Juan Sosa Maldonado, defensor mexicano de derechos humanos

Transcripción

1 Juan Sosa Maldonado, defensor mexicano de derechos humanos "La tortura se da sobre todo en contra de los indígenas, los campesinos y las personas pobres que no tienen mecanismos ni políticos ni económicos para obtener una defensa adecuada" Ana Rodríguez. Equipo de Comunicación de Amnistía Internacional Madrid. En los últimos años, se han dado en México casos de homicidios, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetrados por agentes del Estado. Las graves violaciones de derechos humanos en este país ponen de manifiesto que los tratados y normas internacionales de este ámbito no se están cumpliendo. Desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) recibió más de quejas por torturas y otros malos tratos, aunque quienes han torturado han gozado de una impunidad casi total. Es preocupante también el hecho de que las mujeres sean especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando se encuentran bajo custodia. También lo es que se haga uso del arraigo o detención preventiva sin cargos. Por otra parte, según cifras oficiales publicadas en octubre de 2014, personas habían desaparecido en México desde el año Dentro de esta cifra se encuentran casos de desapariciones forzadas, es decir, desapariciones perpetradas por funcionarios públicos. A pesar de la aprobación de reformas constitucionales sobre la seguridad pública y la justicia penal en el país, la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo un problema endémico en el país. Juan Sosa Maldonado es un defensor de derechos humanos, de pueblos y de comunidades indígenas de Oaxaca. Es dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ). Fue víctima de desaparición forzada en el año Los 25 días que duró su desaparición forzada fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Acusado de delitos que no cometió, permaneció durante tres años en diversas cárceles del país, incluida una prisión de máxima seguridad. Tras demostrar su inocencia y ser liberado en el año 2001, Sosa Maldonado se ha dedicado al apoyo y la defensa de los presos indígenas de la región de Loxicha, Oaxaca. El 16 de octubre de 2013, Sosa Maldonado sufrió un intento de homicidio cuando circulaba en su vehículo junto a su esposa, Leonor Peralta Castellanos, y sus tres hijos. Peralta Castellanos jugó un papel fundamental durante la desaparición forzada y posterior encarcelamiento de su marido, luchando primero por su presentación con vida y posteriormente para demostrar su inocencia y lograr su libertad. Continuó con su activismo trabajando con y para las comunidades loxichas. También ha sufrido la agresión, el hostigamiento y las amenazas por su activismo como defensora de derechos humanos. Ambos activistas forman parte del programa especial de protección de defensores/as de derechos humanos de Amnistía Internacional, herramienta que ha posibilitado que salgan del país ante la grave amenaza contra sus vidas. Desde Amnistía Internacional hemos podido hablar con Juan Sosa Maldonado, quien nos ha ofrecido su visión sobre la situación de los derechos humanos en México:

