LECCIÓN 3 El derecho mercantil y civil como regulador de servicios profesionales

Transcripción

1 LECCIÓN 3 El derecho mercantil y civil como regulador de servicios profesionales ÍNDICE 3.1 La prestación de servicios personal. Sus modalidades contractuales El arrendamiento de servicios El contrato de obra La prestación de servicios a cargo de los socios de las sociedades mercantiles. 3.2 El contrato mercantil como instrumento de articulación de la relación de prestación de servicios personales por empresas y profesionales. Régimen jurídico del contrato de prestación de servicios El contrato como reglamentación de intereses La remuneración Otros derechos y obligaciones dimanantes de contrato La extinción de la relación de servicios. A instancias del cliente. A instancias del profesional. El incumplimiento del contrato; responsabilidad por incumplimiento. Otras causas de extinción. 1

2 3.1 La prestación de servicios personal. Sus modalidades contractuales El arrendamiento de servicios. Arrendamiento de servicios.- Contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagar un precio cierto, como contraprestación del servicio recibido. Características: es un contrato consensual, puesto que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes; bilateral y recíproco, ya que del mismo surgen obligaciones para ambas partes, asumidas, recíprocamente, por el arrendador y arrendatario de los servicios, en la posición jurídica de acreedor y deudor, respectivamente; oneroso, al ser precio cierto requisito esencial de este contrato, inexistente si no concurriese. (artículos 1544 y 1583 del Código Civil) El contrato de obra. Contrato de obra: contrato en virtud del cual un sujeto (llamado contratista), se obliga frente a otro (llamado comitente) a la realización y entrega de una obra, recibiendo por ello un precio cierto. Características: bilateral y consensual. (artículo 1588 y siguientes del Código Civil.) 2

3 Diferencias: Entre otras, el contrato de prestación de servicios, es un contrato que incide sobre la obligación de medios, es decir, la prestación del contrato consiste en la propia ejecución, por parte del deudor, de una actividad que tiene como objetivo la obtención de un resultado, así pues la prestación se fundamenta en el despliegue de una actividad diligente, que podrá o no tener como consecuencia un determinado resultado. Por el contrario el contrato de obras, es un contrato que consiste en la ejecución, por parte del deudor, de una actividad que tiene como objetivo la obtención de un determinado resultado. Así el interés del acreedor se fundamenta en que de una determinada actividad surja un determinado resultado. En definitiva la no obtención del resultado no es más que una no ejecución de la prestación debida, por lo que genera responsabilidad por incumplimiento de la obligación La prestación de servicios a cargo de los socios de las sociedades mercantiles. Supuestos conflictivos: Identificación. Tradicionalmente el derecho mercantil una de las disciplinas jurídicas que ha venido a regular relaciones de actividad en algunas ocasiones muy próximas a las competencias propias del Derecho del trabajo. Uno de los elementos que nos sirven para observar con nitidez la frontera entre los dos órdenes es la identificación de la ajeneidad. Así el socio de una sociedad mercantil realiza su actividad para una organización que, al menos en parte, es de su propiedad. No obstante el problema puede plantearse en aquellos casos, en los que esta persona reúne la naturaleza de socio y de trabajador al mismo tiempo. En estos casos existiría una doble relación jurídica 3

4 laboral y societaria-, esta opción es viable jurídicamente en casos como los siguientes: - Cuando cada actividad tiene sustantividad propia y cuando la aportación a la que el socio se obliga en su condición de tal no implique, precisamente, la prestación objeto del contrato de trabajo (Sentencia el TS de 18 de marzo de 1991). - Cuando el patrimonio, la personalidad jurídica y la responsabilidad del socio y de la sociedad están perfectamente separados, como sucede en las sociedades anónimas y en las de responsabilidad limitada; se da con frecuencia en sociedades de pequeña dimensión o escasa entidad económica. No será posible la compatibilidad entre ambas actividades cuando, - El trabajador además es socio mayoritario de la sociedad o cuente con una participación muy considerable en su capital, prevaleciendo en tal caso su condición de socio (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1990). Tipología: - Los representantes de comercio y el contrato de agencia. Contrato en virtud del cual una persona, natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajeno, como intermediario independiente, si asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura 4

5 de tales operaciones (artículo 1 de la Ley 12/1992 de 27 de mayo, que traspone Directiva 86/653/CE de 18 de diciembre de 1986.) El elemento que lo diferencia de la relación laboral es la realización independiente de la actividad. (sentencia del TS de 2 de julio de 1996). No obstante existirá contrato de trabajo, y consecuentemente se presumirá que existe dependencia cuando el sujeto no pueda organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios Así pues la actividad descrita en el artículo 1 citado anteriormente pero realizada en situación de dependencia, se enmarca en el contrato de trabajo. Relación laboral de carácter especial correspondiente a agentes y operadores mercantiles, regulada en el Real Decreto 1438/1985 de 1 de agosto - Transportistas y repartidores. El contrato de transporte se reputará mercantil cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio o cuando, siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador, o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. (Artículo 349 del Código de Comercio) Como quiera que hubo pronunciamientos judiciales que resolvieron relaciones de este tipo muy cercanas a la relación laboral, en la última reforma del E.T. se excluyo expresamente esta actividad del ámbito del derecho del trabajo, concretamente en el art. 1.3 del E.T.: la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizadas, mediante el correspondiente precio, con 5

6 vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostente, aun cuando dichos servicios, se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador - Mediadores en seguros privados. La Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en seguros privados, regula la relación jurídica de los agentes de seguros, de los subagentes que colaboran con ellos y de los corredores de seguros, ligados con una entidad aseguradora mediante un contrato de agencia (con una actividad independiente), por el cual ejercen la actividad de mediación entre aquellas entidades y los tomadores de seguros y asegurados. 3.2 El contrato mercantil como instrumento de articulación de la relación de prestación de servicios personales por empresas y profesionales. Cuando hablamos del concepto de prestación de servicios profesionales, estamos haciendo referencia en primer lugar y desde un punto de vista eminentemente jurídico al contrato de arrendamiento de servicios civil ya estudiado, por otra parte, en esta institución el elemento subjetivo del prestador de esos servicios tiene una serie de cualidades o facetas que lo diferencian de otras relaciones jurídicas: la formación intelectual, la independencia, la confianza, la función social, la deontología, la colegiación y la onerosidad. - La formación intelectual: El profesional es un apersona dotada de preparación intelectual acreditada a través de un título universitario. De igual forma su preparación técnica no concluye 6

7 con el título sino que se encuentra en permanente estado formativo en la materia que se especialice. - La independencia: Es el rasgo más característico de la profesión liberal. No obstante lo cual este elementos ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad queda reducido a la denominada independencia técnica. DE tal manera que el profesional independiente actuará conforme su leal saber y entender, de acuerdo con los conocimientos adquiridos a lo largo del período de su formación técnica. - La confianza: Es una constante en la vida del profesional y operar como fundamento de la misma. El grado de confianza depositado en el profesional. Dependerá siempre del objeto concreto de su actividad. En función de dicho objeto, la confianza implicará confidencia, habida cuenta de que el profesional pudiera tener necesidad de acceder a esferas íntimas del sujeto para llevar a cabo su labor profesional, o que la información sobre aspectos íntimos de la vida del cliente le sea facilitado en virtud de la actividad misma. Igualmente el profesional goza de un determinado prestigio social, que podemos denominar honorabilidad, y que justifica la confianza en él depositada. Dicha honorabilidad viene determinada en las normas o principios, a veces morales, recogidas en las normas colegiales aplicadas por los Colegios Profesionales. - La función social. El profesional lleva a cabo una función social determinada por el objeto de su actividad que se refiere a bienes o aspectos de relevancia social. Tal y como ocurría con la confianza, esta función no siempre es idéntica en cantidad o calidad, factores que dependerán, en gran medida, de la 7

