CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL JUICIO PENAL NO RESOLUCIÓN NO PROCESADO: ROMET KOLLO OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO RECURSO: CASACIÓN POR: TENENCIA Y POSESIÓN ILICITAS DE ESTUPEFACIENTES

2 é& CORTE / 1 S NACIONALQE JUSTICIA JUEZ PONENTE DOCTOR MERCK BENAVIDES CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL. Quito, 21 de mayo de 2013; a las 10h30.- VISTOS: ( ) En virtud al sorteo realizado, corresponde el conocimiento de esta causa al Dr. Merck Benavides Benalcázar como Juez Ponente, y; a la Dra. Lucy Blacio Pereira y Dr. Paúl Iñiguez Ríos como Jueza y Juez integrantes de este Tribunal; de conformidad con lo dispuesto en los Ms. 141 y 183, inciso sexto del Código Orgánico de la Función Judicial. En lo principal, la sentencia dictada por la Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, confirma en todas sus partes la sentencia emitida por el Tercer Tribunal de Garantías Penales del mismo distrito, que declara culpable en el grado de autor a Romet Kollo, del delito tipificado y reprimido en el Art. 62, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta salarios mínimos vitales generales; interpone recurso de casación el sentenciado, para ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. PRIMERO: COMPETENCIA: Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el recurso de casación, conforme lo disponen: los Arts y 76.7.k, de la Constitución de la República; Ms. 184 y 186.1, del Código Orgánico de la Función Judicial; y, Art. 349, del Código de Procedimiento Penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL: 1

3 *aa CORTE / Y S NACIONAL DE N>er JUSTICIA El recurso de casación, ha sido tramitado conforme la norma procesal del Art. 352, del Código de Procedimiento Penal, y lo dispuesto en el Art. 76.3, de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se declara su validez. TERCERO: ANTECEDENTES DE LA CAUSA: Según parte de aprehensión de fecha 30 de julio de 2009, suscrito por agentes antinarcóticos se establece que al revisar el equipaje al pasajero Romet Kollo quien en ese momento se disponía a viajar en la aerolínea LAN con destino a Buenos Aires, Argentina y al pasar el control antinarcóticos del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, en su bolso de mano llevaba camuflado dos fundas plásticas de color blanco conteniendo una sustancia blanquecina que al someterla a la prueba preliminar de campo dio como resultado preliminar positivo para cocaina, por lo que se le detuvo leyéndole sus derechos en idioma ingles y se le puso a orden del fiscal correspondiente. La Jueza Segundo de Garantías Penales del Guayas, encargada del juzgado décimo quinto de garantías penales como resultado de la instrucción fiscal en la que se desprendían presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y la participación del procesado, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Romet Kollo, en calidad de presunto autor del delito que tipifica el Art. 62, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. CUARTO: ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN LA AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA: Según lo dispuesto en el Art. 352, del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el Art. 345, ibídem, se llevó a cabo la audiencia oral, pública y contradictoria, en la que se expresa: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DEL RECURRENTE: 2

4 jl) C~tjL St. CORTE 1 NACIONALD~ \er JUSTICIA El abogado Colón Delgado Cedeño, defensor del recurrente Romet Kollo, fundamenta el recurso de casación manifestando que: Este recurso lo fundamenta de conformidad con lo establecido en el Art. 349, del Código de Procedimiento Penal, por haberse hecho una falsa aplicación, y una errónea interpretación, como consta de autos; que el Tercer Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a su defendido a la pena de 12 años de reclusión mayor extraordinaria, sin tomar en cuenta las atenuantes de acuerdo al Art. 72 del Código Penal, estos ciudadanos que vienen a este país por primera vez desconociendo el idioma, son utilizados por otras personas para el tráfico de drogas, pero son pasantes, no son consumidores ni expendedores, lo que significa que se encuadra en el Art. 59 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir el corretaje, la intermediación; la ley de drogas es una ley especial; que se le debería aplicar la pena de 8 a 12 años; que según la teoría de varios autores determinan que es un oficio de ciertas personas, oficio ilícito, por eso se los castiga, pero tiene que ser de acuerdo al Art. 59, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; que aplicando la sana crítica, solicita adecúen el delito de acuerdo a la ley ya que ha habido una interpretación errónea de la misma CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: El doctor Andrés Idrovo, representante del Fiscal General del Estado, indicó que: Fiscalía resalta las dos alegaciones presentadas por el recurrente, tanto la atenuación de la pena, así como el cambio de tipo penal; respecto al primer punto considera que este es una facultad privativa del juzgador en cuanto a la imposición de la pena, y a las atenuantes, pero resalta el hecho de que en la sentencia y en el acta de la audiencia de juzgamiento, no se ha evidenciado por parte de la defensa que justifique el Art. 29 del Código Penal, cualquiera de las circunstancias establecidas en dicha norma, como para que sean 3

5 a CORTE /7 N~CJON~I~D~ ~&er JUSTICIA consideradas al respecto de la modificación de la pena; respecto a la subsunción al tipo penal del Art. 62, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, considera que ha sido debidamente aplicado, porque de los testimonios rendidos por los agentes antinarcóticos, quienes realizaron el control de rutina, encontraron en posesión del recurrente la sustancia sujeta a fiscalización, esto es cocaína, la misma que se encontraba debidamente camuflada y recubierta con cinta de embalaje, y en un doble fondo de las dos mochilas, en ese sentido la tipificación ha sido correcta; no se puede aceptar el criterio del abogado del recurrente porque la actividad probatoria por el Art. 59, es totalmente diferente, siendo que ha sido analizada la prueba en función del Art. 62; la Fiscalía considera que no hay violación a la ley en ninguna de las formas establecidas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita se rechace este recurso. QUINTO: ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL: 5.1. El nuevo régimen constitucional y la determinación de un Estado constitucional de derechos y de justicia; denota un cambio en el ejercicio de las facultades sobre la aplicación de las normas y principios constitucionales; la Constitución de la República, establece la supremacía constitucional, pero en tratándose de derechos humanos prevalecerán los contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969), garantiza la seguridad jurídica, las garantías judiciales y la igualdad de las ciudadanas y los ciudadanos ante la ley, en sus Arts. 8 y 24, principios recogidos y positivizados en los Arts. 76, 77 y 82, de nuestra carta fundamental. El Art. 8.2.h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al referirse a las Garantías Judiciales dispone:...durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.... 4

6 7é& CORTE / 1 NACIONALUE \>er JUSTICIA ~t4ç 5.2. La casación, como juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo, (TORRES Jorge y PUYANA Manuel, citados por RODRIGUEZ Orlando, en su obra Casación y Revisión Penal, pág. 20). Por tanto, el recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación que busca la correcta aplicación de la ley, es decir, observar si se ha violado la ley en la sentencia, ya por contravenir expresamente su texto, por haber hecho una falsa aplicación de ella, o interpretado erróneamente, como lo dispone el Art. 349, del Código de Procedimiento Penal Este recurso se resuelve, en función de aquellas normas que el casacionista ha considerado que han sido violadas en la sentencia recurrida que ha dictado el tribunal de apelación, es por eso muy importante que el recurrente argumente de manera exhaustiva cuales disposiciones jurídicas de la ley se han vulnerado en el caso concreto; para ello, esta violación debe ser, una de aquellas que se consideran como directas, es decir, que la vulneración al precepto legal haya sido dada en sentencia, por contravención expresa de su texto, indebida aplicación o errónea interpretación, estos aspectos son volitivos del juzgador, en los que, al utilizar el precepto legal, yerra en el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, que le lleva a inaplicar o a aplicar de manera equivocada, y por tanto dictar una sentencia contraria al ordenamiento jurídico. Es importante que el casacionista al interponer el recurso de casación, lo haga con claridad, siendo categórico al determinar que la sentencia emitida por el tribunal ad quem viola la ley, por alguna de las tres causales ya anotadas, para que de esta manera el Tribunal de Casación sobre la argumentación y fundamentación vertidas en la audiencia oral pública y contradictoria, se forme 5

7 S& CORTE / Y fl NACJONALDE \~er un juicio de valor para poder pronunciarse sobre el caso concreto puesto a su conocimiento y resolución, por lo que el papel de abogado litigante es de trascendental importancia, que tiene que ser asumida con la mayor responsabilidad al momento de fundamentar su recurso La casación penal, en los delitos de acción pública, se puede interponer en contra de la sentencia que ha dictado el tribunal ad quem, cuando se haya detectado una violación de la ley, como dispone el Art. 349, del Código de Procedimiento Penal. Es preciso manifestar que se reconocen como fines esenciales de la casación, la defensa del Derecho Objetivo, buscándose con ello el imperio de la seguridad jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia, aspectos que se encuentran regulados por la Constitución de la República del Ecuador El casacioncita al fundamentar su recurso, argumenta una falsa aplicación, y una errónea interpretación del Art. 72, del Código Penal, que refiere a la aplicación y modificación de las penas; la argumentación anotada por el recurrente es insuficiente para determinar una supuesta violación de la ley en la sentencia dicta por el Tribunal ad quem; si analizamos el tipo penal que ha sido objeto de sanción en el presente caso tenemos que la Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, confirma la sentencia emitida por el Tercer Tribunal de Garantías Penales del mismo distrito, que declara a Romet Kollo culpable en el grado de autor, del delito tipificado y reprimido en el Art. 62, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que es necesario referirnos a la tipificación del Art. 62, de mencionada ley, misma que establece: Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas. - Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a 6

