Eulalia Pascual Lagunas. Configuración jurídica de la dignidad humana en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Transcripción

1 Eulalia Pascual Lagunas Configuración jurídica de la dignidad humana en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2009

2 9 Índice General Abreviaturas Prólogo A modo de presentación Introducción CAPÍTULO I Estructura jurídica CAPÍTULO II Función constitucional II.1. Fundamento del Orden político y social II.2. Elemento de garantía del sistema democrático de derechos II.3. Elemento inspirador y de cohesión II.4. Elemento de configuración y de interpretación del sistema jurídico II.5. Elemento legitimador CAPÍTULO III Contenido III.1. El núcleo duro de la dignidad humana III.1.1. Derecho a la vida y a la integridad física y psiquica III.1.1.a) Derecho a la vida III.1.1.b) Integridad física y psíquica III.1.2. Derechos de la personalidad III.1.2.a) Derecho al honor... 75

3 10 Índice General III.1.2.b) Derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. 77 III.1.2.c) La sexualidad III.1.2.d) El domicilio III.1.2.e) Las comunicaciones III.1.2.f) La intimidad y los datos informáticos III.1.3. Autodeterminación: El Proyecto de Vida. 83 III.1.4. La libertad ideológica (art CE) III.1.5. La libertad ambulatoria (art. 17.1) III.1.6. Derecho a la tutela judicial efectiva III.1.7. El derecho a un nivel de vida mínimo III.1.8. Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión III.1.9. Derecho a una vivienda digna III Derecho al medio ambiente III Derecho a la educación III Derecho al ocio y a la cultura III.2. El contenido amplio de la dignidad humana CAPÍTULO IV Titularidad CAPÍTULO V Limites CAPÍTULO VI Garantías VI.1. Garantías generales internas VI.1.1. Garantías de protección generales e institucionales VI.1.1.a) Aplicación directa y vinculante (art. 53) VI.1.1.b) Interpretación acorde con la Constitución y las Normas, y Convenios Internacionales

4 Índice General 11 VI.1.1.c) El Defensor del Pueblo VI.1.1.d) Rigidez del sistema de reforma constitucional VI.1.2. Garantías con respecto a la actividad legislativa VI.1.2.a) La reserva de Ley Orgánica VI.1.2.b) Obligación de respetar el contenido esencial del derecho 129 VI.1.3. Garantías jurisdiccionales VI.1.3.a) El recurso de amparo VI.1.3.b) El recurso previo de inconstitucionalidad VI.1.3.c) La cuestión de inconstitucionalidad VI.1.3.d) La tutela judicial efectiva VI.2. Garantías generales internacionales VI.2.1. Garantías en el Derecho Comunitario VI.2.1.a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos VI.2.1.b) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas VI.2.2. Garantías Internacionales: Recursos ante Naciones Unidas VI.2.2.a) El procedimiento VI.2.2.b) Las denuncias ante los Comités previstos en Convenios de Naciones Unidas VI.3. Garantías específicas VI.3.1. El acceso indirecto al recurso de amparo VI.3.2. La igualdad como garantía de la dignidad de la persona VI.3.3. El derecho a la tutela judicial efectiva y a la justícia

5 12 Índice General VI.4. Garantía Institucional: la irrenunciabilidad a la dignidad VI.5. Garantías sobre la dignidad de la persona respecto de otros derechos contenidos en la dignidad VI.6. Garantías específicas indirectas de tipo promocional y prestacional VI.6.1. Garantías prestacionales y promocionales de los derechos que integran el contenido de la dignidad de la persona VI.6.1.a) Derecho a la Educación VI.6.1.b) Derecho a la protección de la salud VI.6.1.c) Derecho al Trabajo y a la Libre Elección de Profesión u Oficio. 154 CAPÍTULO VII Suspensión CAPÍTULO VIII Conclusión Índice de sentencias por orden de aparición en el texto. 167 Bibliografía

6 15 Prólogo El lector tiene en sus manos una obra de gran interés jurídico para abordar el estudio que su autora ha querido dedicar a la protección de los derechos humanos a partir del tratamiento que nuestro Tribunal Constitucional ha ido perfilando a través de su doctrina durante los treinta años de existencia que, lógicamente, ha influido directamente en la jurisprudencia y en la propia legislación de nuestro país de manera más que considerable, como cualquier atento observador jurídico ha podido fácilmente comprobar. Debo, sin embargo, agradecer sinceramente a mi buena amiga y excelente jurista, Eulàlia Pascual, con quien comparto no pocas preocupaciones sociales y anhelos de justicia que me haya distinguido tan amablemente al encargarme que le prologara esta obra que, además, constituye su tesina de doctorado de cuyo Tribunal tuve la satisfacción de formar parte y que mereció, por unanimidad, la máxima calificación. Se inicia el libro con un interrogante: «La intención última del derecho es la construcción de una sociedad moral o la ordenación de la convivencia?». Es, sin duda, el esencial reto que Eulàlia Pascual se propone al abordar su trabajo que tiene como eje la dignidad intrínseca de la persona humana, ese tesoro escondido en la conciencia individual de cada uno de nosotros y en la colectiva de la humanidad, que brilla en lo profundo y pugna, desde la noche de los tiempos, por salir a la luz pública y que para ello precisará de un orden jurídico tal que le permita mostrarse en su plenitud sin que nada ni nadie pueda arrebatarlo pues es lo más preciado que poseemos y que

