17_12_20 ST TSJA CA (534-17) INMATRICULACIONES TEMPLOS.DOC SENTENCIA 534/2017 EN NOMBRE DE S.M. EL REY.

Transcripción

1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (SECCIÓN PRIMERA). RECURSO DE APELACIÓN NÚM. 278 DEL AÑO SENTENCIA 534/2017 EN NOMBRE DE S.M. EL REY. ILMOS. SEÑORES PRE SIDENTE DON JUAN CARLOS ZAPATA HÍJAR MA GIS TRADOS DON JESÚS MARÍA ARIAS JUANA DOÑA ISABEL ZARZUELA BALLESTER EN ZARAGOZA, A VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. VISTO, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (Sección Primera), el recurso de apelación número 278 de 2017, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Sonia Salas Sánchez y asistido por el Letrado D. Carlos Navarro del Cacho, contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza de fecha 4 de octubre de 2017, dictado en la pieza separada de suspensión del recurso contencioso-administrativo seguido en dicho Juzgado con el número 97 de 2017; siendo parte recurrida, el ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, representado por el Procurador de los Tribunales D. José María Angulo Sáinz de Varanda y asistido por el Letrado D. Ernesto Gómez de Azqueta. 1

2 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo antes referido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza dictó auto de fecha 4 de octubre de 2017, acordando la medida cautelar solicitada y suspendiendo el apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 31 de marzo de 2017, sin hacer expresa imposición de costas. SEGUNDO.- Contra el anterior auto, por el Ayuntamiento de Zaragoza se interpuso recurso de apelación solicitando de esta Sala su revocación y la desestimación de la medida cautelar solicitada; siendo admitido dicho recurso y dándose traslado a la representación de la parte actora para que pudiera formalizar su oposición al mismo, lo que así hizo; y tras elevarse las actuaciones a la Sala, se celebró la votación y fallo el día señalado, 20 de diciembre de Siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Arias Juana. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El Arzobispado de Zaragoza interpuso recurso contencioso administrativo contra el apartado primero del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha de 31 de marzo de 2017 del siguiente tenor: "Que por la Asesoría Jurídica Municipal se ejerciten, en el momento que proceda, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada respecto de los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización púb1ica de los citados bienes". 2

3 El recurso, admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 al que le había sido turnado, fue acumulado al del Juzgado número 5 seguido con el número 97 de 2017, cuyo objeto de impugnación era un anterior acuerdo municipal de igual contenido, si bien referido en ese caso a la Catedral de San Salvador (La Seo) y a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena en Zaragoza. Al igual que en el primer recurso, el Arzobispado de Zaragoza solicitó en su escrito de interposición la medida cautelar de suspensión de dicho acuerdo. Medida a la que se accedió por el Juzgado en el auto recurrido -como había hecho respecto del primer acuerdo recurrido en auto de 17 de mayo de 2017-, tras efectuar unas consideraciones generales en relación al ámbito de las medidas cautelares y fijar la posición de las partes al respecto, al considerar, en síntesis, partiendo de la exigencia del dictamen previo para el ejercicio de acciones requerida por el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y jurisprudencia que cita, que, en el caso concreto, no consta informe jurídico previo al acuerdo recurrido, ya que el existente en el expediente se refiere exclusivamente a la Catedral de San Salvador (La Seo) y a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, careciendo de un requisito cuya finalidad esencial es la de advertir a la corporación municipal sobre la conveniencia, procedencia y viabilidad jurídicas de las acciones que se pretenden interponer, siendo causa de nulidad del acuerdo la omisión de dicho trámite. Afirmando que también concurre el peligro en la mora pues de no adoptarse la medida cautelar interesada el Ayuntamiento podría entablar las acciones que anuncia sin un mínimo asesoramiento que le permita disponer de elementos técnicos para adoptar tal decisión, y resultaría afectado por tal decisión no solo el demandado, que tendría que hacer frente a unos gastos innecesarios, sino el propio interés 3

4 general, por las cuantiosas costas que tendría que soportar; y sin que, según sostiene el Juzgado, se prive a la Corporación de su derecho a la tutela judicial efectiva, al no impedirle la adopción de un nuevo acuerdo previo dictamen jurídico, cuya exigencia no es contraria al principio de tutela judicial efectiva. Añadiendo una breve referencia a la posibilidad de impugnación del acuerdo recurrido y matizando el alcance de la suspensión en relación a las acciones administrativas a las que se alude en el acuerdo recurrido. Disconforme con dicho pronunciamiento, y como ya hiciera contra el auto del mismo Juzgado de 17 de mayo de 2017, interpone el Ayuntamiento demandado el presente recurso de apelación reiterando lo ya dicho en su anterior apelación contra aquel, con transcripción de lo en él argumentado, insistiendo en que el orden contencioso administrativo no puede impedir el ejercicio de acciones ante otros órdenes jurisdiccionales. La representación del Arzobispado de Zaragoza, por su parte, se opuso al recurso interpuesto, reproduciendo íntegramente la contestación efectuada en el anterior recurso de apelación. SEGUNDO.- Planteado en tales términos el presente recurso de apelación no podemos sino reproducir igualmente lo que al resolver el anterior recurso decimos en el fundamento de derecho segundo en la sentencia dictada con esta misma fecha: "Así delimitado el objeto del presente recurso, se ha de comenzar recordando que, como hemos venido reiterando en anteriores ocasiones -sentencias números 517, 519 y 532 de 2014, de 31 de octubre, y 148 de 2015, de 6 de marzo-, si desde un punto de vista general, en el ámbito de la tutela cautelar la doctrina del fumus requiere de una prudente aplicación para no prejuzgar el fondo y la decisión final del pleito, dado el riesgo de vulneración del derecho fundamental al proceso con 4

5 las debidas garantías de contradicción y prueba, la especificidad propia de lo contencioso administrativo, en el que se somete a juicio de legalidad un acto administrativo que, por definición, goza de dicha presunción por imperativo constitucional, artículo 103 de la C.e., y legal, artículo 39 de la LPAC -antes el artículo 57 de la Ley 30/1992-, el presupuesto cautelar de la apariencia de buen derecho, debe ser tratado con mayor prevención y prudencia si cabe. Es aquella especificidad la que imprime variaciones en la aplicación del régimen general cautelar que determinan el diferente peso específico de un presupuesto cautelar sobre otro en este concreto ámbito contencioso, respecto del general civil. Por tal razón este presupuesto cautelar se aplica limitadamente a supuestos singulares, como son aquéllos en que se solicita la nulidad del acto administrativo dictado al amparo de una norma o disposición de carácter general previamente declarada nula, o cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente (sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sec. 5a de 8 de febrero de 2010, rec. no 5251/08). O como se dice en su sentencia de 9 de octubre de 2009 (sec. 4a, rec. 311/08), donde se efectúa un tratamiento completo del alcance y límites de la tutela cautelar en lo contencioso administrativo, "la posibilidad de que la nulidad de pleno derecho pueda operar para justificar la suspensión está condicionada a que "de una manera terminante, clara y ostensible se aprecie la concurrencia de una de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en nuestro ordenamiento" (sentencia de 21 de octubre de 2004, recurso de casación 1723/2002, reproduciendo múltiples autos y sentencias anteriores en la misma línea). Es obvio que la virtualidad de tal doctrina es escasa al no ser el incidente de suspensión el trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito que ha de resolverse en el proceso principal. Mas puede caber el caso de que, con anterioridad a la adopción de la medida cautelar cuestionada el órgano jurisdiccional se hubiere pronunciado, en otros pleitos, sobre la invalidez del acto cuestionado (STS de 13 de junio de 2007, recurso de casación 1337/2005)". En similares términos, en sentencia de la Sala Tercera, 5

6 sec. 3a del Tribunal Supremo, de 7 de mayo de 2013, (rec. no 2736/12), ha declarado que debe "limitarse su aplicación además de la tradicional prudencia que ha de presidir su uso en todo caso a supuestos muy concretos, como los actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, cuando una sentencia anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme, y, en fin, los casos de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia que la Administración se resiste a aplicar". Afirmándose en la más reciente de 31 de enero de 2014 por el Alto Tribunal que "al momento presente el criterio del fumus boni iuris carece en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de base normativa positiva; ello no obsta a que jurisprudencialmente se haya admitido su aplicación, si bien con un criterio restrictivo que lo reduce a supuestos muy específicos en los que se puede apreciar dicho criterio sin avanzar indebidamente un criterio sobre el fondo, como pueden serlo supuestos de previa declaración de nulidad de disposiciones generales, sentencias firmes en supuestos análogos o casos análogos. Ahora bien, sin que puedan hacerse afirmaciones generales en cuestiones forzosamente de naturaleza casuista, difícilmente puede aplicarse el criterio de la apariencia de buen derecho en supuestos en los que lo que habría que valorar son precisamente las cuestiones que han de dilucidarse con el fondo del litigio". Atendida tal doctrina, y frente a lo que concluye el Juzgado, no es dable con base en el pretendido fumus boni iuris acceder a la medida cautelar interesada. Ciertamente, existen criterios reiterados en la jurisprudencia en torno al referido artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, recogidos en las sentencias que se citan en el auto recurrido, a las que cabe añadir la más reciente de 9 de mayo de todas recaídas en recursos contencioso administrativos en los que se cuestionaba el válido ejercicio de la acción para interponerlos-, en la que el Tribunal Supremo recuerda que ha flexibilizado el rigor en la aplicación de tal precepto hasta el límite que demanda la 6

7 proscripción de la indefensión y las exigencias derivadas de la tutela judicial efectiva; y, así, viene admitiendo, "en interpretación favorable del derecho a la tutela judicial efectiva, la subsanación tanto de la ausencia del documento acreditativo del acuerdo para el ejercicio de la acción, como su convalidación mediante ratificación posterior del ejercicio de la acción y ello porque considera que este requisito documental es subsanable en el doble aspecto de integración de la capacidad procesal y de su constatación, con efectos retroactivos para acreditar no sólo que existió ese acuerdo corporativo y el dictamen previo, sino también para ratificar o convalidar su inexistencia, permitiéndose su formal realización posterior". Con base a tales criterios reiterados no puede afirmarse, en el marco del presente incidente cautelar, que el acuerdo recurrido sea manifiestamente nulo en los términos que resultan de la doctrina jurisprudencial expuesta en torno al fumus boni iuris. Y es que el mismo fue precedido del oportuno dictamen, sin que quepa aquí determinar, sin avanzar indebidamente en el fondo, si el mismo cumple o no las exigencias del reiterado precepto, para lo que se requiere de un juicio valorativo que no es posible anticipar aquí; máxime cuando no se cuentan con todos los elementos precisos para resolver. Como, por las mismas razones, resulta igualmente improcedente efectuar consideración alguna respecto de las cuestiones atinentes al fondo que viene a suscitarse por la representación municipal en su crítica a la tesis mantenida por el Juzgado. No pudiendo accederse a la medida cautelar interesada por la parte actora con base a la pretendida apariencia de buen derecho, tampoco consideramos que proceda acceder ella tras la valoración de los intereses en conflicto. En efecto, lo primero que se ha de significar al respecto es que no es de apreciar que la ejecución del acuerdo recurrido pueda generar perjuicios irreparables o de difícil reparación. Los perjuicios derivarían del hecho de 7

8 que, efectivamente, al amparo del acuerdo llegaran a ejercitarse acciones judiciales contra el Arzobispado de Zaragoza. Mas ni tal ejercicio resulta de la resolución impugnada que vaya a ser inminente -se dice "en el momento que proceda"-, ni se efectúa mayor precisión al respecto. Y de ser así, nada le impedirá alegar, ante el órgano jurisdiccional que deba conocer de la acción ejercitada, el eventual incumplimiento del requisito de procedibilidad exigido, caso de que por el Ayuntamiento pretendiese justificarlo en el acuerdo aquí impugnado. Siendo, por otro lado, resarcibles los gastos que se le hubiesen podido ocasionar al Arzobispado por la condena en costas de que pudiera ser el Ayuntamiento de rechazarse las pretensiones de éste. En cualquier caso, y lo que se considera fundamental, en la ponderación de los intereses en conflicto, ha de prevaler aquí, frente al derecho fundamental a la tutela cautelar invocado por el Arzobispado, el derecho fundamental del Ayuntamiento a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, que podría verse gravemente afectado de accederse a la suspensión del acuerdo recurrido, al imposibilitarle el ejercicio de las acciones judiciales. Por todo lo cual procede, con estimación del recurso de apelación y revocación del auto recurrido, denegar la medida cautelar interesada por el Arzobispado de Zaragoza". Y con base en tales razonamientos se ha llegar en este caso a la misma solución, debiendo únicamente añadirse que si bien el auto aquí recurrido refiere que no existe dictamen jurídico, no es posible anticipar las consecuencias que para la resolución del caso resultaría de confirmarse tal carencia; como igualmente resulta improcedente, so pena de avanzar indebidamente en lo que ha de resolverse en sentencia, efectuar indicación alguna respecto lo objetado por la representación del Ayuntamiento de que el orden contencioso administrativo no puede impedir el ejercicio de acciones ante otros órdenes jurisdiccionales. 8

9 TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley Jurisdiccional, al estimarse íntegramente el recurso de apelación, no procede expreso pronunciamiento en costas del mismo. En cambio, la denegación de la medida cautelar interesada por Arzobispado de Zaragoza, determina que proceda imponerle las costas causadas en el incidente en la primera instancia; si bien al amparo de la facultad prevista en el apartado tercero de dicho artículo, se determina que el importe de las mismas no podrá rebasar la cantidad de 300 euros. FALLO PRIMERO.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA contra el auto del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 5 de Zaragoza de fecha 4 de octubre de 2017, dictado en la pieza separada de suspensión del recurso contencioso-administrativo seguido en dicho Juzgado con el número 97 de 2017, y con revocación del mismo, desestimamos la medida cautelar de suspensión del acuerdo recurrido instada por el Arzobispado de Zaragoza. SEGUNDO.- Imponemos las costas del presente recurso de apelación al Arzobispado de Zaragoza, con el límite establecido en el último fundamento de esta resolución. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 9