PAZ, AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA SOLIDARIA: UN VINCULO INSEPARABLE EN COLOMBIA
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- Arturo Venegas Lagos
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1 PAZ, AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA SOLIDARIA: UN VINCULO INSEPARABLE EN COLOMBIA Instituto de Economía Social y Cooperativismo INDESCO- Octubre 14 de 2014 Por: Jarrison Martínez C. Sociólogo, politólogo, MBA administración La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2014, año internacional de la agricultura familiar 1. Recuerda este organismo que en anteriores resoluciones ha valorado la importancia del apoyo a las necesidades de los pequeños agricultores, muchos de los cuales son mujeres, afirmando que la agricultura familiar son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientadas a lograr la erradicación de la pobreza y contribuir a la seguridad alimentaria de los pueblos. Estudios de organismos internacionales como la FAO, han concluido que cerca del 70% de los alimentos en el mundo son producidos por agricultores familiares. De los 3000 millones de habitantes rurales de países en desarrollo, 2500 millones pertenecen a familias dedicadas a la agricultura, contribuyen a estabilizar la población en zonas rurales, a preservar los valores culturales e históricos y a generar renta y consumo. El concepto de agricultura familiar es relativamente nuevo, especialmente en el contexto nacional. Como todo concepto en el lenguaje, este intenta dar cuenta de una realidad, realza elementos que los paradigmas imperantes habían ocultado o desconocido. Tal concepto tiene una intencionalidad; reconocer y valorar las distintas actividades económicas, sociales, culturales, ambientales que cumplen el agricultor y especialmente el grupo familiar ligado a la ruralidad. La agricultura familiar se caracteriza por el uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, acceso limitado a recursos de tierra y capital, siendo la principal fuente de ingresos de la familia. Está ligada de manera indisoluble a la seguridad y soberanía alimentaria, rescata los alimentos tradicionales contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola y al uso sostenible de los recursos naturales, representa una 1 Naciones Unidas (2012) resolución número 66/222. Año Internacional de la Agricultura Familiar,
2 oportunidad para dinamizar las economías locales y aporta a una economía más solidaria, al tiempo que la asociatividad y el cooperativismo fortalecen su desarrollo. Vistas las cosas así, la agricultura familiar está asociada con la multifuncionalidad. Tradicionalmente, en la sociedad se ha creído que la única función del campo y la agricultura es la producción de alimentos y materias primas, y por tanto, el fortalecimiento de la economía, desconociendo el rol multifuncional que históricamente ha cumplido. Es indudable que el sector rural juega un rol fundamental en la seguridad alimentaria, pues es allí en donde se producen la mayor parte de los alimentos. Pero también tiene un importante rol ambiental; los recursos naturales como aire, agua, suelos, bosques y biodiversidad tienen un ámbito particularmente rural. El sector rural transfiere capital natural o capacidad ecológica a otros sectores de la sociedad y de la economía. La agricultura familiar tiene también implicaciones simbólicas y culturales. Como expresa Luis Almagro (2013); es más importante aún entender la agricultura familiar en su dimensión social y cultural. Valorar el vínculo único que se genera entre el individuo que nace y crece trabajando la tierra, siguiendo el ejemplo de sus padres y sus abuelos. Ese individuo que aprendió que el valor de la tierra va mucho más allá de lo cuantificable en dinero o de los rendimientos productivos. Trabajar la tierra es su forma de vida, hace a su relacionamiento diario con su familia y con su pueblo. Hace a su identidad. Así lo aprendió y así lo transmitirá a las generaciones por venir. El Foro Regional de organizaciones agrarias y cooperativas, realizado en octubre de , compartió ampliamente la visión que la agricultura familiar no se define exclusivamente por sus características agro-productivas, sino que es un modo de vida que respeta el medio ambiente, resguarda la biodiversidad, protege tradiciones culturales y fomenta el desarrollo territorial. En Colombia, el sector rural históricamente ha sido el escenario de las mayores problemáticas que ha enfrentado el país: elevados niveles de pobreza, altos grados de concentración e informalidad en la propiedad de la tierra, conflicto armado, desplazamiento forzado, despojo y abandono de tierras, ausencia de una institucionalidad local y regional, entre otras. 2 Foro regional de organizaciones agrarias 2
