Guadalajara, Jalisco, a cinco de abril de dos mil dieciocho.

Transcripción

1 JUICIO ELECTORAL EXPEDIENTE: SG-JE-14/2018 PROMOVENTES: GARCÍA SOJO Y OTROS EUSEBIA AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (DE NAYARIT) MAGISTRADA PONENTE: GABRIELA DEL VALLE PÉREZ SECRETARIA: MÁRQUEZ VALENCIA ERÉNDIRA Guadalajara, Jalisco, a cinco de abril de dos mil dieciocho. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública de esta fecha, emite sentencia en el sentido de confirmar la resolución impugnada. ANTECEDENTES De las constancias del expediente, se advierte: I. Cargos de elección popular. Las personas manifiestan, que se desempeñaron como regidores en el Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, pues fueron electas para ocupar dichos cargos durante el periodo , en la citada municipalidad. II. Proceso electoral El cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevaron a cabo los comicios en el Estado de Nayarit, para renovar, entre otros cargos, los ayuntamientos de esa entidad federativa.

2 III. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano nayarita. Derivado de la conclusión de sus encargos como regidora y regidores, el once de enero de dos mil dieciocho, promovieron juicio ciudadano local ante el Tribunal Estatal Electoral (de Nayarit), reclamando del actual Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit, el pago de diversas prestaciones procedentes al desempeño de las funciones que ejercieron en el periodo anterior. IV. Resolución. Tal inconformidad, fue radicada ante la responsable con el número de expediente TEE-JDCN- 01/2018; mismo que fue resuelto el uno de marzo de esta anualidad, decretando desechar el juicio de mérito. V. Juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. En contra de lo anterior, el catorce de marzo posterior, los justiciables presentaron ante la autoridad responsable el juicio que se resuelve, mismo que fue remitido el quince de marzo siguiente. 1) Recepción en Sala. El veintiséis de marzo del presente año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el escrito y demás constancias que se estimaron pertinentes. 2) Turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta acordó registrar el medio de impugnación 1 con la clave SG-JE- 14/2018 y turnarlo a la ponencia a su cargo 2. 1 Si bien la demanda fue presentada como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad a lo estipulado en el Asunto General 2/2017 la Magistrada Presidenta instruyó formarlo como Juicio Electoral. 2 Acuerdo que fue cumplimentado por la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Regional mediante el oficio TEPJF/SG/SGA/526/2018 de esa misma fecha. 2

3 3) Radicación, admisión y cierre. Mediante acuerdo de veintisiete de marzo del presente año, la Magistrada instructora radicó en su ponencia el expediente de mérito; en su oportunidad se admitió la demanda del juicio en comento, y se declaró cerrada la instrucción, dejando el asunto en estado de dictar sentencia. R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia. Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, al haber sido promovido por diversos ciudadanos, contra una determinación dictada por el Tribunal Estatal Electoral (de Nayarit), que consideran violan sus derechos político electorales; autoridad que se encuentra dentro del ámbito territorial y supuesto en el que esta Sala ejerce jurisdicción. Lo anterior con fundamento en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución): Artículos 41, párrafo segundo, base VI; 94, párrafo primero; y 99, párrafo cuarto, fracción X. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Ley Orgánica): 1, fracción II; 184; 185; 186, fracción III, y X y 195, fracción XIV. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de medios): 3, párrafo 1; 4; 6, párrafo 1; 9, y 12. 3

4 Acuerdo INE/CG329/2017: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 3 Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 4 Acuerdo General 2/2017: relativo al registro y turno de los asuntos presentados ante las salas de este órgano jurisdiccional 5. SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Este órgano jurisdiccional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7; 8 y 9, párrafo 1 de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente: a) Forma. El requisito en estudio se cumple, toda vez que la demanda se presentó por escrito y en ella se hace constar los nombres y firmas de quienes promueven el juicio de mérito; además, señalan domicilio electrónico 6 para recibir notificaciones, e identificaron la resolución impugnada, así como a la responsable, finalmente se indican los preceptos presuntamente violados, y exponen los hechos y agravios que consideraron suficientes. 3 Aprobado en sesión extraordinaria del veinte de julio de dos mil diecisiete. Publicado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación. 4 Y sus modificaciones realizadas mediante acuerdo de Sala Superior de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete. 5 Acuerdo dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el nueve de marzo de dos mil diecisiete. 6 El cual fue autorizado mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. 4

5 b) Oportunidad. Esta exigencia se tiene por satisfecha, puesto que de constancias se advierte que el acto impugnado fue notificado el ocho de marzo de esta anualidad, por tanto, si la demanda fue presentada el catorce posterior, su promoción se realizó dentro del plazo de cuatro días que prevé la ley procesal de la materia, pues al no encontrarse vinculada la demanda al proceso electoral, se debe de excluir del cómputo los días sábado diez y domingo once, ambos del mes de marzo. c) Legitimación. La parte actora cuenta con legitimación para promover el medio de impugnación, ello es así, puesto que hacen valer presuntas violaciones a su esfera de derechos político-electorales por actos atribuidos al Tribunal Estatal Electoral (de Nayarit). d) Interés jurídico. Tal extremo se tiene por colmado, pues quienes promueven se duelen del desechamiento decretado a su medio de impugnación interpuesto ante el tribunal local, autoridad responsable que reconoce tal circunstancia; lo cual a decir de quienes aquí se duelen, genera afectación a su ámbito individual de derechos. e) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme debido a que no existe un medio de impugnación ordinario que deban agotar previo a acudir ante esta instancia federal, según lo dispuesto en la Ley de Medios. Por tanto, toda vez que se cumplen los requisitos generales y no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, lo conducente es realizar el estudio de la controversia planteada. 5

6 TERCERO. Agravios. En la especie, la parte actora se inconforma de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (de Nayarit), pues tal autoridad desechó el juicio promovido por su parte al considerar que la materia del mismo no era de naturaleza electoral, situación que, en esencia, consideran quienes promueven viola el principio de tutela judicial efectiva, así como sus derechos político electorales en su vertiente de libre ejercicio del cargo. CUARTO. Estudio de fondo. A juicio de este órgano jurisdiccional, las consideraciones hechas por la parte actora resultan infundadas por las razones que se exponen a continuación. La ciudadana y los accionantes comparecieron ante la responsable a dolerse de la falta de pago de una serie de prestaciones económicas derivadas del ejercicio del cargo de regidores del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, durante la administración municipal El tribunal responsable determinó desechar el juicio de referencia, por considerar que no era de naturaleza electoral dado que la y los quejosos, a la fecha de la interposición de la demanda, habían concluido el cargo de regidores municipales, situación que el tribunal consideró necesaria para estar en posibilidad de considerar el litigio como electoral. Desde la perspectiva de la parte actora, tal determinación violenta sus derechos humanos recogidos en los numerales 8, 23 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues, a su juicio, con ella se vulnera el principio 6

7 constitucional de tutela judicial efectiva y su derecho político electoral en la modalidad de libre ejercicio del cargo, al considerar que, con el desechamiento, se les deja en estado de indefensión, pues estiman que la vía para reclamar las prestaciones económicas derivadas del ejercicio de los cargos de elección popular es la electoral. Ahora bien, a juicio de este Pleno, no le asiste razón a la parte actora, pues fue correcta la determinación del tribunal electoral responsable de desechar la demanda interpuesta, porque, en efecto, la controversia planteada no es de naturaleza electoral. Ciertamente, como afirma la parte actora, la Sala Superior de este órgano jurisdiccional ha considerado que la falta de pago de las prestaciones económicas de los servidores públicos de elección popular podría entrañar una violación al derecho humano de ser votado, en su vertiente de libre ejercicio y desempeño del cargo, pues al ser restringido o suprimido el derecho a percibir una remuneración adecuada, que tiene base constitucional, podría incidir negativamente en el desempeño independiente de la función para la que fueron electos. Sin embargo, para estar en aptitud de vincular la falta de pago de prestaciones económicas con el derecho a ejercer y desempeñar el cargo, es necesario que se esté desempeñando el cargo al momento de reclamar las prestaciones económicas. Lo anterior es así, dado que lo que hace que un acto u omisión administrativa, como el que dio origen al juicio local, sea de naturaleza electoral y, por ende, susceptible de ser analizado por tribunales especializados en dicha materia, es la estrecha relación existente entre el acto que se analiza y algún 7

