Recurso de Casación No.S.P.304=2010

Transcripción

1 CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL A. HERNANDEZ INTERIANO y JACOBO A. CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo de los RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuestos contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual Condenó a: V. J. B. M. Y S. E. M. T., como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN RESPECTIVAMENTE, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; asimismo, absolvió a E. A. P., por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpusieron los Recursos de Casación los Abogados R. S. B., actuando en su condición de Defensor Privado del señor V. J. B. M.; M. A. G., actuando en su condición de Defensor del señor S. E. M. T.; como recurrentes, y la Abogada T. J. F. R. actuando en su condición de Representante del Ministerio Público, como recurrente-recurrida.- SON PARTES: El Abogado R. S. B., Defensor Privado del señor V. J. B. M.; los Abogados J. A. D. y J. S. C., Defensores del señor S. E. M. T.; como partes recurrentes; la Abogada Y. M. M. L., Representante del Ministerio Público, como parte recurrente-recurrida; y el Abogado F. M. G., Defensor del Señor E. A. P., como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- LOS RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- HECHOS PROBADOS: Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente Probados los hechos siguientes: PRIMERO: El señor V. J. B. M., de nacionalidad con Pasaporte. No., ha sido Suscriptor y Directivo de varias empresas, entre las cuales se encuentra, radicada en la, dedicada al comercio y distribución de mercadería. SEGUNDO: Además, el señor V. J. B. M., viajaba frecuentemente por diferentes países, incluido Honduras, lugar donde se había constituido la sociedad denominada,, inscrita bajo el número del Tomo del Registro de Comerciantes Sociales, que según los registros tiene su domicilio en, en una dirección física donde no hay oficinas de esa empresa, de la cual Inclusive se abrió una cuenta bancaria en que solamente ha realizado siete operaciones bancarias desde el año TERCERO: El señor S. E. M. T. era empleado de la Empresa, devengando un salario mensual de ochocientos 1

2 Balboas. CUARTO: El día trece de marzo de dos mil ocho, en horas del mediodía, los señores V. J. B. M. y S. E. M. T., arribaron al Aeropuerto ubicado en a fin de abordar un vuelo de la, que les llevaría hasta, llevando V. J. B. M. una maleta de mano conteniendo cuatro paquetes de sobres de manila sellados con cinta adhesiva dentro del cual a su vez habían varios fajos de billetes sujetados en paquetes que sumaban un millón ciento noventa y nueve mil novecientos dólares americanos (US $1,199,000.00). Por su parte el señor S. E. M. T., llevaba consigo en una maleta de mano, la cantidad de novecientos mil cuatrocientos dólares americanos (US $900,400.00) guardados en tres sobres de papel manila, sellados también con cinta adhesiva sumando en total todos los tajos de billetes que llevaban ambos señores la cantidad de dos millones doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos dólares (US$2,299,400.00) del cual no se estableció su origen ni se determinó que procediera de alguna actividad permitida por las leyes de país, y el cual fue decomisado luego de haber sido sometidas sus respectivas maletas a un control de seguridad de Rayos X en el aeropuerto, resultando igualmente ambos señores detenidos por la autoridad policial, luego de haberse puesto en conocimiento a policías de la Unidad de Lavado de activos de la presencia de ambos señores en las circunstancias mencionadas. QUINTO: Durante lo acontecido en la sección de Rayos X del aeropuerto descrito en el numeral anterior, se encontró presente el Policía de Fronteras E. A. P. quien tuvo conocimiento y contacto directo con lo que aconteció con los acusados B. y M., resultando posteriormente detenido y acusado por el Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos, por considerársele responsable de haber ayudado de manera indispensable, a que los señores B. y M. atravesaran los controles de seguridad del aeropuerto con el dinero mencionado para luego ingresar al área de abordaje de la aerolínea Copa, donde fueron requeridos por autoridades de INTERPOL. III.- El recurrente, Abogado R. S. B., en su condición de Defensor Privado del señor V. J. B. M., formalizó su recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO PRIMERO: Infracción, por falta de aplicación, del artículo 89 de la Constitución de la República que a la letra dispone lo siguiente; Toda persona ES INOCENTE mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente (Lo destacado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: En todos los casos en que con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO: La situación a que nos vamos a referir, constitutiva del presente motivo, es un atropello evidente e indiscutible al constitucionalismo de nuestro país. Veamos, en el apartado de la sentencia intitulado Respecto a los elementos del delito y en la página 157 de la misma, después de referirse a la tipicidad, el Tribunal expone en cuatro párrafos las siguientes tesis: En este punto es necesario acotar, que conforme al artículo 89 de la Constitución de la República 2

3 toda persona será considerada inocente hasta que no sea declarada su responsabilidad por autoridad competente. En tal sentido, esta garantía constitucional consiste por un lado en la condición de que la persona acusada será considerada inocente durante todo el proceso hasta que no exista una resolución emitida por órgano jurisdiccional y, por otro lado, generalmente (sic) la Presunción de Inocencia conlleva que un ciudadano sometido a enjuiciamiento criminal no se encuentra en la obligación de probar su inocencia, contrario a ello, es el órgano acusador el que debe destruir dicha presunción de inocencia. No obstante lo anterior, se ha de indicar que debido a las particularidades especiales del delito de Lavado de Activos, del cual resulta difícil captar prueba, el legislador ha determinado implementar una presunción juris tantum respecto al segundo elemento objetivo del delito, es decir que si una persona tiene en su poder grandes cantidades de dinero se presume que el origen de dicho dinero no es lícito. Algunos juristas pueden considerar que esta situación vulnera la presunción de inocencia pero en realidad no es así si se toma en consideración que existe una pluralidad de aspectos dogmáticos penales cuya probanza le incumbe a la Defensa, como ser, una legítima defensa en la cual se debe acreditar ese ánimo defensivo que conforma los elementos de dicha causa de justificación, o bien la existencia de una causa de inimputabilidad. Por otra parte, esta presunción juris tantum es más bien a efectos preventivos, ya que el Estado deviene obligado en controlar la actividad criminal organizada y el disfrute de los bienes provenientes de ésta. Aunado a ello, esta presunción puede ser destruida durante el proceso con prueba que demuestre lo contrario, es decir, que es la persona acusada quien ha de probar la licitud del dinero que tiene en su poder. En tal sentido, si los acusados pretenden acreditar el origen lícito del activo que fue encontrado en su poder, la prueba aportada por éstos debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica. Tratando de explicar el motivo y a propósito de esas singulares ideas, permítasenos hacer algunas referencias al origen y otros aspectos relacionados con la presunción de inocencia. Por primera vez ese principio fue consagrado en el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su texto francés se lee así: Tout homme, etant présumé innocent jusqu á cequ il été déclaré coupable, s il est jugé indispensable de la arreter, toute rigueur qui on serai pas necessaire pour s assurer de sa personne, doit étre sévérement réprimée par la loi. Una traducción libre al español sería la siguiente: Todo hombre, siendo presumido inocente hasta que sea declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley. El distinguido penalista suramericano J. Bustos Ramírez nos dejó dicho en un trabajo: Principio básico del sistema penal moderno es el de presunción de inocencia, pues es derivación de un principio fundamental para el Estado de Derecho en la actualidad, que es la dignidad de la persona. Es por eso que con razón la doctrina moderna señala que los llamados delitos de peligro abstracto y los de sospecha, contravienen este principio, pues contienen una presunción de 3