3 La concentración de la propiedad sobre la tierra se agudizo en las últimas décadas en el país, según cifras del Instituto Agustín Codazzi -IGAC- (2012), el 0,4% de los propietarios son dueños del 46,5% de las tierras más productivas, con propiedades superiores a las 500 hectáreas. Mientras el 67,6% de los propietarios, poseen el 4,2% de la tierra con parcelas que no exceden las cinco hectáreas, micro-fundíos que son insuficientes para que las familias campesinas mantengan una vida digna. La informalidad en la tenencia de la tierra es otro de los grandes problemas que se presentan. Más del 40% de los predios rurales en el país no tienen títulos que respalden con certeza la propiedad. Esta situación dificulta el acceso al crédito de los pequeños productores, pues la titularidad de las tierras es en muchos casos un requisito para poder acceder a cualquier crédito o para acceder a los subsidios que da el Estado. Viejos y nuevos conflictos se ha incrementado relacionados con el uso de la tierra, cerca de 22 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, de las cuales solo se usan 4,9 millones, es decir, el 20,7%. Lo contrario sucede con la ganadería que dedica 34,9 millones de hectáreas, mientras que solo 15,2 millones de las tierras utilizadas tienen aptitud para esta actividad. Por su parte, 5,8 millones de hectáreas están dedicadas a la minería, una cifra superior a las destinadas a usos agrícolas. La ganadería extensiva, asociada a la acumulación especulativa e improductiva del suelo, caracteriza el campo colombiano. Se requiere un cambio en el uso del suelo, el cual está asociado a un elemento central de las nuevas políticas agrarias; garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, la cual busca en todo momento el adecuado suministro de alimentos y se liga a una reflexión moderna sobre la alimentación y los derechos humanos; el derecho humano a la alimentación y no padecer hambre. De otra parte, el país ha vivido un conflicto armado que ha generado inmensas pérdidas humanas, materiales, ambientales, altos costos económicos, sociales y políticos en más de 50 años de confrontación armada. En medio de este conflicto, desde 1985 cerca de personas han sido desplazadas, despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas. Se estima que seis millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas. Colombia entro al siglo XXI con un déficit de democracia, con la carencia de grandes reformas sociales y políticas que realizaron los países democráticos en el siglo XX, entre ellas, precisamente una reforma agraria democrática e incluyente. Por ello, tenemos uno de los sectores rurales más pobres e inequitativos del planeta, el modelo de desarrollo implementado ha sido profundamente excluyente y caldo de cultivo de las violencias recurrentes que hemos padecido. 3
4 Recientemente, el Gobierno Nacional dio a conocer los acuerdos alcanzados con las FARC en las negociaciones que se adelantan tendientes a para poner fin al conflicto armado. Uno de estos Acuerdos se denomina Reforma Rural Integral RRI-. Expresan las partes en el documento Hacia un nuevo campo colombiano; Reforma Rural Integral 3 que la reforma rural que se plantea debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. Esta reforma reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, y que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de una amplia participación de las comunidades. Se considera que si bien el acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural. El documento define unos principios y se estructura en tres ejes fundamentales: 1. Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. El primer eje, busca democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, por lo que se creara un Fondo de Tierras de Distribución Gratuita. Igualmente, se establecen otros mecanismos como subsidio integral para compra de tierras o crédito especial para compra por parte de beneficiarios, los cuales serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o tierra insuficiente o Asociaciones de Trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente. En todo tiempo se promoverá y protegerá la función social de la propiedad rural y en particular la agricultura familiar. Otro elemento que se plantea es la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Igualmente, con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y 3 Documento Borrador conjunto. Hacia un nuevo campo colombiano; reforma rural integral
