DIRECCION JURIDICA. 12 de marzo del 2010 DAJ Ing. Paulo Córdoba Sánchez. Ingeniero Municipal

Transcripción

1 12 de marzo del 2010 DAJ Ing. Paulo Córdoba Sánchez. Ingeniero Municipal Estimado señor: En relación con su oficio DOPR-IM , mediante el cual solicita el criterio jurídico correspondiente en cuanto a la gestión que hiciera la Administración del Condominio San Agustín Segunda Etapa (Las Marías), por la cual peticiona no se otorgue permiso de construcción que solicite alguno de sus condóminos, sino presenta carta de aprobación de esa administración, al respecto le informo: Antes de dar respuesta sobre lo particular de la consulta, conviene hacer un breve repaso sobre el máximo principio rector de la función pública, como lo es el Principio de Legalidad. Este principio, surgió como un freno a las potestades de imperio de los Estados, limitando su accionar a lo que previamente estuviese establecido en la ley, por lo que todo el ejercicio del poder público esta sometido a la ley y su jurisdicción, como garantía de que la Administración no actúe al ritmo de arbitrariedades. En nuestro Ordenamiento Jurídico, tal principio se encuentra contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y en el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública N 6227, el cual en lo que es de interés indica: 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. (El subrayado no es del original) De manera resumida, el Principio de Legalidad lo que quiere decir es que la Administración Pública, puede realizar únicamente las acciones que le estén previamente autorizadas por la ley. En concordancia con este principio se promulgó la Ley de Construcciones N 833 del 5 de noviembre de 1949 y sus posteriores reformas, con el propósito de regular todo [1]

2 lo concerniente a la construcción de cualquier edificio o estructura que se pretenda levantar en el territorio de la república, en sus dos primeros artículos se establece: Artículo 1.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. Artículo 2.- Alcance de esta Ley. Esta ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será construido, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos. (El subrayado no es del original) Sobre este mismo tema el Reglamento de Construcciones, publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, señala en sus artículos 1.1 y 1.2 lo siguiente: Artículo I.1.- Objeto del Reglamento. (*) El presente Reglamento tiene por objeto fijar las normas para la planificación, diseño y construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales y de maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria, con el objeto de fomentar asegurar y proteger en la mejor forma la salud, economía, comodidad y bienestar común, mediante requisitos que garanticen en los edificios y en otras obras su solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. En particular este Reglamento fija: Los conceptos básicos y requisitos mínimos en la planificación de las obras citadas. [2]

3 Los conceptos básicos y requisitos mínimos en el diseño eléctrico, mecánico y sanitario. Las normas de calidad que deben aplicarse a los materiales. Las normas fundamentales de construcción a que deben ceñirse todas las obras civiles. Las normas de construcción de las obras provisionales, que se requieren durante el proceso. Las normas para las obras de reparación, alteración y demolición. Artículo I.2.- Alcances de Reglamento. Ya sea en propiedad pública o en propiedad privada, toda obra de demolición o excavación, o de intervención, ampliación, modificación o reparación de edificios o construcciones de cualquier índole; o bien toda estructura, instalación o elemento conformante de aquéllos, debe acatar las disposiciones de este Reglamento en cuanto a alineamiento, altura, aceras, servicios de agua, drenajes, etc. Los edificios de propiedad pública, pertenecientes al Gobierno Central o instituciones descentralizadas, quedan también sujetos a las normas mínimas que establece este Reglamento. Nótese que es a través de las anteriores fuentes normativas, que se regula lo concerniente a las construcciones de edificaciones y estructuras. En ellas se establece un marco general que regula la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria. Se establece también que dicha actividad, estará sujeta a los lineamientos mínimos y básicos que establece dicho reglamento u otra normativa de alcance general (leyes y reglamentos). De esta forma para otorgar permisos de construcción, el Departamento de Ingeniería Municipal debe verificar que las obras se adecuen a los lineamientos establecidos únicamente en la normativa aplicable y no en las disposiciones que sobre estructura y diseño se implanten al momento de constitución de un condominio. Caso contrario se estaría contraviniendo el Principio de Legalidad y la normativa aplicable, ya que tales directrices no forman parte del Ordenamiento Jurídico y el Departamento de [3]

4 Ingeniería no podría actuar incluyendo un requisito que no se encuentra contemplado en la ley. Aunado a lo anterior, al exigir la presentación de la carta de aprobación de la administración del Condominio San Agustín Segunda Etapa (Las Marías), se estaría incurriendo en una clara falta al Reglamento a la Ley N 8220 promulgado por esta Municipalidad y publicado en La Gaceta N 113, Alcance N 43 del jueves 13 de junio del 2002, pues no incluye ese documento como parte de los requisitos para otorgar el permiso de construcción. En todo caso tal requisito no podría exigirse, por cuanto las reglas sobre estructura y diseño que establezcan los condominios a sus condóminos para la construcción de sus filiales, son lineamientos de orden privado que atañen únicamente a las personas que decidan habitar en esos condominios, según el artículo 33 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, establece como algunos de los puntos básicos que debe contener el reglamento del condominio, los siguientes: e) El régimen de sanciones del condominio y los mecanismos para la resolución de disputas. f) Las reglas necesarias para afectar las fincas filiales al régimen de propiedad en condominio, las cuales se convertirán en fincas matrices, sin perder por ello su condición original. g) La posibilidad, conjunta o individual, de cambiar la forma externa de las fachadas, decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores en formas o colores distintos de los del conjunto. De manera similar el artículo 16 de esa misma ley indica: Cada propietario podrá efectuar obras y reparaciones en el interior de su finca filial; pero le estará prohibida toda innovación o modificación que afecte la estructura, las paredes maestras u otros elementos esenciales del condominio. En caso de que algún condómino infrinja las disposiciones de esa ley o el reglamento interno del condominio, podría ser sancionado de acuerdo al artículo 23 de ese mismo cuerpo normativo, pero ello no implica la denegatoria del permiso de [4]

5 construcción. De lo anterior se coligue, que el cambio en la estructura de las filiales de un condominio, no es algo que limite o restringa el permiso de construcción que esta Municipalidad pudiera otorgar, pues las disposiciones internas de esos centros habitacionales no son normativa de orden público. Claro está, las obras que se pretendan realizar deberán ajustarse a las regulaciones existentes como cualquier otra. En conclusión, resulta improcedente la solicitud hecha por la administración del Condominio San Agustín, para que esta Municipalidad deniegue cualquier permiso de construcción que a futuro gestionen sus condóminos, sino presentan la carta de aprobación de la administración. Ante un permiso solicitado por algún habitante de ese condominio, el Departamento de Ingeniería deberá darle el trámite correspondiente como a cualquier otra obra que se pretenda realizar. Cordialmente Licda. María Isabel Sáenz Soto, Msc. Directora de Asuntos Jurídicos CC/ Archivo Copiador [5]