7 16 Prólogo además nos convierte en únicos e irrepetibles. Ello naturalmente conlleva la justa correspondencia que permita conjugar esa plenitud que nos es propia a cada uno de nosotros con la de las demás personas que gozan de idéntica condición y cualidad. Será a partir del antropocentrismo, basado en esa igual dignidad de todo ser humano que las sociedades avancen en una determinada dirección que apunta al humanismo político y un claro reflejo de ello es la relevancia que han conferido a la dignidad los convenios internacionales y posteriormente la mayor parte de las normas constitucionales, que basan en ella la proclamación y protección de los derechos humanos, muchas veces llamados derechos fundamentales, de manera que el profesor Theo van Boven pudo decir en su momento que «hoy en día los derechos humanos forman parte de la conciencia jurídica de la Humanidad hasta el punto que aquellos países que los vulneran se niegan a aceptarlo y dicen obrar también en nombre de esos mismos derechos fundamentales», hoy no sé si podríamos efectuar esta afirmación que, sin duda, hace diez o quince años era incontestable. Sin embargo es preciso dejar constancia que no fue hasta después de la II Guerra Mundial, y a partir de la Carta de Naciones Unidas, y más concretamente aún de la posterior Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 que se introdujo por primera vez en la historia del Derecho en un texto declarativo o programático la acepción «dignidad» como atributo humano en el que fundamentar un nuevo orden político partiendo de lo proclamado en su artículo primero; «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deberán comportarse fraternalmente los unos con los otros». Y es a partir de esa misma Declaración que en su art. 28 afirma que «toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan efectivos» que se inicia una positivización de esos valores jurídicos

8 Prólogo 17 que se proclaman como derechos inherentes a la persona individual, tal y como es considerada en el artículo primero. El avance desde entonces ha sido espectacular en el orden internacional y también en el orden interno de los países democráticos hasta el punto de que la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, en su artículo primero reconoce a la dignidad humana como un derecho en sí mismo considerado, declarando expresamente su inviolabilidad. Resulta claro pues, que encabezando el catálogo de derechos que rigen la actuación de las Instituciones comunitarias y de los Estados miembros cuando aplican el derecho comunitario que se requiera poner de manifiesto que la dignidad humana no es sólo un derecho fundamental sino que constituye la base misma de los demás derechos fundamentales. La dignidad de la persona, inherente a todo ser humano, ha sido situada como piedra angular del sistema jurídico internacional y así se recoge, como indicaba, en numerosos ordenamientos jurídicos internos, tal es el caso de nuestro país en el que cobra especial importancia en nuestra Constitución que sitúa a la dignidad humana en el umbral del Título I relativo a «los derechos y deberes fundamentales». En consecuencia, como no podía ser de otra manera, es parte fundamental a la doctrina del Tribunal Constitucional que, junto al valor de la vida humana, sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, ha elevado también a valor jurídico fundamental a la propia dignidad a la que ha definido como «valor espiritual y moral inherente a la persona». Es precisamente en torno a ésta y otras definiciones complementarias de nuestra doctrina constitucional respecto a la dignidad humana que la autora centra su obra. Sin embargo a la dignidad, pese a reconocerle su valor fundamental en el derecho y en el sistema jurídico internacional como base de todos los derechos de la persona, se le atribuye en numerosas ocasiones el carácter de concepto jurídico indeterminado lo que conlleva un riesgo en cuanto a su efecti-