5 sostenible de la tierra se propone la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural. Con relación al segundo eje sobre Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Acuerdos de la Habana plantean que el objetivo de los PDET es lograr un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad de manera que se asegure el bienestar y el buen vivir de la población en las zonas rurales, la protección de la riqueza pluri-etnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro-empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de comunidades indígenas, negras, afro-descendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales y el desarrollo e integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. El tercer eje del Acuerdo se refiere a la implementación de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Partiendo de la consideración que la superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que el acceso adecuado a servicios y bienes públicos, lo cual dependerá de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral que en una fase de transición de 10 años logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza rural en un 50%. En tal sentido, se plantea el desarrollo de cerca de 13 Planes Nacionales para la RRI (infraestructura vial vías terciarias; Infraestructura de riego y Drenaje; Electrificación Rural; Conectividad Rural; planes en salud rural; educación rural; vivienda y agua potable; fomento a la economía solidaria y cooperativa rural; asistencia integral técnica e investigación; generación de ingresos; comercialización; protección social y garantía de derechos; sistema de seguridad y soberanía alimentaria). Un apartado especial en este eje, lo tiene el estímulo a la economía solidaria y cooperativa. El Acuerdo define que con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo basadas en la solidaridad y la cooperación que fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo, y de producción, el Gobierno Nacional creara e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. Es evidente que la agricultura familiar y la economía solidaria jugaran un papel trascendental para consolidar la paz en Colombia En el logro de estos acuerdos, es importante resaltar tres elementos: 1. la voluntad del actual Gobierno Nacional de avanzar en la negociación política para poner fin a un conflicto armado que ha afectado la sociedad colombiana por varias décadas, al tiempo, generar un conjunto de reformas, en el marco de la constitución y la democracia 5
6 colombiana que producirá un viraje histórico para la inclusión y desarrollo del campo colombiano. En segundo lugar, corresponde resaltar la voluntad de las FARC de hacer dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política, (como lo expresa en el acuerdo de la reforma política) y hacer tránsito hacia la civilidad, facilitando con ello el desarrollo de estas reformas democráticas. Esto constituye un cambio sustancial para un grupo que históricamente ha defendido la violencia como forma de acceder al poder. En tercer lugar, hay que resaltar el papel que tendrá que jugar la sociedad civil y sus organizaciones, en la construcción de la paz y el cabal cumplimiento de los acuerdos. La implementación de las políticas de desarrollo rural y reforma política abren valiosos espacio a la participación ciudadana y a las organizaciones sociales y de economía solidaria. Los combatientes de las FARC transitaran hacia otros espacios sociales y políticos, el Estado facilitara las políticas y los recursos para el cumplimiento de los acuerdos, pero en ultimas, será la sociedad y sus organizaciones civiles las que quedan en el territorio y se beneficia del cumplimiento real de estas reformas. Es evidente que no se trata simplemente de reinsentar unos cuantos miles de excombatientes, ante todo se trata de reinsertar la sociedad colombiana al desarrollo y progreso y especialmente su población rural. En Colombia, a pesar del alto grado de concentración de propiedad sobre la tierra, pobreza y violencia, la agricultura familiar es significativa, sin embargo, ha sido subvalorada. Se impuso el paradigma de la globalización, los mercados, los grandes agro-negocios y monocultivos, desconociendo el aporte que hacen los pequeños. Lo anterior ha tenido profundas implicaciones en el tipo de políticas públicas que se han implementado para el sector agrícola. La visión de lo rural se limitó a lo agropecuario, dejando de lado una mirada integral y la adopción de acciones articuladas en materia de servicios sociales, bienes públicos, reducción de la pobreza, infraestructura, entre otras, orientadas a crear mejores condiciones de vida y oportunidades para los habitantes rurales. Con esta visión fragmentada, la institucionalidad de apoyo al sector rural se debilito o fue desmontada y el presupuesto escaso o recortado y se depositó en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural toda la responsabilidad del desarrollo rural. Recientemente en el marco del año internacional de la agricultura familiar, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR-, expidió la resolución número 267 del 14 de junio del 2014 Por medio del cual se crea el programa de agricultura familiar y se dictan otras disposiciones. Desde su inicio esta resolución centra los objetivos en promover las 6
