la creación de un Consejo de Estado que constituiría la cúspide de la pirámide de la justicia administrativa; de este modo se instalará definitivamente la dualidad de jurisdicción en el sistema judicial marroquí. 61

5 En principio, los derechos se tienen y las obligaciones son ejecutables de buena fe y sin necesidad de litigio, pero en caso de disputa el proceso continua siendo el mejor medio para acudir a la justicia 7. La selección de magistrados a través de la organización de un concurso-oposición Los magistrados son seleccionados de entre los licenciados en derecho especializados en derecho privado, dando, por supuesto, una cierta prioridad a los candidatos que hayan obtenido un Diploma de Estudios Superiores. Los candidatos seleccionados deben superar un concurso-oposición y realizan, en el caso de haberlo aprobado, unas prácticas de formación de dos años en el Instituto Superior de la Magistratura. Esta institución ha experimentado una reestructuración profunda que debería permitirle cumplir plenamente con su misión formativa, tanto inicial como continua y que se dirige tanto a los magistrados como a los auxiliares de justicia 4. No es necesario recordar aquí que la formación de los magistrados y de los diferentes actores que intervienen en el ámbito judicial constituye una garantía legal de gran envergadura. Tanto la formación inicial como la formación continua garantizan sentencias de gran calidad. Es necesario subrayar que los jueces de las jurisdicciones comunales y de distrito son elegidos por un colegio electoral limitado. 8. La reglamentación de las profesiones judiciales Estas profesiones están reguladas por leyes específicas, tales como la ley sobre la profesión de abogado, la ley sobre los peritos, la ley sobre los intérpretes, los adoules 5, los oficiales de justicia y los copistas. Estos textos tienen una importancia primordial en la medida en que regulan tanto la función en sí, como sus relaciones con los posibles usuarios, lo cual constituye una nueva garantía legal para los justiciables. 9. La Justicia: un servicio público En ese sentido, tienen libre acceso a la justicia tanto los marroquíes como los extranjeros. Es más, los servicios de la justicia son gratuitos y las cantidades pagadas a las cajas de las distintas jurisdicciones no son sino tasas judiciales de escasa cuantía. Además, el turno de oficio permite que las personas con escasos recursos se beneficien de una asistencia jurídica ante cualquier jurisdicción. Por último, el principio básico que define a la justicia, y que caracteriza a todos los servicios públicos, es el principio de continuidad. Es más, en determinadas circunstancias es posible el acceso a la justicia incluso en los días festivos. 10. La Publicidad El carácter público de las vistas refleja la transparencia del proceso y constituye, de este modo, una de las principales garantías legales. Este principio debe ser respetado de forma estricta. Sin embargo, pueden existir algunas excepciones como en el caso que así lo requiriera el respeto a las buenas costumbres. En segundo lugar, las garantías procesales en el proceso civil En principio, los derechos se tienen y las obligaciones son ejecutables de buena fe y sin necesidad de litigio, pero en caso de disputa el proceso continua siendo el mejor medio para acudir a la justicia. 62 LAS GARANTÍAS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

6 El proceso judicial constituye un conjunto de procedimientos judiciales que empieza con la demanda y termina con la sentencia. Esta clase de litigio se resuelve ante la jurisdicción civil, mercantil o contenciosoadministrativa, según cual sea su naturaleza, y en ella el demandante no busca la condena penal del defensor. Todo un conjunto de garantías legales rodean a dicho proceso, de entre las cuales las principales son: 1. El principio contradictorio Este principio constituye uno de los aspectos principales del derecho de defensa y implica la obligación de convocar a las partes, concediéndoles un plazo legal para que preparen su defensa, así como el derecho a conocer las pretensiones del adversario y las pruebas de que dispone. Los razonamientos jurídicos de la sentencia constituyen un medio fundamental de control para las jurisdicciones superiores 2. El principio del papel de las partes durante la instrucción del proceso El buen desarrollo de un proceso exige que se cumplan una serie de procedimientos de instrucción, tales como la investigación, las pruebas periciales o la audiencia a los testigos, ya que incumbe a los magistrados y al resto de auxiliares de justicia convocar a las partes en este tipo de procedimientos. 3. El derecho de defensa y el recurso a un abogado. De hecho, la Ley sobre la profesión de abogado exige que se recurra a un abogado salvo en algunos casos excepcionales. 4. El legislador marroquí no ha tenido en cuenta la idea de un juez de instrucción civil 6, pero sí que ha tenido en cuenta, en cambio, la de un juez relator o de un consejero relator cuyo papel es similar al del juez de instrucción civil. 5. La determinación de la fecha en la que será dictada la sentencia. 6. La redacción de la sentencia. 7. La motivación de la sentencia. Es necesario destacar que los razonamientos jurídicos de la sentencia constituyen un medio fundamental de control para las jurisdicciones superiores, lo cual representa una garantía esencial para los justiciables que permite asegurar una aplicación correcta de la ley. 8. El derecho a ejercer las vías de recurso. En tercer lugar, las garantías del proceso en materia penal El alcance del proceso en materia penal es considerable, ya que concierne la libertad del individuo y su honor. De hecho, uno de los indicadores principales del respeto a los derechos humanos es la existencia de un Código procesal penal, que garantice un proceso justo. 63

