DICTAMEN Nº. 195/2006, de 8 de noviembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN 195 DICTAMEN Nº. 195/2006, de 8 de noviembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X por los daños y perjuicios que estima le fueron causados a consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Universitario de G. ANTECEDENTES Se somete a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de D. X por los daños y perjuicios que estima le fueron causados a consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Universitario de G por una presunta negligencia médica y solicitando el reembolso de los gastos que le había originado la asistencia recibida con motivo de la intervención quirúrgica que le fue practicada en la Clínica Dr. S. Sostiene el reclamante en su escrito que como consecuencia de una caída se fracturó el primer tercio distal externo de la clavícula izquierda, la tercera costilla izquierda y sufrió contusión costal, siendo tratado en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de G, donde recibió una atención indebida e inadecuada. Manifiesta el reclamante que, después de una larga espera, debido a los dolores que padecía fue ingresado y dado posteriormente de alta. Añade que como los dolores no desaparecían y el brazo estaba más hinchado acudió a una consulta privada -diez días después- donde fue finalmente intervenido. Por último, señala que, como consecuencia de todos estos hechos, solicita le sean reembolsados los gastos de la citada intervención quirúrgica, ya que ésta debió ser realizada por la sanidad pública. Finalmente, terminó solicitando el abono de una indemnización, señalando: En base a lo expuesto anteriormente solicito del Centro de Salud, u Oficina de Prestaciones del SESCAM indemnización económica que contribuya a satisfacer los gastos económicos que el accidente ha causado en mi economía doméstica, así como cualquier tipo de prestación o ayuda a domicilio que en derecho me corresponda. El peticionario cuantifica los daños en la cifra de 3.201,72 euros. En atención a la documentación obrante en el expediente emitió informe la Médica Inspectora de Servicios Sanitarios, en el que comenzaba señalando las fuentes del mismo y describiendo los hechos principales, continuando con la emisión de un juicio crítico y concluyendo en el informe de alta que se cumplimentó al efecto se indica que el paciente debía ser controlado por su médico de cabecera y volver a revisión por el traumatólogo en régimen ambulatorio en un plazo aproximado de 10 días (indicando asimismo el nombre del facultativo con el que el paciente debía citarse). Sin embargo el Sr. X decidió acudir a un médico privado a los 6 días de ser atendido en el Servicio de Urgencias y este médico optó por otro tratamiento, también considerado correcto de acuerdo con la literatura científica * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha consultada. Es imposible conocer qué actitud terapéutica se hubiera adoptado en el caso de que el reclamante hubiera acudido a la revisión indicada en el informe de alta con el traumatólogo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ni el resultado final de su proceso, puesto que el reclamante no dio opción a que desde el Sescam se controlase la evolución del mismo y de la opción terapéutica inicialmente adoptada por los facultativos del Sescam en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de G. Sustanciado el trámite de audiencia se incorpora al procedimiento la propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación interpuesta, al entender que no concurren los requisitos que determinan la aparición de la responsabilidad de la Administración, señalando que no es de recibo que habiendo decidido D. R acudir, por lo demás legítimamente, a la medicina privada para realizar el seguimiento de su proceso de sanación, pretenda que se le resarza de los gastos ocasionados cuando se imposibilitó a la medicina pública el continuar controlando dicho proceso, cuando constaba, según su escrito inicial, que los días pasaban y los dolores no desaparecían y el brazo cada día estaba más hinchado. Por tanto, no apreciándose el requisito de antijuridicidad o ilicitud, en cuanto que no se constata una mala praxis médica o incorrección de actos médicos, con violación de la lex artis en el tratamiento que se dispensó inicialmente a D. R, procede la desestimación de la reclamación. EXTRACTO DE LA DOCTRINA - La reclamación objeto de dictamen se sustenta básicamente en la afirmación de que el daño causado al interesado gasto económico que le supuso acudir a la medicina privada para ser tratado de una fractura de clavícula- trae causa de un error de tratamiento por parte de la sanidad pública, que no practicó con prontitud la intervención quirúrgica para solucionar la citada fractura de clavícula padecida por el reclamante. - Expuesto lo anterior, queda por determinar si, en el presente supuesto, se ha producido una defectuosa prestación de la asistencia sanitaria que pueda dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, teniendo presente que, como dijo el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de noviembre de 2002 (Ar. RJ 2003\61), se hace necesario, cuando se está ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria fijar un parámetro que permita determinar el grado de corrección de la actividad administrativa a la que se imputa el daño; es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos en que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad administrativa (es decir, al tratamiento o a la falta del mismo) y aquellos otros casos en que el resultado se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos, siendo el criterio básico utilizado por la jurisprudencia para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial el de la lex artis, el cual se basa en el principio sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. - La información médica recabada por la Administración instructora evidencia que el diagnóstico y tratamiento efectuado al reclamante en la sanidad pública fue el correcto y que

3 DICTAMEN 195 a aquél le fueron practicadas las pruebas médicas precisas para llegar a dicho diagnóstico y tratar la patología que presentaba. - A partir del momento de ser dado de alta en el Hospital Universitario de G el 26 de agosto de 2005, sin que el seguimiento de la enfermedad hubiera finalizado, consta que el reclamante no volvió al Servicio de Traumatología del Hospital Universitario de G, optando -seis días después- por acudir voluntariamente a la Clínica Dr. S, lo que supuso que el citado Servicio no pudiera continuar con el tratamiento, o en su caso, haber practicado la intervención quirúrgica, imposibilitando de este modo una adecuada asistencia sanitaria por la sanidad pública. Del expediente se deduce que el tratamiento médico prestado al paciente en el Hospital Universitario fue en todo momento correcto y adecuado. Aunque en el este supuesto no existe ninguna duda de la corrección del tratamiento dispensado, aun admitiendo dudas sobre la bondad del mismo a efectos dialécticos, hay que señalar que el paciente abandonó la sanidad pública sin que hubiera finalizado el tratamiento, al no acudir a la revisión del Traumatólogo prevista en el plazo de 10 días, por lo que no es posible conocer cuál hubiera sido la decisión final de los médicos del Hospital Universitario de G. El paciente no dio opción a la sanidad pública para controlar la evolución de la lesión padecida y la actitud terapéutica inicialmente adoptada por los facultativos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de G. - Debe señalarse además que, puesto que el reclamante lo único que pretende es el reintegro de los gastos producidos con motivo de acudir a la asistencia sanitaria privada, tampoco concurren ni han sido invocados por aquél- los presupuestos exigidos por la legislación vigente para proceder al reintegro de tales gastos que se concretan en que se trate de casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital (según dispone el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud). Ante estas circunstancias, el gasto ocasionado por la intervención quirúrgica realizada en un centro privado es consecuencia única y exclusivamente de la voluntad del reclamante, que optó por ser tratado por otros especialistas al margen del sistema público de salud, sin que tal elección tuviera como causa un erróneo diagnóstico o deficiente atención sanitaria por parte del SESCAM, o bien una urgencia vital. DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público dispensado en el Hospital Universitario de G y los perjuicios económicos alegados por D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

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