4 derecho de responsabilidad. Carmignani expuso, a manera de explicación del principio que nos ocupa: como es más frecuente que los hombres se abstengan de delinquir, la ley consagra para todos los ciudadanos la presunción de inocencia. El Maestro español Manuel Jaén Vallejo, en su obra La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a esa presunción, expresa De hecho, dada la proclamación incuestionable que realizó la ley fundamental, reiteradas decisiones del Tribunal Constitucional han acentuado que el reconocimiento de este derecho fundamental implica que se exija para una condena una mínima actividad probatoria, practicada en juicio y con las garantías procesales, sin lo cual estará destruida esa verdadera presunción juris tantum establecida a favor del acusado. Este autor estima, pues, que la presunción de inocencia es una verdadera presunción juris tantum. En cambio, el Tribunal sentenciador estima que se presume juris tantum que no es lícito el origen del dinero que una persona tenga en grandes cantidades (así lo expresa en uno de los párrafos que arriba hemos trascrito). O sea, pues, que la situación está muy clara: según la doctrina y la jurisprudencia, la presunción de inocencia es indiscutiblemente una presunción juris tantum, a la inversa, el Tribunal de Sentencia sostiene que es presunción de esa naturaleza la culpabilidad de las personas a quienes se encuentren grandes cantidades de dinero, lo cual significa todo lo contrario de lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la República. Y esto nos conduce a concluir que al resolver en los términos que se han indicado, el Tribunal recurrido no sólo no ha aplicado ese precepto fundamental, sino que expresamente y, más aún, invocando razones para ello, ha resuelto en contra de esa norma constitucional, con lo que se ha infringido y se ha dejado de aplicar, constituyendo de esa manera el motivo de casación al que nos estamos refiriendo. Antes de terminar permítasenos hacer unas últimas consideraciones: a) En la sentencia, frente al valor del precepto constitucional que se invoca como infringido, se levanta como valor superior la obligación que tiene el Estado en controlar la actividad criminal organizada ; para ello anteriormente ha argumentado la dificultad de captar prueba en relación al delito de lavado de activos, cuando lo procedente es que se mejoren los sistemas de investigación, los que según la propia sentencia funcionan muy mal en el país, antes que atropellar las normas constitucionales. b) En el primer párrafo de los que, tomados del fallo, se transcriben arriba, el Tribunal expone un contenido del artículo 89 de la Constitución de la República que no es el que realmente aparece en la Carta Magna, pues en el texto que en ésta se lee el mandato consiste en que toda persona es inocente y no que toda persona será considerada inocente, como se expresa en el indicado párrafo del fallo. Y es que no debe olvidarse que en nuestra normativa constitucional no aparece la presunción de inocencia, sino que el estado de inocencia, porque el artículo correspondiente establece Toda persona es inocente,. c) Siempre en ese primer párrafo el Tribunal sentenciador expone una interesante tesis sobre la presunción de inocencia, que creemos procedente volver a copiar: En tal sentido, esta 4

5 garantía constitucional consiste por un lado en la condición de que la persona acusada será considerada inocente durante todo el proceso hasta que no exista una resolución emitida por órgano jurisdiccional y, por otro lado, generalmente (sic) la Presunción de Inocencia conlleva que un ciudadano sometido a enjuiciamiento criminal no se encuentra en la obligación de probar su inocencia, contrario a ello, es el órgano acusador el que debe destruir dicha presunción de inocencia. O sea que para el Tribunal de Sentencia, la norma contenida en el artículo 89 citado, no es de cumplimiento siempre, sino que ahora sí mañana no, puesto que según su criterio ese precepto solamente es aplicable generalmente, no siempre. De esa manera se explica por qué no le dio aplicación en el caso que nos ocupa, dando así lugar a que en esa forma tal precepto haya sido infringido, configurándose plenamente el presente motivo. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DESARROLLADO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO V. J. B. M. FUNDADO EN LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE DISPONE: TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Señala el recurrente que en el apartado de la sentencia intitulado Respecto a los elementos del delito y en la página 157 de la misma, después de referirse a la tipicidad, el Tribunal de Instancia expone que conforme al artículo 89 de la Constitución de la República toda persona será considerada inocente hasta que no sea declarada su responsabilidad por autoridad competente. Estima que esta garantía constitucional consiste por un lado en la condición de que la persona acusada será considerada inocente durante todo el proceso hasta que no exista una resolución emitida por órgano jurisdiccional y, por otro lado, que generalmente la Presunción de Inocencia conlleva que un ciudadano sometido a enjuiciamiento criminal no se encuentra en la obligación de probar su inocencia, contrario a ello, es el órgano acusador el que debe destruir dicha presunción de inocencia, asimismo que debido a las particularidades especiales del delito de Lavado de Activos, del cual resulta difícil captar prueba, el legislador ha determinado implementar una presunción juris tantum respecto al segundo elemento objetivo del delito, es decir, que si una persona tiene en su poder grandes cantidades de dinero se presume que el origen de dicho dinero no es lícito. Expone que esta presunción puede ser destruida durante el proceso con prueba que demuestre lo contrario, es decir, que la persona acusada ha de probar la licitud del dinero que tiene en su poder. Entre otros juristas el recurrente cita al autor español Manuel Jaén Vallejo, en su obra La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional, en cuanto a que la presunción de inocencia es una verdadera presunción juris tantum; reprochando el Censor que el Juzgador en cambio, ha estimado que se presume juris tantum que no es lícito el origen del dinero cuando una persona lo tenga en grandes cantidades. Es decir que con una presunción de esa naturaleza se presume la culpabilidad de las personas a quienes se encuentren grandes cantidades de dinero, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República. Por lo anterior concluye que el A Quo no ha aplicado el precepto fundamental invocado, de tal manera que ha resuelto en contra de esa norma constitucional, con lo que se ha infringido y dejado de aplicar, constituyendo ese el motivo de casación. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que la condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada 5

6 mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra. La ley contra el Delito de Lavado de Activos, (decreto ) en sus artículos 3 y 4 dispone que incurre en la comisión de ese tipo penal, quien por si o interpósita persona entre otras actividades posea, traslade, oculte activos procedentes de cualquier actividad ilícita o que no tenga justificación económica o legal de su procedencia. Tal disposición constituye un tipo de peligro abstracto que sanciona la posesión material de activos que no tienen una justificación legal de su procedencia. En estos casos, corresponde a la defensa acreditar la procedencia lícita de dichos activos, para evitar su incautación y su vinculación indiciaria al delito de lavado de activos. No se trata pues de un tipo penal que posibilita a la defensa del acusado permanecer inactiva ante la necesidad insoslayable de realizar una actividad probatoria orientada puntualmente a justificar en juicio la procedencia legal de los activos. Conviene aquí reseñar lo expuesto por el jurista ZARAGOZA AGUADO cuando se refiere al debate que suscita la supuesta inversión de la carga de la prueba en relación con la acreditación del delito de lavado de activos, recordando que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero no hay que olvidar también que es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, es decir que es susceptible de ser destruida por elementos de prueba, no solo directa sino también indirecta o de presunciones. Como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar para demostrar el origen ilícito de los bienes, entre otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en los depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera o mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes o productos de una actividad delictiva 1. Reitera el autor antes citado que quizás sea necesario recordar que la utilización de presunciones no es algo infrecuente en el 1 Vid. ZARAGOZA AGUADO, JAVIER, Análisis sustantivo del delito (II): Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria, la comisión culposa. Nuevas Orientaciones en Derecho Comparado, AAVV en Prevención y Represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial No. 28, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, págs