8 derecho político electoral. Sin esta vinculación, no es posible analizar, desde la perspectiva electoral, la validez o invalidez de la omisión que se impugna. En el caso que nos ocupa, quienes ahora impugnan fungieron como regidores en la administración municipal de Rosamorada, Nayarit. Como se dijo, a la fecha en la que presentaron su demanda, habían dejado el cargo por conclusión del periodo constitucional para el que fueron electos. De lo anterior se sigue, que, a la fecha de la interposición de la demanda, la parte actora carecía de algún derecho a ejercer y desempeñar el cargo de elección popular desempeñado, pues al terminar su encomienda, dejan de tener el derecho político electoral que sostienen les fue vulnerado, y, por tanto, no encontraría soporte constitucional la intervención de los tribunales especializados en dicha materia, dado que no existe derecho político electoral cuyo goce deba ser restituido en favor de los quejosos. En tal virtud, resulta correcta la determinación del tribunal local, porque aun cuando las prestaciones económicas cuya falta de pago motivó la presentación del juicio ciudadano local son derivadas del cargo constitucional para el que fueron electos, al ser reclamadas fuera del periodo en que estuvieron en funciones, dejan de tener vinculación con el derecho al libre ejercicio del cargo, y, como consecuencia de ello, resultan ajenas a la materia electoral, como esta Sala lo ha sostenido en las sentencias dictadas en los expedientes SG-JE-10/2017 y SG-JDC-200/2017. Por ello, es que se estiman infundados los motivos de inconformidad expresados. Lo anterior, no es obstáculo para que estas mismas prestaciones sean reclamadas por vía diversa a la electoral, 8

9 pues, como se señaló, tienen fuente constitucional, por lo que esta Sala Regional considera que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la decisión de la responsable no entraña una afectación al derecho humano de acceso a la justicia, reconocido por el artículo 17 de nuestra Constitución, pues el tribunal local únicamente determinó que lo planteado no podía ser resuelto en la vía electoral ante la falta de derecho político electoral que proteger. Finalmente, debe decirse que la referencia al derecho humano de acceso a la justicia que se dice vulnerado, no exime a la y los reclamantes del cumplimiento de los presupuestos procesales establecidos por la legislación para el acceso a los medios de impugnación en materia electoral, como lo es la competencia en razón de la materia, criterio que no puede considerarse restrictivo del derecho humano de acceso a la justicia, 7 pues existen otras instancias jurisdiccionales en materia administrativa constitucionalmente establecidas y facultadas para estudiar y resolver la controversia planteada como juicio electoral por los actores. De ahí que resulte infundado lo argumentado por quienes promueven. No pasa por desapercibido para este órgano colegiado, la solicitud de ejercicio de control de convencionalidad realizada por la y los accionantes 8, sin embargo, puesto que no señalan la materia, ni exponen razones que apoyen tal petición, es que debe considerarse inatendible. 7 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que la exigencia de los requisitos de procedencia de las acciones es compatible con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, por lo que la actualización de alguna improcedencia no puede ser considerada contraria a los derechos humanos. Tesis de jurisprudencia: 1a./J. 90/2017 (10a.), localizable bajo rubro DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. 8 Visible a foja trece del presente sumario. 9

10 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley, devuélvanse al tribunal responsable las constancias que correspondan y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe. GABRIELA DEL VALLE PÉREZ MAGISTRADA PRESIDENTA EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ MAGISTRADO JORGE SÁNCHEZ MORALES MAGISTRADO OLIVIA NAVARRETE NAJERA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 10

11 La suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a las instrucciones de la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, CERTIFICA: que el presente folio, con número diez forma parte de la sentencia de esta fecha, emitida por esta Sala en el juicio electoral con la clave SG-JE-14/2018. DOY FE Guadalajara, Jalisco, a cinco de abril de dos mil dieciocho. OLIVIA NAVARRETE NAJERA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 11