8 profesión concreta a la que aludamos e, incluso, de la específica actividad, dentro de una misma profesión. - La deontología. Existencia de normas o principios deontológicos de contenido y número diverso según la profesión a la que nos refiramos. Dichas normas o principios tiene un valor jurídico distinto, según hayan conservado su inicial valor o carácter moral exclusivamente, en cuyo caso su obligatoriedad jurídica será nula aunque no su coercibilidad social, o se hayan integrado en normas colegiales o formando parte del contrato de servicios profesionales, en cuyo caso tendrían el valor de norma jurídica. - La colegiación. Si bien es constituye una realidad indiscutible en la actualidad, no constituye una característica intrínseca de la figura. - La onerosidad. Constituye una actividad intrínsecamente retribuida, máxime cuando constituye el medio de vida profesional. En definitiva y partiendo de estos principios podemos definir al profesional como el sujeto, dotado de una formación intelectual, que realiza, con total independencia técnica, una actividad cuyo objeto está constituido por bienes afectos a una función social. Como denominador común en las prestaciones de servicios personales destaca la importancia del elemento personal del prestador de servicios y directamente unido a él, el modo en el que tal actividad se presta, lo que también se denomina lex artis ad hoc, o lo que es lo mismo, el deber de diligencia media exigible al 8

9 profesional en el ejercicio de la obligación de medios asumida en el contrato. Esta misma idea traducida a los elementos básicos del contrato de trabajo estaría próxima al deber de la buena fe y de la diligencia en el cumplimiento de las obligaciones concretas, tal y como se establece en el art. 5 del E.T., cuando habla de los deberes laborales Régimen jurídico de la prestación de servicios El contrato como reglamentación de intereses. La materia típica del arrendamiento de servicios, -relaciones jurídicodependientes, son, en la actualidad, objeto de otra rama de nuestro ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo, cuyo origen estuvo en este modelo de contrato. Esta circunstancia tiene como consecuencia que: la mayoría de sus normas son inaplicables y que las pocas normas existentes, art y del CC, al quedar aisladas y sin conexión alguna, son ambiguas e imprecisas. Por ello el contrato de arrendamiento de servicios regula las relaciones entre el profesional independiente y cliente, gracias a la doctrina y jurisprudencia. Contrato que ha perdido su nota características de dependencia, y al haber quedado en una situación jurídica tan parca que queda condenado a esta regulación jurídica. La obligación de prestar un servicio como una obligación de medios. El art del CC define como objeto del contrato de arrendamiento de servicios prestar un servicio. La prestación de servicios desarrollada por un profesional independiente, se carac6teriza por la imposibilidad de poder garantizar a su cliente la obtención del resultado esperado o deseado, al estar presente un 9

10 factor de aleatoriedad (el médico, por ejemplo no puede garantizar la curación de un enfermo). El profesional sólo puede comprometerse a realizar el servicio debido con la diligencia derivada de las lex artis ad hoc, solo que es lo mismo asumen frente a su cliente una obligación de medios La remuneración del contrato La obligación de pagar un precio cierto.- Igualmente el art del CC establece la exigencia de un precio cierto. Para tratar de concretar controversias o conflictos derivados de esta circunstancia, el art del CC establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Podemos afirmar que introduce una prohibición de arbitrariedad pero no de arbitrio, o lo que es lo mismo, no es la ilicitud de de que una de las partes determine el objeto del contrato, sino que lo haga de forma arbitraria. No impide que la norma que dicha determinación se realice por una de las partes pero aplicando unos criterios objetivos. La técnica de la concreción del precio no es contraria a derecho siempre y cuando concurra en ellas los siguientes requisitos: Que el valor del servicio determinado por el profesional se establezca con remisión a un valor medio del mismo, que situaremos en el valor mercado del servicio prestado. Que la determinación del precio, en caso de ser considerado excesivo o indebido por el cliente, pueda ser impugnado por estos motivos ante los Tribunales de Justicia. 10

11 Que en el caso anterior, y de entender el juez que los honorarios liquidados no fueran acordes con el valor del servicio prestado, sustituya a la persona del profesional, procediendo a su liquidación conforme al valor del mercado. El tema del precio del servicio, nos pone en relación con la reforma legislativa producida en la Ley de Colegios Profesionales por la Ley 7/1997 de 14 de abril que refleja uno de los intentos de integración de los profesionales liberales en las reglas del mercado. Esta reforma se produce a instancias de una serie de informes del Tribunal de Defensa de la Competencia, y supone el sometimiento a la Ley de la Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal. A partir de la entrada en vigor de la ley, se ha producido la liberalización del precio de los servicios, convirtiendo en orientativos y no vinculante las tablas de honorarios profesionales elaboradas por los Colegios Profesionales Otros derechos y obligaciones dimanantes de contrato El derecho deber de información. Aun cuando no exista precepto legal en el arrendamiento de servicios que establezca la obligación de informar como obligación dimanante o impuesta en base a este contrato, de hecho, es una obligación asumida por el profesional y de cuyo cumplimiento deberá responder, indemnizando a su cliente, el perjuicio que dicho incumplimiento genera. Una de las referencias legales directamente relacionadas con el derecho deber de información lo constituye el art del CC, artículo que habla de la función normativa de la buena fe, en el sentido de que los contratantes quedan obligados no sólo a lo 11

12 estrictamente pactado, sino también a las exigencias que puedan derivarse de la buena fe. La buena fe como principio general del derecho, exige que en las relaciones entre profesional liberal y cliente se establecen (confianza del cliente hacia el profesional) y el profesional como manifestación del deber de fidelidad que la confianza genera, debe presta una información constante al cliente. El principio de buena fe se configura como una obligación de información del profesional que se extienda lo largo de la relación contractual y que, por tanto no se agota una vez éste informa; desde el inicio de la misma, incluso con carácter previo a la contratación de sus servicios, se debe informar. También durante la relación, cuando surjan cuestiones que lo demanden y, por supuesto, cuando esta hubiera finalizado. La obligación de guardar secreto profesional. Esta obligación es de carácter profesional y tradicionalmente viene recogida en los textos deontológicos de médicos y abogados. La obligación de secreto se regula, con carácter general en dos textos normativos: La Ley Orgánica de protección al honor, intimidad familiar y personal y la propia imagen de 5 de mayo de 1982 (art. 7.4 considera intromisión ilegítima: la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional un oficial de quien los revela) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Que establece determinados grados de intensidad de protección de datos y por ende mayor grado de responsabilidad por su inobservancia: datos especialmente protegidos: raza, sexo, salud, etc y afecte, por tanto, a su derecho a la intimidad. En cambio, en los demás casos, podría hablarse de una obligaión de sigilo o reserva del profesional. 12

13 3.2.4 La extinción de la relación de servicios El desistimiento unilateral como causa de extinción del contrato y otras causas de extinción Es tradicional en esta materia que las relaciones entre profesional y cliente puedan finalizar por desistimiento de cualquiera de las dos partes. Su fundamento lo sitúa la doctrina y jurisprudencia en la prohibición de perpetuidad de las relaciones indefinidas que subyace en el art del CC al decir que el arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. Partiendo de lo establecido en este precepto y de la prohibición en él contenida hemos concluido que existe en nuestro ordenamiento jurídico un principio general que permite que, en cualquier relación jurídica de carácter indefinido y donde, además, se proteja de forma prevalerte el interés de una de las partes, cualquiera de las partes se encuentra legitimada para ejercitar el desistimiento unilateral y poner fin a éstas. El desistimiento unilateral del cliente. Por ser el interés del cliente el que tiene el carácter de interés prevalerte de esta relación jurídica, éste tiene una amplia libertad para ejercitar la facultad extintiva; amplia facultad semejante a la que el art del CC otorga al mandante para poder revocar el mandato. La libertad concedida al cliente no está supeditada a la concurrencia de motivo o causa que justifique su decisión. No obstante necesita notificar al profesional la decisión tomada, notificación que no es necesaria se produzca de forma expresa. Sobre la necesidad de preavisar su intención de desistir, podemos afirmar que el cliente, en principio, tiene una amplia libertad para desistir, no condicionada ni a la concurrencia de justa causa ni a la necesidad de preavisar: el desistimiento siempre será válido con preaviso o sin él. 13

14 Una vez extinguida la relación, el cliente deberá abonarle al profesional sus honorarios devengados durante el tiempo que desempeñó su actividad; también aquellos gastos o suplidos que se hubiese generado, así como una posible indemnización por daños y perjuicios si ejercitó de forma inoportuna e intempestiva la facultad de desistir. El desistimiento unilateral del profesional. De forma semejante a como le sucede al mandatario según la regulación al respecto, el profesional tiene menor libertad que el cliente para ejercitar la facultad extintiva del vínculo contractual. Ello tiene su justificación en que el interés protegido de forma prevalerte, es el interés del cliente en el compromiso de hacer en que consiste la prestación de servicios. La facultad de desistir del profesional, si bien no está condicionada a la concurrencia o no de justa causa, que ésta exista o no supone la obligación que puede pesar sobre el profesional de indemnizar los daños causados al cliente, a consecuencia de la extinción del contrato. Como cualquier otra forma de desistimiento unilateral, es preciso para su eficacia extintiva, que la declaración de voluntad del profesional al respecto, sea notificada al cliente, bien de forma directa o indirecta. El profesional debe, en cualquier caso, preavisar al cliente si es su intención desistir de la relación jurídica que les une. Otras causas de extinción. Expiración del término. Si al contratar los servicios profesionales, las partes acordaron un plazo de duración de la relación contractual, con independencia de 14

15 que el servicio prestado haya o no concluido, llegada la fecha pactada, la relación jurídica se extingue. No obstante, la expiración del término, no supone, automáticamente, la liberación del profesional de cualquier responsabilidad, pudiendo suponer, incluso el incumplimiento de la obligación o un indicio de dicho comportamiento. Así podemos distinguir tres supuestos de expiración del término con diferentes consecuencias jurídicas: 1. Llegada de la fecha pactada, el servicio se ha prestado por el profesional de forma satisfactoria y con una diligencia acorde con la lex artis ad hoc, aunque se encuentra incompleto, es decir, precisa de un tiempo mayor para su ejecución. Sin embargo, a no ser que las partes decidieran prorrogarlo, llegado el término el contrato se extingue, quedando liberado el profesional de responsabilidad alguna. 2. Llegada la fecha pactada, el servicio no se ha prestado o su prestación sido parcial; si los criterio de la lex artis ad hoc determina que ello es debido a que el profesional no ha actuado con la diligencia de exigible, no queda liberado sino, por el contrario, obligado con su cliente a responder por el incumplimiento. En la mayoría de los supuestos, la no realización del compromiso de hacer o una mínima realización de éste en el plazo establecido de duración de la relación contractual, es un indicio, una prueba, incluso del incumplimiento del profesional. 3. Si el profesional se ha obligado con el cliente a la obtención de un resultado, bien porque así lo acordaron, bien porque la naturaleza de la obligación a demanda que esta se interpretada como una obligación de resultado llegado el plazo pactado, si el resultado obtenido no ha sido el 15

16 especificado en el contrato, el profesional no queda liberado, sino, por el contrario, queda obligado a indemnizar a su cliente por incumplimiento contractual. Cese de la actividad Si las partes no acordaron nada sobre el plazo de duración de su relación contractual, e incluso, aunque acordaran un plazo o término de duración de ésta, si el compromiso de hacer, ha finalizado, la relación contractual queda extinguida, y el profesional queda, en cualquier caso liberado. El mutuo disenso. La propia voluntad de los contratantes manifestada en el consentimiento, al igual que es fuente de obligaciones manifestada en el consentimiento, puede extinguir el contrato y con él las obligaciones que del mismo surgieron. La muerte. De acuerdo con el carácter especial de las relaciones que se establecen entre el profesional liberal y el cliente, en las que se encuentra presente un principio de confianza, es obvio que la muerte de cualquiera de los contratantes suponga la extinción del vínculo contractual. 16

17 Referencias normativas: - Código Civil: artículos 1544, 1583, y 1588 y siguientes. - Artículo 349 del Código de Comercio. - Artículo 1 de la Ley 12/1992 de 27 de mayo, que traspone Directiva 86/653/CE de 18 de diciembre de Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en seguros privados OBJETIVOS Análisis de los contratos civiles y mercantiles más significativos Diferenciar las relaciones jurídicas civiles y mercantiles de las laborales. BIBLIOGRAFÍA Contrato de trabajo y figuras afines de LÓPEZ GANDÍA. Técnicas Jurídicas Privadas de Autoempleo de CERVILLA GARZÓN y VV.AA. 17