Seis reflexiones sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Centroamérica

Transcripción

1 Seguridad Democrática: Escenarios en Prevención, Seguridad Ciudadana y Justicia Seis reflexiones sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Centroamérica Por: Dr. Lothar Rast, Director Residente de la GIZ en Guatemala Aclaración: Esta presentación expresa reflexiones personales y en ninguna forma una opinión oficial de la cooperación técnica alemana (GIZ). Sin embargo, las reflexiones se nutren de experiencias prácticas de proyectos en seguridad ciudadana de la GIZ. 1. Aclaraciones conceptuales En los últimos 30 años han tenido lugar cambios en la concepción de la seguridad. Hasta la década de los ochenta del siglo pasado predominó el concepto de seguridad nacional que, en el contexto de la guerra fría, enfocaba en la seguridad del Estado, sobre todo ante agresiones externas, aunque también abarcó la definición de enemigos internos en casos de conflictos internos. En la actualidad surgieron nuevos conceptos de seguridad más matizados que enfocan más en el referente del individuo. Por una parte, está el concepto de seguridad humana acuñado por el PNUD que enfatiza en diversas amenazas para el bienestar del ser humano, desde crímenes hasta desastres y falta de empleo y salud. Es un concepto amplio, basado en el respeto a los derechos humanos, cuya misma amplitud ha llevado a que se

2 cuestione su utilidad analítica y práctica. Por otra parte, existe el concepto de seguridad ciudadana que enfoca las amenazas al goce de los atributos, sobre todo derechos, del ciudadano. Algunas definiciones de seguridad ciudadana que yo llamaría definiciones liberales subrayan el goce (libre de temor y amenaza) de los derechos políticos de los ciudadanos, codificados en las constituciones y leyes de cada país. Otras definiciones de seguridad ciudadana incluyen también derechos culturales y económicos del ciudadano. Ambas definiciones, seguridad ciudadana y seguridad humana, pone un énfasis en el rol fundamental del Estado para crear y garantizar el goce de estos aspectos de seguridad. En su asesoría técnica la GIZ como en Guatemala - utiliza para su trabajo el concepto de seguridad ciudadana liberal para referirse a una ciudadanía activa que ejerce sus derechos políticos y humanos, por un lado y por el otro al fortalecimiento del Estado para crear y garantizar esos derechos. En esta línea, seguridad ciudadana, es más que seguridad pública, que enfoca en el libre movimiento de los ciudadanos, o en el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. Finalmente, quiero hacer referencia al término que este foro propone, el de seguridad democrática. Quisiera recalcar que este término se usa de forma muy diferente en Colombia y en Centroamérica. En su Política de Seguridad

3 Democrática el Presidente Álvaro Uribe utilizó el concepto de seguridad democrática para expresar la necesidad de que no solo los órganos de seguridad combatieran las fuerzas ilegales, sino que se involucrara toda la ciudadanía en defensa de la democracia colombiana y como aliado del Estado colombiano. En Centroamérica, el término seguridad democrática hace referencia a la definición de seguridad en un sistema democrático, con un control civil de los órganos de seguridad del Estado y con una activa participación de la sociedad civil en la definición de políticas públicas en materia de seguridad. Este concepto expresa una agenda de reforma de la relación entre el poder político, los órganos de seguridad del Estado y la sociedad civil. Este no es el lugar para discutir o ponderar cada uno de los conceptos, sin embargo, es necesario aclarar como utilizaré estos términos en mi intervención. Las seis reflexiones derivan de un concepto de seguridad ciudadana, pues el concepto de seguridad democrática resulta limitado y enfocado a la relación cívico-militar, mientras que el concepto de seguridad humana resulta demasiado amplio.

4 2. Seis reflexiones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Centroamérica: Hay amplia evidencia en la literatura y en el análisis de casos que un Estado débil y una ciudadanía pasiva son, al mismo tiempo, causa de la inseguridad ciudadana y factor que impide su superación. Partiendo de este argumento, se presentarán las siguientes reflexiones para fortalecer la seguridad ciudadana en Centroamérica: Primera reflexión: Superar la desigualdad y fortalecer la inclusión social son medidas fundamentales para mejorar la seguridad ciudadana América Latina es el continente más desigual a nivel global con grandes sectores de población excluidos y marginalizados. Ambas condiciones son suelo fértil no solo para la delincuencia y el crimen, sino generan también antagonismos entre distintos sectores de la sociedad civil; al mismo tiempo son un obstáculo para la participación ciudadana. Como muestran varios casos empíricos: superar estas desigualdades y marginaciones no solo es un asunto social, sino un factor importante para fortalecer estructuralmente la seguridad ciudadana. Políticas de igualdad, de inclusión social (por ejemplo

5 en escuelas, funcionarios públicos y la policía), de equilibrar ingresos y accesos a empleo y educación promueven una ciudadanía más involucrada y una seguridad ciudadana más solida. Segunda reflexión: Un nuevo enfoque en medidas para crear confianza en el órgano de seguridad, empezando con el nivel local, fortalece la seguridad ciudadana Varios estudios apuntan al problema de falta de confianza en los órganos de seguridad o la falta de confianza entre actores políticos y sociales. Esta falta de confianza es una amenaza importante para la seguridad ciudadana. Es sorprendente que existan pocos estudios sobre este fenómeno de confianza y todavía menos planes de acción para superar este problema. Desde los 80 se conoce este enfoque en el área militar entre dos grupos armados: los CBMS, confidence-building-measures o medidas de creación de confianza. La desconfianza en el poder del estado y en la policía se refleja también en el alto índice de la seguridad privada. Según estudios del año 2012 contaba la seguridad privada en todo Latino América con el doble de personal que la policía.

6 La ausencia de fuerzas de seguridad y del estado en algunas zonas del país, tanto como la desconfianza en la policía provoca actos de justicia por parte la población p.e. linchamientos. La otra causa es la tenencia de armas entre la población civil y el acceso fácil a ellas. Fomentar la confianza en el órgano de seguridad implica cambios en muchos niveles y áreas, empezando en el entrenamiento de policías y militares, la legislación, pactos políticos entre actores nacionales de las sociedades. En este cambio multidimensional, hay ejemplos de creación de confianza al nivel local. A este nivel se puede crear con más facilidad las estructuras y acuerdos sociales para fomentar una cercanía, un acuerdo sobre ciertos procedimientos, intercambio de información hasta una planificación conjunta. La GIZ ha tenido buenas experiencias con un enfoque llamado Community Policing. Este concepto implica el involucramiento de la sociedad civil en la prevención de la violencia a nivel local tanto en la planificación de medidas de prevención como en su implementación y la coordinación de los programas sociales del Estado con la política de prevención. El Community Policing requiere un concepto de policía local enfocando en el

7 fortalecimiento de capacidades policiales tanto en su presencia para combatir el delito, pero también en su atención de problemas comunales y grupos específicos (como p.e. la violencia de jóvenes, y la violencia contra las mujeres). Para hablar de medidas explicitas para crear confianza social no equivale a hablar de diálogos. Un estudio de Mary B. Anderson (reconocida experta en el tema) Reflexionando sobre prácticas de paz presenta un resultado muy sobrio: el 80% de los diálogos no cumplen con los objetivos que ellos mismos definieron, el 10% hizo daño a la relación de las partes en diálogo y un solo 10% mejoró la relación entre las partes. Tercera reflexión: Las amenazas regionales de la seguridad ciudadana requieren respuestas regionales. El crimen organizado y la delincuencia tienen redes y organizaciones regionales que alcanzan incluso a los países del Norte. Hasta ahora estas redes lograron aprovechar los obstáculos que los países tienen para enfrentarlas articuladamente. El movimiento de armas, de dinero, de cadenas de producción, tráfico de personas y comercialización de drogas requiere de un intercambio importante de información, de

8 cooperaciones operativas entre países y un acompañamiento activo de las sociedades civiles. Un primer paso importante ha sido el lanzamiento de la ESCA (Estrategia de Seguridad en Centro América) en la región. En este contexto se creó la Secretaria de Seguridad Democrática para ejecutar varios programas a nivel regional, entre ellos, para combatir el crimen organizado, control de armas, reforma de leyes y capacitaciones de jueces. Esperemos que estas estrategias logren llegar al nivel operativo y con participación de las sociedades civiles para hacer realidad a una política de seguridad ciudadana también a nivel regional. Cuarta reflexión: La prevención de violencia requiere intervenciones en múltiples niveles: estrategias de prevención primaria (a nivel de la educación y socialización); el trabajo con grupos vulnerables (prevención secundaria) y en la reinserción de grupos violentos y rehabilitación y reparación de la víctimas. (prevención terciaria). Por tanto, una estrategia de prevención de violencia debería abarcar las tres dimensiones con el objetivo de de cambiar las culturas de violencia.

9 Quinta reflexión: Para trabajar la conflictividad sobre proyectos de inversión para el desarrollo, las leyes de cada país Centro Americano debería exigir transparencia y credibilidad de información y mecanismos vinculantes de involucramiento de la sociedad civil en estos proyectos de inversión. Los conflictos sociales son un fenómeno normal y común, pero si la manera de tratar estos conflictos resulta en amenazas y violencia, afecta de forma negativa la seguridad ciudadana. La principal amenaza en estos casos es la falta de claridad acerca de los intereses y necesidades en juego. Muchas veces la política de información de los actores se vuelve parte del conflicto, fortaleciendo y justificando la propia posición, perfilando su posición como legitima, y difamando la otra parte como ilegítimo, violento y, a veces, terrorista. Por eso, el manejo de la información sobre los conflictos se vuelve una parte del manejo de conflictos. Experiencias en otros casos muestran que a) información por instituciones reconocidas por los actores en conflicto ayuda en de-escalar un conflicto y trabajar los intereses y necesidades. Un segunda aspecto (b) del manejo de información en conflictos es la estandarización de la información. Por ejemplo, en el caso especifico de proyectos de inversiones (industrias extractivas, energía eléctrica), los estados deberían normar la información

10 para la sociedad (sobre todo: la población local) y el involucramiento de la sociedad civil en estos proyectos de inversión. En relación a diálogos sobre proyectos extractivos y / o de manejo de recursos naturales la experiencia de la GIZ apunta, entre otros, a cuatro aspectos importantes para mejorar el efecto de los diálogos: a) Información de varios fuentes que sigue una formación por el estado. b) Involucramiento activo y garantizado de la población local antes y durante un proyecto c) Metodologías de diálogo. Diálogos se reducen muchas veces a un si o no, una discusión sobre lo vinculante de una decisión puntual. Lo que se requiere es un proceso de diálogo continuo que permite articular intereses, necesidades, esperanzas y acuerdos que se implementa y monitorea en el contexto de un diálogo continuo. d) Garantìas y procesos para asegurar la implementación de los acuerdos de un diálogo o de un proceso de negociación Aquí el estado (local, nacional) juega un papel importante en asumir un rol clave en la implementación de acuerdos y en reaccionar si una parte no cumple con la prometido.

11 Sexta reflexión: Un justicia más autónoma que cumple con los estándares internacionales fortalece la seguridad ciudadana en Centroamérica En muchos países del continente latinoamericano se puede observar conflictos acerca de la independencia judicial. Existen en varios países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Honduras conflictos sobre la influencia de fuerzas políticas (del gobierno) en el sistema judicial. Experiencias en varios países apunta a la necesidad d contar con suficiente autonomía del sistema de justicia para poder funcionar. Eso se refiere tanto a influencia de gremios no democráticamente elegidos, pero también de los partidos políticos. Otros procesos de integración regional apuntan a la necesidad de armonizar o compatibilizar los sistemas de justicia. Un primer paso en esta dirección podría ser la adecuación del accionar judicial a los estándares establecidos por la legislación internacional de derechos humanos y la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resumen El fortalecimiento del Estado y de sociedad civil organizada son dos estrategias complementarias e interrelacionadas para fortalecer la seguridad ciudadana. El fortalecimiento de la participación ciudadana y de los

12 mecanismos de control y transparencia constituyen un tema clave de la recuperación de espacios democráticos y la confianza en el sistema político por parte de la población. Solo un enfoque multinivel, que incluye el nivel regional Centro Americano, hoy en día es capaz en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana al nivel local, nacional y regional. Estas reflexiones quisieron indicar cómo avanzar en este tema en un contexto Centroamericano.