DICTAMEN Nº. 40/2006, de 15 de marzo. *

Transcripción

1 DICTAMEN 40 DICTAMEN Nº. 40/2006, de 15 de marzo. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X, a consecuencia de los daños y perjuicios irrogados con ocasión de la asistencia sanitaria dispensada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES Por escrito de fecha 10 de mayo de 2005, D. X, presentó una reclamación en la que solicitaba el abono de 4.732,88 euros por los gastos derivados de una operación efectuada en centro sanitario ajeno a la sanidad pública por falta de adecuada atención sanitaria. El interesado en su reclamación indica que al habérsele reproducido el desprendimiento de retina por agujero macular del que ya había sido intervenido anteriormente, debió acudir a la sanidad privada dada la necesidad de una intervención quirúrgica urgente y ante el fracaso de la intervención que anteriormente le había sido practicada, adjuntando a la reclamación justificantes de gasto por un importe de 4.734,88 euros, emitidos por la Clínica R y por el Grupo Anestésico Z. EXTRACTO DE LA DOCTRINA El derecho a la protección de la salud, que tiene su reconocimiento constitucional en el artículo 43 de la Constitución, es de los llamados derechos de configuración legal, lo que supone que su ejercicio debe realizarse teniendo en cuenta los requisitos, formas y circunstancias legal o reglamentariamente establecidos. A estos efectos, el artículo 17 de la Ley General de Sanidad dispone que: Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán a éstos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquéllos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. En parecidos términos se expresa el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido de 30 de mayo de 1974, no derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Seguridad Social, en el que se dispone que las entidades obligadas a prestar asistencia sanitaria no abonarán los gastos que puedan ocasionarse cuando el beneficiario utilice servicios médicos distintos de los que hayan sido asignados, a no ser en los casos que reglamentariamente se determinen. El desarrollo reglamentario de estos preceptos lo encontramos en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, que ha derogado el artículo 18 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social, en el que se recogían dos supuestos de reintegro de gastos * Ponente: Juan Martínez Martínez

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha por utilización de servicios médicos distintos de los asignados por la Seguridad Social: el derivado de una denegación injustificada de la prestación de la asistencia sanitaria y la utilización de servicios ajenos en caso de urgencia vital. Pues bien, el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, no recoge el primer supuesto, admitiéndose en su artículo 5 únicamente el reintegro en los casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital, una vez cumplidos los demás requisitos requeridos para ello. Ahora bien, como se desprende de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 6 de junio de 2000 (Ar. AS 2000\1869), y de la de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2004 (Ar. JUR 2004\183695), una cosa es que no exista un procedimiento específico de reintegro de gastos por la utilización de servicios ajenos en los supuestos de denegación injustificada de atención sanitaria y otra es que si ésta se produce no tengan derecho los particulares a la pertinente indemnización de daños y perjuicios por defectuosa asistencia sanitaria a través de la correspondiente acción. Según los informes del Dr. que obran en el expediente, el paciente había sido operado de estrabismo en el año 1977 y en el año 1984 presentaba miopía magna y ambliopía en el ojo izquierdo por anisometropía. Cuando el 14 de mayo de 2004 acude a Urgencias por ver peor por el centro del ojo izquierdo, se le diagnostica un desprendimiento de retina y agujero macular, por lo que el 19 de mayo se le practica vitrectomía y endocoagulación en dicho ojo, con buen resultado funcional teniendo en cuenta la ambliopía previa. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2004, acude de nuevo a Urgencias, esta vez por mala visión en el ojo derecho. Desde esa fecha ha sido asistido en diversas fechas por el mismo ojo derecho. Habiendo manifestado el paciente su deseo de ser operado de catarata del ojo izquierdo es revisado el día 9 de diciembre de En esta revisión se observa la buena evolución del ojo derecho, pero en el izquierdo hay un nuevo desprendimiento de retina y una catarata subcapsular posterior por fibrosis. Ante estos hechos, se informa detalladamente al paciente de la necesidad de reintervenir el Dr, asociando cirugía de catarata, del pronóstico visual, así como de las posibilidades de actuación, planificando la cirugía que se estima necesaria en este caso para el día 14 de diciembre de 2004, sin que el paciente acudiese a dicha cita, toda vez que la siguiente información que del mismo tuvieron fue el día 7 de marzo de 2005, en el que les informa que había sido intervenido del ojo izquierdo en el Clínica R. Del contenido de los informes médicos que obran en expediente se deriva que la lex artis ad hoc fue correcta, así como que la Administración sanitaria actuó con la diligencia debida, no habiendo aportado el reclamante ningún informe médico del que se pudiese desprender lo contrario. Es más, el propio reclamante en el escrito de alegaciones se aparta de su línea argumental inicial, y manifiesta que la intervención quirúrgica prevista para el día 14 de diciembre de 2004 era provisional hasta que fuera reparada la macula por el Dr. R, afirmación que debe entenderse como lo que es, una mera alegación de parte sin fundamento alguno, puesto que ningún informe aporta al respecto, cuando de ser así las cosas, fácilmente lo hubiese podido hacer. En consecuencia, en el presente supuesto no ha existido una defectuosa asistencia médica ni tampoco se encuentra justificada la asistencia a la medicina privada por no concurrir la urgencia vital que legalmente es admisible para estos casos.

3 DICTAMEN 40 DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público sanitario y los gastos que a D. X, le produjo su intervención quirúrgica en la Clínica R, procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

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