DICTAMEN Nº. 48/2005, de 22 de marzo. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 48/2005, de 22 de marzo. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública iniciado a instancia de Dª X, en nombre y representación de S.A.T. Y, en solicitud de indemnización por los daños y perjuicios provocados por la demora en la devolución del aval bancario constituido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la percepción de ayudas al lino textil. ANTECEDENTES El 4 de diciembre de 2002 tuvo entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Cuenca, reclamación de responsabilidad patrimonial suscrita por Dª X, en nombre y representación de la S.A.T. número Y. Su solicitud se basó en los siguientes hechos: Mi representada [...] procedió a la siembra de lino textil en la campaña 1999/2000, solicitando las ayudas correspondientes a tal cultivo. Para el cobro de la ayuda correspondiente, amén de otros requisitos, era necesario proceder a la transformación del producto obtenido (paja de lino) en fibra, pudiéndose encargar esta transformación a terceras personas o empresas. [...] La transformación del producto se acreditaba mediante la presentación de un certificado de transformación emitido por la empresa transformadora en el que se hacían constar datos como la producción, fechas de entrega, etc. Con carácter previo a la aportación del certificado de transformación, la Administración hacía entrega al agricultor de la ayuda correspondiente, si bien, contra la entrega de un aval bancario por un importe equivalente al 110% de la ayuda a percibir. [...] Esta parte para acceder a la ayuda al lino textil, formalizó con fecha 28 de julio de 2000, un aval con la entidad Caja Rural de Cuenca, por importe de pesetas [...] Recibida la ayuda correspondiente, esta S.A.T. procedió a cumplir su compromiso de transformación, lo que llevó a cabo en las instalaciones de la empresa L en Evora (Portugal). Con fecha 23 de mayo de 2001, esta parte presentó ante la Administración el certificado de transformación acreditativo de haber transformado la fibra, así como de las cantidades obtenidas y las fechas de transformación. [...] [...] Ante la presentación de este certificado, la Administración a la que se reclama, de forma inmediata debió solicitar al FEGA su validación, a fin de, una vez comprobada su veracidad, proceder a la devolución del aval presentado [...] al comprobar que se había cumplido con el compromiso de transformación adquirido por esta parte al presentar el aval bancario y cobrar la ayuda. * Ponente: Salvador Jiménez Ibáñez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha [...] Presentado el certificado de transformación por esta parte, como se ha indicado, con fecha 23 de mayo de 2001, y ante la tardanza en la devolución del aval pese a haber cumplido todos los requisitos, Don F y Don M se personaron en la Delegación en Cuenca de Agricultura y Medio Ambiente para preguntar el motivo de la tardanza. Ante la sorpresa de éstos se les informó que el certificado de transformación no obraba en el expediente. Los mencionados Sres. aportaron una copia del documento con su sello de presentación y, aclarado el hecho de que en la Administración se había perdido el documento, interesaron que, a la mayor brevedad se solicitara la validación del documento para, una vez recibida ésta, proceder a la devolución del aval. Estos hechos tuvieron lugar en diciembre de 2001, y se informó a los citados señores que, de forma inmediata, se solicitaría la validación. Personado en la Delegación Don M, en principios del mes de abril de 2002, pudo comprobarse que la tan mencionada validación no se había solicitado todavía al FEGA. En esta ocasión, se solicitó la validación con fecha 11 de abril de 2002, es decir, casi un año después de la presentación de la certificación de transformación. [...] En resumen, el certificado de transformación se presentó con fecha 23 de mayo de 2001, y la validación del mismo, que debió ser solicitada de forma inmediata, no se solicitó hasta el día 11 de abril de El aval fue finalmente devuelto a esta S.A.T. con fecha 4 de noviembre de 2002, por haber cumplido la totalidad de los requisitos para la obtención de la ayuda. [...] Como consecuencia de la tardanza de la Administración en la solicitud de validación, la devolución del aval se ha retrasado aproximadamente un año. Desde la fecha de presentación de la certificación de transformación hasta que se dio trámite al expediente y se solicitó la validación transcurrieron un total de 10 meses y 18 días. Durante ese periodo de tiempo esta parte ha satisfecho unos gastos financieros por el mantenimiento del aval que ascienden a la cantidad de euros. Esta cantidad, satisfecha durante el periodo comprendido entre la presentación de la certificación y la solicitud de validación de la misma, supone un perjuicio irrogado por el anormal funcionamiento de la Administración, que debe ser indemnizado a esta S.A.T.. Termina este escrito solicitando el abono de una indemnización de 3.129,90 euros, interesando, asimismo, la práctica de determinados medios de prueba consistentes en incorporar al expediente tanto los documentos aportados junto con la reclamación, como totalidad del expediente del que traía causa el aval prestado. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial se propuso estimando parcialmente la solicitud de la entidad interesada, calculando la indemnización a conceder en 3.100,93 euros, correspondientes a los gastos de aval comprendidos entre los días 24 de mayo de 2001 y 9 de abril de 2002 (321 días de inactividad de la Administración y no los 324 que se cuantifican en el certificado de la entidad avalista). 2

3 EXTRACTO DE LA DOCTRINA Pasando al examen de la relación de causalidad que deberá existir entre la actuación de la Administración y el daño alegado, como requisito indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial de aquélla, hay que poner de manifiesto que la inactividad de la Administración como causa de tal responsabilidad, derivada del mantenimiento improcedente de un aval bancario, queda reflejada en la Sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de mayo de 2002 (JUR 2003\4421), donde se dice que «en aplicación de tal doctrina y analizados los hechos en virtud de los cuales se solicita la indemnización de los daños supuestamente producidos como consecuencia de actuación administrativa y la respuesta ha de ser positiva toda vez que efectivamente se observa que desde el día 29 de Mayo de en que se solicitó la devolución del Aval hasta el día 25 de marzo de en que dicha devolución se produjo existió una falta de respuesta del Ayuntamiento demandado, constitutiva de un anormal funcionamiento de los servicios públicos que generaron un perjuicio a la entidad recurrente dado que hasta la cancelación del aval hubo de soportar las comisiones bancarias por su mantenimiento. Manifiesta el Ayuntamiento que tratándose el aval objeto del procedimiento de una garantía para la correcta ejecución de unas obras adjudicadas al recurrente, hasta el momento en que los servicios técnicos municipales no dictaminasen que las mismas habían sido ejecutadas conforme al proyecto no existía derecho a la devolución del Aval, y añade que como quiera que en la solicitud inicial se señalaba que las mismas no estaban concluidas no procedía la devolución. Esto no es exactamente así pues en el escrito de 29 de Mayo de se puso en conocimiento del Ayuntamiento que se habían ejecutado obras en cuantía superior a la garantizada y la responsabilidad del Ayuntamiento deviene precisamente de la omisión producida al no constar que los servicios técnicos municipales giraran visita de inspección para determinar si las circunstancias señaladas en dicho escrito se habían o no producido. Es evidente que un informe negativo podría haber justificado la denegación de la solicitud, mas la ausencia de toda actividad administrativa según se deduce del expediente administrativo hasta 1.994, cuando sin que conste tampoco informe técnico alguno, se inicia el expediente de devolución con el Decreto que acuerda la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la solicitud de devolución es la que constituye un funcionamiento anormal de la Administración generador de un daño que ha de ser indemnizado al solicitante.» En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1988 (RJ 1988\9087) dice que: «Fundamenta la parte actora su pretensión de indemnización de daños y perjuicios en los que se le han ocasionado como consecuencia de la no devolución del aval, a pesar de tener extinguida su obligación con la Corporación demandada en 9 de febrero de 1984, desde que formuló ante dicha Corporación su petición de devolución en 13 de febrero del indicado año; y la procedencia del resarcimiento postulado es evidente al haber acreditado la satisfacción de una prima anual por el aval prestado, por lo que habrá que entender como perjuicios irrogados a la demandante a consecuencia del incumplimiento por la Administración demandada de su deber de cancelación de la fianza y devolución del aval prestado el importe de la prima anual desde el día 13 de febrero de 1984 hasta el día de su efectiva devolución, quedando diferida la determinación de su cuantía al período de ejecución de sentencia.» En este supuesto, y según lo reflejado en el informe de fecha 5 de noviembre de 2003, elaborado por el Jefe de Negociado Técnico de la PAC de la Delegación Provincial de 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Agricultura en Cuenca, las fechas a las que se hacía referencia en el escrito de reclamación coincidían plenamente con los documentos presentados, no encontrándose motivos por parte del informante para la tardanza en la liberación de la garantía, a no ser por el extravío de la documentación o que fuese mezclada con la documentación de otro expediente de la misma campaña por error. En consecuencia, en este caso, se ha constatado que la Administración, sin justificación alguna, tardó en solicitar la validación del certificado de transformación del lino debidamente aportado por el particular en fecha 23 de mayo de 2001, lo que provocó que se tuviera que mantener el aval más del tiempo razonablemente necesario. En consecuencia, a aquélla son imputables los gastos correspondientes a este retraso, procediendo la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración Regional. La entidad interesada cifra la indemnización solicitada en 3.129,90 euros, correspondientes a los gastos de aval soportados entre el 23 de mayo de 2001, fecha en la que presentó el certificado de transformación ante la Administración, y el 11 de abril de 2002, que fue cuando la Dirección General de Producción Agraria de la entonces Consejería de Agricultura y Medio Ambiente solicitó la validación del mismo del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aportando al efecto un certificado emitido por el Jefe de Riesgos de Caja Rural de Cuenca el día 14 de junio de 2002, en el que se certifica que los gastos generados por el mantenimiento del mencionado aval durante ese espacio de tiempo ascendían a tal cantidad. La propuesta de resolución, sin embargo, calcula una suma de 3.100,93 euros, correspondientes a los gastos comprendidos entre el 24 de mayo de 2001, día siguiente a la de la presentación de la certificación en la Delegación Provincial de Cuenca, y el 9 de abril de 2002, día anterior a aquél en que se remitió el certificado de transformación por aquélla a la Dirección General correspondiente, para que procediera a remitirlo para su validación al FEGA, requisito previo para cancelar el aval prestado en garantía de la subvención recibida con anterioridad a la acreditación de la transformación de la varilla de lino, conforme exigía la normativa aplicable para la solicitud de las ayudas al lino textil y al cáñamo (Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviembre, que estableció las normas para la solicitud y concesión de las ayudas al lino textil y al cáñamo a partir de la campaña de comercialización , y Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 29 de diciembre de 1998, sobre procedimiento para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas a los productores de determinados cultivos herbáceos en la campaña de comercialización , de las declaraciones de superficies de cultivos textiles, lúpulo y de las primas en beneficio de los productores de carne de ovino, caprino, de los productores de carne de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas para 1999). Habida cuenta de que el fundamento de la reclamación planteada se encuentra en la demora injustificada de la Administración durante un determinado periodo de tiempo, ha de tenerse presente que tal paralización indebida en la actividad administrativa, al igual que ocurre con las denominadas dilaciones indebidas aplicables a los procedimientos judiciales, constituye un concepto indeterminado, que como razona el Tribunal Constitucional en su Sentencia 109/1997, de 2 de junio, fundamento jurídico 2 (Aranzadi RTC 1997\107), equivalen a aquellas actuaciones que no se hayan efectuado dentro de un plazo razonable, sin que las citadas dilaciones puedan ser identificadas con el estricto cumplimiento de los plazos procesales. 4

5 Así, para considerar que un retraso injustificado en la actuación administrativa puede dar lugar a responsabilidad, además de atender al principio de eficacia (artículo de la Constitución) y al criterio de celeridad en el procedimiento (artículo 74 de la Ley 30/1992), hay que sopesar, caso por caso, las circunstancias en las cuales se ha producido esa inactividad dilatoria, atendiendo a la complejidad del procedimiento en el que se produce dicha irregularidad, el número de órganos intervinientes, la carga de trabajo que pesa sobre el servicio responsable, etc. En consecuencia, siendo siempre una cuestión difícil la de determinar los criterios exactos para fijar la indemnización procedente en este tipo de casos, este Consejo considera adecuado, objetivo y absolutamente escrupuloso con los hechos y la petición efectuada por la reclamante el cálculo de la indemnización efectuada por el instructor del procedimiento, que establece como dies a quo del cómputo del periodo indemnizable el 24 de mayo de 2001, día posterior a la recepción de la documentación en la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca, y como dies ad quem el 9 de abril de 2002, día anterior al de su remisión a la Dirección General de Producción Agraria para que continuase el procedimiento de devolución del aval, reconociendo a favor de la mercantil interesada la cantidad de 3.100,93 euros. Por último, debe tenerse en cuenta como dijo este Consejo en su dictamen número 70/1997, de 11 de noviembre- que debe acreditarse que el importe del aval resulta razonable y usual, ya que la Administración llevará a cabo la labor resarcitoria sin que resulte lesivo para los intereses públicos por lo que se ajustará la indemnización en el tiempo y en la cuantía a lo que "resulte razonable y usual". En este sentido, el Consejo entiende que la comisión aplicada por la Caja Rural de Cuenca se mueve dentro de los márgenes del mercado como puede comprobarse solicitando al Banco de España el valor medio de las comisiones por "Avales Técnicos" que las entidades financieras han comunicado al mismo en virtud de la norma Tercera de la Circular del Banco de España Nº. 8/1990, de 7 de septiembre (BOE de ). DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del Servicio de Producción de la Delegación Provincial de Agricultura en Cuenca y el daño económico sufrido por la mercantil S.A.T. Y, como consecuencia de la tardanza en la devolución del aval bancario constituido en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la percepción de ayudas al lino textil, procede dictar resolución por la que, estimando la reclamación de responsabilidad patrimonial, se indemnice a la reclamante en la cuantía que se determina en la Consideración V del presente dictamen. 5

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