2 Pregunta: El informe de AI sobre la tortura en México señalaba que esta práctica y otros tratos o penas crueles son frecuentes en las actuaciones de las fuerzas militares y policiales. Recientemente, el informe de la ONU ha señalado también que la tortura es una práctica generalizada en el país. El gobierno mexicano actúa como si desconociera las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Respuesta: Lo que hemos constatado estos años como defensores de derechos humanos es que los gobernantes son unos cínicos, ya que son completamente conscientes de la situación que ellos mismos están generando. Al no querer reconocer esta situación tampoco buscan mecanismos para poner alto a esta sistemática violación de derechos humanos que se vive en el país. La tortura es un primer elemento que se da sobre todo en contra de los indígenas, los campesinos y las personas pobres que no tienen mecanismos ni políticos ni económicos para obtener una defensa adecuada. Las cárceles de nuestro país están llenas de indígenas y pobres como chivos expiatorios de un sistema incapaz de generar condiciones de vida dignas para los millones de mexicanos que viven en México. P.: Es entonces una violencia más focalizada en los colectivos más vulnerables R.: Quienes tienen un cargo político o condiciones económicas medias están en mejores condiciones de defensa, ya sea en un juzgado o en la misma sociedad acudiendo a medios de comunicación u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales de defensores de derechos humanos. Quienes no conocen esos mecanismos o no tienen experiencia en cuanto a enfrentar estas violaciones de derechos humanos son los más vulnerables. "En realidad se ha estado viviendo una permanente confrontación con el Estado" P.: Una encuesta realizada por AI revela que un 64% de las y los mexicanos tienen miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia. Además, las personas que son torturadas, ya sea por temor a que les pase algo a ellos o su familia, tienen miedo de hacer denuncias formales, por lo que la propia coacción impide que haya justicia. R.: Aparte porque hemos conocido todas estas terribles aristas del sistema y sabemos que en México no hay una democracia real. Los partidos políticos sirven a intereses generales de un capitalismo voraz que busca hacerse de los recursos naturales y de la mano de obra barata a costa del dolor, de la sangre de miles de mexicanos. Esto en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, pero hay que recordar también todas las desapariciones forzadas de personas, la represión, el encarcelamiento, la tortura y el tráfico de personas. P.: El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Ayotzinapa es similar a los miles de casos de desaparición ocurridos en México pero, a su vez, ha sido diferente por la presión nacional e internacional que ha visibilizado lo ocurrido. Aún así, la respuesta del Estado sigue siendo limitada y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos. R.: Después del levantamiento de los indígenas zapatistas en Chiapas, en el año 1994, la situación se hizo más visible hacia fuera, pero en realidad se ha estado viviendo una permanente confrontación con el

3 Estado. Por ejemplo, en el Estado de Oaxaca vivimos una confrontación directa con el Estado mexicano pretendiendo expulsar a un gobernador represor. No lo logramos. Hubo un pacto de este Gobierno estatal con el Gobierno Federal para que se fingiera un arreglo de un nuevo partido al poder, pero se hizo en la persona de viejos priístas. Ahora observamos que con la desaparición de estos 43 normalistas, la ejecución de seis jóvenes esa misma noche y la localización en la búsqueda de estos desaparecidos de más de trescientas personas que habían sido sepultadas en fosas clandestinas, toda esta masacre se hace visible. Sin embargo, el poder pretende ocultar esta situación con discursos hacia el exterior en los que se apunta a que los organismos internacionales exageran. La familia presidencial ha viajado a Inglaterra codeándose con la familia real como si en México no pasara nada, pero gastándose miles de euros cuando nuestras poblaciones indígenas y los campesinos viven en la total miseria, no tienen para comer, no tienen educación ni salud. Y ellos están gastando lo que no se ganan, porque no están gobernando, están desgobernando un país y nos están sumiendo en una miseria atroz. Como salen a vender el país y como hay potencias económicas que todavía creen que se puede seguir explotando a México, son bien recibidos, no hay una sanción. P.: En 2003, México prometió implementar una versión adaptada del Protocolo de Estambul, conjunto de reglas que se ciñen a la investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. R.: El Estado mexicano puede presumir de que tiene leyes, instituciones y defensorías gubernamentales que deberían beneficiar a las personas que ven violentados sus derechos. Pero en la práctica, estos organismos dan el visto bueno a un gobierno que sistemáticamente vulnera los derechos humanos. De igual manera, en México se hacen reformas y se firman y ratifican los convenios de tratados internacionales. Esa es parte de la política de un Estado que pretende decir frente al exterior que se respetan los derechos humanos, pero en el fondo ha existido siempre una permanente guerra en contra de los movimientos sociales. "(En Oaxaca) se ha encarcelado a indígenas, a profesores, a líderes sociales en una guerra de contrainsurgencia que se ha vivido desde antes del 96, fecha en que aparece en Oaxaca el Ejército Popular Revolucionario" P.: Centrándonos en Oaxaca, la persecución allí comenzó hace décadas, cuando comenzaron a denunciar a los indígenas de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). R.: Nosotros lo hemos denunciado abiertamente en Oaxaca. Sabemos que el hecho de haber sufrido este atentado y haber tenido que abandonar el país obedece a nuestro activismo como defensores de derechos humanos y por enfrentarnos al Estado mexicano. Hemos denunciado tanto a nivel local, en Oaxaca, como a nivel federal, que hay un terrorismo de Estado que en las últimas semanas incluso ha ejecutado a líderes indígenas y a líderes de un movimiento que se pretende de izquierdas. Se ha encarcelado a indígenas, a profesores, a líderes sociales en una guerra de contrainsurgencia que se ha vivido desde antes del 96, fecha en que aparece en Oaxaca el Ejército Popular Revolucionario. La represión en contra de los movimientos sociales pretende dejar al movimiento social sin voces que hagan

