Créditos. Defensoría Pública Plan Estratégico Institucional Dr. Ernesto Pazmiño Granizo Defensor Público General

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2 Créditos Defensoría Pública Dr. Ernesto Pazmiño Granizo Defensor Público General Coordinación General Edwin Tinajero Asesor GIZ - Cooperación Alemana Estuardo Salazar Asesor General Carmen Elena Hermosa Directora Nacional de Planificación 2 Realización del presente documento: Max Paredes Melva Ruiz Sofia Lanchimba Antonio Briones Asistencia Metodológica: Edwin Tinajero Rubén Álava GIZ-Cooperación Técnica Alemana Financiado por: Este documento fue financiado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania. Diseño editorial Paola Riofrío Diseño portada Nelson Paz Fotografías de portada: Francisco Jarrín Diagramación e impresión: CREATIBROS - Quito Telfs.: /

3 Índice Presentación Introducción Metodología 1. Descripción y diagnóstico institucional a. Breve descripción histórica de la Institución b. Marco Normativo c. Mapa de actores y actoras del Sistema Nacional de Defensa Pública d. Estructura Orgánica e. Cobertura a nivel nacional f. Beneficiarios directos g. Demanda atendida h. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) i. Estrategias 2. Elementos orientadores de la institución a. Visión b. Misión c. Ejes estratégicos d. Valores e. Objetivos estratégicos institucionales, metas e indicadores por ejes estratégicos 3. Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir 4. Programas y Proyectos Plurianuales 5. Seguimiento y Evaluación 6. Abreviaturas

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5 La Defensoría Pública es una institución nueva que aparece de la mano de la Constitución de la República aprobada en el 2008, tras un proceso constituyente que diseñó un nuevo modelo de Estado, un Estado de Derechos. Este es un cambio sustancial no sólo para la concepción tradicional del Derecho sino que pone énfasis en los derechos que le asisten a los (as) ciudadanos (as). En este marco, la Defensoría Pública se inscribe como una de las instituciones más importantes para la efectiva protección y tutela de derechos. La Defensoría Pública complementa el trabajo de la Función Judicial al integrarse a ésta siendo una institución autónoma. Esta tríada compuesta por Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública tiene que garantizar de manera conjunta el acceso a la justicia. A nivel latinoamericano, la mayoría de las defensorías públicas tienen un enfoque meramente penalista. La, en cambio, tiene una competencia más amplia, pues la Constitución le permite ofrecer patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias e instancias. 5 Al ser la institución más joven de la justicia ecuatoriana, fue necesario definir el rumbo de la institución a partir de mayo de 2012, tiempo en que el Ecuador contó por primera vez con una autoridad definitiva en la dirección de la Defensoría Pública para el período , tras un concurso público de oposición y méritos e impugnación ciudadana. Para ello, se trabajó ardua y participativamente en la construcción del Plan Estratégico Institucional que se constituye en un instrumento de concreción del mandato constitucional. La realidad de la institución marca el carácter y define los ejes estratégicos del Plan Institucional, siendo el principal de ellos el Fortalecimiento, que permitirá contar con una Defensoría Pública capaz de cubrir las demandas de la ciudadanía en lo referente a servicios defensoriales que serán eficientes, de calidad, calidez y con oportunidad, con enfoques de interculturalidad, intergeneracional y de género.

6 Estamos conscientes de que nuestro accionar no puede ser aislado de otras instituciones y sectores que trabajan en torno al acceso a la justicia. Es por ello que otro de los ejes estratégicos es el Sistema Nacional de Defensa Pública, con el que se busca establecer mecanismos de articulación que permitan una actuación conjunta, especialmente, con los consultorios jurídicos gratuitos; estas alianzas crearán una red que oferte servicios de asesoría, patrocinio judicial, así como mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 6 Uno de los problemas más graves que ha tenido el sistema de justicia ha sido el represamiento de causas, que se ha traducido en una falta o débil garantía de derechos, frente a ello es necesario establecer mecanismos de coordinación entre el sector justicia, que así mismo es otro eje estratégico para la Defensoría Pública. Es una prioridad de la Defensoría llegar a la ciudadanía, acercar sus servicios y ser reconocida como una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz, por ello también se definen como ejes estratégicos la Comunicación Corporativa y la Cultura de Paz. El delinea el camino que tendrá la Defensoría Pública en el cumplimiento de la asesoría legal y la defensa gratuita de las personas en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, para garantizar la plena protección de sus derechos. Dr. Ernesto Pazmiño Defensor Público General Quito, abril de 2013

7 Visión Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz. Misión 7 Defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos.

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9 Introducción El constituye un instrumento orientador de la gestión de la Defensoría Pública. Es el marco referencial para que las diferentes áreas y procesos de la organización desarrollen su accionar hacia una prestación de servicios eficiente, eficaz y efectiva, con enfoque a resultados, cuyo fin último son las personas en estado de indefensión o que por su condición económica, social y cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, dando cumplimiento de esta manera con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. También pretende contribuir con el desarrollo integral del país, articulándose al Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, apoyar con el cumplimiento de los objetivos 9 y 12 que buscan, respectivamente, garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, además de construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. El presente Plan fue realizado de manera participativa, recogiendo los aportes de las defensorías públicas regionales y provinciales. Se consideraron los saberes de los (las) funcionarios y funcionarias de la organización para una construcción colectiva de la Planificación Estratégica Institucional, utilizando, además, información obtenida de los diferentes estudios elaborados para el mejoramiento de los modelos de gestión de la Institución, diagnósticos de los servicios prestados a los (as) usuarios (as), sus diferentes percepciones de la oferta y demanda de los servicios, y mecanismos de seguimiento y evaluación de su accionar. Este plan incluye tres principios constitucionales orientados a proteger los derechos de las personas que pertenecen a los diferentes pueblos y nacionalidades; a la niñez, adolescencia y mujeres; y, a las personas adultas mayores. El documento se estructura bajo siete aspectos fundamentales: descripción institucional, diagnóstico situacional, elementos orientadores, diseño de estrategias, programas, proyectos, y mecanismos para el seguimiento, y evaluación de resultados. 9

10 Metodología 10 El fue construido participativamente por quienes integran la Defensoría Pública a nivel nacional, bajo la orientación de la Dirección Nacional de Planificación y la asistencia técnica de GIZ-Cooperación Alemana. Ha sido un proceso de largo alcance que incluyó una serie de reuniones del equipo estratégico de la Defensoría Pública, así como talleres nacionales y provinciales que han dado como resultado el presente Plan Estratégico La metodología utilizada para su formulación es de carácter sistémica, pues se entiende a la Planificación como un todo articulado cuyo fin es el (la) ciudadano (a). Se recogieron, discutieron y analizaron las diferentes propuestas de manera dialéctica, pues existió una permanente retroalimentación entre los diferentes equipos de trabajo. Funcionarios (as) durante el Taller Planificación Estratégica de la Organización Octubre, 2012

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12 12 A través del Plan Estratégico, la Defensoría Pública implementará sus políticas con orientación a la gestión por resultados, con enfoque en la calidad de los servicios, eficiencia institucional y responsabilidad social. El Plan Estratégico de la Defensoría Pública se encuentra alineado y articulado al Plan Nacional del Buen Vivir. Su formulación partió de la situación actual de la organización para el establecimiento de la situación deseada, la misma que se concretará a través de la consecución de las acciones, metas, objetivos, misión y visión. El plan está diseñado bajo un sistema estratégico en cascada que parte de la estructuración de la visión, misión, ejes, objetivos, metas, hasta la determinación de actividades concretas compendiadas en los planes operativos plurianuales y anuales, debidamente cuantificados y articulados con los procesos presupuestarios y organizacionales. Además, establece la vinculación entre las direcciones nacionales y las coordinaciones provinciales.

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15 Los insumos utilizados para la formulación del Plan Estratégico son los siguientes: Constitución de la República del Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Plan Nacional para el Buen Vivir Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la Defensoría Pública del Ecuador. Historia de la organización. Sistematización y memorias de los encuentros nacionales y provinciales para la formulación del

16 Descripción y diagnóstico institucional a. Breve descripción histórica de la Institución 16 El 2007 fue un año crucial para el Ecuador en materia de derechos y justicia. El régimen penitenciario estaba en una profunda crisis, evidenciada por la sobrepoblación penitenciaria, el alto número de detenidos sin un proceso legal y/o sentencia, las condiciones de deterioro de los centros de rehabilitación, la violación sistemática de los derechos humanos y el debido proceso, entre otros factores, que provocaron una grave conmoción interna. En cifras, en ese año, Ecuador registraba personas privadas de la libertad a nivel nacional, de las cuales, el 69 % no tenía sentencia y el 60 % no tenía abogado, es decir, había altos niveles de indefensión. Sin duda, era uno de los indicadores de la crisis del sistema judicial y penitenciario que determinó la necesidad inminente de una reforma. La situación condujo a que el nuevo gobierno, presidido por el economista Rafael Correa Delgado, considerara que el país necesitaba entrar en un proceso integral de reforma del sistema penitenciario. En estas circunstancias, se suscribe el decreto ejecutivo No.441, que declara el estado de emergencia, a fin de adoptar acciones para remediar las deficiencias del sector. Entre las medidas adoptadas está la creación de una Unidad Transitoria de Gestión, institución que antecede a la Defensoría Pública, con el propósito de que se encargue de impulsar temporalmente el servicio de defensoría hasta que se expida la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Nacional. El mayor logro de la Unidad Transitoria de Gestión fue la reducción del número de presos sin sentencia. En septiembre de 2009 se contaba con cero presos sin sentencia gracias a un modelo de gestión por procesos en patrocinio penal, que recibió un premio continental a la Buenas Prácticas de Gestión, en el marco del VII Congreso de Gestión Judicial, organizado por el Centro de Justicia de las Américas y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil. La Constitución Política de la República de 1998, ya establecía el derecho a la defensa, pero care-

17 cía de una institucionalidad capaz de garantizarla, además, tenía un enfoque estrictamente penalista. La gran transformación del enfoque de atención se dio con la Constitución de 2008, que determinó que la Defensoría Pública tiene la competencia de asesorar y patrocinar casos en todas las instancias y en todas las materias. A partir de la creación de la Defensoría Pública en el 2008 han acontecido varios hechos relevantes para su vida institucional: Promulgación del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), que establece a la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la Función Judicial en condiciones similares a la Fiscalía General del Estado. El 20 de Octubre del 2010, se inicia formalmente la prestación de servicios en materias de patrocinio social de niñez y adolescencia, sobre todo en tema de alimentos. En abril del 2011 se aprueba el Estatuto orgánico administrativo de gestión organizacional por procesos de la Defensoría Pública del Ecuador, con el que se crean nuevas áreas estratégicas para el desarrollo institucional. Este documento responde a un proceso de planificación, en el que ya se empieza a visualizar la conformación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública. En mayo del 2012, luego del concurso público de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se nombra al doctor Ernesto Pazmiño Granizo como primer Defensor Público General del Ecuador. 17

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19 b. Marco Normativo La Constitución ecuatoriana del 2008, en su artículo 191, establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Este mandato es ratificado por el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que en su artículo 285 puntualiza que la autonomía será económica, financiera y administrativa. La Constitución también establece las competencias de la Defensoría Pública, que implican la prestación de un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. Además, el COFJ en el artículo 286 establece las siguientes funciones de la Defensoría Pública: 1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social; 2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente; 3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o juez competente; 4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública; 5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las 19

20 20 diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona defendida; 6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas; 7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública; 8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor Público General; 9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública; 10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento obligatorio; 11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales en la Defensoría Pública; y, 12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley. La Constitución, mediante el artículo 193, y el Código Orgánico de la Función Judicial, con los artículos 292, 293 y 294 determinan la obligación de la defensoría pública de conducir los procesos de evaluación y acreditación de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades que tienen facultades de derecho, jurisprudencia o ciencias jurídicas destinados a la atención ciudadana.

21 c. Mapa de actores y actoras del Sistema Nacional de Defensa Pública La Defensoría Pública, al tener la competencia de acreditar y evaluar los consultorios jurídicos de universidades, puede contar con su gestión para la prestación de servicios defensoriales. Además, la implementación del Sistema Nacional de Defensa Pública, como eje estratégico, debe contar con la incorporación de otros actores que apoyen en la prestación de servicios. En este sentido, se realizó un Mapa de actores organizado a partir de la oferta y demanda de servicios defensoriales, clasificándolos por sociedad civil, Estado y sector privado. El mapa de actores externos al sistema nos proporciona los primeros indicios sobre la dirección en que deberían encaminarse nuestros esfuerzos de concertación, coordinación y captación, es decir, con qué contrapartes complementarias externas deberíamos establecer contacto con miras a una posible cooperación. Como se evidencia, los posibles actores del Sistema Nacional de Defensoría Pública son diversos así como sus competencias, no son únicamente los consultorios jurídicos sino también otras entidades que si bien no prestan directamente servicios defensoriales sí pueden coadyuvar en el cumplimiento de los fines que tiene el sistema. El presente mapeo está organizado por oferta y demanda; los actores más cercanos al centro son actores claves y mientras se alejan de éste se convierten en actores secundarios de apoyo. Oferta: Se consideran como parte de la oferta aquellos actores que prestan servicios defensoriales o que coadyuvan de alguna manera en la prestación del servicio. Demanda: Se consideran como parte de la demanda aquellos potenciales actores que podrían solicitar servicios defensoriales. Una vez ubicados los actores que pueden ser parte del sistema se los caracterizó desde el punto de vista de su aporte en la implementación del Sistema Nacional de Defensoría Pública, tanto en la oferta como en la demanda de servicios defensoriales; esto permite ubicar en qué temas específicos se pueden encontrar puntos de articulación. 21

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24 24 d. Estructura orgánica La estructura orgánica de la Defensoría Pública fue aprobada a través del Estatuto Orgánico Administrativo de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría Pública del Ecuador mediante resolución No.023-DP-2011 de 16 de marzo de 2011, publicada en el registro oficial 131 de fecha 12 de abril de e. Cobertura a nivel nacional Sede administrativa: Provincia: Cantón: Parroquia: Pichincha Quito Mariscal Sucre Dirección: 6 de Diciembre No y Robles Correo electrónico: defensoria@defensoriapublica.gob.ec Página web: Teléfonos: / / ext.: 2302 Línea gratuita: Línea directa: 151 Cobertura geográfica: La Defensoría Pública tiene una cobertura a nivel nacional, pues está presente en las 24 provincias, en 126 cantones. El incremento de oficinas responde al nivel de conflictividad de cada territorio, de esta manera, el modelo de gestión se adecúa a cada espacio territorial. La Defensoría Pública tiene oficinas en cada cabecera provincial, las oficinas más grandes se corresponden a las ciudades de mayor densidad poblacional. Además, extiende su atención en otros cantones a través de arrendamiento de oficias, alianzas estratégicas con el Consejo de la Judicatura y gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que proporcionan oficinas para que los defensores públicos puedan prestar sus servicios a la ciudadanía, de esta manera, los usuarios no tienen que trasladarse a la cabecera cantonal para informarse sobre los derechos que les asisten.

25 Existe una permanente coordinación entre la Defensoría Pública, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y los GAD, que ha permitido una prestación de servicios acorde a las necesidades territoriales y se pueda incrementar progresivamente la cobertura nacional. 25

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27 f. Beneficiarios directos El artículo 191 de la Constitución ecuatoriana manifiesta que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso de la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos ( ). Considerando estos criterios, el 18 de octubre del 2012 fue publicado mediante Resolución DP-DPG , el Instructivo para la Prestación de los Servicios Defensoriales del Proceso de Patrocinio Social, en el cual se establecen los criterios de atención y materias a atenderse en el área de patrocinio social (Registro Oficial N 812). Sobre la base de este instrumento y del artículo 35 de la Constitución, se desarrolló el estudio Estimación de la demanda y caracterización de oferta de servicios de Defensoría Pública con énfasis en grupos de atención prioritaria y movilidad humana, que determinó los siguientes grupos de atención prioritaria y movilidad humana a considerarse: Niños, niñas y adolescentes (NNA). Mujeres embarazadas y madres con hijos/as menores a dos años (MEMH). Personas con discapacidad. Personas adultas mayores. Personas pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes y montubias. Personas sin instrucción primaria o básica. Personas residentes en zonas rurales. Personas en situación de movilidad humana, que han llegado al Ecuador entre 2005 y Personas trabajadoras o ex trabajadoras en situación de vulnerabilidad. 27

28 Personas que cumplen al menos con un criterio de atención para la Prestación de los Servicios Defensoriales del Proceso de Patrocinio Social: 28 Fuente: Encuesta de Percepción de Servicios, Defensoría Pública, 2012 Elaboración: División técnica de investigación - ECONÓMICA CIC

29 Fuente: Dirección de Planificación de la Defensoría Pública - Censo de Población y Vivienda 2010 INEC Elaboración: Consultora ECONOMICA CIC División Técnica de Investigación Cuantitativa g. Demanda atendida A diciembre del 2012, la Defensoría Pública ha atendido a más de personas. Esta cifra incluye los períodos como Unidad dependiente del Ejecutivo y la transición mientras se elegía a la autoridad definitiva. PERSONAS ATENDIDAS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA 29 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de la Defensoría Pública Elaboración: Dirección de Planificación de la Defensoría Pública

30 PERSONAS ATENDIDAS EN EL 2012 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de la Defensoría Pública Elaboración: Dirección de Planificación de la Defensoría Pública 30 Para la estructuración del Plan Estratégico de la Defensoría Pública , se realizó un análisis situacional de la organización con el objeto de conocer el estado en el que se encontraba al momento de terminar la transición e iniciar la nueva etapa de institucionalización y así determinar las políticas, programas, proyectos y acciones necesarios para el desarrollo institucional. h. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) El Plan Estratégico de la Defensoría Pública se realizó sobre la base de una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permitieron conocer la situación interna y externa de la organización así como las oportunidades y amenazas. Para ello, se realizaron varios talleres con los funcionarios(as) de la institución para conocer las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la Defensoría Pública. Fue un trabajo colectivo de alta relevancia, participativo y democrático, en el que cabe resaltar, entre otros, los criterios de quienes garantizan el derecho a la defensa a la ciudadanía, es decir, de los defensores públicos, quienes tienen un trato directo con los usuarios. Con ellos y con otros (as) funcionarios(as) se estructuró el siguiente FODA:

31 FODA de la Organización Fuente: Dirección de Planificación - Defensoría Pública 31 Fuente: Dirección de Planificación - Defensoría Pública

32 Fuente: Dirección de Planificación - Defensoría Pública 32 Fuente: Dirección de Planificación - Defensoría Pública

33 33 Funcionarios (as) de Guayas durante el Taller de Planificación. Octubre, 2012 i. Estrategias El Plan Estratégico de la Defensoría Pública contiene un conjunto de acciones planificadas, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento institucional.

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36 Elementos orientadores de la institución 36 Funcionarios (as) de Tungurahua durante el Taller de Planificación. Noviembre, 2012 a. Visión Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz. b. Misión Defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos.

37 37 c. Ejes estratégicos SISTEMA NACIONAL DE DEFEN- SA PÚBLICA: La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los consultorios jurídicos de las universidades con quienes se propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la cobertura de servicios defensoriales. El Sistema Nacional de Defensa Pública está conformado por consultorios jurídicos gratuitos de universidades, ONG, entre otras instituciones. El Sistema Nacional de Defensa Pública, propuesta innovadora desde la Defensoría Pública, fue concebido para articular las acciones entre los operadores de justicia y las diferentes organizaciones que aportan en menor y mayor medida con la restitución y defensa de los derechos de quienes se encuentran en estado de indefensión. Además, busca la eficiencia y la optimización de recursos al evitar la duplicación de esfuerzos en la ampliación de la cobertura de los servicios defensoriales.

38 38 FORTALECIMIENTO INSTITUCIO- NAL: La Defensoría Pública es una institución relativamente nueva, por lo tanto, una de sus prioridades es generar las suficientes capacidades institucionales (talento humano, de infraestructura física y tecnológica, en términos de cobertura, calidad y calidez), para responder adecuadamente a la demanda de servicios de defensa. El fortalecimiento institucional es indispensable en la medida en que las organizaciones desarrollan su accionar con conciencia de sus debilidades y están empeñadas en superarlas, y así tender a la excelencia y el cumplimiento de sus objetivos y metas. COMUNICACIÓN CORPORATIVA: La Defensoría Pública ha definido en su planificación institucional a la comunicación corporativa como un eje estratégico para los seis años de gestión, ante lo cual se ha puesto como objetivo lograr que la Defensoría Pública sea reconocida por la sociedad como una institución transparente y eficiente que facilita el acceso gratuito a la justicia. La Defensoría Pública pone énfasis en una comunicación con enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional basada en los principios constitucionales y legales de equidad, justicia, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, control social, gratuidad y apertura institucional hacia la ciudadanía. Esta comunicación establece las formas de relacionamiento de la Defensoría Pública con sus diferentes públicos: usuarios (as) del servicio, entidades de gobierno (nacional y local), organismos internacionales, medios de comunicación, funcionarios (as) de la institución y la sociedad en general. CULTURA DE PAZ: La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la ciudadanía. COORDINACIÓN CON EL SECTOR JUSTICIA: Como parte del sistema de justicia, la Defensoría Pública necesita coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía, evitar duplicación de esfuerzos y compartir información, tecnologías, procesos y recursos.

39 Valores 39 Funcionarios (as) durante el Taller Planificación Estratégica de la Organización. Octubre, 2012

40 40 Fuente: Diseño de una estrategia de Comunicación Interna y Cultura Organizacional para el Sistema de la Función Judicial. Great Place to Work.

41 d. Objetivos estratégicos institucionales, metas e indicadores por ejes estratégicos Indicador 1.1.2: 100% de consultorios jurídicos de universidades acreditados anualmente. EJE SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA Objetivo 1: Garantizar el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Defensa Pública gratuita y de calidad para el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos. Meta 1.1: Hasta el 2018, el Sistema Nacional de Defensa Pública está conformado y en funcionamiento. Indicador 1.1.1: Hasta el año 2013, se define el 100% del Modelo de Gestión de Acreditación y Evaluación en la Defensoría Pública. Indicador 1.1.3: Hasta finales del año 2018, se vincula al 20% de los Consejos Provinciales al SNDP. Indicador 1.1.4: Hasta finales del año 2018, se vincula (acercamiento, convenios, oficios) al 10% de GAD municipales. Indicador 1.1.5: Hasta el año 2018, se articula con el 5 % de ONG s que cuentan con consultorios jurídicos gratuitos. Meta 1.2: Hasta el 2018, se incrementa el número de beneficiarios atendidos. Indicador 1.2.1: personas atendidas anualmente por el Sistema Nacional de Defensa Pública. Indicador 1.2.2: Alcanzar el 60% de eficiencia en la resolución de causas penales acumuladas al Meta 1.3: Hasta el 2018, se coordina con programas sociales del gobierno para la prestación de servicios legales gratuitos. 41

42 42 Indicador 1.3.1: Un convenio anual con programas sociales de gobierno para la prestación de servicios legales gratuitos. Meta 1.4: Hasta el 2018, se mejora las capacidades técnicas de los profesionales de los consultorios jurídicos acreditados. Indicador 1.4.1: 40% del personal de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados incrementa sus capacidades técnicas. Indicador 1.4.2: Conformar al 100% la Red Nacional de Investigación con consultorios jurídicos de universidades. EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Objetivo 1: Mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda en el territorio nacional. Meta 1.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública cuenta con infraestructura propia, adecuada y equipada al menos en las cabeceras provinciales. Indicador 1.1.1: 90% de infraestructura propia de la Defensoría Pública en las cabeceras provinciales. Indicador 1.1.2: 90% de oficinas en las cabeceras provinciales de la Defensoría Pública cuentan con el equipamiento necesario.

43 Indicador 1.1.3: 40% de servidores de la Defensoría Pública formados y orientados al cumplimiento de derechos. Meta 1.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública cuenta con disponibilidad de por lo menos un defensor público en cada cantón. Indicador 1.2.1: Un defensor público disponible por cada cantón. Objetivo 2: Brindar un servicio eficiente, de calidad, calidez y oportunidad. Meta 2.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública incrementa el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que brinda la Defensoría Pública. Indicador 2.1.1: Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Defensoría Pública en un 2% anual. Indicador 2.1.2: Al menos el 50% de causas en materias de patrocinio social de la Defensoría Pública con una resolución judicial. Meta 2.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública estandariza los procesos en la producción de servicios de atención a los usuarios. Indicador 2.2.1: 90% de los procesos de la producción de servicios se han estandarizado en la Defensoría Pública para la atención al usuario en cabeceras provinciales. Meta 2.3: Hasta el 2018, la Defensoría Pública implementa las áreas de atención al cliente a nivel nacional con personal capacitado. Indicador 2.3.1: 23 oficinas provinciales cuenta con balcones de servicios implementados con personal capacitado en atención al usuario. Objetivo 3: Establecer los modelos de gestión de la Defensoría Pública flexibles que se articulen a la Función Judicial y a las demandas de la ciudadanía. Meta 3.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública implementa modelos de gestión de servicios en el territorio nacional. Indicador 3.1.1: 100% de las tipologías de gestión de servicios definidas. 43

44 44 Indicador 3.1.2: 60% de defensorías provinciales adoptan las tipologías de gestión de servicios. Meta 3.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública implementa las líneas de servicio según instructivo expedido mediante Resolución 085. Indicador 3.2.1: 100% de líneas de servicio implementadas en la Defensoría Pública. Meta 3.3: Hasta el 2018, la Defensoría Pública aplica un sistema de gestión por resultados. Indicador 3.3.1: Un sistema de gestión por resultados implementado y en funcionamiento en un 50%. Meta 3.4: Hasta el 2018, la Defensoría Pública implementa proyectos de investigación, innovación y gestión de conocimiento para mejorar los procesos de planificación y gestión institucional. Indicador 3.4.1: 5 proyectos de investigación, innovación y gestión del conocimiento implementados para mejorar los procesos de planificación y gestión institucional. Meta 3.5: Hasta el 2018, la Defensoría Pública mejora la cultura organizacional de la institución. Indicador 3.5.1: 20% de incremento de índice de cultura organizacional de acuerdo a la línea de base (70%). Meta 3.6: Hasta el 2018, la Defensoría Pública ajusta la estructura organizacional con base las demandas de la ciudadanía. Indicador 3.6.1: Estatuto orgánico reformado. Meta 3.7: Hasta el 2018, la Defensoría Pública, implementa políticas de responsabilidad social institucional. Indicador 3.7.1: 60% de políticas de responsabilidad social exigidos por las normativas nacionales implementados en la institución. Meta 3.8: Hasta el 2018, la Defensoría Pública genera estadísticas, estándares, indicadores que fortalezcan los procesos de toma de decisiones Indicador 3.8.1: 100% de generación de estadísticas, estándares, indicadores que fortalezcan los procesos de toma de decisiones.

45 EJE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Objetivo 1: Lograr que la Defensoría Pública sea reconocida por la sociedad como una institución transparente y eficiente que facilita el acceso gratuito a la justicia. Meta 1.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública transparenta la información de su gestión. Indicador 1.1.1: 100% de cumplimiento de la LOTAIP. Indicador 1.1.2: Edición anual de la memoria institucional. Indicador 1.1.3: Una auditoría financiera anualmente. Indicador 1.1.4: 2 auditorías de gestión. Meta 1.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública rinde anualmente cuentas a la ciudadanía. Indicador 1.2.1: Un acto público de rendición de cuentas al año. Meta 1.3: Hasta el 2018, la Defensoría Pública es conocida por la sociedad como una entidad que facilita el acceso a la justicia. Indicador 1.3.1: El 50% de la población conoce de la existencia de la Defensoría Pública. Meta 1.4: Hasta el 2018, la Defensoría Pública incide en el contexto internacional para liderar propuestas en materia de defensa pública. Indicador 1.4.1: Al menos 3 eventos internacionales organizados por la DP para liderar propuestas en materia de defensa pública. Meta 1.5: Hasta el 2018, la Defensoría Pública sensibiliza y conciencia a la sociedad sobre sus servicios 45

46 Indicador 1.5.1: El 60% de la población que conoce de la existencia de la DP está de acuerdo con los servicios que presta. 46 Objetivo 2: Establecer un sistema de comunicación y coordinación interna para contribuir a mejorar la cultura organizacional. Meta 2.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública diseña e implementa sistemas de comunicación y coordinación que permitan mejorar la eficiencia institucional. Indicador 2.1.1: Un sistema de comunicación y coordinación interna implementado Meta 2.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública mejora el grado de satisfacción de los clientes internos. Indicador 2.2.1: 75% de satisfacción de los clientes internos de la Defensoría Pública. EJE CULTURA DE PAZ Objetivo 1: Promover una cultura de paz para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de la solución alternativa de conflictos. Meta 1.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública contribuye a la solución de conflictos a través de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de los mismos. Indicador 1.1.1: 10% anual de causas ingresadas a la Defensoría Pública, en las que se han aplicado mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). Meta 1.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública incrementará el número de usuarios que conocen sobre otros mecanismos de resolución de conflictos.

47 Indicador 1.2.1: 60% de usuarios de servicios de defensa pública conocen sobre los MASC. Meta 1.3: Hasta el 2018, la Defensoría Pública realiza campañas de educación ciudadana en el conocimiento de solución de conflictos en el marco de la cultura de paz. Indicador 1.3.1: Una campaña anual. Meta 1.4: Hasta el 2018, la Defensoría Pública incrementa la cobertura de MASC en el territorio. Indicador 1.4.1: Al menos un 40% de las oficinas de la Defensoría Pública en las cabeceras provinciales prestan servicio de mediación. judicial para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Meta 1.1: Hasta el 2018, la Defensoría Pública propone políticas para el sector justicia. Indicador 1.1.1: Cinco propuestas de políticas formuladas por la Defensoría Pública para el sector justicia. Indicador 1.1.2: 4 propuestas de proyectos de ley presentados por la Defensoría Pública. Indicador 1.1.3: El 50% de información de bases de datos se comparte interinstitucionalmente. Meta 1.2: Hasta el 2018, la Defensoría Pública promueve encuentros con operadores del sector justicia para el mejoramiento de la Función Judicial. Indicador 1.2.1: Al menos cinco encuentros para el mejoramiento de la Función Judicial. 47 EJE COORDINACIÓN CON EL SECTOR JUSTICIA Objetivo 1: Coordinar y contribuir con el fortalecimiento de la función

48 Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir El Plan Estratégico de la Defensoría Pública se encuentra alineado al Plan Nacional del Buen Vivir como se evidencia en la siguiente matriz: 48 Fuente: Dirección de Planificación - Defensoría Pública

49 Programas y Proyectos Plurianuales 49

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51 51 Funcionarios (as) de Manabí durante el Taller de Planificación. Diciembre, 2012 Funcionarios (as) de Azuay y Cañar durante el Taller de Planificación. Diciembre, 2012

52 Seguimiento y Evaluación 52 La Defensoría Pública se encuentra en el proceso de implementación de herramientas de gestión como el Balanced Scorecard (Tablero de comando), que permitirá optimizar la gestión, el monitoreo y el seguimiento de todos los objetivos e indicadores estratégicos de las diferentes unidades, así como la rendición de cuentas y el acceso a una información oportuna y relevante del accionar institucional. Las autoridades de la Defensoría Pública pueden tomar sus decisiones en aspectos técnicos, administrativos y estratégicos, apoyados en esta herramienta, que agilita su gestión y apoya la generación de respuestas adecuadas ante las exigentes demandas que requiere la ciudadanía, en el marco de un proceso institucional de mejoramiento continuo, prestador de un servicio público a través de una adecuada gestión técnica y de una eficiente utilización de los recursos. La Institución pretende desarrollar y consolidar un modelo de gestión por resultados con un esquema proactivo, garantizando la consecución de los objetivos de corto, mediano y largo plazos, establecidos como parte de la planificación estratégica, operativa en el marco de la legislación, normativa y atribuciones que le competen. Funcionarios (as) de El Oro durante el Taller de Planificación. Noviembre, 2012

53 Abreviaturas AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador. BNF: Banco Nacional de Fomento. CJ: Consultorios Jurídicos. CNNA: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. COFJ: Código Orgánico de la Función Judicial. CONADIS: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades del Ecuador. CONAGOPARE: Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. FENOCIN: Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. FJ: Función Judicial. FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. GAD S: Gobiernos Autónomos. IAEN: Instituto de Altos Estudios Nacionales. MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. MASC: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. MEMH: Mujeres embarazadas y madres con hijos(as) menores a dos años. MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. MRL: Ministerio de Relaciones Laborales. NNA: Niños, Niñas y Adolescentes. ONG: Organización No Gubernamental POA: Plan Operativo Anual. PPL: Persona Privada de la Libertad. SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. SNDP: Sistema Nacional de Defensa Pública. UTGDPP: Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal. 53

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