RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Recurso nº 1053/2018 C.A. Cantabria 51/2018 Resolución nº 1119/2018 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 7 de diciembre de VISTO el recurso interpuesto por D. J.M.N., en representación de Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELIN), contra los pliegos de la licitación convocada por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de la Comunidad autónoma de Castilla La Mancha, para contratar el Servicio de limpieza de varias dependencias de la consejería de Medio Rural Expte /18, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. En fecha 9 de agosto de 2018 se dicta por el órgano de contratación acuerdo de inicio del procedimiento para la licitación del contrato de Servicio de limpieza de varias dependencias de la consejería de Medio Rural Expte /18. El pliego se publicó en el DOUE el 22 de septiembre de 2018 y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24 del mismo mes y año. Segundo. El procedimiento se rige por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se siguen los trámites del procedimiento abierto. Tercero. El 15 de octubre AFELIN presentó recurso especial en el registro electrónico de este Tribunal. Recibido el expediente en este Tribunal, se dio traslado a los interesados el 19 de octubre de 2018 para que formulasen las alegaciones que tuvieran por conveniente, sin que ninguno de ellos evacuara el trámite conferido. En fecha 5 de noviembre de 2018 se requirió al órgano de contratación la aclaración sobre la forma de AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

2 2 cálculo del presupuesto base de licitación, contestando al requerimiento en fecha 6 de noviembre. Cuarto. En el procedimiento no se han solicitado ni concedido medidas cautelares. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primera. Competencia del Tribunal. El recurso se formula ante este Tribunal en un procedimiento para el que es competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LCSP, y en el Convenio suscrito al efecto el 5 de diciembre de 2012 entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y publicado en el BOE el día 13 de diciembre de Segundo. Acto recurrible y adecuación del procedimiento. El recurso se formula además frente a un acto dictado en un procedimiento de licitación susceptible de este recurso especial y contra un acto recurrible, pues se interpone frente a los pliegos y demás documentación contractual en que se establecen las condiciones que deben regir la contratación (art a) LCSP) y en relación con un contrato de servicios con un valor estimado superior a euros (art a) LCSP). Tercero. Plazo de interposición del recurso y legitimación del recurrente. El recurso ha sido interpuesto en plazo, pues se presentan el 15 de octubre de 2018 y dado que la publicación en la plataforma de contratación del sector público se efectúa el 24 de septiembre y el plazo son quince días hábiles computados desde el día siguiente a dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.1 b) LCSP. Además, la recurrente tiene legitimación para la formulación del recurso, por tratarse de una asociación defensora de los intereses de las empresas del sector al que se refiere el objeto del contrato, tal y como ha sido reconocido por la doctrina constante de este Tribunal (Resolución TACRC 328/2014, 199/2014 y 29/2011). Cuarto. Alegaciones del recurrente y contestación del órgano de contratación.

3 3 El recurrente considera que los pliegos vulneran los dispuesto en el artículo 100 LCSP, dado que el presupuesto base de licitación, a su entender, no respeta los costes laborales establecidos por el Convenio Colectivo sectorial, especialmente teniendo en cuenta que durante la fase de ejecución del contrato entrará en vigor un nuevo Convenio Colectivo que aumenta los costes laborales. Por su parte, el órgano de contratación considera que el Convenio Colectivo que ha de aplicarse es el que se encuentre en vigor en el momento de elaborar los pliegos, no habiéndose todavía suscrito el nuevo Convenio Colectivo para el año Señalan además que en el cálculo del presupuesto se ha aumentado más de un 10% respecto del periodo anterior, habiéndose tenido en cuenta los aumentos salariales pactados en el convenio actualmente vigente para el ejercicio Quinto. Valoración del Tribunal. Señala el artículo LCSP: En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Tal y como se ha señalado recientemente por este Tribunal la nueva redacción contemplada en este precepto, así como en otros referidos a las condiciones laborales obligan a modificar la doctrina seguida hasta ahora en relación con esta cuestión. Así, se señaló en Resolución nº632/2018: A la vista de los artículos anteriores y los términos de s u redacción, es evidente que se produce una mayor vinculación de la contratación pública a la normativa laboral. Vinculación que cobra un mayor protagonismo cuando se trate de contratos, como los