7 ordenamiento jurídico penal, de tal manera que en los propios delitos de tráfico ilegal de drogas determinados hechos objetivos permiten presumir la intención de tráfico y configurar el tipo penal en toda su integridad, lo que obliga a los acusados a una actividad probatoria de descargo para destruir aquellas presunciones. 2 En el presente caso, el activo consiste en dinero en efectivo, encontrado en posesión material del acusado V. J. B. M., el que se considera que es de origen ilícito, en tanto que no se acreditó su origen legítimo, lo que no es contrario al derecho fundamental de inocencia del imputado. Para desvanecer el Estado de inocencia, ha sido necesario que el Juzgador a instancia de la parte acusadora, enlace los indicios debidamente probados en juicio, y forme su convicción judicial con base en inferencias y razonamientos lógicos, a través del examen de la prueba de presunciones. No ha bastado con tener por probada la posesión por parte del acusado de una fuerte cantidad de dinero en dólares, sino que el acusado no ha podido acreditar su procedencia legal, y que en descargo ha tratado infructuosamente de atribuir su origen al producto de la actividad comercial de la Empresa, en virtud de un contrato de compraventa en un monto superior a los dos millones de dólares suscrito por dicha empresa en 2008 con representada por el señor G. G. B., así como también por el hecho de que fuera aprehendido por las autoridades en el momento en que intentaba sacar el dinero fuera del país en su maleta de mano, por una aduana aérea, mecanismo atípico de trasladar dinero al exterior, habida cuenta del peligro que implica el trasportar grandes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera, pudiendo hacerlo con seguridad a través del sistema financiero nacional. Se debe tomar en cuenta que el acusado tampoco ha declarado a las autoridades aduaneras del país las cantidades de dinero que pretendía sacar del territorio nacional, estando por ley en la obligación de hacerlo 3, así como la prueba orientada a acreditar el número de ocasiones que con anterioridad el acusado ha entrado y salido de Honduras y llevado consigo fuertes cantidades de dinero en dólares sin reportarlas a las autoridades de nuestro país, cantidades que si ha reportado al ingresar a de donde es natural. Ante la falta de prueba suficiente por parte de la defensa para acreditar la procedencia legal de los activos, lo que ha procedido es su incautación; y es ante el cúmulo de indicios aportados en juicio contra del encartado por parte del ente acusador, analizados a la luz de la prueba de presunciones, que el Juzgador ha logrado formar su convicción y enervar la presunción de inocencia dispuesta constitucionalmente a favor del acusado, en tanto ha vinculado al acusado V. J. B. M., como autor de una actividad ilícita de lavado de activos. Por lo expuesto anteriormente, el motivo de casación es desestimado. MOTIVO SEGUNDO: Infracción, por falta de aplicación, del artículo 76 de la Constitución de la República que se lee así: Se garantiza el derecho del honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. (Lo destacado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: En todos los casos en que con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de 2 Vid. ZARAGOZA AGUADO, JAVIER, en AAVV, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, Estudios de Derecho Judicial, No. 28, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, págs Vid. artículo 5 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos: Al ingresar o salir de Honduras, toda persona nacional o extranjera está obligada a declarar y si fuera requerido a presentar el dinero en efectivo y títulos valores de convertibilidad inmediata, que exceda el monto establecido por el Banco Central de Honduras. 7

8 casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional EXPLICACION DEL MOTIVO: Para demostrar la infracción que en este motivo estamos alegando, de entrada trascribiremos el párrafo cuarto de la página 50 de la sentencia impugnada que dice: Ahora bien es menester indicar, que en un momento determinado, la defensa alegó que al haberse abierto las maletas de los acusados, se vulneró el derecho a la INTIMIDAD de estos, no obstante lo cierto es que dicho alegato NO TIENE SUSTENTO LEGAL Considera el Tribunal de Sentencias, que la exhibición en un Juicio Oral y Público, de objetos y prendas personales que nada tiene que ver con el Juicio, no es Violatorio de Garantías Constitucionales, y que por ende no tiene FUNDAMENTO LEGAL, ya que esta protección de control jurisdiccional sobre las garantías solo esta limitada a las Intervenciones de Correspondencia y comunicaciones (Léase párrafo segundo de la página 185 de la sentencia) Es así que consta en el acta de debate y en la propia sentencia (ver página 39 y 40 de la sentencia) que como resultado de esta falta de Control Jurisdiccional sobre los objetos secuestrados, tal como lo ordena la normativa procesal, se exhibieron públicamente, Ropa Intima de los Acusados, como calzoncillos, describiendo y exhibiendo tamaños, colores y condiciones (limpia o sucia), preservativos, ropa interior femenina, revistas de mujeres en ropa interior, así como un sin número de prendas personales y de vestir como gorras de baño, shampoo, rasuradoras, calcetines, camisas etc. En el Debate Oral y Público, quedó más que probado con la prueba evacuada en juicio que los señores V. J. B. M. Y S. E. M. T., se negaron ante la solicitud hecha por los agentes de investigación y la fiscal del Ministerio Público a abrir las maletas de su propiedad, por lo que sin orden judicial procedieron a su apertura. Esta negativa no es un hecho controvertido, afirmado por los agentes y que se encuentra consignado en las actas respectivas, así como valorado en la sentencia impugnada.- La apertura de las maletas respondió según lo establecen la sentencia a una ORDEN emitida por la Fiscal de Ministerio Público, luego que los agentes asignados al Aeropuerto determinaran que en las maletas se transportaba DINERO. Conforme nuestra normativa procesal, lo que contenía las mencionadas maletas eran objetos que podían ser objeto de comiso y debían ser tomados en depósito por las respectivas autoridades, asegurándolo y conservándolo del mejor modo posible (artículo 217 del Código Procesal Penal). En este orden de ideas, las autoridades encargadas de la investigación conforme la ley, debían realizar el procedimiento que legitimara la obtención y depósito de dichos objetos, a efecto de proteger las garantías constitucionales tales como el DERECHO DE DEFENSA y LA INTIMIDAD. El debido proceso para la custodia y depósito de estos bienes se encuentra regulado en el párrafo segundo del artículo 217 del Código Procesal Penal, que establece como primer paso: 1. Quienes tengan en su poder objetos o documentos. Deberán presentarlos y entregarlos al solo requerimiento del Ministerio Público y en su defecto de la autoridad policial.. Este primer paso para el aseguramiento de los objetos se realizó conforme a la normativa procesal, en total consonancia con el artículo 15 de la Ley de lavado de activos, y la orden de ASEGURARMIENTO de objetos, de igual forma como establece la propia sentencia se solicitó a los sospechosos V. J. B. M. Y S. E. M. T., que procedieran a abrir, o autorizar que se abriera las maletas de su propiedad. El segundo paso se encuentra en el mismo artículo que establece: 2. Si los bienes mencionados no son entregados se dispondrá su secuestro y se seguirá juicio por el delito de desobediencia al responsable. El procedimiento debido para el SECUESTRO de estos objetos, se encuentra contenido en el artículo 219 del Código Procesal Penal, artículo con el cual 8

