Proceso Penal Acusatorio en Cifras: Indicadores de Impacto.

Transcripción

1 Proceso Penal Acusatorio en Cifras: Indicadores de Impacto. Principales Indicadores del Sistema Penal Acusatorio - Órgano Judicial: Al 30 de junio de 2017 (Cifras Preliminares) EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO El Presupuesto Asignado a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio para el año 2016 fue de 48.5 millones de Balboas, distribuido en 34.2 millones destinados a funcionamiento y 14.3 millones para inversiones. Con respecto al presupuesto para la implementación del Sistema Penal Acusatorio desde el año 2011 creció en un ritmo interanual promedio de 59.5%. Para el año 2017 se asignó un presupuesto de 33.9 millones de Balboas, distribuido en 26.7 millones destinados a funcionamiento y 7.2 millones para inversiones reflejándose un crecimiento interanual promedio de 39% del año 2011 con respecto al año ÓRGANO JUDICIAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO-SISTEMA PENAL ACUSATORIO (SPA) Año Modificado Final Presupuesto Total Funcionamiento Inversión Ejecutado % Ejecutado Modificado Modificado Ejecutado % Ejecutado Final Final Ejecutado % Ejecutado ,700, ,159, % 2,524, ,073, % 2,175, ,085, % ,927, ,746, % 5,868, ,043, % 2,058, , % ,161, ,631, % 8,932, ,268, % 2,228, , % ,111, ,143, % 10,140, ,975, % 3,971, ,168, % ,543, ,427, % 12,982, ,616, % 11,560, ,811, % 2016 (1) 48,532, ,410, % 34,230, ,143, % 14,301, ,266, % ,943, ,339, % 26,740, ,016, % 7,203, , % Nota (1): El presupuesto de Funcionamiento incluye los costos del Programa de Transformación y Desarrollo Institucional más los costos de los servicios personales incluidos en los subprogramas provinciales, a partir de la implementación del Primer Distrito Judicial, en septiembre del año Nota (2): Los montos correspondientes a Modificado y Ejecutado en 2017, incluyen los gastos de planillas del personal asignado al Sistema Penal Acusatorio en otros programas o provincias, más los gastos del Programa de Transformación y Desarrollo Institucional. Fuente: Ley Presupuesto anual. Reportes Sistema SIAFPA, ISTMO/SAP. Dirección de Planificación y Presupuesto. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial. La ejecución presupuestaria ha fluctuado a efectos de la implementación gradual de la implementación del proceso penal acusatorio en el Órgano Judicial. En ese sentido, del año 2011 al año 2016, la ejecución presupuestaria varió de 67.2% a 93.6% respectivamente en cuanto a la utilización de los recursos financieros asignados. En consecuencia, se observa que en el primer semestre de 2017 la ejecución presupuestaria total alcanzó el 68.8%., reflejando para el presupuesto de funcionamiento 86.1% de ejecución del gasto, mientras que para el renglón de inversiones la ejecución registró un 4.5% toda vez que este renglón corresponde principalmente a construcciones, rehabilitaciones, remodelaciones y equipamiento de instalaciones para la adecuada impartición de la justicia en oralidad. Cabe mencionar que una proporción del presupuesto de inversiones ha sido transferido para la ejecución de un Proyecto de Apoyo a la Implementación de la Reforma Procesal Penal con la Oficina Regional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