7 Pero, qué es un proceso justo? Qué es un proceso justo? El principio esencial que lo fundamenta es el derecho de cada uno a que su causa sea oída equitativa y públicamente, dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley Las reglas de un proceso equitativo encuentran su fundamento en los principios de los convenios y pactos internacionales relativos a los derechos humanos. De hecho, algunos documentos internacionales han definido los elementos que nos permiten delimitar de forma precisa la noción de proceso equitativo, como por ejemplo el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo garantiza el derecho a un proceso equitativo, tanto en el ámbito civil como en el penal. El principio esencial que lo fundamenta es el derecho de cada uno a que su causa sea oída equitativa y públicamente, dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley. El artículo 6 afirma igualmente los siguientes derechos y principios: El principio de la presunción de inocencia hasta que la culpabilidad haya sido legalmente declarada; El derecho de todo acusado a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para preparar su defensa; El derecho a defenderse a sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección; El derecho a citar y a interrogar testigos; y El derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si ello fuera necesario. En Marruecos, se ha querido que el nuevo Código Procesal Penal (2002) desarrollara los principios y las disposiciones fundamentales en materia de derechos humanos para así garantizar las condiciones de un proceso equitativo. Para ello, el Código Procesal Penal establece los principios siguientes: El artículo 1 consagra el principio de la presunción de inocencia. Este artículo establece que toda persona sospechosa o acusada en un proceso penal gozará de la presunción de inocencia mientras no haya sido condenada en virtud de una sentencia definitiva; El beneficio de la duda siempre corresponde al inculpado; Toda persona debe disfrutar del derecho a conocer todos los medios de prueba que existen contra ella, a contestarlos y a ser asistido por un abogado; La autoridad judicial debe velar por la información y la garantía de los derechos de las víctimas en el curso del proceso penal; El tribunal debe decidir en un plazo razonable; Toda persona condenada tiene derecho a recurrir la sentencia; Además de enunciar expresamente el principio de la presunción de inocencia, el Código Procesal Penal lo ha rodeado de varias medidas prácticas para consolidarlo y reforzarlo, entre las cuales destacan: La mejora de las circunstancias de la detención y de la prisión preventiva; 64 LAS GARANTÍAS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

8 El derecho del acusado a ser informado de los cargos de los que se le acusa; El derecho del acusado a comunicarse con su abogado durante la prolongación de la detención, y el derecho de éste último a presentar alegaciones escritas mientras dure dicha prolongación; El derecho del acusado a que su familia sea avisada de su detención; La posibilidad de publicar en la prensa, a petición del interesado o del fiscal, la totalidad o parte de la decisión del juez de instrucción de no haber lugar a la inculpación; La prohibición de tomar fotografías de una persona detenida o esposada, de publicar su fotografía, sus apellidos o cualquier otro signo distintivo sin el consentimiento del interesado. También se castiga la investigación y la publicación de un comentario o una encuesta sobre una persona que participe en un proceso judicial, sea ésta el acusado o la víctima, sin su consentimiento previo; La eficacia de la justicia en el control de la valoración de los medios de prueba; El derecho del acusado a ser asistido por un intérprete; La fijación de los plazos de realización de las formalidades judiciales y del enjuiciamiento de los asuntos para garantizar la rapidez y la eficacia de la justicia penal, especialmente en lo asuntos en los que hay detenidos; El control reforzado de los derechos de los detenidos y de los prisioneros; La consolidación del control de la justicia sobre la actividad de la policía judicial: el fiscal 7 está obligado a visitar los locales donde se lleva a cabo la detención al menos una vez a la semana, para asegurarse de la legalidad de la detención y de sus circunstancias. El fiscal está igualmente obligado a valorar la actividad de los oficiales de la policía judicial y a ponerles una nota, permitiendo así a sus superiores administrativos estar informados de forma regular sobre su capacidad, sus aptitudes y sus esfuerzos en el ámbito de la policía judicial, sin perjuicio de las competencias que tiene la Sala de lo penal del Tribunal de apelación en tanto que autoridad disciplinaria de los oficiales de la policía judicial; La obligación de avisar al demandante cuando el fiscal decide archivar su demanda, en un plazo máximo de quince días contadores desde el momento en que se tomó la decisión, para poder permitirle utilizar los mecanismos formales previstos por la ley para garantizar sus derechos. Además de enunciar expresamente el principio de la presunción de inocencia, el Código Procesal Penal lo ha rodeado de varias medidas prácticas para consolidarlo y reforzarlo Para finalizar, Hemos visto los grandes rasgos de las disposiciones legales que garantizan los derechos de las partes en los procesos judiciales para cualquier tipo de asunto. Permítanme sin embargo añadir algunas otras garantías esenciales: La formación de los magistrados y de todos los actores que intervienen en el proceso judicial; La especialización y el profesionalismo de los magistrados; La informatización de los procesos judiciales. 65

9 Notas 1. Juridictions communales y Juridictions d arrondissement, respectivamente, en la terminología del derecho marroquí. N. Del T. 2. Cour d Appel, en la terminología del derecho marroquí. N. Del T. 3. Tribunaux de commerce y Cours d appel de commerce, respectivamente, en la terminología del derecho marroquí. N. Del T. 4. En el sistema judicial marroquí, como en el francés, entre los auxiliares de justicia se incluye a los abogados, a los peritos y a los oficiales de justicia. N. Del T. 5. El adoul en el derecho marroquí es una especie de notario tradicional. N. Del T. 6. Juge de la mise en état, en la terminología jurídica francesa. N. Del T. 7. Procureur du Roi, en el derecho marroquí. N. Del T. 66 LAS GARANTÍAS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES