SENTENCIA NÚM. 53/15

Transcripción

1 AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA SECCION TERCERA CALLE GALO PONTE S/N TELÉFONO: N85860 N.I.G.: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO /2015 DELITO/FALTA: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) DENUNCIANTE/QUERELLANTE: JOSE MARIA G. G. PROCURADOR/A: D/Dª ROBERTO POZO PARADIS ABOGADO/A: D/Dª PILAR BERGASA BOUZAS CONTRA: ALVARO C. S. PROCURADOR/A: D/Dª FERNANDO GREGORIO CORBINOS CUARTERO ABOGADO/A: D/Dª JOSE LUIS MARCOS CAMBRILS SENTENCIA NÚM. 53/15 EN NOMBRE DE S.M. EL REY ILMOS SEÑORES PRESIDENTE D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Y LÓPEZ DE HIERRO MAGISTRADOS Dª. MARIA JOSEFA G. CORREDERA D. MAURICIO MURILLO Y GARCÍA-ATANCE EN ZARAGOZA, A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan, ha visto en juicio oral y público la presente causa, Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado número 2106/2014, Rollo número 34/2015, procedente del Juzgado de Instrucción número Cinco de Zaragoza por delito de APROPIACIÓN INDEBIDA contra el acusado ÁLVARO C. S., nacido en Osera de Ebro (Zaragoza) el día 22/09/1948, domiciliado en 1

2 Osera de Ebro (Zaragoza), de profesión no consta, con instrucción, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, y en libertad por esta causa de la que no aparece privado, representado por el Procurador de los Tribunales Don Fernando Corbinos Cuartero Díaz y defendido por el Letrado Don José Luis Marcos Cambrils. Interviene el MINISTERIO FISCAL y ejerce la Acusación Particular José María G. G., representado por el Procurador de los Tribunales Don Roberto Pozo Paradís y defendido por la Letrada Doña Pilar Bergasa Bouzas. Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Mauricio Murillo y García- Atance, quien expresa el parecer del Tribunal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En virtud de denuncia criminal, se instruyeron por el Juzgado de Instrucción Número Cinco de Zaragoza las presentes diligencias, en las que se acordó seguir el trámite establecido para el Procedimiento Abreviado, habida cuenta la pena señalada al delito. SEGUNDO.- Formulado escrito de acusación por la Acusación Particular contra Álvaro C. S., cuyos demás datos personales ya constan, se acordó la apertura del juicio oral, emplazándose al acusado, y tras presentar éste el correspondiente escrito de Defensa, se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial. TERCERO.- Recibidas las diligencias en este Tribunal, y tras los trámites pertinentes, se señaló la vista oral, que ha tenido lugar el día catorce de Octubre de 2015, practicándose en el mismo las pruebas propuestas y admitidas, con el resultado que consta en las actuaciones. CUARTO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, consideró que los hechos no eran constitutivos de delito solicitando la libre absolución del acusado. 2

3 QUINTO.- La Acusación Particular, en igual trámite, ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de Apropiación Indebida de los artículos 252 y º del Código Penal, del que es responsable en concepto de autor Álvaro C. S., y en quien concurre la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal de abuso de confianza del artículo 22.6 del Código Penal, y pidió se le impusiera la pena de SEIS AÑOS y UN DÍA de prisión y multa de DIECIOCHO MESES a razón de OCHO EUROS diarios, con la responsabilidad en caso de impago del artículo 53 del Código penal, accesorias correspondientes, más las costas procesales incluidas las de la Acusación Particular. En cuanto a responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a José María G. G. en la cantidad de euros más los intereses legales correspondientes. SEXTO.- La Defensa del acusado, en igual trámite, solicitó la libre absolución para su defendido con todos los pronunciamientos favorables. HECHOS PROBADOS De la prueba practicada apreciada en conciencia en base a lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha quedado probado que en el sorteo de la O.N.C.E. de 23 de Agosto de 2013, resultó premiado el número 18***, serie 0**, con un premio de nueve millones de euros, más catorce premios de euros. Previamente al sorteo, en el Bar Simón sito en la localidad de Osera de Ebro (Zaragoza), Álvaro C. S., mayor de edad y sin antecedentes penales, adquirió un cupón con ese número que resultó premiado con el Cuponazo de nueve millones de euros, y José María G. G. adquirió otro cupón con ese número que resultó premiado con treinta mil euros. 3

4 No ha quedado acreditado que Álvaro C. y José María G. tuvieran un acuerdo previo o pacto para repartirse entre ellos los premios por cada uno de ellos percibido. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La primera cuestión a la que debe de hacerse referencia es a la impugnación que la Acusación Particular hace sobre la prueba documental aportada por la Defensa, y admitida en su momento, consistente en la transcripción de una conversación entre el acusado y esposa con Felipe Valentín I. A., persona que fue quien vendió los cupones premiados en el Bar Simón de la localidad de Osera de Ebro (Zaragoza). Considera la Acusación Particular que tal prueba es nula por realizarse, sin consentimiento del citado vendedor, por tercera persona y sin autorización judicial. La doctrina constitucional es clara al respecto ya que serán nulas las intervenciones telefónicas y grabaciones de conversaciones de personas por terceros si una resolución judicial no la autoriza, pero ello no alcanza al caso de que una de las partes de una conversación decida grabar su propia conversación pues a fin de cuentas se graba a sí mismo. En este caso la intervención, sin autorización judicial, es plenamente legítima. En el caso que nos ocupa, una de las partes de la conversación, el matrimonio formado por Álvaro C. y María Jesús M. L., desea grabar la conversación que mantienen con Felipe Valentín I. A., si bien se valen de tercera persona que es el instrumento que materialmente la realiza. Esta tercera persona, Jorge B. G., detective de profesión, no actúa por propia voluntad sino por encargo del matrimonio citado, y por ello deberemos entender que ha sido el matrimonio Álvaro C. S. y María Jesús M. L., quien ha grabado su propia conversación con un 4

5 tercero, y por lo tanto la misma se encuentra dentro de los parámetros constitucionales, y la transcripción es plenamente acorde a derecho pudiendo ser aportada al acervo probatorio. SEGUNDO.- Ejerce la Acusación Particular acusación contra el acusado al considerarlo autor de un delito de Apropiación Indebida de los artículos 252 y º del Código Penal. El artículo 252 recoge el supuesto genérico de apropiación indebida al sancionar a quienes en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. La descripción de la conducta típica presenta un alto grado de complejidad, causado principalmente por la acumulación de modalidades de comportamiento ("apropiar", "distraer" y "negar haber recibido"). Común a las tres es la exigencia de que el sujeto activo haya recibido un bien por uno de los títulos indicados en el tipo; el artículo 252 define en términos amplios tanto el elenco de posibles bienes que pueden constituir el objeto material ("dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial"), como el catálogo de posibles títulos de recepción ("depósito, comisión o administración" u "otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos"). Se prevé la imposición de la pena en su mitad superior en caso de depósito necesario o miserable. Las tres modalidades entrañan un aprovechamiento abusivo, por parte del receptor del bien, de la confianza implícita en el negocio que da lugar a la entrega. La disputa doctrinal surge a la hora de determinar si ese 5

6 aprovechamiento se produce de la misma forma, en particular, en los casos de apropiación y distracción. Bajo la vigencia del Código Penal de 1973 imperó la tesis de que la distracción es una forma de apropiación, de modo que en ambas se realiza un acto dominical ilícito y hay un incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver. La diferencia radicaría, según la versión más extendida, en la identidad del beneficiario: el propio sujeto activo (en la "apropiación") o un tercero (en la "distracción"). Sin embargo, a partir de 1994 comienza a consolidarse en el Tribunal Supremo la opinión de que el artículo 252 no describe sólo un tipo, sino dos: el de apropiación (que exige la incorporación al propio patrimonio de cosas muebles ajenas) y el de distracción (que sólo implica la gestión desleal del patrimonio que se administra, causando un perjuicio al titular de éste). La consumación de las tres modalidades exige que se cause un perjuicio y el debate relativo a si este último constituye un empobrecimiento patrimonial (como en la estafa) o consiste meramente en la apropiación del bien es una manifestación de la discusión general acerca del bien jurídico tutelado (patrimonio vs propiedad). TERCERO.- En el caso presente, tras apreciarse las pruebas practicadas en el Plenario, con inmediación y contradicción, la Sala no considera que nos encontremos ante un delito de Apropiación Indebida como el definido precedentemente, y ello es así por cuanto no ha quedado acreditado que el acusado, Álvaro C., cobrara el premio del cuponazo en nombre suyo y de José María G., pues la prueba practicada nada ha demostrado al respecto. Los testigos que deponen manifiestan que ignoran la existencia de pacto o acuerdo previo entre denunciante y acusado para compartir los premios que ambos reciben. Es más, compran los cupones por separado, hecho atestiguado por el testigo señor 6

7 B. y por el propio vendedor de los cupones, señor Felipe Valentín I. A., y que se corrobora por el hecho de que el denunciante tiene un cupón, y el denunciado otro distinto. Es el propio denunciante José María G., quien reconoce en el Plenario que nadie sabía que tuviera un pacto o acuerdo de compartir el premio con el acusado, Álvaro C.. La prueba circunstancial viene asimismo a corroborar el aserto precedente pues ha quedado demostrado que el denunciante José María G. padece problemas de tipo económico, con procedimientos judiciales abiertos contra él al ser avalista de su hijo quien a su vez tiene problemas económicos que derivan en procedimientos judiciales, y que motivaron una petición de éste al acusado para realizar una escritura de compraventa de un piso para evitar su subasta por deudas derivadas de los citados problemas económicos que no son objeto de este procedimiento. Tal dato viene aseverado por el director de la sucursal de Bantierra en Pina de Ebro donde denunciante y denunciado tienen sus cuentas bancarias, señor F. L., y por el gestor del acusado, señor R. M., quienes ninguna duda ofrecen en su declaración a este Tribunal en cuanto a tales hechos pues ninguna tacha objetiva ni subjetiva existe en cuanto a los mismos, y ser claros y coincidentes en sus manifestaciones. La negativa del acusado a suscribir tal escritura de compraventa supone un enfriamiento de las relaciones personales entre denunciante y denunciado, hecho admitido por todos los testigos que deponen, y de alguna manera también el propio denunciante quien no niega el enfriamiento de la relación de amistad que le unía con el acusado, hecho que pone en tela de juicio la existencia del mentado pacto o acuerdo previo. No existe, por lo tanto, prueba objetiva que demuestre la existencia de pactos o acuerdos previos entre denunciante y denunciado, y al ser los cupones al portador, los mismos se abonan a quien los posee, hecho así acaecido y que 7

8 eliminan cualquier posible duda o certidumbre sobre la existencia del tipo penal por el que se acusa. No cabe sino el dictado de un fallo absolutorio por considerar la inexistencia de un delito de Apropiación Indebida. CUARTO.- Los responsables criminalmente de un delito o falta, lo son también civilmente, y en el caso presente al proceder la absolución ningún pronunciamiento cabe al respecto al quedar todo diferido a la vía civil. QUINTO.- Conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 del Código Penal, las costas se impondrán a los criminalmente responsables de todo delito o falta, y en el caso presente, procediendo la absolución, deben declararse de oficio. VISTAS las disposiciones legales citadas y los artículos del Código Penal y los de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. EL TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente: FALLO ABSOLVEMOS al acusado ÁLVARO C. S. del delito de Apropiación Indebida por el que venía siendo acusado por la Acusación Particular ejercida por José María G. G.. Se declaran de oficio las costas procesales. Notifíquese la presente sentencia a las partes y al perjudicado/victima, aunque no se haya mostrado parte en la causa. La presente resolución no es firme y contra la misma, cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha de prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador, presentado ante este 8

9 Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 855 y siguientes de la L.E. Criminal. Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el M.I. Sr. Magistrado Ponente que la dictó, estando celebrando sesión pública esta Audiencia Provincial en el mismo día de su fecha.- Doy fe. 9