7 capacidades productivas, proyectos productivos, capacidad de negociación y acceso a mercados, desarrollar modelos de cogestión institucional y sistemas de información para los mercados. Es decir, el programa asume fundamentalmente el desarrollo de las capacidades productivas, la competitividad y crecimiento de la clase media rural. Indudablemente, los enfoques que se adoptan en la definición de una política, se traducen en las acciones que se implementan. Así, el pasado cinco de agosto, el Ministerio de Agricultura realizó el lanzamiento del programa de agricultura Familiar en la ciudad de Cartagena, anunciando la inversión de 550 mil millones de pesos en el presente año, de los cuales se invertirían 300 mil millones en la institucionalización del programa y la contratación de cinco operadores, (en su mayoría Cámaras de Comercio) para acompañar los proyectos productivos. Esta situación trasmite la sensación que el programa de agricultura familiar creado por el anterior ministro de agricultura, Rubén Darío Lizaralde, no fue más que una justificación para la ejecución de importantes recursos del presupuesto y no la construcción de una política seria para la agricultura familiar en Colombia. Dejar que se consolide el enfoque y metodología del programa tal como está diseñado, estará marcando los rasgos de la política pública para la agricultura familiar en el país. Es evidente que todavía en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADRpredomina una visión parcial de la agricultura, la cual se ve en función exclusivamente de la productividad para atender mercados. Persistir en políticas unidimensionales que enfatizan la productividad y sigue viendo empresarios en vez de agricultores, empresas en vez de familias, mercados en vez de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, que se avergüenza de reconocer que en el sector rural la pobreza todavía es mayoritaria, lo que obliga a focalizar las acciones en los más pobres y no en la clase media, incluso que se requiere fortalecer la seguridad alimentaria de las mismas familias productoras, constituye políticas que repiten más de lo mismo de lo que hasta ahora se ha hecho (cadenas productivas, oportunidades rurales, etc.) con poco o ningún impacto transformador en la realidad rural. El desarrollo rural integral implica una mirada distinta. No solo se trata de promover la productividad, sino también de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, de estimular las actividades que contribuyen a la protección de los recursos ambientales como el agua, la biodiversidad, la agro-diversidad, de reconocer los saberes ancestrales y tecnologías propias que han desarrollado las comunidades por décadas de experimentación y trabajo, de superar los obstáculos que mantienen a miles de personas en la pobreza y abandono, definir e 7
8 implementar políticas públicas diferenciadas que tengan en cuenta las particularidades y características de cada región y sus diversos grupos poblacionales. En este sentido, las organizaciones agrarias y sociales que impulsan el año internacional de la agricultura familiar, han venido elaborando un conjunto de propuestas de lo que podrían ser políticas para la agricultura familiar, las cuales en su gran mayoría coinciden con los acuerdos alcanzados en la Habana -Cuba-. Por tanto, es pertinente sugerir a las organizaciones que promueven la agricultura familiar, respaldar plenamente los Acuerdos de Paz que en materia del tema agrario expresados en el documento hacia un nuevo campo colombiano; reforma rural integral han alcanzado las partes y que como su nombre lo indica avanzan hacia una reforma rural integral. En la actual coyuntura las organizaciones agrarias deberían concentrar sus esfuerzos de incidencia política en lograr incluir en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo , por lo menos cuatro elementos sobre la agricultura familiar: 1. Avanzar en una caracterización de la agricultura familiar en Colombia que sirva de referente para el desarrollo de posteriores políticas. 2. Orientar la creación de los instrumentos y mecanismos para el registro local, regional y nacional de la agricultura familiar. 3. Establecer el criterio universal que las familias de agricultores tendrán prioridad y estímulos para acceder a los planes, programas y proyectos que se realicen para el desarrollo rural integral del campo colombiano. 4. Reformular y fortalecer concertadamente con las organizaciones agrarias el programa especial para el fomento de la agricultura familiar. Estos elementos permitirían avanzar en el desarrollo de políticas específicas para la agricultura familiar, claramente articuladas con el escenario que aspiramos la mayoría de los colombianos; una Colombia en paz, democrática e incluyente. 8
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