Cuarta Visitaduría General Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Transcripción

1 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, sobre el tema de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, en tratándose de la pensión por viudez de acuerdo a la Ley del ISSSTE. Nota: El artículo 95 de la Ley del ISSSTE del Estado de Nuevo León, prevé mayores requisitos para el hombre que para la mujer, a efecto de solicitar la pensión por viudez (edad avanzada o incapacidad total y permanente para trabajar, y dependencia económica). La que a continuación se transcribe, establece que tal disposición transgrede los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse justificada objetivamente tal distinción. Identificación : Décima Registro: Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Contenido PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL EXIGIR MÁS REQUISITOS PARA EL VIUDO EN RELACIÓN CON LOS EXIGIDOS A LA VIUDA PARA SER BENEFICIARIOS DE AQUÉLLA, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El referido dispositivo legal prevé la existencia del derecho a la pensión por viudez para el cónyuge supérstite, sea mujer o varón; sin embargo, en su fracción III señala para el hombre la obligación de acreditar dos requisitos más, a saber: 1) su avanzada edad (60 años o más) o su incapacidad total y permanente para trabajar; y, 2) la dependencia económica de la servidora pública o pensionista. Por tanto, la decisión del legislador de imponer mayores exigencias para el viudo en relación con las previstas para la viuda, transgrede los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, establecidos en los artículos 1o. y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar un trato disímil a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, toda vez que dicha distinción no se encuentra justificada en razones objetivas, situación que además genera una discriminación de género, pues de igual forma el varón integra una familia con la pensionada, razón por la cual no debe tratársele de forma desigual o discriminatoria, imponiéndole mayores requisitos para poder tener derecho a la pensión por viudez correspondiente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

2 Materia(s): ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Constitucional, Administrativa Amparo en revisión 299/2011. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y otras. 6 de mayo de Tesis: IV.3o.A. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: J/12 (10a.) María Inocencia González Díaz. Amparo en revisión 449/2011. Gobernador Constitucional Pág del Estado de Nuevo León y otras. 30 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Castillo. Amparo en revisión 446/2011. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y otras. 15 de julio de Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretaria: Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda. Amparo en revisión 499/2011. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y otras. 8 de septiembre de Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretaria: Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda. Amparo en revisión 134/2012. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y otras. 16 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Castillo. emitida por la Segunda Sala de la SCJN, sobre el tema de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, en tratándose de la pensión por viudez de acuerdo a la Ley del IMSS. Nota: El artículo 130 de la Ley del IMSS condiciona al esposo de la asegurada fallecida, a que demuestre haber sido dependiente económico de ésta a efecto de obtener su pensión por viudez. Circunstancia que la Corte ha declarado inconstitucional, dado que tal condicionante no se encuentra prevista respecto de la mujer para el caso análogo. : Novena Registro: Instancia: SEGUNDA SALA PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA A QUE CONDICIONA EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ TANTO PARA EL VIUDO COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO, TAL CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la interpretación teleológica de la citada disposición legal, relacionada con los artículos 84, fracción III, 127 y 193 de la Ley del Seguro Social, se infiere que la condición para el otorgamiento de la pensión por viudez, consistente en

3 Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Apéndice 1917 Septiembre 2011 Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: 898 Pág [J]; 9a. ; 2a. Sala; Apéndice 1917-Septiembre 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte SCJN Vigésima Segunda Sección Derechos laborales; Pág demostrar la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, fue impuesta tanto para el viudo como para el concubinario que le sobrevive sin distinción alguna entre uno u otro. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar tales disposiciones legales, determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 130 de la Ley citada, que establece que la misma pensión de viudez le corresponderá al viudo o concubinario que dependa económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada, lo que dio origen a las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009, de rubros: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN." y "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 154/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 20 de mayo de Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. Tesis de jurisprudencia 132/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de dos mil nueve. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 643, Segunda Sala, tesis 2a./J. 132/2009; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Tomo XXX, octubre de 2009, página 639. Nota: Las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009 citadas, aparecen publicadas en el