9 se da plena vigencia AL DERECHO DE DEFENSA Y RESPETO AL DERECHO A LA INTIMIDAD, al ordenar que sea UN JUEZ DE GARANTIAS, quien expida la orden de secuestro por resolución motivada. La función principal de este Juez debió ser en éste caso, precisamente que dentro de las actas, evidencias y demás prueba que habría de evacuarse en juicio, no se exhibieran estas prendas Íntimas no relacionadas con el delito, que debían apartase del proceso para proteger el PUDOR, LA INTIMIDAD, y EL RECATO como derechos humanos de los imputados QUE NO DEBIAN CONSTAR en las actas de un expediente público para que sean leídos en audiencias públicas, y como EVIDENCIAS para ser exhibidos que podrían servir de mofa y escarnio tal y como ocurrió en el caso de autos, donde se describen la cantidad de la ropa interior encontrada, el color y estado de la misma, preservativos, así como revistas y fotografías de publicidad de ropa interior femenina (que nada tiene que ver con el delito) VIOLENTANDO EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. En total consonancia con ello, el artículo 273 del Código Procesal Penal otorga taxativamente las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, estableciendo en el párrafo sexto que: Para la realización de las actividades anteriores las señaladas dependencia no necesitaran autorización judicial, salvo cuando pueda AFECTAR UN DERECHO GARANTIZADO POR LA CONTITUCION DE LA REPUBLICA y los tratados internacionales de los que Honduras forme parte. Evidentemente en el caso que nos ocupa, la intimidad, ES UN DERECHO GARANTIZADO por la Constitución, que se vio afectado por el inadecuado procedimiento utilizado por las autoridades encargadas de la investigación, que de manera irresponsable y violatoria de la ley omitieron la autorización judicial requerida, arrogándose funciones que solo los Jueces tienen y es ser garantes y protectores de las Derechos Constitucionales, que solo pueden ser conculcados por órdenes Judiciales debidamente motivadas, y en los casos que expresa la norma. La constitución protege la vida privada.- Se trata de lo que Louis Brandeis, un gran jurista norteamericano que llegó a ser miembro del Tribunal Supremo, bautizó hace cien años como la privacy.- Esta privacidad consistía sintéticamente, en el derecho a ser dejado en paz (to be at alone).- La existencia de una esfera privada en que tanto los poderes públicos o particulares no puedan entrar sin el consentimiento de las personas, no implica solo un reconocimiento al altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana sino que constituye también una garantía básica de libertades. En la motivación, realizada por el Tribunal propiamente en las páginas 50 y 51 de la sentencia que hoy se impugna, se infringe la NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA, y realiza por parte del Órgano Jurisdiccional un análisis de los artículos 206 y 217 del Código Procesal Penal, y la aplicación que a su criterio deben tener estos artículos, estableciendo la diferencia de uno y otro que de manera sucinta para efectos de claridad en el recurso trascribimos: En el caso del 206 lo que existe es una SOSPECHA de que entre las pertenencias de una persona existan algunos objetos relacionados con un delito o que puedan ser importantes para la investigación, pues en el caso dado de que no resulte cierto que llevan objetos de esa naturaleza, ya sea porque en realidad no eran los objetos que se pensaban que era o que en este caso haya habido un respaldo suficiente para su posesión, lo que procede simplemente es confirmar tales extremos y despachar a la persona que antes fue sospechosa. En tanto el 217 es mas para aquellos casos en los que ya se tiene una MERIDIANA CERTEZA de la existencia de objetos relacionadas con el delito o importantes para una investigación de un delito De la simple lectura de la motivación expuesta en la Sentencia, nos percatamos que efectivamente la apertura inadecuada de las maletas, en la forma 9

10 descrita se subsume en el artículo 217 del Código Procesal Penal, analizado en virtud de que tal como expresa la sentencia, la simple SOSPECHA de que en sus pertenencias los imputados tenían objetos relacionados con el delito, había ocurrido cuando los Agentes de Rayos X y la policía de INTERPOL asignada al aeropuerto, requieren a los imputados y determinan que dentro de las maletas se encontraba DINERO. Ya con esta información se había aprehendido a los imputados, impidiéndoles salir del país, requiriéndolos y manteniéndolos en una habitación custodiada y asegurando las maletas, hasta la llegada de la Fiscalía del Ministerio Público, Cuando ésta llega al lugar, con la información recabada por los agentes asignados en el aeropuerto existe una NO MERIDIANA CERTEZA, sino UNA CERTEZA ABSOLUTA, de que dentro de las maletas se encuentra dinero, lo que se ignora es la cantidad. El Tribunal de Sentencias al no aplicar la norma procesal que da vigencia a la Garantía Constitucional del respeto a la INTIMIDAD, por considerar que no tiene FUNDAMENTO LEGAL, infringe por falta de aplicación el artículo 73 de la Constitución.- De esa manera, se configura el motivo de casación que estamos terminando de explicar. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL FUNDADO EN LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA AL TENOR DEL CUAL SE PREVE QUE: SE GARANTIZA EL DERECHO DEL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL, FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN. PRECEPTO AUTORIZANTE.- ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que la infracción que se alega se encuentra acreditada en el párrafo cuarto de la página 50 de la sentencia impugnada. La defensa considera que el juzgador concluye erróneamente que al abrirse las maletas de los acusados sin su consentimiento, no se vulneró el derecho a la intimidad, argumentando que la exhibición en un juicio de objetos y prendas personales, no es violatorio de garantías constitucionales, al asegurar que el control jurisdiccional de las garantías se limita a las intervenciones de la correspondencia y las comunicaciones (página 185 de la sentencia). El recurrente señala que en el acta de debate y en la sentencia (páginas 39 y 40) se constata la falta de control jurisdiccional sobre los objetos secuestrados, ya que los mismos se exhibieron públicamente, esto es, ropa íntima de los acusados, preservativos, ropa interior femenina, revistas de mujeres en ropa interior, y otras prendas personales. Expone que en el debate quedó probado que los señores V. J. B. M. Y S. E. M. T., se negaron a abrir las maletas de su propiedad, y que los agentes y Fiscales del Ministerio público, sin orden judicial procedieron a su apertura. Considera que la apertura de las maletas respondió a una orden del Fiscal, luego que los agentes del Aeropuerto determinaran que allí se transportaba dinero. Entiende que las autoridades debían legitimar la obtención y depósito de dichos objetos y proteger los derechos de defensa y a la intimidad de los acusados. Sostiene que el procedimiento para el secuestro de objetos, se encuentra contenido en el artículo 219 del Código Procesal Penal, que da plena vigencia al derecho de defensa y de intimidad, por lo que afirma que debió ser un Juez de garantías quien debió expedir la orden de secuestro mediante resolución motivada. Afirma que el Juez debió ordenar que no se exhibieran prendas intimas no relacionadas con el delito, para proteger el pudor, la intimidad y el recato como derechos humanos de los imputados y que no debían hacerse constar en las actas de un expediente público como evidencias para ser exhibidas y que sirvieran de mofa y escarnio, por lo que concluye que se ha violentado el artículo 73 de la Constitución de la República en relación con el artículo 273 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal, observa que el recurrente considera infringido el derecho a la intimidad del señor V. J. B. M., por actos de 10

11 investigación de los agentes policiales y Fiscales al proceder sin orden judicial, a practicar registro sobre la maleta de mano del acusado, cuando este pretendía salir del país en ruta a por la aduana aérea de. Sobre los registros personales dispone el Art. 206 del Código Procesal Penal que: Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con el delito, se le practicaran registros incautándoseles las cosas encontradas. De los hechos probados se desprende que la máquina de rayos X del aeropuerto a cargo de un funcionario del aeropuerto, detectó en el interior de la maleta de mano del acusado V. J. B. M. varios paquetes sospechosos, por lo que al preguntársele sobre su contenido, el acusado dijo que llevaba mas de veinte mil dólares. Seguidamente el acusado y su equipaje de mano fueron conducidos a unas oficinas de la terminal aérea donde en presencia del Fiscal del Ministerio Público se le solicitó que abriera los paquetes negándose a hacerlo. A consecuencia de lo anterior, las autoridades de investigación practicaron el registro de la maleta de mano, encontrando en su interior una cantidad de dinero superior a un millón de dólares. En el presente caso, esta Sala de lo Penal no encuentra infringido el derecho a la intimidad del acusado, tutelado en el artículo 73 Constitucional, en tanto que, por una parte este garantiza el derecho a la vida privada de él y su grupo familiar; y, en segundo término, a la protección de la información que se genere dentro del ámbito de esa privacidad. En este caso la Sala estima que no cabe aplicar la figura del secuestro de objetos incautados, dispuesto en los artículos 217 al 219 del Código Procesal Penal. Este procedimiento se ajusta más a actos de investigación o actuación inmediata, como los de allanamiento de morada, en los que el Fiscal a cargo, previo a obtener la orden judicial de allanamiento e incautación de bienes, habrá iniciado investigación preliminar de la que resulte la aparición de indicios suficientes que informen que en dicho lugar se depositan objetos o documentos vinculados al ilícito que se investiga, lo que no ocurre en el caso de autos. Por el contrario, la diligencia de registro de maletas en los aeropuertos, es un procedimiento administrativo rutinario, llevado a cabo por agentes de aduanas, para control de mercancías, el tráfico de objetos ilícitos y/o peligrosos: armas, explosivos, drogas prohibidas y demás objetos que atenten contra la seguridad o cuya posesión sea ilícita, asi como para la detección de dinero en efectivo o títulos valores en el equipaje de los viajeros al momento de entrar o salir del país, cuando dichas cantidades sean superiores a las establecidas por el Banco Central de Honduras. El derecho a la intimidad garantizado en el artículo 76 de la Constitución de la República, que se identifica con el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y familiar, reconocido con términos casi idénticos en los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 No. 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concreta igualmente por lo que a nuestro ordenamiento jurídico se refiere, en los artículos 99 y 100 de la Constitución, en los que encontramos, respectivamente, el reconocimiento de la inviolabilidad del domicilio y la garantía del secreto de las comunicaciones. Sin embargo, es importante señalar que los equipajes de los viajeros, maletas, bolsas, mochilas, etc.. no pueden ser equiparados al domicilio ni a las comunicaciones, a efectos de su protección frente a las injerencias de los agentes de la autoridad, en este caso por miembros de la policía y Representante del Ministerio Público; y es que indudablemente que en el interior de los equipajes se pueden llevar efectos que pertenezcan al ámbito de la más estricta 11

12 intimidad personal, empero, su apertura y registro por dichos agentes en determinados lugares y ocasiones están justificados por el deber que para la investigación de la verdad incumbe al Ministerio Público y a las autoridades policiales para practicar todas las diligencias pertinentes y útiles, en orden a determinar la existencia del hecho punible y tomar en cuenta las circunstancias, que de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los sospechosos (vid. artículos 206 párrafo primero y 272 del Código Procesal Penal). En este sentido es importante recordar que en una sociedad democrática la restricción de derechos fundamentales como la intimidad, realizada por agentes de la autoridad, constituye una medida que puede ser necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico social, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud, o la protección de los derechos y libertades de los demás, cabe aquí transcribir lo que establece el artículo 62 de nuestra Carta Magna cuando expresa que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático.. Al negarse el acusado en presencia del Fiscal, a abrir su maleta de mano, en las se habían detectado por medios electrónicos el traslado de paquetes sospechosos, y por lo tanto frente a un hallazgo imprevisto, esta Sala estima procedente la actuación de investigación realizada por los agentes policiales y el Representante del Ministerio Público, en presencia del interesado, en la que se procedió a abrir la maleta de mano y determinar el contenido de los paquetes sospechosos depositados en su interior, a fin de determinar si eran o no objetos de trafico permitido, misma que fue realizada con observancia de todas los derechos, formalidades y garantías dispuestas en el artículo 207, último párrafo del Código Procesal Penal. Por otro lado la exhibición en el debate de algunas prendas y objetos personales encontradas en el interior de la maleta del acusado V. J. B. M. no constituye una violación del derecho a la intimidad personal en cuanto que no constituye una injerencia grave e injustificada en su vida privada o familiar que en una relación causa-efecto tenga la virtualidad de incidir en la validez del fallo impugnado o del juicio oral y público en el que este se profirió. Por lo expuesto el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado IV. El recurrente, Abogado R. S. B., desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción, por interpretación errónea, del artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, que se lee así: Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince a veinte años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos, o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal de carácter sustantivo 12