9 18 Prólogo vidad. Eulàlia Pascual jurista involucrada desde hace muchos años en la defensa de los derechos humanos en varias asociaciones y en la actualidad en su condición de presidenta de la Federación Catalana de ONG por los Derechos Humanos, no ha sido ajena al riesgo que respecto de la garantía de la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales que le son propios pueda suponer la abstracción del referido concepto y por ello en este importante trabajo único en su género, en base al estudio sistemático de la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal referida a la dignidad ha logrado definir los elementos integradores de la dignidad humana y dotar a la misma de un contenido jurídico concreto e incontestable como es la doctrina del Tribunal Constitucional. Su trabajo, riguroso, desde el punto de vista de la técnica jurídica pero de lectura fácil y amena, será útil a los profesionales del derecho a quienes permitirá invocar la dignidad como un derecho de contenidos perfectamente definidos y en consecuencia exigibles, y dotado de fuerza vinculante para todos los poderes del Estado, especialmente para aquellos que tienen como principal función la de la tutela efectiva de los derechos fundamentales, pero también será de gran utilidad para quienes, como la autora misma, desarrollan una labor profesional y vocacional comprometida en el ámbito de las asociaciones y movimientos relacionados con los derechos humanos que mantienen viva la llama que insufló la Declaración Universal de 1948 una vez apagada la terrible hoguera prendida por una parte del mundo que había perdido el rumbo del verdadero sentido del Derecho del que fueron responsables por acción o por omisión no pocos juristas, algunos de ellos incomprensiblemente citados con cierta veneración, que creyeron que el derecho es una ciencia que permite levantar un Estado a partir de determinada técnica jurídica que pueda ponerse al servicio de cualquier idea que aspire a ordenar la vida en sociedad. Por todo ello debo agradecer a la autora su deferencia al honrarme con el ofrecimiento de prologar su valioso trabajo,

10 Prólogo 19 puesto que en el mismo se ha esforzado en el estudio de la doctrina de nuestro Alto Tribunal que sirve, como intérprete supremo de la Constitución, con sometimiento como el resto de los poderes del Estado a la misma, a un Estado de Derecho y no a un Estado de Leyes, distinción que siempre es pertinente recordar, ya que entre ambos media un abismo. Tan es así que difícilmente puede afirmarse hoy en día que el derecho, responda exclusivamente a la necesidad de ordenación de la convivencia si esta no se sustentara en un concepto moral, cual es, sin duda, el de la dignidad intrínseca de la persona; la que es propia de cada uno de nosotros. Eugeni Gay Montalvo Magistrado del Tribunal Constitucional

11 21 A modo de presentación Cuando la Sra. Eulàlia Pascual me propuso trabajar sobre el concepto de dignidad humana en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como tema de trabajo de DEA (las antiguas tesinas) pensé que ya era hora de que alguien, aquí, en nuestro país, abordara con rigor el debate que se plantea acerca de la importancia que, en la interpretación jurídica, despliega la cláusula constitucional que declara que la dignidad humana es fundamento del orden jurídico y la paz social. Ciertamente la empresa no era fácil. Era necesario delimitar entre instituciones jurídicas, con contorno incierto y con efectos indeterminados, puesto que, a diferencia de la Constitución alemana y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde la dignidad alcanza la categoría de derecho fundamental, en nuestra Constitución, el art. 10.1, reconoce a la dignidad no como derecho sino, como la Sra. Pasqual correctamente determina, a la luz de la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, como bien jurídico constitucionalmente protegido. Ahí comenzaron los problemas. Si no era derecho y sí era bien jurídico, cuáles podrían ser los elementos configuradores que permitieran realizar un desglose analítico riguroso, para ordenar la investigación? Porque no se puede dar una respuesta jurídica a la interpretación del art CE, si no se predetermina una metodología que permita «poner orden» en la difícil tarea de pensar, de manera que se pueda ir más allá de planteamientos generalistas o difusos. Abordar este aspecto de la investigación resultó ser un importante reto, resuelto eficazmente, a mi parecer, en el trabajo

12 22 A modo de presentación de la Sra. Pascual. El establecimiento de un cierto paralelismo, aunque teniendo en cuenta los criterios diferenciadores propios del marco constitucional español, con los elementos configuradores comúnmente aceptados por el institucionismo jurídico (desde Santi Romano a Robert Alexy, pasando por Häberle o MacKormick) constituye el punto de partida metodológico sobre el cual se va desgranando el orden interpretativo «desvelado» en este trabajo. Se trata, efectivamente, de «desvelar» o de poner en relieve, cuál es el pensamiento jurídico que nuestro Tribunal Constitucional ha ido construyendo alrededor de la dignidad humana. Ello resulta absolutamente necesario en nuestro entorno intelectual, puesto que mal se puede abordar la interpretación constitucional si el «fundamento del orden jurídico» no aparece como un concepto claro, diáfano y fundadamente aplicable. Conseguir que la dignidad humana deje de estar en el limbo de los conceptos indeterminados y tenga un sentido jurídico concreto ha sido un avance hermenéutico, en el cual la Sra. Pascual ha tenido bastante que ver. Para mí ha sido una satisfacción (como siempre que alguien con quien se comparten los buenos y malos ratos que presiden el lento discurrir de las investigaciones «con enjundia» consigue trabar eficientemente los resultados de un análisis jurisprudencial complejo) que este trabajo salga a la luz pública. También que quienes hayan compartido conmigo el hecho de ser miembros de la Comisión ante la cual se ha realizado la defensa de los resultados de la investigación hayan sido la Dra. Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional y miembro del Comité de Bioética por una parte y, por otra, D. Eugeni Gay Montalvo, Magistrado del Tribunal Constitucional. Teresa Freixes Catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet ad personam Senior Expert de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea