TERCERO INTERESADO: NINGUNO. Mexicali, Baja California, nueve de agosto de dos mil trece

Transcripción

1 RECURSO DE INCONFORMIDAD: EXPEDIENTE No. RI-119/2013 RECURRENTE: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ORGANO RESPONSABLE: COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TERCERO INTERESADO: NINGUNO MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO BEJARANO CALDERAS SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: CECILIA RAZO VELASQUEZ Mexicali, Baja California, nueve de agosto de dos mil trece V I S T O S para resolver los autos del expediente RI-119/2013, formado con motivo del RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto por el GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, a través del Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, del Poder Ejecutivo local, en contra del ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR DICTADO POR LA COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA CINCO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO (sic), dentro del procedimiento radicado bajo el número de expediente CRPP/DH/73/2013, y 1

2 R E S U L T A N D O: I. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Inconforme con el Acuerdo precisado en el proemio de la presente, el quince de julio de dos mil trece, el recurrente presentó ante el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California -en adelante Consejo General- el recurso que nos ocupa. II. DE LA PUBLICIDAD A las dieciocho horas del día referido, la autoridad responsable, en cumplimiento al artículo 406, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California -en lo subsecuente la Ley-, hizo del conocimiento público la interposición del recurso; cabe manifestar, que dentro del plazo de publicidad no se presentó escrito de tercero interesado. III. DE LA RECEPCIÓN Y TURNO DEL RECURSO EN EL TRIBUNAL a) El diecinueve de julio siguiente, el Consejero Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo General remitieron a este Tribunal el recurso materia de la presente, rindiendo el informe circunstanciado en términos de la fracción V, del artículo 408 de la Ley, y anexando los documentos a que se refiere dicho precepto. 2

3 b) Una vez recibido el recurso en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y turnado a la Secretaría General de Acuerdos, se le asignó por ésta, el número de expediente RI- 119/2013, y por Acuerdo de Presidencia, de veintidós de julio sucesivo, se designó como encargado de la instrucción y substanciación del mismo al Magistrado Armando Bejarano Calderas. IV. DEL AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN El cinco de agosto de dos mil trece, se admitió a trámite el Recurso de Inconformidad, así como todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales acorde a su naturaleza se tuvieron por desahogadas; en ese mismo Auto se acordó el cierre de instrucción, ordenando formular el proyecto de resolución y, C ON S I D E R A N D O: PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California -en lo ulterior Tribunal-, tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente RECURSO de INCONFORMIDAD, como máxima autoridad jurisdiccional estatal encargada de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 Apartado D, 57, párrafo sexto y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 3

4 California; 398, 399 fracción I, 400 y demás relativos y aplicables de la Ley, toda vez que se trata de un acto emitido por un órgano administrativo electoral, que es impugnable a través del presente recurso. SEGUNDO. SINTESIS DE AGRAVIOS Y RESUMEN DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO A. SINTESIS DE AGRAVIOS. En breve, aduce el recurrente: a) Que el único órgano competente para conocer y resolver sobre las infracciones cometidas por las autoridades públicas, es el Consejo General, acorde a lo establecido en el artículo 457 de la Ley, reservando para la Comisión del Régimen de Partidos Políticos -con posterioridad sólo la Comisión-, substanciar el procedimiento sancionador ordinario, sobre aquellos sujetos a que se refieren las fracciones IV al IX del artículo 453 de la Ley, distintos a las autoridades públicas. En esos términos, afirma que el Acuerdo combatido, a través del cual se le vincula al procedimiento sancionador de mérito, al haberse dictado por órgano incompetente para substanciarlo, es contrario a lo señalado por el artículo 16 Constitucional. b) Que la denuncia fue admitida en términos del artículo 473 de la Ley, con relación en los numerales 468 y 469 de la misma, que versan sobre el procedimiento ordinario sancionador, cuya aplicación no corresponde respecto de autoridades públicas. B. RESUMEN DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Sustancialmente la autoridad responsable en defensa del Acuerdo impugnado, expresa que el recurso se debe desestimar, debido a que el Tribunal, mediante sentencia emitida en el expediente RA- 4

5 064/2013, le ordenó determinar un procedimiento a seguir para las denuncias presentadas contra autoridades públicas, y al efecto instauró el procedimiento administrativo que inter alia dispone el turno de la queja o denuncia a la Comisión. TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Del examen de los agravios expresados y demás constancias que obran en autos, se desprende que la materia de la litis se centra en determinar si la Comisión es competente para conocer e incoar el procedimiento que se controvierte, y si el Acuerdo de Admisión de denuncia impugnado, es relativo a un procedimiento ordinario sancionador. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Por razón de método, se analizará en primer término el agravio identificado en el Considerando Segundo anterior como a), relativo a la competencia de la Comisión para conocer e incoar el procedimiento que se controvierte, habida cuenta que la competencia debe estudiarse de oficio por tratarse de una cuestión de orden público. El motivo de reproche referido, resulta esencialmente FUNDADO, en razón de lo siguiente: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como derecho fundamental de los gobernados que todo acto de molestia se emita por autoridad competente y contenga la fundamentación y motivación que justifique la constitucionalidad y legalidad de la afectación de los derechos de los gobernados en su esfera jurídica, tal y como se trascribe en su porción atinente: 5