2 GESTIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO INDICADORES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Primer Distrito Judicial (Sep-Jun 2017) Segundo Distrito Judicial (Sep Jun 2017) Tercer Distrito Judicial (Sep Jun 2017) Cuarto Distrito Judicial (Sep Jun 2017) AUDIENCIAS (GARANTIAS) 19,017 48,464 10,202 26,943 % DE REALIZACIÓN 89% 79% 84% 89% % DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS / LEGALIZADOS 98% 98% 96% 97% TIEMPO PROMEDIO DEL ACTO DE AUDIENCIA (MINUTOS) MEDIDAS CAUTELARES (INCLUYE DETENCIÓN PROVISIONAL) 3,401 4,656 1,671 2,054 MEDIDAS CAUTELARES DE DETENCIONES PROVISIONALES DETENIDOS PROVISIONALES AL FINAL DE JUNIO DE % DE DETENCIONES PROVISIONALES DICTADAS 32% 26% 30% 26% % DE DETENIDOS INQUISITIVO EN EL AÑO ANTERIOR DE LA IMPLEMENTACIÒN DEL SPA 58% 49% 37% 57% % DE DETENIDOS PREVENTIVOS: AL FINAL DE JUNIO % 17% 21% 22% % DE DISMINUCIÓN DE LOS DETENIDOS PREVENTIVOS EN COMPARACIÒN AL AÑO ANTERIOR DE LA IMPLEMENTACIÓN SPA -52.2% -64.6% -43.3% -60.9% SENTENCIAS (FASE INVESTIGACIÓN-INTERMEDIA) 832 3, ,751 % DE SENTENCIAS TERMINADAS EN FASE DE INVESTIGACIÓN 98% 93% 89% 92% AUDIENCIAS (JUICIO ORAL) SENTENCIAS JUICIO ORAL Absolutorias Condenatorias Mixta SUSPENSIONES CONDICIONALES DEL PROCESOS 1,179 3, RECURSOS ANTE TRIBUNALES DE APELACIONES APELACIONES ANULACIONES HABEAS CORPUS OTROS RECURSOS PRESENTADOS % PARTICIPACIÓN DEFENSA PÚBLICA 73% 70% 74% 76% REDUCCIÓN DEL TIEMPO -96.0% -73.9% -91.3% -68.9% TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN DÍAS SPA (desde la primera solicitud en el OJ hasta la resolución de primera instancia) TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN DÍAS INQUISITIVO (desde el ingreso al juzgado hasta la resolución de primera instancia) Al primer semestre de 2017, han transcurrido 70 meses desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la República de Panamá, lo cual ha creado muchas expectativas tanto en la comunidad jurídica nacional como en la población panameña, lo cual era de esperarse ya que el nuevo código procesal penal ha sustituido y sustituirá en forma gradual al antiguo Código Judicial Panameño de En función de estas expectativas, se han realizado esfuerzos para que la comunidad tenga un pleno entendimiento del mismo a través de mecanismos de comunicación, divulgación y capacitación, toda vez que los cambios que implicó su aplicación no son exclusivamente normativos, pues requieren, además, de una transformación organizacional y cultural de los actores del proceso. Esta nueva forma de administrar la justicia penal panameña garantiza una justicia pronta y efectiva, cimentada primordialmente en los principios de separación de funciones, plena oralidad, concentración, simplificación y publicidad de los actos procesales, tutelando los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, el cumplimiento de estos principios rectores, permitirán, a mediano plazo, disminuir los costos financieros y sociales de la justicia penal, disminuir los tiempos en que se dicta una sentencia, así como los periodos en que la víctima y el acusado llegan a acuerdos restaurativos de los daños ocasionados, utilizando los métodos alternos de resolución de conflictos y los Centros de Mediación. El impacto de la actividad jurisdiccional bajo este nuevo esquema procedimental se refleja en la efectividad de la realización de audiencias de garantía, lo cual se reflejó en el 89%, 79%, 84% y 89% de realización para el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Distrito Judicial respectivamente. De modo semejante, se verifica la efectividad de los actos procesales discutidos y resueltos en las audiencias de garantías toda vez que fueron efectuados en un tiempo promedio de 44 minutos, en el Primer Distrito Judicial; 32 minutos, en el Segundo Distrito Judicial; 55 minutos, en el Tercer Distrito Judicial; y en 32 minutos, en Cuarto Distrito Judicial. Junto a esto, se evidencia también una significativa legalidad en los actos investigativos, en virtud de que fueron decretados legales y autorizados por los Jueces de Garantías en el 97% de las solicitudes, este indicador refleja la certeza en el respeto a las garantías constitucionales. Los principios de concentración y simplificación, se manifestaron en forma positiva al dictarse en una gran proporción de sentencias en la fase de investigación e intermedia, principalmente por la aplicación de proceso simplificado inmediato, simplificado directo, directo inmediato y acuerdos de pena. Es así que se obtuvo el 98%, 93%, 89% y el 92% de sentencias en las fases de investigación e intermedia, en el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Distrito Judicial respectivamente.