8 ,~ ~é& CORTE a NACIONALDE JUSTICIA cualquier título, o que esté bajo su dependencia o con tro~ serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil sa/arios mínimos vitales generales Lo que sanciona este tipo penal es la tenencia y posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas comprendiéndose por tenencia y posesión el ánimo consiente de tenerla y disponer de ellas ya que se ejerce el dominio sobre dichos alcaloides. Del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la resolución final a la que arriban los juzgadores, esto es de sancionar a Romet Kollo como autor del delito tenencia y posesión de sustancias estupefacientes y sicotrópicas es contradictoria a los acontecimientos fácticos constantes en la misma, ya que estos se ajustan a lo establecido en el Art. 61, supra que establece: Sanciones para el transporte. - Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No serán responsables los transportistas que desconocieren el contenido de la carga transportada. Es así que Romet Kollo, realizó acciones propias que configuran el delito penal de transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ya que la sustancia sujeta a fiscalización sería llevada desde Guayaquil-Ecuador a Buenos Aires-Argentina, siendo detenido en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, por lo que se colige claramente que su actuación se subsume al cometimiento de este delito como autor, pero quedando únicamente en el grado de tentativa de transporte de drogas, es decir, existiría un nexo causal entre la acción cometida por el recurrente, pues si bien realizó actos idóneos y conducentes con el objetivo de transportar la droga, el delito no se perfeccionó por la actuación de terceros, esto los agentes antinarcóticos, ya que nunca salió del aeropuerto en mención. Es por esta razón, que el Tribunal de Casación, analizando esta situación jurídica, determina que el delito no se consumó, en consecuencia la conducta antes descrita se enmarca en el Art. 16 7

9 ~*é& CORTE / X a NACIONALUE \~?er JUSTICIA del Código Penal, el cual determina: Art Quien practica actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, responde por tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se verifica. Si el autor desiste voluntariamente de la acción está sujeto solamente a la pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción diversa, excepto cuando la Ley, en casos especiales, califica como delito la mera tentativa. Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena establecida para la tentativa, disminuida de un tercio o la mitad. Por su parte el Art. 46 del mismo cuerpo legal establece la sanción que se le debe imponer al autor del ilícito en grado de tentativa: Art Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos tercios de la que se les habría impuesto si el delito se hubiere consumado. Para la aplicación de la pena se tomará necesariamente en considera cion el peligro corrido por el sujeto pasivo de la infraccion y los antecedentes del acusado El Art 358, del Codigo de Procedimiento Penal, faculta al tribunal casar de oficio la sentencia si en esta se observa un~ violación a la ley, aunque la fundamentación del recurrente haya sido equivocada; y, en aplicación del principio lura Novit Curia, el juez conoce el derecho, siendo que los sujetos procesales están obligados a probar los hechos, debiendo el juez aplicar el derecho y la norma que corresponda al caso en concreto Se concluye así, que el recurrente en la fundamentación del recurso de casación, no determina de manera lógica y jurídica, los errores de derecho en los que incurre el juzgador ad quem en la sentencia, conforme lo determina el Art. 349, del Código de Procedimiento Penal; es necesario anotar que el recurso de casación, tiene como objeto velar por la seguridad jurídica, por lo que al presentarse este recurso necesariamente debe estar orientado a determinar que ha existido una contravención expresa, una indebida aplicación, una errónea interpretación, C..) una indebida aplicación supone haber aplicado una norma que no corresponde con los antecedentes del caso(...) interpretar 8

10 CORTE / X a NACIONAL DE \>er JUSTICIA significa buscar el alcance del contenido de la Ley, confrontándole con el caso concreto, es determinar la ratio de la norma de conformidad con su ámbito de protección. De lo que se trata es encontrar el alcance y el sentido de la ley y cual es su racionalidad o lo que busca regular en la misma (PEÑA, Alfonso, Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal, pág. 876). Finalmente este Tribunal, en goce de la potestad que la ley le otorga, analiza la sentencia en su totalidad, esto es respecto del hecho fáctico en relación con la norma jurídica que tipifica y sanciona el mismo, ya que el juzgador hizo una indebida aplicación del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cuando en realidad la disposición legal aplicable al presente caso es el Art. 61 de la indicada ley, aclarando que el delito de transporte de drogas quedó en el grado de tentativa. RESOLUCIÓN: En mérito de lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, según lo que dispone el Art. 358, del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Pomet Kollo en razón de que no se han cumplido con las causales determinadas en el Art. 349, ibídem; sin embargo, por existir incongruencia entre la conclusión del tribunal de apelación, y la figura jurídica aplicada, por lo que enmendando el error de derecho en el que se ha incurrido, de oficio se casa la sentencia, y se declara que Romet Kollo es autor del delito tipificado y sancionado por el Art. 61, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el grado de tentativa, en concordancia con lo que disponen los Arts. 16 y 46 del Código Penal, imponiéndole la pena de dos tercios, de los doce años de reclusión mayor extraordinaria que es la mínima para esta clase de delitos, es decir se le impone la pena de ocho años de reclusión mayor 9

11 CORTE NACIUi~At DE JUSTICIA extraordinaria, mas multa de sesenta salarios mínimos vitales. Devuélvase el proceso al tribunal de origen para los fines legales pertinentes.- Actué la doctora Martha Villarroel Villegas, en calidad de Secretaria Relatora encargada, de conformidad con la acción de.per~ónal No DNP-MY. NOTIFÍQUESE. D~artha Viliarr Villegas SECRETARIA RELATORA (E) Certifico que las copias que anteceden en ocho (8) fojas son iguales a sus originales. Quito, 12 de junio de Vil el Vi egas SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO PENAL CORTE NACIONAL DE JUSTICIA (E)