I. Que mediante sentencia relacionada en el preámbulo de la presente resolución se

Transcripción

1 159-CAS-2009 SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho horas cinco minutos del día diecinueve de septiembre del dos mil doce. El anterior recurso de casación ha sido interpuesto por el licenciado, Samuel Merino González, en su calidad de defensor particular, contra la sentencia definitiva condenatoria pronunciada por el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, a las once horas con cincuenta minutos del día tres de febrero de dos mil nueve, en el proceso penal instruido contra el imputado ALAN MICHEL QUIROZ GARCÍA, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO previsto y sancionado en el Art.33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. Se advierte que en la presente sentencia se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal derogado (D.L. N 190, 20/12/06, D.O. N 13, Tomo 374, 22/01 07, D.L. N 904, 04/12/96, D.O. N 11,Tomo 334, 20/01/97) por Decreto Legislativo N 733, de fecha 22 de octubre de 2008, publicado en el Diario Oficial N 20, Tomo 382, del 30 de enero de 2009, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2011, por así disponerse en el Art. 505, inciso final, del mencionado decreto. Habiéndose cumplido con las formalidades previstas para la interposición del recurso ADMÍTASE. RESULTANDO: I. Que mediante sentencia relacionada en el preámbulo de la presente resolución se resolvió: "...POR TANTO (...) EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FALLO: A) CONDÉNASE penalmente a ALAN MICHEL QUIROZ GARCÍA, de generales antes dichas, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO, tipificado y sancionado en el artículo 33 inc. 2 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a cumplir la pena de PRISIÓN DE TRECE AÑOS CON CUATRO MESES (...) notifíquese esta sentencia y oportunamente archívese el expediente. NOTIFIQUESE.". II. Contra la anterior resolución, el abogado Merino González, alega motivos de forma y de fondo: error de aplicación del art. 313 Pr. Pn., por haber presentado la acusación fuera de término y sin las formas previstas en la citada disposición legal; por fundamentarse el fallo en prueba incorporada ilícitamente (ruptura de la cadena de custodia de la droga incautada), de conformidad con el art. 362 N 3 Pr. Pn.; y, por error en la aplicación de la agravante establecida

2 en el inciso segundo del art. 33 de la Ley Reguladora de las Actividad Relativas a las Drogas, en tanto los hechos acreditados no establecen que el imputado utilizó el territorio salvadoreño como estado de tránsito. III. No obstante haber sido emplazado el licenciado Mario Eduardo Marroquín Arias, en su calidad de Agente Fiscal, éste omitió contestar el recurso. Visto los autos y analizado el fondo del recurso, se hacen las siguientes consideraciones. CONSIDERANDO: I. Errónea aplicación del art. 313 Pr. Pn., por haber admitido una acusación que fue presentada fuera de término y sin las formas legales previstas. No es de recibo el reclamo, ya que el recurrente se basa en una errónea interpretación que hace del art. 313 Pr. Pn. El error de interpretación por parte del a quo consiste en obviar otras disposiciones legales que complementan el sentido y alcance de la norma citada. Así, para el caso, obsérvese lo que expresa en lo pertinente- dicha norma: "Art El fiscal y el querellante podrán proponer hasta diez días antes de la fecha fijada para la audiencia preliminar: 1) La acusación (...) Sí por negligencia o fuerza mayor el fiscal no presenta solicitud alguna, el juez intimará al fiscal superior para que lo haga dentro de las siguientes veinticuatro horas...", (El subrayado es de esta Sala). De lo expresado en la norma transcrita, debe entenderse que, si llegado el plazo legal para la presentación de la acusación (hasta diez días antes de la fecha fijada -por el juez instructorpara la celebración de la audiencia preliminar), el fiscal no ha presentado ninguna de las propuestas señaladas en el art. 313 Pr. Pn., corresponderá a la autoridad judicial la intimación del fiscal superior para que éste se pronuncie al respecto dentro de las siguientes veinticuatro horas contadas a partir de su intimación. Debe entenderse también que esta intimación procede dentro de los diez días anteriores a la fecha fijada para la audiencia preliminar y no después (tiempo en el cual el juez instructor se ha dado cuenta de que no se ha presentado solicitud alguna por parte del fiscal). Además, debe tomarse en cuenta lo que establece el art. 274 Pr. Pn., en cuanto a la duración máxima de la instrucción que no debe exceder los seis meses a partir del auto de instrucción; y dentro de este plazo, el juez tiene la facultad de cambiar la fecha fijada para la audiencia preliminar, tan sólo por una vez y antes de su celebración (tal y como sucedió en el caso en estudio). Fuera de estos plazos el Juez no está autorizado para realizar ningún cambio en la fecha, ni la ampliación de la instrucción o prórroga del plazo de la instrucción que se señala en

3 el art. 275 Pr. Pn., ya que ésta sólo tiene lugar en casos de excepcional complejidad y hasta quince días antes de la audiencia preliminar. Si el fiscal presenta la acusación o las otras solicitudes previstas en el art, 313 Pr. Pn., el Juez instructor deberá proceder inmediatamente (dentro de las 24 horas) a la intimación de las partes para que concurran a la audiencia preliminar, otorgándoles un plazo de cinco días para la consulta de las actuaciones y evidencias del proceso, esto de conformidad con lo dispuesto en el art. 315 Pr. Pn. En esta resolución el Juez deberá tomar en cuenta la necesidad de fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, con el fin de que las partes tengan la oportunidad de prepararse para la vista pública, consultando las actuaciones y evidencias que se encuentren dentro del proceso y hacer los requerimientos de anticipo necesarios y demás facultades y deberes que señalan en el art. 316 Pr. Pn. En el caso en estudio, se concluye entonces que, ha sido legal la admisión que hizo el Juez Instructor de la acusación fiscal presentada (05/11/2008) hasta un día antes de la primera fecha que se fijó para la audiencia preliminar (06/11/2008); en tanto, se dio cumplimiento a lo previsto en el art. 315 Pr. Pn., intimándose a las partes y otorgándoseles plazo de los cinco días para que ejercieran las facultades y deberes establecidos en la citada disposición legal y en el art. 316 Pr. Pn.; así también, se comprueba que el cambio de fecha de celebración de la audiencia preliminar que hizo el a quo cumple con los requisitos establecidos en el art. 274 Pr. Pn., porque se hizo por una única vez y dentro del plazo legal establecido, con la expresión de las razones que justifican válidamente dicho cambio, según consta en auto de fs Siendo así las cosas, el reclamo debe ser rechazado. II. Ilegitimidad del fallo por basarse en prueba no incorporada legalmente al juicio (ruptura de la cadena de custodia de la droga incautada), de conformidad con el art. 362 N 3 Pr. Pn. El motivo debe desecharse por falta de fundamento. Obsérvese que, a fs. 72 del expediente judicial, corre agregada acta de fecha diez de septiembre de dos mil ocho, en la cual consta la entrega material que el Tribunal Especializado de Instrucción de San Miguel hizo a la fiscal Molina de Quijano de la droga incautada, con el propósito de que ésta la trasladara para su análisis al Laboratorio de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, tal y como aparece consignado en formulario de cadena de custodia y resultado de experticia de la División Policía Técnica y Científica, respectivamente (fs. 12 y 120). Asimismo, nótese que a fs. 75 del expediente judicial, aparece auto de fecha diecisiete de

4 septiembre del dos mil ocho, mediante el cual el Juez Especializado de Instrucción de San Miguel, hace constar que debido a información proporcionada por la fiscal acreditada en el caso, acerca de la negativa del Laboratorio de la Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil de San Salvador, de recibirle la droga sin el formulario de cadena de custodia respectivo, se ordena el desglose de los folios en donde aparece agregado original del mencionado documento (fs. 65, 66 y 67), con el fin de que la fiscal pudiera efectuar el traslado de las evidencias a aquel Laboratorio para la práctica de la experticia respectiva. De la documentación que se relaciona, se advierte que no son ciertas las afirmaciones que hace el recurrente, de que la entrega material de la droga a la fiscal -por parte del Tribunalocurrió el día nueve de septiembre de dos mil ocho; de igual forma, el hecho de que en el formulario de cadena de custodia aparecen consignados movimientos de entrega y recibo de las evidencias los días 10, 11 y 19 de septiembre de 2008 (y no los días 10, 11, 12 y 17 como erróneamente lo refiere el recurrente), fechas en las cuales la hoja de cadena de custodia todavía se encontraba materialmente agregada al expediente judicial (fs. 65, 66 y 67), no es una circunstancia que demuestre ruptura o violación de la debida cadena de custodia de las evidencias, ya que los movimientos de entrega y recibo en custodia que se hicieron en el Laboratorio de la División Antinarcóticos (Luis Velásquez, Ángel Henríquez y la fiscal Anyela Molina), así como la entrega para análisis que finalmente hizo la fiscal a la División de la Policía Técnica y Científica (a través de Guadalupe de Mejía), los días 10, 11 y 19 de septiembre del 2008, se encuentran justificados válidamente, tal y como se demostrará a continuación. Véase que en la experticia de fs. 120, se relaciona que las evidencias fueron entregadas a dicha División mediante oficio N 4562 de fecha 10 de septiembre del 2008, habiéndose iniciado el análisis solicitado hasta el día 26 de septiembre de Por otra parte, tómese en cuenta que, se dieron dos razones válidas que justifican la tardanza por parte de la fiscal en la entrega de la droga al Laboratorio de la División de la Policía Técnica y Científica, tal y como se lo había encomendado el Tribunal Especializado de Instrucción de San Miguel (véanse los folios 72, 75 y 108). Primero, según consta a fs. 109, el día 10 de septiembre de 2008, la fiscal remitió las evidencias para su custodia al Laboratorio de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN), debido a que en la División Policía Técnica y Científica no se la recibieron porque el oficio de remisión contenía un error material al dirigirse al jefe de la División Policía Técnica, División Antinarcóticos, siendo lo correcto

5 División Policía Técnica y Científica; y, por otra parte, en auto de fecha 17 de septiembre de 2008 (fs. 75) se hace constar que la fiscal comunicó al Juez Especializado de Instrucción de San Miguel, la dificultad que se le presentó en la entrega de las evidencias, por lo que el tribunal decide hacerle entrega del original de la hora de cadena de custodia; de ahí entonces que sean válidas las razones que tuvo la fiscal de trasladar y mantener en custodia las evidencias en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil desde el día 10 de septiembre 2008 hasta el día 19 de septiembre del mismo año; por otra parte, debe aclararse que la sede fiscal no presenta las condiciones apropiadas para la conservación y debido resguardo de las evidencias, y de ahí también, la necesidad de que la fiscal haya tenido que trasladar la custodia de las mismas a Luis Velásquez, Ángel Henríquez (DAN); y, finalmente, a Guadalupe de Mejía (DPTC) para su correspondiente análisis. Y de ahí que, no ha tenido incidencia alguna en la debida cadena de custodia de las evidencias, las consignaciones de entregas en custodia relacionadas (durante los días 10 y 11 de septiembre de 2008) a pesar de que fue hasta el 17 de septiembre del 2008, que el Tribunal entregó a la fiscal el original del formulario en comento; de igual manera, no incide en la debida cadena de custodia de las evidencias, el hecho de que se omitió consignar en el formulario en estudio, la hora en que la fiscal hizo entrega a Guadalupe de Mejía de la droga para su análisis correspondiente; ni se advierten indicios de que alguna de los técnicos que tuvieron la responsabilidad de la custodia y análisis de las evidencias hayan observado irregularidades en su embalaje que hagan sospechar razonablemente de que en el presente caso no se cumplió con el debido resguardo y que las evidencias no son las mismas incautadas al imputado. Por todas las razones que se exponen, no es procedente acceder a las pretensiones del recurrente por la causal N 3 del art. 362 Pr. Pn. III. Error en la aplicación de la agravante establecida en el inciso segundo del art. 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en tanto no se acreditó que el imputado utilizó el territorio salvadoreño como estado de tránsito. No tiene razón el recurrente, ya que, en principio, debe tomarse en cuenta que en el segundo inciso, del art. 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas se establece una circunstancia que agrava cualesquiera de las actividades de tráfico señaladas en el primer inciso, cuando éstas sean realizadas internacionalmente, es decir, utilizando el territorio salvadoreño, sea como estado de tránsito, como lugar de importación o como lugar de exportación, y en cualquiera de estos casos, la pena deberá aumentarse en una tercera parte del máximo establecido en el inciso primero.

6 En el presente caso, de conformidad con los hechos acreditados que constan en la sentencia de mérito, se estableció que el imputado transportaba una cantidad grande de cocaína ( gramos) desde San José, Costa Rica, hacia la República de México. Esta circunstancia tiene fundamento en la nacionalidad y residencia del imputado, así como el lugar en donde es capturado; datos que se extraen de su pasaporte respectivo, del manifiesto de viaje de la empresa de Transporte Tica Bus y de lo declarado por los agentes [ ], de donde se advierte que el imputado es de nacionalidad mexicana; con residencia en dicho país; que había viajado -vía aérea- desde México hacia Costa Rica en calidad de turista; que inició viaje de retorno vía terrestre- desde la ciudad de Costa Rica, utilizando los territorios de Nicaragua, Honduras y, finalmente, traspasando la frontera de El Salvador, hasta ser interceptado justo cuando transitaba en territorio salvadoreño, con el cargamento de la droga bajo su poder y dominio. Todas estas circunstancias son suficientes para calificar la conducta de Alan Michel Quiroz García como Tráfico Ilícito Internacional, ya que éste transportaba la cocaína desde Costa Rica y fue capturado precisamente cuando utilizaba el territorio salvadoreño como estado de tránsito, consecuentemente, no existe ilegalidad en la actuación judicial al haber tenido por acreditado que el imputado utilizó el territorio salvadoreño como estado de tránsito para transportar la cocaína hasta su lugar de destino (México), circunstancia que encaja en la figura agravada del tráfico ilícito. Por tal razón, no es procedente acceder a las pretensiones del recurrente por este motivo de fondo. En definitiva, corresponde declarar no ha lugar a la anulación de la sentencia por los motivos de forma y de fondo alegados por el abogado defensor Samuel Merino González. POR TANTO: Con base en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc.2 y No.1, 130, 357, 413, 421, 422 y 427 Pr. Pn., en nombre de la República de El Salvador esta Sala RESUELVE: DECLÁRASE NO HA LUGAR A CASAR la sentencia de mérito por los motivos alegados por el defensor particular Samuel Merino González. Oportunamente, remítase el proceso al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE R. M. FORTIN H M. TREJO D. L. R. GALINDO PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO

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