3 Toda persona aprendida o imputada por la comisión de un delito tiene derecho a defensa, por lo cual dentro del Sistema Penal Acusatorio hay disponibilidad de 168 Defensores Públicos; distribuidos en 110 defensores en el Primer Distrito Judicial, 21 en el Segundo Distrito, 21 en el Tercer Distrito y 16 para el Cuarto Distrito Judicial. Uno de los principios del sistema acusatorio es la prontitud de la respuesta judicial, expresada en el tiempo de resolución de los procesos, registrándose en promedio, 12.2 días en el Primer Distrito Judicial; 75 días en el Segundo Distrito Judicial; 35 días en el Tercer Distrito Judicial y 45 días en el Cuarto Distinto Judicial. Este indicador se refiere al tiempo transcurrido desde que el Órgano Judicial conoce el caso para surtir respuesta a una solicitud hasta que se dictamina una decisión de fondo. Estos tiempos registrados significaron en promedio una reducción del 83% en comparación a los registrados en el sistema inquisitivo mixto, antes de la vigencia del nuevo proceso. Dentro de las audiencias que realiza la defensa pública se derivan gran cantidad de diligencias que conlleva a la sustentación de sus defensas de las cuales el 7%(16,515) corresponden al Primer Distrito Judicial; 37%(86,575) corresponden al Segundo Distrito Judicial; 13%(29,344) al Tercer Distrito Judicial y el 43%(101,250) al Cuarto Distrito Judicial. Dentro de las diligencias que ellos realizan están las entrevistas, revisión y lectura de carpetilla, comunicaciones telefónicas, análisis y discusión del caso, atención al público, investigaciones, notificándose, reconocimientos e inspección ocular, elaboración y presentación de escritos, negociaciones de acuerdos, entre otras diligencias. Es importante destacar el papel protagónico de la Defensa Pública en la resolución de los casos, verificándose así el 75% de participación en el Primer Distrito Judicial; 70% de participación en el Segundo Distrito Judicial; 74% de participación en el Tercer Distrito Judicial; al mismo tiempo, que el 76%, en el Cuarto Distrito Judicial.

4 A través del sistema penal acusatorio se ha dinamizado la posibilidad de aplicación de diversas medidas cautelares, experimentándose hoy que en el Primer Distrito Judicial, de las 3,401 medidas cautelares, el 32% respondían a detención provisional; en el Segundo Distrito Judicial, de las 4,656 medidas cautelares dictadas, el 26% respondían a detención provisional; en el Tercer Distrito Judicial de un total de 1,671 medidas cautelares, un 30% eran de detención provisional; mientras que en el Cuarto Distrito Judicial de un total de 2,054 medidas cautelares, la detención provisional representaba el 26% de las medidas dictadas. Sin duda, todos estos resultados influyeron positivamente en la disminución de los detenidos provisionales en contraste al año anterior a la implementación del sistema en cada distrito judicial, obteniéndose una disminución en la proporción de detenidos preventivos del 52.2% en el Primer Distrito Judicial; 64.6% en el Segundo Distrito Judicial, el 43.3% en el Tercer Distrito Judicial y de 60.9% en el Cuarto Distrito. De los indicadores de juicio oral destaca la realización de 39, 638, 187 y 587 audiencias de juicio oral en el primer, segundo, tercero y cuarto distrito judicial en su orden respectivo, dictándose 16, 264, 71 y 161 sentencias. Los cuatro distritos consolidaron un total de 1,451 audiencias y 512 sentencias, de las cuales 291 fueron condenatorias, 211 absolutorias y 10 mixtas.

5 A modo complementario, se observa que del total de 7,135 sentencias dictadas mediante la aplicación del proceso penal acusatorio en los cuatro distritos judiciales, 6914 (96.9%) fueron condenatorias, 211 (3%) absolutorias y 10 (0.1%) mixtas. Con relación a la distribución de las sentencias dictadas según fase, se tiene que de las 7,135 sentencias dictadas, 6,623 se dictaron en fase de investigación o acusación, lo cual representa el 92.8% de las sentencias dictadas durante el periodo analizado; por tanto 512 sentencias se dictan en fase de juicio oral, es decir el 7.2% restante de las sentencias dictadas mediante el procedimiento penal acusatorio. Atendiendo la distribución del total de las 6,623 sentencias dictadas en fase de investigación o de acusación, destaca que en su totalidad son condenatorias; que en comparación con el total de 512 sentencias dictadas en fase de juicio oral, se registra el 57% de tipo condenatoria. Atendiendo el nivel de actividad sustantiva de los jueces de garantías, además del control de garantías, ha resuelto el fondo de los asuntos atendidos en audiencias, en su gran mayoría a través de acuerdos, lo que concretó en 6,623 sentencias dictadas y 7,034 suspensiones del proceso sujeto a condiciones.

6 El compromiso adquirido por la administración de justicia y sobre todo con la implementación del Sistema Penal Acusatorio ha llevado a que se cumplan objetivos fundamentales como lo es el hecho de brindarle a la ciudadanía panameña, una justicia equitativa, pronta y expedita, respetando las garantías constitucionales de todas las partes involucradas en un proceso, llámese fiscal, víctima, investigado y defensa, cuenten con igualdad de oportunidades a ser escuchadas. Los Tribunales Superiores de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio han emitido 2,726 decisiones a las solicitudes de los recursos de apelaciones. De las cuales se distribuyen en 2,095 apelaciones, 259 anulaciones, 173 Habeas Corpus y 199 otros recursos (Recurso de Hecho, entre otros). Cada proceso que se tramita en las Oficinas Judiciales pasa por distintas fases; investigación, intermedia, juicio oral y cumplimiento, que es la fase de finalización del proceso, donde los jueces de cumplimiento tienen una carga laboral alta, ya que resuelven todo lo que solicitan los abogados para mejorar la condición del sentenciado, tanto para el sistema penal acusatorio como para el sistema inquisitivo. Su actividad se concentra en atender solicitudes de trabajo comunitario, reemplazo de penas, conmutaciones de pena, entre otras solicitudes. Lo que implica la realización de audiencias por el juez de cumplimiento para atender todas las solicitudes, es así que al 30 de Junio de 2017 el Primer Distrito Judicial ha realizado 1,831 audiencias con sólo nueve meses y 29 días de implementación; en el Segundo Distrito Judicial se han realizado 5,467 audiencias de cumplimiento; el Tercer Distrito Judicial que sólo lleva año, nueves meses y 29 días de implementado, los jueces de cumplimiento han realizado 1,847 audiencias y en el Cuarto Distrito Judicial han realizado 4,792 audiencias de cumplimiento. La Sala Segunda de lo Penal tiene jurisdicción y competencia, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 63 de 2008, por lo que tiene competencia para conocer de aquellos negocios contemplados en el artículo 40 de la precitada norma legal, siguiendo los lineamientos del procedimiento penal acusatorio. El principio de oralidad, regulado por el Código de Procedimiento Penal de la República de Panamá, establece que toda solicitud presentada debe resolverse en audiencia, con presencia de las partes involucradas. La Sala ha acogido con entusiasmo la aplicación del sistema penal acusatorio, y al amparo de este modelo de

7 juzgamiento, ha celebrado un número considerable de audiencias y ha emitido igual cantidad de resoluciones. Dentro de este marco normativo, han ingresado a la Secretaría de la Sala Penal del año 2014 al primer semestre de 2017 un total de 233 causas y se han resuelto 190, generándose un porcentaje de resolución del 82%. En el mencionado período, a la Sala Penal según tipo de solicitud, le han ingresado 53 recursos de casación y se ha resuelto 35 recursos; 90 procesos de extradición ingresados y 84 resueltos; se han presentado 35 solicitudes de apelación de habeas corpus y se han resuelto 34; han ingresados 26 revisiones y se han resuelto 14; se han presentado 20 solicitudes de primera instancia y se han resuelto 18; y han ingresado 9 casos correspondientes a otras solicitudes presentadas a la Sala Penal y se han resuelto 5. Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene participación activa en la reforma procesal desde el inicio de la implementación, lo que se evidencia en la realización de 21 audiencias de las cuales el 76% (16) fueron de control como juez de garantías, 5%(1) en audiencia intermedia, un 5%(1) en audiencia de medida cautelar, 5%(1) en audiencia de juicio, 5%(1) en audiencia como juez de cumplimiento, y 5%(1) como tribunal de apelaciones. La Víctima del Delito es hoy en día un componente prioritario de la actividad procesal penal en el ámbito internacional y nacional. Esta figura procesal toma marco legal mediante Ley 31 de 28 de mayo de 1998 de Protección a las Víctimas del delito inspirado en lo que nosotros denominamos la doctrina de la determinación de derechos y garantías que consagran los principales instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Es por ello que se crea el departamento de asistencia legal gratuita a las víctimas del delito, siendo este uno de sus mayores objetivos. A partir de la implementación del sistema penal en Chiriquí es que inicia la participación de los defensores públicos que junto con la víctima asisten a las audiencias que se realizan en la Oficina Judicial.

8 El Órgano Judicial cuenta actualmente con 61 defensores públicos de víctimas de delito, distribuidos de la siguiente manera: 52 en el Primer Distrito, 1 en el Segundo Distrito, 7 en el Tercer Distrito y 1 en el Cuarto Distrito Judicial. Ellos desde el 2 de septiembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2017 han participado en 2,625 de las audiencias que se han realizado en las Oficinas Judiciales del Primer Distrito Judicial, 183 audiencias en el Segundo Distrito, 2,353 audiencias en el Tercer Además de realizar audiencias en las Oficinas Judiciales, también realizan diligencias en los procesos asignados, de los cuales 3,756 diligencias realizaron los defensores de víctimas del Primer Distrito; 347 diligencias en el Segundo Distrito, 508 diligencias en el Tercer Distrito y 161 diligencias para el Cuarto Distrito Judicial, haciendo un total de 4,772 diligencias realizadas en el Primer Semestre del El Sistema Penal Acusatorio cuenta con 203 funcionarios entre jueces y magistrados, distribuidos en 93 jueces de garantías, 51 jueces de juicio oral, 28 jueces de cumplimiento, 4 jueces de juicio oral comarcales y 27 magistrados de apelaciones.

9 En el sistema penal acusatorio desde su implementación hasta el 30 de junio de 2017 se han programado un total de 63,505 sesiones para resolver las diversas solicitudes realizada por fiscales y defensores, logrando efectuar 53,222 sesiones con un nivel de ejecución del 84% en su realización. Las sesiones se refieren a las solicitudes de la fiscalía o la defensa, en las que se pueden verificar una o más audiencias para resolver estas peticiones ante los jueces de garantías. La dinámica del proceso penal acusatorio promueve el principio de concentración logrando así mayor eficiencia en la actuación procesal. De las sesiones programadas se logró notificar al 98% de los intervinientes y un 2% no pudo ser notificado. Del 98% de los notificados, un 84% compareció a la audiencia y un 14% no asistió, presentando excusas y certificados médicos, entre otras excusas para justificar su ausencia. Mientras tanto, el 2% que no pudo ser notificado fue por número de teléfonos y direcciones incorrectas.