6 Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (Énfasis añadido). Del trasunto numeral se advierte, que la competencia es un presupuesto sine qua non las autoridades no pueden ejercer válidamente sus atribuciones, y puede definirse como el cúmulo de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano, V.gr., administrativo. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al voquible competencia de la siguiente manera: Competencia 1 (De lat. Competentia; cf. Competente). 1. f. incumbencia. 2. f. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 3. f. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Esta atribución a las autoridades se traduce en los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica a favor de los gobernados, pues en ejercicio de ella es como se validan sus actos. En el caso concreto, la Ley otorga en su Libro Noveno, competencia al Consejo General para conocer sobre faltas y 1 Consultable en 6

7 sanciones administrativas, y en particular, de acuerdo al artículo 457, sobre las relativas a autoridades públicas: ARTÍCULO El Consejo General conocerá de las infracciones a los artículos 6, 74 fracciones I y II, 286, 364, 365 y demás previstas en esta Ley, que comentan las autoridades públicas. Conocida la violación, el Consejo General ordenará de inmediato el cese del acto o subsanar la omisión denunciada, integrando un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de Ley. El superior jerárquico al que se refiere el párrafo anterior, deberá notificar al Consejo General las medidas que haya adoptado en el caso. Empero, la Ley omite establecer el procedimiento atinente, circunstancia que fue del conocimiento de este Tribunal, por lo que en el expediente RA-064/2013 2, resolvió que de una interpretación sistemática y funcional del marco normativo que regula las atribuciones del Consejo General, a éste le corresponde la instauración de un procedimiento que determine la existencia de infracciones a las disposiciones electorales por las autoridades del Estado, y determinó que dicho órgano administrativo debe realizar un trámite conforme a las diligencias mínimas requeridas para salvaguardar el debido proceso. Es decir, se constriñó al Consejo General para que adoptara un procedimiento adecuado para dar efectividad concreta al artículo 457 de la Ley y las atribuciones que el mismo le confiere. Para esos efectos, este Tribunal señaló en la ejecutoria de mérito que el Consejo General podría conocer de la denuncia de hechos contra autoridades públicas, directamente o turnarla a la Comisión, o bien, optar por nombrar una comisión especial para su atención 2 Consultable en 7

8 y posterior análisis del dictamen respectivo en Pleno, ello atendiendo a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley. En aras de dar cumplimiento a la instauración del respectivo procedimiento, dicho órgano aprobó el siete (7) de junio del año corriente el PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL TRÁMITE A SEGUIR CUANDO SE INTERPONGAN QUEJAS O DENUNCIAS EN CONTRA DE AUTORIDADES PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 457, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO, DERIVADO DE LA SENTENCIA DEL DEL PODER JUDICIAL, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-064/2013, que señala diversa intervención a la citada Comisión en la substanciación del procedimiento que se instaure en contra de autoridades públicas. Dicha intervención de la Comisión fue delineada y delimitada por este Tribunal en los precedentes RA-064/2013, RI-095/2013, RI- 096/2013 y RI-0123/2013 a sólo llevar a acabo aquellas diligencias que le permita allegarse (a la Comisión) de los elementos mínimos necesarios para integrar el expediente, lo que no implica iniciar un procedimiento e incluso ordenar actos de molestia, en contra de la autoridad pública denunciada, (subrayado nuestro). En ese orden de ideas, no le asiste la razón al recurrente en cuanto a la porción atinente del agravio que refiere ilegalidad a cualquier intervención de la Comisión en la substanciación del procedimiento, dado que ésta es en calidad de auxilio de sus 8

9 funciones del Consejo General -Tribunal dixit- tal como se preciso en los precedentes arriba citados; sin embargo, le asiste razón respecto a la competencia de la Comisión para el dictado del acto de inicio de que se duele, al haberse excedido ésta última al emitirlo per se, sobre todo -se insiste- a la luz de los criterios sustentados por este órgano jurisdiccional en caso similares. De ahí, lo esencialmente fundado de este motivo de disenso del recurrente, empero, suficiente para revocar el Acuerdo de la Comisión de seis de julio del año en curso, por el cual se da inicio al trámite correspondiente para resolver las quejas o denuncias en contra de autoridades públicas, en específico en contra del Gobernador del Estado, dictado dentro del expediente número CRPP/DH/73/2013. Por cuanto hace al agravio marcado como inciso b), relativo a que la denuncia fue admitida en términos del artículo 473 de la Ley, con relación en los numerales 468 y 469 de la misma, que versan sobre el procedimiento ordinario sancionador, cuya aplicación no corresponde respecto de autoridades públicas, resulta innecesario su estudio al haberse revocado el acto al cual va dirigido. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: 9

10 ÚNICO. Es esencialmente FUNDADO el presente Recurso de Inconformidad, en términos del Considerando CUARTO de la presente sentencia. Notifíquese en términos de Ley. Archívese en su oportunidad el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido, una vez hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron, los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, LICENCIADOS ARMANDO BEJARANO CALDERAS, GERMÁN LEAL FRANCO y ELVA REGINA JIMENÉZ CASTILLO, siendo ponente el primero de los mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos, LICENCIADO JORGE ANTONIO MONREAL MEZA quien autoriza y da fe. LIC. ARMANDO BEJARANO CALDERAS MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. GERMÁN LEAL FRANCO MAGISTRADO LIC. ELVA REGINA JIMENÉZ CASTILLO MAGISTRADA LIC. JORGE ANTONIO MONREAL MEZA SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 10