4 4 de servicios, donde los costes de personal pueden suponer la partida principal del gasto en el presupuesto base de licitación. Tal intensidad tiene su reflejo en la obligación de indicar los costes salariales estimados a partir de la normativa laboral de referencia en los Pliegos (artículo LCSP), su consideración expresa e n el cálculo del valor estimado del contrato (artículo LCSP), y para la fijación del precio (artículo LCSP). Pero también a la hora de imponer el rechazo de las ofertas anormalmente bajas que no cumplan con la normativa laboral, incluyendo lo dispuesto en los convenios colectivos de carácter sectorial, así como la obligación a los órganos de contratación de velar por su cumplimiento de las condiciones salariales una vez adjudicado el contrato, y erigiéndose su infracción en causa de imposición de penalidades. Por todo ello, se ha de concluir que existe una mayor vinculación, intensidad y deber cuidado por el respeto a la normativa laboral, del que se derivan para el órgano de contratación un deber de vigilancia que antes no existía. Por tanto, los costes salariales derivados de los convenios colectivos ya no se limitan a ser una de las posibles fuentes del conocimiento para determinar el precio de mercado del contrato, sino que, además, tienen fuerza vinculante, y su respeto debe quedar totalmente garantizado, tanto en la preparación del contrato, al elaborar los Pliegos, como con posterioridad, una vez adjudicado, en fase de ejecución. Debe por ello revisarse la doctrina sentada por este Tribunal en sus resoluciones anteriores, con el fin de incorporar las obligaciones que impone al respecto la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Noveno. Por consiguiente, y en atención a lo expuesto, en los Pliegos impugnados se produce una infracción de lo dispuesto en el artículo de la LCSP, puesto que la cláusula 7ª, relativa al presupuesto base de licitación, además de otras cuestiones, no ha consignado de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. La obligación que impone el artículo al LCSP es clara en este sentido, y no puede entenderse cumplida con una mera remisión al convenio de colaboración suscrito con el IMAS y el Ayuntamiento de Elea, puesto que, tampoco consta en el

5 5 citado convenio el desglose de los costes salariales, y no identifica el convenio laboral de referencia. De acuerdo con lo expuesto, el motivo del recurso debe de ser estimado y anulada por ello la cláusula 7ª del PCAP, aunque, sin embargo, la infracción del artículo de la LCSP no permite emitir un pronunciamiento en relación con el incumplimiento que de los artículos y de la LCSP postula la recurrente, ya que, el Tribunal ignora cuales han sido los costes salariales tomados en consideración por el órgano de contratación, así como el convenio colectivo de referencia, por lo que, su omisión impide determinar si el valor estimado y el precio del contrato fijados en el PCAP son o no ajustados a Derecho, al carecer de los elementos imprescindibles para ello. En el presente caso, el recurrente se limita a reflejar para determinados lotes, unas cifras que él denomina costes reales de personal, y a manifestar que no se han tenido en cuenta los incrementos salariales en negociación para los años de ejecución del contrato. No indica cual es convenio colectivo que considera de aplicación, ni los cálculos realizados para llegar a las cifras que consigna en su recurso. En estos términos, el recurso debe ser desestimado, porque AFELIN no ha realizado el esfuerzo que como recurrente le corresponde, y porque el órgano de contratación no tiene la obligación de tener en cuenta, al elaborar el presupuesto base de licitación, los incrementos salariales en negociación. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. J.M.N., en representación de Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELIN), contra los pliegos de la licitación convocada por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de la Comunidad autónoma de Castilla La Mancha, para contratar el Servicio de limpieza de varias dependencias de la consejería de Medio Rural Expte /18.

6 6 Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.