Monterrey, Nuevo León, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

Transcripción

1 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO EXPEDIENTE: SM-JDC-177/2016 ACTORA: AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL DEFENSA PERMANENTE DE LOS DERECHOS SOCIALES RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN SECRETARIOS: ALFONSO DIONISIO VELÁZQUEZ SILVA y OLIVIA YANELY VALDEZ ZAMUDIO Monterrey, Nuevo León, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Sentencia definitiva que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el expediente TESLP/RR/09/2016, mediante la cual confirmó el acuerdo de la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad, que determinó el resultado de las observaciones sobre la revisión a los informes de financiamiento público correspondientes al tercer y cuarto trimestres del ejercicio dos mil quince, porque a) la comisión referida es competente para revisar o fiscalizar los recursos otorgados a la actora, y b) no se acreditaron las violaciones formales de la sentencia reclamada. GLOSARIO Agrupación: Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales Consejo Electoral Local: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí Constitución Federal: INE: Ley Electoral Local: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Instituto Nacional Electoral Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

2 LGPP: Ley General de Partidos Políticos Oficio: Oficio CEEPAC/CPF/354/2016, a través del cual la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana le realizó observaciones trimestrales a la Agrupación sobre la revisión de los informes financieros de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince. 1. ANTECEDENTES DEL CASO. Los hechos narrados a continuación corresponden a este año Oficio de observaciones trimestrales. El dieciséis de marzo la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral a través del oficio identificado con la clave CEEPAC/CPF/354/2016, le notificó a la Agrupación sobre las observaciones trimestrales de la revisión de los informes financieros de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince Recurso de revisión y sentencia impugnada. El veintiocho de marzo, la Agrupación por conducto de su presidente promovió ante el tribunal responsable el medio de impugnación en contra del Oficio. Este recurso de revisión fue resuelto mediante una sentencia dictada el veintiséis de abril dentro del expediente TESLP/RR/09/2016, en el sentido de confirmar el Oficio Juicio Ciudadano. El dos de mayo la Agrupación promovió el presente juicio en contra de la resolución identificada en el párrafo anterior. 2. COMPETENCIA Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este asunto, pues se trata de un medio de impugnación promovido en contra de una resolución del tribunal responsable en la que resolvió sobre la legalidad del Oficio relativo a los informes trimestrales de financiamiento público realizado por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, entidad

3 federativa que se encuentra dentro de la Circunscripción Plurinominal Electoral sobre la cual se ejerce jurisdicción. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184, 185, 192 y 195, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 3. ESTUDIO DE FONDO 3.1. Planteamiento del caso Esta controversia tiene su origen en el oficio a través del cual la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Electoral Local le realizó observaciones trimestrales a la Agrupación, sobre la revisión de los informes financieros de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince. Para la Agrupación, tales observaciones le provocaron diversos agravios y por ello acudió ante el tribunal responsable a cuestionarlas mediante recurso de revisión. Su causa de pedir la sustentó en que, en su opinión, de acuerdo a las reformas constitucionales de diez de febrero de dos mil catorce, es el Consejo General del INE quien debe fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos y por ende, son la LEGIPE y la LGPP las que definen los órganos técnicos del referido instituto que deben llevar a cabo dicha función fiscalizadora. 3 Asimismo, la Agrupación sostuvo que ambos ordenamientos generales regulan las disposiciones aplicables a la fiscalización de los partidos políticos nacionales y locales, coaliciones, agrupaciones políticas, y de los candidatos a cargos de elección popular, federal y local. También refirió que tales ordenamientos prevén que el INE podrá, de forma excepcional, delegar en los organismos públicos locales electorales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos en las entidades federativas, sin que ello implique que dicha fiscalización sea facultad de estos últimos de forma automática. Por ello concluyó su planteamiento con el argumento relativo a que la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Electoral Local carece de competencia, no solo para hacerle observaciones a sus finanzas a través del Oficio, sino incluso para pronunciarse al respecto.