4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 470. emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, sobre el tema de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, en tratándose de la pensión por jubilación de los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León. Nota: El artículo sexto transitorio de la Ley del ISSSTE de Nuevo León, contempla para los hombres un porcentaje menor del salario de cotización, con respecto a las mujeres con los mismos años de servicio, a efecto de calcular su pensión por jubilación. La Autoridad Federal determinó que tal disposición es violatoria de la garantía de igualdad de trato ante la Ley, prevista en los artículos 4 y 123 apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer diferencias arbitrarias entre mujeres y hombres. : Novena Registro: Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LOS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de diciembre de 1993, establece que los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización previsto en la abrogada ley que regía a dicho instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 1983, podrán jubilarse a los treinta años de servicio los hombres y a los veintiocho las mujeres, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto conforme a la tabla que contiene la misma disposición. En ese sentido, si el porcentaje contenido en dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de las mujeres, aun cuando tengan los mismos años de servicio cotizados, es evidente que dicha disposición transitoria viola la garantía de igualdad de trato ante la ley prevista en los artículos 4o. y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

5 Apéndice 1917 Septiembre 2011 Materia(s): Administrativa, Laboral Tesis: 971 Pág [J]; 9a. ; T.C.C.; Apéndice 1917-Septiembre 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda Parte TCC Primera Sección - Igualdad y no discriminación; Pág pues establece diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que se otorga la pensión por jubilación a hombres y mujeres, específicamente en cuanto al porcentaje del último salario base de cotización de ésta. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Amparo en revisión 57/2003. Gloria Emma Cepeda Barrera y coags. 6 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos. Amparo en revisión 157/2003. Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León. 23 de septiembre de Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Arenas Ochoa. Secretario: Edmundo Adame Pérez. Amparo en revisión 158/2003. Gobernador sustituto del Estado de Nuevo León. 23 de septiembre de Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Arenas Ochoa. Secretario: Edmundo Adame Pérez. Amparo en revisión 159/2003. Gobernador sustituto del Estado de Nuevo León. 2 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: María Elena Cardona Ramos. Amparo en revisión 559/2005. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. 3 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Nelda Gabriela González García. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Tomo XXV, abril de 2007, página 1458, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis IV.2o.A. J/13; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Tomo XXV, abril de 2007, página 1460.

6 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, sobre el tema de igualdad de género para asumir la carga probatoria sobre el derecho alimentario. Nota. La Autoridad Federal ha considerado que la interpretación de la Ley Civil del Estado de Veracruz conduce al trato igualitario entre los cónyuges, por lo que al tomar lo progresista de la ley y su tendencia general a la equidad (sic) de género, no puede descansar en la parte actora la presunción de necesitar alimentos, sino que el cónyuge que los reclame, sea hombre o mujer, debe demostrar la necesidad de recibirlos. : Décima Registro: Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 Materia(s): Civil Tesis: VII.2o.C. J/32 (9a.) Pág [J]; 10a. ; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Anteriormente era regla considerar que la mujer casada tenía la presunción de necesitar alimentos, dado que la redacción del Código Civil para el Estado así lo preveía, pero en la actualidad la carga de demostrar la necesidad alimentaria tratándose de cualquiera de los cónyuges actuando como acreedores corresponde a quien la alega. Ello es así, pues los artículos 100, 101 y 233 del referido código sustantivo vigentes, disponen que los cónyuges contribuirán al sostenimiento del hogar y a su alimentación, que sólo quien esté imposibilitado para trabajar y carezca de bienes no estará obligado a ello; que sus derechos y obligaciones serán siempre iguales; que existe derecho preferente entre cónyuges en materia de alimentos y que éstos están obligados a darse esa asistencia mutuamente. Ahora bien, de la interpretación relacionada de esos preceptos se reconoce y destaca la igualdad de los cónyuges ante la ley; por ende, cuando cualquiera de ellos demanda alimentos al otro, al momento de fijar en la sentencia la pensión alimenticia definitiva no debe considerarse que goce de la apuntada presunción. Por el contrario, quien sea parte actora tiene la carga de demostrar la necesidad de recibirlos en términos del numeral 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Por tal motivo, el estudio de la acción alimentaria no puede descansar en la presunción de que la parte acreedora necesita alimentos, pues la interpretación actual de la ley civil conduce al trato igualitario de los cónyuges, toma en cuenta lo progresista de la legislación y la tendencia general a la equidad de género. Por tanto, no basta estar en la hipótesis de tener derecho a recibir los alimentos, toda vez que cuando esa pretensión se demanda en juicio debe concatenarse con la obligación adjetiva o procesal de demostrar los extremos de la acción, y es al cónyuge actor a

7 Octubre de 2012, Tomo 4; Pág quien se impone el deber de probar la necesidad de recibir la pensión alimenticia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Amparo directo 406/ de julio de Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Mario de la Medina Soto. Amparo directo 148/ de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Mario de la Medina Soto. Amparo directo 126/ de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: María Concepción Morán Herrera. Amparo directo 197/ de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Mario de la Medina Soto. Amparo directo 888/ de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Darío Morán González. emitida por el Pleno de la SCJN, sobre el tema de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, respecto del registro de candidatos a Diputados de representación proporcional, de acuerdo al Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Nota. No se estiman transgredidos los principios de igualdad y no discriminación al contemplar el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, que una candidatura de cada tres fórmulas será de género distinto, porque sólo se establece el mínimo y no un tope en la integración de las fórmulas de las listas de representación proporcional que garantice la participación de ambos géneros en su conformación, respetando la plena libertad de configuración legislativa a las entidades federativas. : Novena IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO VIOLA ESOS PRINCIPIOS AL SEÑALAR QUE EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, UNA CANDIDATURA DE CADA TRES FÓRMULAS SERÁ DE GÉNERO DISTINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

8 Registro: Instancia: PLENO Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 14/2010 Pág [J]; 9a. ; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Febrero de 2010; Pág su artículo 1o., establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Ahora bien, el párrafo final del artículo 218 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, al señalar que los partidos políticos y las coaliciones se asegurarán de que de cada tres fórmulas (de diputados por el principio de representación proporcional) se presente, por lo menos, una candidatura de género distinto, no viola los principios de igualdad y no discriminación en razón de que simplemente establece el mínimo de candidaturas de género distinto que el legislador local consideró necesario respetar para que de cada tres fórmulas que presenten los partidos políticos y las coaliciones en la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, se permita la conformación con personas de ambos géneros. Lo anterior es así, ya que el mencionado precepto debe interpretarse en relación con la primera parte del artículo 219 del propio código estatal, que delega a los partidos políticos la facultad de establecer cuáles son las relaciones de género que pueden darse respecto a la postulación de candidatos, al disponer que deben observar las normas que dispongan sus estatutos en esta materia y, en todo caso, si éstas transgreden los principios que en materia de equidad de género establecen la Constitución General de la República o la ley local, dichos estatutos pueden impugnarse a través de los medios de defensa conducentes. Además, el último párrafo del citado artículo 218 debe interpretarse como parte del contexto normativo en el cual se encuentra inmerso; así, el primer párrafo de ese precepto legal claramente establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres en la vida política del Estado, a través de las postulaciones a cargos de elección popular; y en este contexto es como debe entenderse el párrafo indicado al fijar un límite, no un tope, en la integración de las fórmulas de las listas de representación proporcional, que garantiza la participación de ambos géneros en su conformación. Lo violatorio del precepto legal sería que prohibiera presentar candidaturas de algún género u obligara a fijar cuotas de determinado sexo, en detrimento

9 de la capacidad y los atributos personales de los diversos candidatos, porque la Constitución General de la República no establece obligación alguna para instaurar porcentajes de géneros en relación con las candidaturas a cargos de elección popular, sino que otorga plena libertad de configuración legislativa a las entidades federativas para integrar los Congresos locales con representantes populares que reúnan los requisitos de ley y se encuentren debidamente preparados para el ejercicio de esas altas responsabilidades, bajo la condición contenida en el artículo 1o. constitucional de que no se genere desigualdad manifiesta o discriminación que resulten atentatorias de la dignidad humana. PLENO Acción de inconstitucionalidad 21/2009. Partido de la Revolución Democrática. 25 de agosto de Mayoría de ocho votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 14/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. Abril de 2013.