4 ver esta sistemática violación de derechos humanos contra el pueblo oaxaqueño. Hay un gobierno que se dice de izquierdas que incluso sale a declarar que es defensor de los derechos humanos, pero en la práctica hay una guerra sucia oculta en la figura de los grupos paramilitares, quienes se encargan de hacer el trabajo sucio en la ejecución de los líderes sociales y políticos que pretenden ir en contra de las instituciones establecidas y la política de control social. P.: Tras el inicio de la guerra del narcotráfico, en el año 2006, los informes sobre tortura y otros malos tratos aumentaron en México. Qué solución se podría aportar a este conflicto? R.: La solución que se aportó fue un plan estratégico para el capital transnacional, el plan Puebla Panamá, que pretendía implantar megaproyectos de explotación minera y de recursos naturales. Mientras, las poblaciones nativas no eran consultadas y, en el mejor de los casos, eran educadas como mano de obra esclava o expulsadas de sus localidades. Entonces decíamos que México se colombializaba porque había una política, incluso impulsada por el gobierno estadounidense, de control social que pretendía también invisibilizar esta situación de vulneración de derechos humanos. Ahora el Papa ha dicho que tiene miedo de que mexicanice América. Esto significa que lo que vivimos los mexicanos es peor, ya que la guerra que existe no se ve porque no hay grupos armados que tengan zonas controladas como ha sucedido en Colombia. Y mucho menos se está pensando en llegar a acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que ha habido han sido proyectos que pretenden acabar a través del paramilitarismo con lo que fue la insurgencia zapatista desde 1994 ejecutando a líderes. "Se ha hecho una satanización del movimiento social acusando a los integrantes de estos fenómenos de guerrilleros" P.: Generando más violencia y cometiendo más violaciones de derechos humanos. R.: Claro, y generando un repudio sistemático a través de los medios de comunicación contra los movimientos sociales que pretenden impulsar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Se ha hecho una satanización del movimiento social acusando a los integrantes de estos fenómenos de guerrilleros. Es decir, cuando el magisterio o alguna organización se manifiesta por sus derechos o protesta contra algunas reformas -por ejemplo, protestas contra la privatización del agua o la educación-, el recurso fácil del Estado mexicano es acusarles de guerrilleros. Pueden hacer con ellos lo que quieran - desde hacerles desaparecer, asesinarles, encarcelarles, torturarles...-, porque han sido satanizados como terroristas, como guerrilleros, un estigma que les va a perseguir toda su vida. P.: Entonces está lejos aún una posible reparación de las víctimas. R- Si estuviéramos con las mismas posibilidades con las que está el movimiento colombiano en este momento, estaríamos hablando de esto, de justicia, reparación Pero lo que hay en México ahora es una ley general de víctimas que se ha quedado en el papel. El Estado mexicano puede salir a decir que buscará reparar a las víctimas, pero en realidad eso nunca se concreta. Lo que ocurre es que desde hace décadas ha existido esta situación de violencia generalizada; el Estado ha aprendido a minimizar la protesta y ha invisibilizado la situación que se vive en el país. Se ha llegado a tal grado que ha desaparecido prácticamente la clase media, han quedado unos cuantos ricos y millones de pobres. A estas personas ya no les preocupa la educación o la salubridad, sino saber qué van a comer. Además,

5 existen complicidades en el exterior que no permiten que haya un real respeto a los derechos humanos en México. El Estado mexicano descalifica los informes de Amnistía Internacional y la ONU y, como no hay mecanismos de sanción, tratan de excusarse diciendo que no están documentados, que ya hay instituciones y leyes. Lo que no dicen es que están violentando esas leyes. Hay un control vertical del ejecutivo con el judicial y el poder legislativo. Se puede observar en los últimos acontecimientos. El mismo Peña Nieto, que fue criticado por la represión en Atenco de 2006, ha llegado a la presidencia de la República. P.: Pero el hartazgo es cada vez mayor, porque hace solo tres años que se generó el movimiento YoSoy132. R.: Claro. No se esperaba que en universidades privadas surgiera un repudio al mismo PRI. El problema de la clase política y económica que controla el país es que no han encontrado mecanismos para paliar esta situación. Cuando en el 2000 la gente votó por un partido distinto al PRI, lo hizo porque estaban cansados del dinosaurio príísta. Pero los nuevos gobiernos fueron incapaces de resolver esta crisis social que se vivía y por eso en el 2006 Calderón recurrió al Ejército con el pretendido combate a las drogas. Esta guerra contra las drogas fue simplemente un reacomodo de los cárteles, pero el negocio en cuanto a narcotráfico, armas y circulación de recursos ilegales del crimen organizado, no encuentra problemas. Por otro lado, EE.UU. se ha convertido en el principal consumidor de drogas, no solo mexicanas, sino centroamericanas, por lo que México se convierte en un paso y trampolín. "Lo que ocurre es que desde hace décadas ha existido esta situación de violencia generalizada; el Estado ha aprendido a minimizar la protesta y ha invisibilizado la situación que se vive en el país" P.: Algo que afecta también a migrantes en situación irregular, unos de los grupos más vulnerables. Cada año decenas de miles de personas atraviesan México para llegar a Estados Unidos. R.: Sí, el otro problema grave es el de los migrantes, porque hay un mercado de mano de obra o, mejor dicho, de esclavización de esta mano de obra barata que sube de Centroamérica y que encuentra un primer filtro en la frontera mexicana. Incluso en todo el país se hace una persecución de los migrantes. Luego está la frontera norte, donde a los propios mexicanos se les asesina sin mayor problema y no pasa nada. Puede haber incluso una nota diplomática diciendo que se repudia, pero en realidad no se hace nada. Hay ejecuciones y repatriaciones todos los días. P.: Volviendo al narcotráfico, es cierto que es un problema de México, pero también lo es de carácter internacional R- Claro. El dinero ilícito, que es resultado del crimen organizado, es un dinero que se blanquea, pero no solo en EE.UU. sino en Europa también. El problema es que hay gobiernos, que nada tienen que ver con sus poblaciones, que están de acuerdo con ello. P.: Es una cadena de la que se beneficia mucha gente R.: Es una cadena de intereses políticos y económicos. Cuando hablamos de que hay una injerencia real en México como la existencia de agentes estadounidenses que se encuentran operando en el país

6 impunemente-, entendemos que se va a hacer lo que a los intereses de algunos convenga, sin importar el dolor y la violencia sistemática que se vive en el país. No se habla de los avances que deberíamos tener en este siglo XXI y no se habla de que vivimos en un mundo en el que hay democracia. En México se finge que hay una democracia, pero se ha ejecutado a funcionarios del más alto nivel e incluso a aspirantes a la presidencia, a líderes religiosos o políticos, pero sobre todo a defensores de derechos humanos o campesinos líderes de organizaciones sociales que pretendían generar mejores espacios para una convivencia pacífica en nuestro país. P.: Actualmente se están tratando de construir nuevos espacios políticos. R.: El problema de estos partidos políticos es que pretenden vendernos que la partidocracia y que este tipo de elecciones todavía funcionan. Pero hay nuevas iniciativas de la misma sociedad civil que pretenden generar un nuevo constituyente, de tal manera que se acabe con esta simulación que se vive en nuestro país. Desafortunadamente, esta persecución en contra de líderes tanto políticos como religiosos -como el padre Solalinde, que defiende a los migrantes centroamericanos- hace que necesiten vivir con medidas cautelares porque hay una amenaza real, y no es del crimen organizado en sí, sino del Estado mexicano.