13 EXPLICACION DEL MOTIVO: Para principiar permítasenos intentar un análisis del precepto penal que en este motivo estamos invocando como infringido. Para ello lo dividiremos en tres partes: la primera, contiene una enumeración de acciones constitutivas de lavado de activos; en la segunda, se hace una enumeración de los delitos de los cuales deben proceder directa o indirectamente los productos o instrumentos constitutivos de los activos; y, por último, en la tercera parte, sin conexión con el resto del artículo se expresa: o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. De inmediato surge la pregunta acerca de a qué cosas se refiere cuando habla de que no tengan causa o justificación? Estamos, en consecuencia, ante un tipo no definido de manera clara y terminante. Doctrinariamente, el lavado de activos o blanqueo de capitales cabe ubicarlo en la delincuencia organizada, que se manifiesta a través de diferentes actividades delictivas. Según el precepto definitorio de la ley hondureña, en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, se hace una lista de delitos de los cuales deben proceder, directa o indirectamente, los activos; tales delitos son: tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos. Y, siempre según la doctrina, la esencia del delito consiste en el proceso a través del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita ; así se expone en la misma sentencia impugnada en el apartado Respecto a los elementos del delito (página 155 de la sentencia). O sea que, para que una cantidad de dinero pueda ser objeto del delito de lavado de activos, tiene que provenir de un delito de los que se enumeran en el precepto que se invoca como infringido, y tiene que haber sido sometida a ese proceso para integrarla al sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenida en forma lícita. En cuanto al dinero decomisado a mis defendidos, no se ha declarado probado que provenga de uno de los delitos indicados, y tampoco que estaba en un proceso de integrarlo al sistema económico legal como de origen lícito. Para fortalecer nuestra tesis desde el punto de vista de la doctrina, permítasenos citar la obra del autor hondureño, Don Carlos David Cálix Vallecillo, El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español. En ese tratado (páginas 39 y 40) encontramos la siguiente conceptualización del delito de blanqueo de capitales que corresponde al lavado de activos de nuestro derecho positivo: La comisión de delitos por parte de tales organizaciones les generan cantidades ingentes de dinero que necesitan adquirir una apariencia lícita de tal manera que permitan su inversión en los circuitos económicos legales, es decir, para emplear los capitales ilícitos es preciso distanciarlo de su procedencia criminal haciendo desaparecer las huellas de su origen, enmascarándolos para que parezcan legítimos. Tal operación de alejamiento o distanciamiento del bien de su ilícita procedencia que convierte al dinero sucio en limpio es lo que se conoce como blanqueo, lavado o aseo de dinero. Como dice VIDALES RODRÍGUEZ con aquel término se hace referencia al proceso por el que se le da la apariencia de legalidad al dinero o bienes procedentes de la comisión de un delito. FABIÁN CAPARROS, por su parte, se refiere al blanqueo de capitales como el proceso tendente a obtener la aplicación en actividades lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de cual sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión a la misma de una apariencia de legalidad. Entre las definiciones de blanqueo propuestas por los autores citados no 13

14 encuentro diferencias substanciales, y creo que todas coinciden en señalar que el blanqueo o lavado de capitales es un proceso dinámico en virtud del cual bienes de procedencia delictiva son bajo la apariencia de legitimidad incorporados a los circuitos económicos legales. (Lo destacado es nuestro). Lo que hemos trascrito de la obra que se cita, coincide con el criterio del Tribunal de Sentencia que más arriba ha sido trascrito y que aparece en el apartado Respecto a los elementos del delito, no obstante ello, a pesar de haber expuesto en esa parte de la sentencia esa conceptualización del delito de lavado de activos, el Tribunal, en el resto de la motivación y en su decisión, estima que para apreciar la existencia de ese delito basta que a una persona le encuentren una gran cantidad de dinero, sin que se haya probado que el origen de la misma es un delito de los que aparecen en el mismo artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, ni que tal cantidad se halla sometido a un proceso que lleve como objetivo limpiarla, a efecto de incorporarla al sistema económico legal como activo lícito. Esto nos lleva a la conclusión de que si bien el Tribunal le dio aplicación al citado artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, es lo cierto que lo interpretó erróneamente al atribuirle un sentido distinto del que por su redacción literal o por proceso lógico debe dársele. Tenemos a bien, sobre el tema, citar al Maestro hondureño, don A. Bermúdez Meza, quien en su obra Casación en lo Civil (página 67), nos define el motivo que estamos alegando de la siguiente manera: Hay interpretación errónea cuando se aplica la ley citando debidamente el artículo, pero se le atribuye un sentido distinto del que por su redacción literal o por proceso lógico debe dársele. El jurista panameño J. Abrego, autor de la obra Casación Civil, por su parte, expresa al respecto, lo siguiente: La interpretación errónea de la ley se refiere a un error en cuanto al contenido de la ley y no a su existencia pues a pesar de haberse aplicado la norma pertinente, no se le da el verdadero sentido a ésta. Para mayor abundamiento, aunque en la declaración de hechos probados no aparece que se haya dado el proceso de limpieza en que consiste el lavado de activos según la doctrina que incluso se cita, pero no se aplica, en la sentencia; ni aparece tampoco que el dinero decomisado es proveniente de alguno de los delitos señalados en el precepto que se invoca como infringido, el Tribunal, con inobservancia absoluta de ese elemento del tipo legal, le dio aplicación a la mencionada norma (artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos) y, con base en una interpretación errónea de la misma, condenó a nuestro defendido por el delito indicado. Para demostrar, aún más, la infracción que en este motivo estamos alegando, específicamente que no se declararon probados los hechos en que consisten los dos aspectos a que nos referimos en el párrafo que antecede, transcribimos la respectiva declaración en que se funda la sentencia que estamos impugnando, la cual se lee así: Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El señor V. J. B. M., de nacionalidad panameña, con Pasaporte No., ha sido Suscriptor y Directivo de varias empresas, entre las cuales se encuentra., radicada en la Zona Libre de, dedicada al comercio y distribución de Mercadería. SEGUNDO: Además, el señor V. J. B. M., viajaba frecuentemente por diferentes países, incluido Honduras, lugar donde se había constituido la sociedad denominada, inscrita bajo el número del Tomo del Registro de Comerciantes Sociales, que según los registros tiene su domicilio en, en una dirección física donde no hay oficinas de esa empresa, de la cual inclusive se abrió una cuenta bancaria en BAC BAMER que solamente ha realizado siete operaciones bancarias desde 14

15 el año TERCERO: El señor S. E. M. T. era empleado de la, devengando un salario mensual de ochocientos Balboas. CUARTO: El día trece de marzo de de dos mil ocho, en horas del mediodía, los señores V. J. B. M. y S. E. M. T., arribaron al Aeropuerto ubicado en a fin de abordar un vuelo de la Aerolínea, que les llevaría hasta, llevando V. J. B. M. una mano conteniendo cuatro paquetes de sobres de manila sellados con cinta adhesiva dentro del cual a su vez habían varios fajos de billetes sujetados en paquetes que sumaban un millón ciento noventa y ocho mil novecientos dólares americanos (US $ 1, ). Por su parte, el señor S. E. M. T., llevaba consigo en una maleta de mano, la cantidad de novecientos mil cuatrocientos dólares americanos (US $ 900,400.00) guardados en tres sobres de papel manila, sellados también con cinta adhesiva, sumando en total todos los fajos de billetes que llevaban ambos señores la cantidad de dos millones doscientos noventa y nueve mil trescientos dólares (US $ 2,299,300.00) del cual no se estableció su origen ni se determinó que procediera de alguna actividad permitida por las leyes del país, y el cual fue decomisado luego de haber sido sometidas sus respectivas maletas a un control de seguridad de Rayos X en el aeropuerto, resultado igualmente ambos señores detenidos por la autoridad policial, luego de haberse puesto en conocimiento a policías de la Unidad de Lavado de Activos de la presencia de ambos señores en las circunstancias mencionadas. QUINTO: Durante lo acontecido en la sección de Rayos X del aeropuerto descrito en el numeral anterior, se encontró presente el Policía de Fronteras E. A. P. quien tuvo conocimiento y contacto directo con lo que aconteció con los acusados B. y M., resultando posteriormente detenido y acusado por el Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos, por considerársele responsable de haber ayudado de manera indispensable, a que los señores B. y M. atravesaran los controles de seguridad del aeropuerto con el dinero mencionado para luego ingresar al área de abordaje de la Aerolínea, donde fueron requeridos por autoridades de INTERPOL. Profundizando en la explicación del motivo, es importante establecer si dados esos hechos declarados probados en la sentencia recurrida, resulta evidente que ahí se configuran de manera clara y terminante hechos que correspondan a los que constituyen el tipo de que se trata, según la descripción contenida en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos. Ahora bien, es la verdad que esa correspondencia no se da, de ninguna manera. Visto el contenido del precepto penal indicado, no resulta que con el mismo se correspondan los hechos declarados probados en la sentencia impugnada. Por lo que resulta claro que dados los hechos declarados probados en la sentencia, el precepto penal que arriba se transcribe ha sido infringido, indiscutiblemente, por interpretación errónea, al habérsele dado al precepto que tipifica el delito por el cual se ha condenado, un sentido diferente al que se desprende del texto de tal disposición. Permítasenos abundar en la anterior argumentación, exponiendo lo siguiente: Si analizamos detenidamente la sentencia como un todo y lo expuesto en el hecho histórico, vemos claramente que el Juzgador a pesar de haber escogido la norma aplicable al caso concreto (artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos), le da un alcance que no tiene a la proposición jurídica completa que aplica, es decir, comete un error cuando la interpreta, ello es así, cuando valora en su conjunto la asistencia judicial de Panamá, consignando en ella los siguientes aspectos, constancia emitida por Mario Hoyte, el libro guía de productos, la publicación de la revista a usuarios, el mapa de zona libre de Colón y la constancia emitida por la Asociación de Usuarios de la Zona, cuando dice el Tribunal de juicio que toda esa prueba orienta a establecer que efectivamente la empresa existe y ha realizado operaciones en la Zona Libre, 15