4 El tribunal local una vez que tramitó el recurso de revisión, mediante sentencia de veintiséis de abril, calificó sus agravios como infundados. De manera esencial los desestimó con el argumento relativo a que la vulneración al marco normativo reclamado resultaba aplicable a los partidos políticos más no así, a las agrupaciones políticas de carácter estatal. Asimismo sostuvo que, de acuerdo a lo previsto en la Ley Electoral Local y el Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales, era el Consejo Electoral Local por conducto de su Comisión Permanente de Fiscalización, el órgano competente para realizar la fiscalización de los recursos públicos que recibe la Agrupación. Por tanto confirmó el Oficio cuestionado. Ahora bien, la Agrupación promovió el presente juicio con la intención de cuestionar lo resuelto por el tribunal responsable. Como agravios, expresó los siguientes argumentos: 4 a) El tribunal responsable no expuso los argumentos jurídicos que sustentaron el sentido de la resolución, ni tampoco logró establecer la litis que se le planteó. b) El tribunal local no analizó los agravios en los cuales se le planteó que el Oficio vulneró los derechos humanos de la Agrupación en materia de fiscalización y, al respecto, insiste en su planteamiento relativo a que la fiscalización atinente de la Agrupación es competencia del INE y no del Consejo Electoral Local por conducto del Consejo Estatal Electoral. c) El órgano responsable tergiversó la normatividad establecida en las reformas constitucionales de diez de febrero de dos mil catorce; en su opinión, las reglas de distribución de competencias entre la federación y los estados, en relación al sistema de fiscalización de los partidos políticos nacionales y locales se encuentran previstas en la LEGIPE y en la LGPP, mas no así en la Ley Electoral Local y en el Reglamento de Agrupaciones Políticas, los cuales considera resultan inaplicables. Para el actor, las Agrupaciones Políticas Nacionales, están sujetas a las reglas de fiscalización del INE y gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos, de acuerdo a lo previsto en la LGPP. Por ello concluye que el Consejo Electoral Local carece de competencia para conocer de la fiscalización de sus recursos y por ende solicita que se revoque el Oficio sobre el cual se inició la cadena impugnativa de la que

5 deriva este juicio, pues de lo contrario, considera que eso provoca una violación al artículo 124 de la Constitución Federal que contiene el principio de facultades expresas y no supuestas e implícitas y en ese sentido menciona que la autoridad sólo puede realizar lo que le está permitido de forma expresa en la ley. De acuerdo a los planteamientos expuestos, las problemáticas a resolver en este juicio son: 1) Determinar si la resolución impugnada tiene los vicios formales que reclama la actora; 2) Advertir si en realidad el tribunal responsable omitió analizar el agravio que consiste en que el Oficio provocó a la Agrupación una violación a sus derechos humanos en materia de fiscalización; y, 3) Analizar si fue correcto el pronunciamiento del citado tribunal local relativo a que de acuerdo a lo previsto en la Ley Electoral Local y el Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales sí resultaba competente el Consejo Electoral Local por conducto de su Comisión Permanente de Fiscalización para emitir el Oficio o si como lo afirma la Agrupación, el INE es competente para realizar tal ejercicio fiscalizador El tribunal responsable sí expuso los argumentos jurídicos en los que se basó para resolver y atender el planteamiento que se le demandó La Agrupación cuestionó ante el tribunal local el Oficio porque en su opinión, le corresponde al INE la fiscalización de los recursos públicos de las agrupaciones políticas y no al Consejo Electoral Local por conducto de su Comisión Permanente de Fiscalización. El tribunal responsable en el considerando QUINTO de su resolución, expresó textualmente lo siguiente: En primer término, la litis se centra en dilucidar si procede dejar sin efecto (sic) el acuerdo que le fue debidamente notificado el día 16 dieciséis de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en el que la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, establece el resultado a la revisión de los informes del tercer y cuarto trimestre, relacionados con el financiamiento público del ejercicio Asimismo, el tribunal local expresó que el planteamiento resultaba infundado porque de conformidad con los artículos 44, fracción V, 67, fracciones IV, VI, X, y 218 fracción X, de la Ley Electoral Local, es obligación del Pleno del Consejo Electoral Local controlar a través de la Comisión Permanente de Fiscalización y de la Unidad Técnica de

