DERECHOS FUNDAMENTALES EXPEDIENTE: ACTOR:

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1 JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EXPEDIENTE: SC-E-JPDF-23/2013 ACTOR: MARIA ELENA CHAPARRO CORRAL. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, Fiscal General de Justicia del Estado y Otros. TERCERO INTERESADO: María Carmen López Zúñiga. MAGISTRADO PONENTE: José Miguel Madero Estrada. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: José Ricardo Carrazco Mayorga. Tepic, Nayarit; a veintiuno de junio de dos mil trece. V I S T O S, para resolver en sentencia definitiva, los autos del Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, con clave SC-E-JPDF-23/2013, promovido por María Elena Chaparro Corral, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: 1. Juicio de Protección de Derechos Fundamentales. El once de marzo de dos mil trece la ciudadana María Elena Chaparro Corral, presentó ante la oficialía de partes de esta Sala Constitucional-Electoral, demanda de Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, en contra de las autoridades responsables que señaló como: 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic; 2.- Fiscal General de Justicia del Estado de Nayarit. 1

2 3. Subprocurador General de Justicia del Estado de Nayarit.4.-Director de Control de Procesos de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Nayarit. 5.-Agente del Ministerio Público adscrito a Procesos del Partido Judicial de Tepic. 6.- Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nayarit. 7.- Subdirector General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nayarit. 8.- Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nayarit. 9.- Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva en el Estado de Nayarit Policía Nayarit Titular de la Comandancia de Ejecución de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nayarit Titular de la Comandancia de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nayarit. De igual manera, su acto reclamado lo hizo consistir en: DE LAS AUTORIDAD DEMANDADA ORDENADORA.- Las ordenes de aprehensión o reaprehensión, que se ha girado en mi contra, sin que se cumplan los requisitos de fundamentación y motivación, que todo acto de autoridad debe contener, dentro de la causa penal número 242/2010, a conocimiento de la autoridad demandada ordenadora. DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EJECUTORAS.- La ejecución que pretenden efectuar a dichas ordenes de aprehensión o reaprehensión, expedida por la autoridad demandada, dentro de la causa Penal 242/2010, a conocimiento de la autoridad demandada ordenadora 2. Turno. Mediante oficio 477/2013, el Magistrado Presidente de la Sala Constitucional-Electoral, por conducto de la Secretaria General de Acuerdo del Tribunal Superior de 2

3 Justicia en el Estado de Nayarit, ordenó turnar el juicio de protección de derechos fundamentales a la ponencia del Magistrado José Miguel Madero Estrada, para los efectos del artículo 95, de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. 3. Admisión y Registro. El doce de marzo de dos mil trece, el Magistrado Instructor, admitió a trámite el Juicio de Protección de Derechos Fundamentales; registrando el medio de control constitucional, con el número de expediente SC-E- JPDF-23/2013; y, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que en un término de cinco días, emitieran el informe respectivo sobre los hechos atribuidos en su contra, asimismo a efecto de que remitieran las constancias relativas al acto impugnado. 4. Informe de autoridad responsable. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil trece, se tuvo por recibido los informes de cuenta signados por el Director de Control de procesos de la Fiscalía General del Estado, Coordinador Operativo, en suplencia del Director operativo de la Policía Estatal Preventiva, Subdirector General por sí y en suplencia del Director General de la Agencia Estatal de Investigación, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, así como por el Juez Cuarto de primera instancia del ramo penal. 5. Recepción de Informe. El veinte, veintidós y veinticinco de marzo, se tuvo por recibido el informe de cuenta signado por las siguientes autoridades respectivamente: Encargado de la Comandancia de ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales de la Agencia Estatal de Investigación, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, Fiscal 3

4 General del Estado de Nayarit y Director de Averiguaciones Previas, en suplencia del Subprocurador, ambos con sede en esta ciudad, 6. Recepción de actuaciones. Mediante proveído de fecha nueve de abril del año dos mil trece se tuvo por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del ramo penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió diversas actuaciones practicadas en el proceso penal del cual amena el acto reclamado. Y se ordeno agregar a los autos del presente procedimiento con vista a las partes por el plazo de tres días, pues de las mismas se podría advertir la actualización de una causal de improcedencia. 8. Fecha de audiencia. Con fecha ocho de mayo del año en curso al advertirse que con fecha veintitrés de de abril se requirió a la quejosa para que manifestara la denominación correcta de la autoridad responsable Policía Nayarit, apercibida que en caso de omisión, se le tendría por no señalada con ese carácter, y al no realizarlo dentro del término concedido, se hizo efectivo tal apercibimiento y se le tuvo por no señalada como autoridad responsable y se ordeno cortar toda comunicación con la misma. En el mismo proveído, al considerar que se encontraba debidamente integrado el presente juicio y al no existir diligencia alguna que desahogar, se señalaron las once horas con treinta minutos del día treinta y uno de mayo del año en curso, a efecto de celebrar la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, a que alude el numeral 98 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. 12. Desahogo de Audiencia y Cierre de instrucción. El treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se llevó a 4

5 cabo la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, prevista en el artículo 34 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit; y al no existir diligencia pendiente alguna, se declaró cerrada la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit ejerce jurisdicción y esta Sala Constitucional-Electoral, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 82, fracciones I y II, artículo 91, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 25 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, así como los artículos 1, 2, 88, 89, 90, 92, 93, 99 y demás aplicables de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit; en virtud de que se trata de un Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, promovido por un ciudadano, en contra de actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal con sede en Tepic, Nayarit. SEGUNDO. Improcedencia y Sobreseimiento. Al respecto, resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación que hace valer el promovente, en virtud que este órgano jurisdiccional advierte una causal de improcedencia que conlleva al sobreseimiento del presente medio de control constitucional local, cuyo estudio es preferente lo aleguen o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público, conforme lo establecen los artículos 1 y 22, párrafo último, de la de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, y, en concordancia con 5

6 la tesis de jurisprudencia identifica con clave II.1o. J/5, con registro número , tomo VII, de fecha Mayo de 1991, página 95, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a saber dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, procede el sobreseimiento del presente juicio de protección de derechos fundamentales, pues los artículos 22, fracción V y 23, fracción II, de la Ley de Control Constitucional, textualmente disponen lo siguiente: Artículo 22.- Los medios de control constitucional son improcedentes contra: V. Normas generales o actos cuyos efectos hayan cesado; Artículo 23.- El sobreseimiento procederá cuando: II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; Con la finalidad de evidenciar la causal de improcedencia invocada, se hace necesario establecer lo expuesto por el inconforme, en relación al acto reclamado, el cual, lo hace consistir en las ordenes de aprehensión o reaprehensión, que se han girado en mi contra, sin que se cumplan los requisitos de fundamentación y motivación, que todo acto de autoridad debe de contener, dentro de la causa penal 242/2010 En razón del acto reclamado y de lo actuado y practicado en autos, procede declarar el sobreseimiento si consideramos como premisa, que la finalidad perseguida con la interposición del juicio de protección de derechos fundamentales es anular el acto o la omisión de la autoridad responsable que vulnera derechos fundamentales y obtener el restablecimiento de las cosas al estado que imperaba 6

7 antes de presentarse la violación denunciada, por ello, resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, si antes de que se dicte la sentencia definitiva, se repara la violación de derechos fundamentales cometida en contra del actor, pues deja de existir el acto que da origen a la interposición del presente medio de control constitucional. En otras palabras, si el acto reclamado pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional. Precisado lo expuesto, tenemos que en la especie el acto reclamado consistió en la orden de aprehensión o de reaprehensión en el proceso penal 242/2010. Ahora bien como se puede advertir de autos (fojas 49, 50,51,52) con fecha nueve de abril del presente año el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal con residencia en Tepic, Nayarit, señalada por el quejoso como la autoridad ordenadora del acto reclamado, mediante oficio numero 242/2010, informó al Magistrado Instructor lo siguiente: Por este conducto, informo a Usted, que dentro de la causa penal número al rubro superior derecha(sic), integrada en contra de la acusada MA. ELENA CHAPARRO CORRAL, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, en agravio de MARIA DEL CARMEN LÓPEZ ZÚÑIGA; el día de hoy, compareció la acusada de referencia, ante esta autoridad para la continuación del procedimiento. Lo anterior en atención al auto dictado dentro del juicio de amparo en cita. Así mismo con esta fecha y bajo oficio 2712/2013 se ordeno cancelar la orden 7