16 en tal sentido dicha prueba merece valor probatorio, habida cuenta que es congruente entre sí. Pero cuando analiza los Estados Financieros de la Empresa concluye que la Empresa no es muy rentable: El Tribunal recurrido a pesar de haber contado con los técnicos financieros para que lo orientara, duda que la referida sociedad sea rentable y que por esa causa el dinero objeto de comiso se desconoce su origen; los jueces son en última instancia peritos de peritos, pero eso no quiere decir que los dictámenes rendidos por peritos especializados no tienen ningún valor, en el caso de autos en lo que corresponde a la parte financiera de una Sociedad debe tomarse en cuenta el grado de credibilidad de la misma y con ello puede captar cantidades de mercadería o cantidades de dinero más allá de su capacidad económica, en ese sentido basta referirnos al contenido de la pagina 117 de la sentencia, relativo al punto Constancia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que obra a folio 2053, emitida el 21 de enero del año 2010, por el señor F. O., en su condición de Director Ejecutivo de la DEI, en la que hace constar: que se hicieron consultas a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, quien a su vez instruyó a los Administradores de Aduana a Nivel Nacional para que solicitaran información a las delegaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Dicha Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras solicitó información a la Dirección General de Aduanas de, misma que indicó que conforme con sus archivos y registros de declaración jurada de viajeros, el ciudadano S. E. M. T., con pasaporte No. no aparece como declarante en su base de datos y, con relación al señor V. J. B. M., con pasaporte No, se mantiene registro de entrada con declaración de ingreso de dinero, procedente de Honduras, con fechas siguientes: de junio del 2004 vuelo Copa 825, declaro B. 1,035, Este acto consignado en documento auténtico donde el señor B. M. declaró que el 10 de junio del 2004, ingresó a la República de procedente de Honduras la cantidad de UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS B/1,035,000.00), moneda equivalente al dólar, es suficiente para que esta prueba relacionada con toda la actividad económica de la Empresa y otras de la cual es propietario el señor B. M., se tenga la certeza que el dinero objeto de comiso procede de actos de comercio lícitos realizados en la República de por el Imputado. Como antes se expuso el Tribunal en su sentencia interpreta la norma antes citada en forma rígida, olvidándose que el imputado es panameño y ejerce sus actividades económicas en la República de, República esta que su economía es la mejor de Centroamérica, pues las cantidades de dinero que manejan en su desenvolvimiento económico las empresa no se comparan con las nuestras, para prueba de lo expuesto debe considerarse que la República de, no desconocía que uno de sus ciudadanos ingresaba de Honduras cantidades de dinero millonarias y por ello según documentos que consta en el expediente no se le sigue proceso alguno. Queda más que clara, pues, la interpretación errónea del indicado precepto, el que de esa manera ha sido infringido, configurándose así el motivo que en la forma expuesta hemos explicado. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO V. J. B. M. ARGUYENDO LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONTRA EL DELITO LAVADO DE ACTIVOS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el tipo penal de lavado de activos no está clara y terminantemente definido. Explica que en el Artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, se hace una lista de delitos de los cuales deben proceder, directa o indirectamente, los bienes objeto de la infracción. Expone el casacionista que la sentencia impugnada en su Página 155, dispone que para que una cantidad de dinero para ser objeto del delito de lavado de 16

17 activos, tiene que provenir de un delito de los que se enumeran en el precepto infringido, y tiene que haber sido sometida a ese proceso para integrarla al sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenida en forma lícita. El Censor considera que no fue declarado probado que el dinero incautado a los encausados provenga de uno de los delitos indicados y tampoco que estaba en proceso de ser integrado al sistema económico legal como de origen lícito. Cita la obra de un autor hondureño, encontrando la siguiente conceptualización del delito de blanqueo de capitales que se corresponde al lavado de activos de nuestro derecho positivo: La comisión de delitos por parte de tales organizaciones les generan cantidades ingentes de dinero que necesitan adquirir una apariencia lícita de tal manera que permitan su inversión en los circuitos económicos legales, es decir, para emplear los capitales ilícitos es preciso distanciarlo de su procedencia criminal haciendo desaparecer las huellas de su origen, enmascarándolos para que parezcan legítimos. Tal operación de alejamiento o distanciamiento del bien de su ilícita procedencia que convierte al dinero sucio en limpio es lo que se conoce como blanqueo, lavado o aseo de dinero. Afirma que para el Tribunal A Quo basta que a una persona se le encuentre una gran cantidad de dinero, sin que haya probado el origen lícito del mismo para que considerar que ha cometido un delito de los que aparecen enunciados en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos. Esgrime que aunque el Juzgador le dio aplicación al artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, lo interpretó erróneamente al atribuirle un sentido distinto del que por su redacción literal o por un proceso lógico debe dársele. Para mayor abundamiento, indica que aunque en la declaración de hechos probados no aparece que se haya dado el proceso de limpieza, ello no se aplica, en la sentencia, ni aparece que el dinero decomisado es proveniente de alguno de los delitos señalados en el precepto que se invoca como infringido. Considera que el Juzgador con inobservancia de ese elemento del tipo legal, le dio aplicación al artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos y, con base en una interpretación errónea de la misma, condenó al encausado por el delito indicado. Concluye que el precepto penal trascripto ha sido infringido, por interpretación errónea, al habérsele dado un sentido diferente al que se desprende del texto de tal disposición. Asegura asimismo que el Juzgador da un alcance que no tiene a la proposición jurídica del artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, y comete un error cuando valora en su conjunto la asistencia judicial de, al afirmar por un lado que toda esa prueba se orienta a establecer que efectivamente la empresa existe y ha realizado operaciones en la Zona de y en tal sentido dicha prueba merece valor probatorio, habida cuenta que es congruente entre sí, pero por otro lado cuando analiza los Estados Financieros de la Empresa. concluye que la Empresa no es muy rentable, entre oros aspectos probatorios. Esta Sala de lo Penal,considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de 17