6 Fiscalización, el origen y uso de todos los recursos con que cuenten las agrupaciones políticas estatales u organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local. Por otra parte, que el Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales vigente, establece en el título cuarto denominado De la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas estatales, el procedimiento para llevar a cabo los controles de los recursos públicos de las agrupaciones políticas Estatales y las etapas en la que se desarrollará la vigilancia atinente. También el tribunal local especificó que el procedimiento de fiscalización del año dos mil quince aun no terminaba y, por tanto, el Oficio no causaba perjuicio alguno puesto que las observaciones realizadas podían subsanarse en su oportunidad. 6 Con base en lo anterior, concluyó que no existía la invasión en la esfera competencial entre el actuar de la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Electoral Local y las atribuciones del INE en los términos reclamados por la Agrupación. En ese sentido y de acuerdo a lo expuesto en este apartado, se advierte con claridad que el tribunal responsable sí realizó la fijación de la litis que se le planteó y, a su vez, expresó las razones jurídicas que estimó necesarias para sustentar el sentido de su fallo 1. Por tanto deben desestimarse los argumentos de la Agrupación en los cuales sustentó la omisión de referencia que, en su opinión, realizó el tribunal responsable al emitir la resolución impugnada El tribunal responsable sí analizó el agravio en el cual se le planteó que el Oficio provocó en la Agrupación, una violación a sus derechos humanos en materia de fiscalización. Tampoco le asiste la razón a la Agrupación respecto a la omisión que se analiza puesto que el tribunal responsable sí analizó el motivo de queja en el cual la promovente le planteó una violación a sus derechos humanos de fiscalización, en donde hizo depender tal argumento de la supuesta incompetencia del Consejo Electoral Local para realizar tal actividad fiscalizadora más no así, de diversos motivos de queja. 1 Los argumentos esenciales fueron que la violación a las disposiciones legislativas reclamadas le son aplicables a los partidos políticos mas no así, a las agrupaciones políticas estatales, cuya fiscalización le corresponde al Consejo Electoral Local por conducto de su Comisión Permanente de Fiscalización de acuerdo a lo previsto en la Ley Electoral Local y en el Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales.

7 El tribunal responsable en su sentencia, estudió los planteamientos de la Agrupación con la siguiente metodología: 1) Refirió lo previsto por la Ley Electoral Local, en relación con la fiscalización de las agrupaciones políticas estatales; 2) Destacó las modificaciones realizadas al marco normativo electoral, en relación con el tema de fiscalización en donde mencionó las reformas realizadas en el año dos mil catorce a la Constitución Federal, la emisión de la LEGIPE y la LGPP; y, 3) Mencionó las normas de la Ley Electoral Local aplicables al caso concreto y concluyó que la fiscalización de las agrupaciones políticas estatales, le correspondía al Consejo Electoral Local por conducto de su Comisión Permanente de Fiscalización; en donde textualmente señaló lo siguiente: En base a lo anterior, se arriba a la conclusión que el marco normativo vigente tanto en el ámbito federal como local dota de competencia al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para llevar a cabo el procedimiento de revisión del que se duele el promovente, el cual de ninguna manera se contrapone a lo señalado en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 10 de febrero de 2014, en materia político-electoral en relación al artículo 41 base V, aparado B inciso a.6; ni el CEEPAC invade facultades reservadas al Instituto Nacional Electoral, lo que fue materia de análisis en los puntos que anteceden de este considerando, lo que ratifica que al estar debidamente sustentada la competencia del Órgano Electoral Local, no se configure algún acto que se pudiera considerarse (sic) como contrario o violatorio de los derechos humanos de la agrupación política estatal promovente, de donde deviene lo infundado del agravio vertido por la actora. 7 De ahí que no se acredite la omisión reclamada La fiscalización de la Agrupación corresponde al Consejo Electoral Local por conducto de su Comisión Permanente de Fiscalización El artículo 44, párrafo 1, inciso j) de la LEGIPE, sostiene que el Consejo General del INE tiene, entre otras atribuciones, la de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la LGPP, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Por su parte, el artículo 55, párrafo 1, inciso d) del mismo ordenamiento sostiene que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE tiene la atribución de ministrar a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas el financiamiento público al que tienen derecho conforme a lo señalado en esa misma ley.

8 El párrafo 1, del numeral 192 de la LEGIPE prevé que el Consejo General del INE ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará integrada por cinco consejeros electorales. Por su parte, el párrafo 5 del mismo artículo refiere que las disposiciones en materia de fiscalización de partidos políticos serán aplicables, en lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales. Ahora bien, el artículo 7, inciso d) de la LGPP, señala que corresponde al INE entre otras atribuciones, la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de las candidaturas a cargos de elección popular federal y local. El artículo 20, párrafo 4, de dicha ley, señala que las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el Reglamento correspondiente. 8 En ese sentido, el diverso numeral 22, en su párrafo 6 de la LGPP establece que las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en esa ley. También el precepto 78 en sus párrafos 1 y 5, señala respectivamente que los partidos políticos deberán presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo dos directrices: a) informes trimestrales de avance de ejercicio; y, b) informes anuales de gasto ordinario. Respecto a las agrupaciones políticas nacionales, éstas presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I del inciso a) del párrafo 1 de este artículo y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable. Ahora bien, del articulado de la LEGIPE y la LGPP antes señalado se advierte que, como lo ha sostenido la Agrupación, durante la cadena impugnativa de la que deriva este juicio, es el INE, por conducto de su Comisión de Fiscalización, el encargado de vigilar y realizar la debida fiscalización de los recursos que manejan los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Sin embargo, dicho marco legal es aplicable para las agrupaciones políticas de naturaleza nacional, mas no así aquéllas de carácter estatal.

9 Es cierto que el artículo 1 de la LEGIPE sostiene que dicha ley es de orden público, de observancia general en toda la República y reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Federal. Una situación similar ocurre con la LGPP también en el artículo 1 en donde se establece que lo previsto en esa legislación es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, así como que su objetivo es regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de, entre otras, el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos. No obstante, no se advierte en precepto alguno de tales ordenamientos que el régimen de fiscalización en los términos que está establecido en ambas legislaciones le resulte aplicable a las agrupaciones políticas de naturaleza estatal sino que, se insiste, el diseño de este sistema o procedimiento de fiscalización solo recae para partidos políticos y agrupaciones de la misma índole pero de naturaleza nacional 2. Por ello se estima que fue correcta la apreciación del tribunal responsable en la que textualmente señaló: En primer término, es pertinente señalar que la parte actora tiene la calidad de Agrupación Política Estatal y no de un partido político, lo anterior en virtud de que en el apartado de agravios el promovente menciona la vulneración de un marco normativo que es aplicable los partidos políticos mas no a las Agrupaciones Políticas Estatales. 9 Ahora bien, el órgano responsable para confirmar el Oficio en los términos en los que lo hizo, razonó que de conformidad con los artículos 44, fracción V, 67, fracciones IV, VI, X, y 218 fracción X, de la Ley Electoral Local, es obligación del Pleno del Consejo Electoral Local, controlar a través de la Comisión Permanente de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, el origen y uso de todos los recursos con que cuenten las agrupaciones políticas estatales u organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local. 2 Similar criterio ya había tenido esta Sala Regional al resolver el juicio ciudadano SM- JDC-49/2016 promovido por la Agrupación para cuestionar actos de un procedimiento especial sancionador relacionado con la fiscalización de gastos para apoyo de las actividades editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración del ejercicio fiscal dos mil doce. En esa resolución se concluyó que el INE no tenía competencia para fiscalizar los recursos de la Agrupación precisamente por ser una organización política de naturaleza estatal, lo cual le correspondía al Consejo Electoral Local.

10 También sostuvo que el vigente Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales, establece en el título cuarto denominado De la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas estatales, el procedimiento para llevar a cabo los controles de los recursos públicos de las agrupaciones políticas estatales y las etapas en la que se desarrollará la vigilancia atinente. Criterio que esta Sala Regional comparte puesto que la Ley Electoral Local en su capítulo XI define a las agrupaciones políticas de naturaleza estatal y establece sus derechos, obligaciones y elementos constitutivos. La Agrupación, para desvirtuar tales argumentos, insiste ante esta Sala que de acuerdo a la reforma constitucional en materia político-electoral acontecida en el año dos mil catorce se emitieron tanto la LEGIPE como la LGPP y que es el INE el competente para conocer de la fiscalización de sus recursos. 10 Luego, si de acuerdo al marco legal antes analizado se concluyó que el INE, por conducto de su Comisión de Fiscalización sólo realiza su actividad fiscalizadora sobre partidos políticos y agrupaciones políticas de naturaleza nacional, entonces no le asiste la razón a la promovente en su planteamiento 3 y, en ese sentido, tampoco acierta la Agrupación respecto a la violación en su perjuicio de lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Federal debido a que hace depender tal inconformidad de los argumentos que han sido desestimados y no se advierte del escrito de demanda diversas consideraciones que pongan en evidencia la violación del referido precepto de la Constitución Federal reclamado. Por tanto, al no asistirle la razón a la Agrupación en ninguno de sus planteamientos, debe confirmase la resolución impugnada. 4. RESOLUTIVO. ÚNICO. Se confirma la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el expediente TESLP/RR/09/ Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015, concluyó que las leyes generales, además de las facultades de fiscalización de partidos políticos y candidatos que la Constitución General le atribuye, únicamente reservan al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las agrupaciones políticas nacionales, sin hacer referencia a las de carácter local, por lo que conforme a la distribución competencial respectiva, dicha cuestión corresponde regularla a las entidades federativas.

11 NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable. Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y los Magistrados Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. MAGISTRADA PRESIDENTA CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO MAGISTRADO MAGISTRADO 11 YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS ANA CECILIA LÓPEZ DÁVILA