8 de reaprehensión correspondiente. Acreditando lo anterior con las copias que se adjuntan al presente. En ese sentido se ordeno agregar en autos el oficio y sus anexos correspondiente con fecha nueve de abril del año en curso, y en el mismo acuerdo se ordeno poner a la vista el oficio y sus anexos a las partes dentro de un término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniere; de las probanzas remitidas con el oficio a que se hace referencia, es importante resaltar lo que se desprende del oficio numero 2712/2013 signado por el Juez Cuarto del Ramo penal con residencia en Tepic, Nayarit dirigido al Director de la Agencia Estatal de Investigación, el cual en la parte conducente es del tenor siguiente: Agradeceré a usted se sirva cancelar la ORDEN DE REAPREHENSION, girada por este juzgado, el día veintitrés de agosto del dos mil doce, en contra de MA. ELENA CAHAPARRO CORAL, al cual se le instruye la causa penal número al rubro indicado, por su responsabilidad en la comisión del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Sobre esa base, si el impugnante solicitó la protección de la justicia local con la finalidad de que la autoridad responsable dejara sin efectos la orden de aprehensión o de reaprehensión, resulta evidente que el fin buscado por la parte inconforme fue satisfecho, aún cuando se hubiese logrado de manera previa a la resolución del juicio de protección de derechos fundamentales, de ahí que se haya actualizado la causal de improcedencia a estudio y que por consecuencia se decrete el sobreseimiento con base en el artículo 23 fracción II de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. 8

9 Resulta orientadora la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, clave 2a./J.59/99, registro , consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta número IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 22 fracción V en relación con el 23, fracción II, y 41, 45, fracción V y 99 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, procede sobreseer el juicio para la protección de los 9

10 derechos fundamentales, promovido por María Elena Chaparro Corral. Consecuentemente, al quedar acreditado el cese del acto reclamado a la responsable, es evidente que las ejecutoras no pueden materializar un acto cuyos efectos se han destruido, de ahí que, por las mismas circunstancias apuntadas y con fundamento en el numeral 22 fracción V en relación con el 23, fracción II, y 41, 45, fracción V y 99 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, procede sobreseer el juicio para la protección de los derechos fundamentales, promovido por María Elena Chaparro Corral en contra de las autoridades señaladas como ejecutoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Protección de Derechos Fundamentales promovido por María Elena Chaparro Corral, contra actos atribuidos al Juez Cuarto de Primera Instancia del ramo penal con residencia en Tepic, Nayarit, por los motivos y razonamientos expuestos en el considerando Segundo de esta resolución. Publíquese esta sentencia en el Boletín Judicial, órgano oficial de publicación de las resoluciones de las salas y demás disposiciones de interés general del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Notifíquese personalmente. Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, Magistrado presidente; Rafael Pérez Cárdenas, Magistrado; Ismael González Parra Magistrado; Raúl Gutiérrez Agüero, Magistrado; y José Miguel Madero 10

11 Estrada, Magistrado ponente, ante el Secretario General de Acuerdos Gabriel Gradilla Ortega, que autoriza y da fe. Pedro Antonio Enríquez Soto Magistrado Presidente Ismael González Parra Magistrado Rafael Pérez Cárdenas. Magistrado José Miguel Madero Estrada Magistrado Raúl Gutiérrez Agüero Magistrado Gabriel Gradilla Ortega Secretario de Acuerdos 11