18 Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Precisados los límites en los que puede desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de ley se refiere, ahora es pertinente que indiquemos cuales son los elementos del tipo penal aplicado por el Tribunal de Instancia. En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en su edición de fecha 7 de febrero de Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante el Decreto Legislativo No del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en 18

19 cualquier actividad ilícita, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catálogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre bienes que no tengan causa o justificación económica legal, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. Del relato fáctico se desprende que el imputado V. J. B. al momento de su detención en el aeropuerto llevaba consigo y por lo tanto poseía con pleno conocimiento una gran cantidad de dinero en divisa norteamericana (un millón ciento noventa y ocho mil novecientos dólares (US $ 1, ), sin que lograra acreditar con los medios probatorios que establece la ley, que tales activos han tenido su origen en una actividad lícita o permitida por el ordenamiento jurídico hondureño, y por lo tanto la causa o justificación económica legal de su procedencia, de tal manera que su conducta se subsume en el artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos. El recurrente sostiene que para que el comportamiento del procesado sea típico es necesario que de los hechos probados se desprenda, a partir de la definición de lo que se conoce como blanqueo o lavado de bienes, que la cantidad de dinero incautada se haya sometido a un proceso que lleve como objetivo limpiarla, a los efectos de incorporarla al sistema económico legal. Sobre esta cuestión es oportuno recordar que para una mejor comprensión del lavado de activos como un fenómeno de naturaleza dinámico, se dice que comprende una serie de etapas o fases. 4 Se han ideado muchos modelos que describen las fases en que se lleva a cabo el lavado de activos, los cuales han sido sistematizados por la doctrina, y por los organismos internacionales. Los más sencillos van desde los integrados solamente por dos momentos en los que se intenta abarcar todo el proceso de lavado de activos, hasta los complejos divididos en diez fases y muy detallados, pasando por otras clasificaciones intermedias de tres fases 5, mayoritarias en la doctrina: la de colocación, conversión (o placement), la de ocultación, encubrimiento y ensombrecimiento (layering) y la de integración o creación de legitimidad (integration). Como lo explica BLANCO CORDERO, estas fases o etapas pueden llevarse a cabo de forma separada o simultánea aunque con frecuencia también pueden 4 En este sentido BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, op. cit., Págs. 98 y 99, señala que de acuerdo a un sector importante de la doctrina el blanqueo de capitales es siempre un proceso, ello significa que no es un hecho puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito pasan a tener una apariencia de legalidad. Consiste por lo contrario en una serie de actuaciones, doctrinalmente sistematizadas en fases o etapas, realizadas progresivamente hasta conseguir el resultado perseguido por los blanqueadores: poder disfrutar de los bienes sin despertar sospechas de su origen 5 Ampliamente y sobre los diversos modelos del proceso de blanqueo, puede verse BLANCO CORDERO, ISIDORO., El delito de blanqueo de capitales, cit, Págs. 60 y ss, obra en la que se describen modelos elaborados por BERNASCONI, considerado el padre de la normativa penal suiza relativa al blanqueo de capitales, el modelo de ciclos de ZÜND, en el que de manera metafórica se pretende adecuar las fases del blanqueo de capitales al ciclo del agua, el modelo de objetivos de ACKERMAN basado en la doctrina norteamericana en función de los objetivos pretendidos por el blanqueador, el modelo de los cuatro sectores propuesto por MULLER, sobre la base de las ideas del proceso de ciclos de ZÜND, la clasificación del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 19

20 superponerse. 6,con lo cual si bien la segmentación del proceso de blanqueo mediante su división en fases es un recurso metodológico que facilita considerablemente el estudio del fenómeno y hace mucho más comprensible su exposición, éste tiene una utilidad limitada en la práctica puesto que en muchas ocasiones tales etapas se solapan o incluso pueden llegar a coincidir. 7 De este modo, si bien es cierto que la integración de los capitales o bienes de origen ilícito en los cauces económicos oficiales podría decirse que constituye el último peldaño de una hipotética escalera cuya completa ascensión permitiría desvincularlos por completo de su origen y hacerlos abandonar definitivamente la sombra de la ilegalidad, tal hecho no permite autorizar a encontrar en esa introducción una naturaleza distinta a la de las fases anteriores. No debemos olvidar que el blanqueo o lavado es un proceso y no el resultado de un proceso, dado que difícilmente se puede hablar con propiedad de una meta: la total y absoluta desaparición de las trazas en esos bienes que pudieran revelar su origen ilícito. Y es que sabemos cual es el punto de partida de una hipotética ascensión, la comisión de un hecho ilícito económicamente productivo, pero no es posible determinar donde se encuentra su fin, dado que siempre será posible avanzar un nuevo paso, es decir, realizar una nueva operación de lavado que favorezca un poco más el distanciamiento de los bienes respecto de su remota procedencia 8. De esta manera y volviendo al caso que nos ocupa, podemos afirmar que el comportamiento del acusado VICTOR J. B. de poseer, al llevar consigo una gran cantidad de dinero en dólares sin lograr justificar su origen en una actividad económica legal, constituye por si mismo un acto constitutivo de un delito de lavado de activos, al margen o con independencia de que en un caso hipotético dicha suma de dinero pudiera haber sido trasladada con éxito fuera de nuestro país sin el conocimiento de las autoridades nacionales, y que la misma pudiera haber sido objeto de otras operaciones, dirigidas a favorecer aún más su distanciamiento respecto de su procedencia que en virtud de la prueba indiciaria o circunstancial evacuada en el juicio se presenta como ilícita. Por todas las razones anteriormente expuestas se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. V. El recurrente, Abogado R. S. B., desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: La declaración de hechos probados es contradictoria, al expresar en los mismos que no se estableció el origen del dinero decomisado y, al mismo tiempo, que tampoco se determinó que procediera de alguna 6 Vid. BLANCO CORDERO I., El delito de blanqueo de capitales, cit, Pág , explicando dicho autor que la elección de alguna de estas tres etapas fundamentales, depende de los mecanismos de blanqueo disponibles en un determinado momento y de las necesidades de la organización criminal. Sobre otros criterios que los delincuentes toman en consideración para elegir entre la variada gama de técnicas de blanqueo, vid: BLUM, J. A. / LEVI, M./ NAYLOR, T./ WILLIAMS, P. Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, Nueva York, 1999, Págs Vid en este sentido : FABIAN CAPARROS, E. A. El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998, Pág.53, explicando que en el ámbito de la criminalidad organizada los instrumentos que son utilizados para obtener un E.cimiento ilícito también pueden ser empleados como medios para facilitar la circulación de ese patrimonio, distanciarlo de su origen delictivo o procurar su reintroducción en el mercado legal. 8 Vid. FABIAN CAPARROS, EDUARDO A., El Delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Colex, 1998, Madrid, Pág