GUAVIARE La intensidad de la violencia en Guaviare se evidencia en las altas tasas de homicidios superiores a las de otros departamentos del país, registradas a partir de los años ochenta. Las FARC han hecho presencia desde finales de los setenta y su expansión y fortalecimiento durante ese período se relaciona indudablemente con el aumento de los cultivos de marihuana en un principio y más tarde los de coca. Hacia finales de los noventa resurgen las actividades de los grupos de autodefensa con el objetivo de ganarle terreno a la guerrilla, lo que ha influido en el escalonamiento y degradación del conflicto armado. La anterior afirmación se fundamenta en que las partes involucradas tienen un gran interés en la zona, razón por la cual, luchan por el control del territorio y por ende del rentable negocio de la coca. Muestra de esto es el comportamiento de los cultivos ilícitos. Los últimos cinco años las hectáreas cultivadas han presentado oscilaciones. Luego de la aspersión aérea de 17.365 hectáreas en 1999 se logró una disminución en 10.816 hectáreas de cultivos para el 2000, según los registros del SIMCI. Sin embargo, a partir del año 2001 la cantidad de hectáreas cultivadas creció de nuevo hasta alcanzar 27.381 hectáreas cultivadas de coca en 2002, cifra similar a la existente cuatro años atrás, retroceso que surge como resultado del traslado de los trabajos de fumigación aérea hacia otros departamentos. No obstante es necesario actualizar los datos a 2003 para corroborar esta dinámica percibida. Por otra parte los índices de homicidios y desplazamiento forzado presentan una tendencia ascendente durante los últimos tres años. Es entonces apenas obvio que los enfrentamientos entre los dos grupos que se disputan la zona, sean los causantes de las inquietantes cifras sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se mostrarán a continuación en este diagnóstico.
Evolución del conflicto armado Guerrilla La violencia de los años cincuenta causa la entrada por el río Guayabero de campesinos armados que huyen de la ofensiva militar dada desde el Sumapaz y se establecen selva adentro fuera del alcance de la autoridad estatal. Desde esa colonización armada están presentes las FARC en la zona, pero es a finales de los años setenta gracias al boom de la coca que se consolida su asentamiento y se reafirma su control. Bajo la conocida ley del monte, este grupo negoció con los narcotraficantes tributos sobre la comercialización y con los colonos sus salarios e impuestos sobre la venta de la hoja de coca. Los altos beneficios obtenidos de ese control ejercido en la región les permitió robustecer su capacidad militar, hasta el punto de impedir la acción del Ejército y las autoridades dado el alto riesgo que implica el intento de ingresar al territorio-. El flagelo de la droga continuó creciendo en los noventa y con éste los altos índices de violencia, a pesar del derrumbe de los precios de la coca a finales de los ochenta -por la transferencia de muchos laboratorios de procesamiento hacia el Brasil y Perú, surgida luego de la ruptura de los vínculos entre los narcotraficantes y las FARC por sus crecientes contradicciones en torno a la aceptación de los métodos y condiciones de la guerrilla para la producción de coca- e incluso del establecimiento de los programas de desarrollo encaminados hacia la sustitución de cultivos implementados por el PNR en el departamento. La siembra, producción de base, refinación y transformación de la coca se convirtió en un proceso cuya integración vertical le permitió a la guerrilla incrementar aún más sus fuentes de recursos. Con lo anterior se demuestra la coincidencia geográfica de las zonas de cultivo de coca con aquellas en donde las FARC concentran su capacidad armada. El bloque Oriental de las FARC, que reúne el mayor número de frentes de la organización y registra la actividad armada más elevada a nivel nacional, cubre el departamento del Guaviare. Se encuentra entonces el frente I llamado también Armando Ríos- cuyas operaciones se llevan a cabo en Miraflores, Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, y de forma particular en La Libertad, Barranquillita y La Unilla. Está compuesto aproximadamente por 600 hombres, según la Dirección de Inteligencia del Ejército. También opera la compañía móvil Juan José Rendón en los cuatro municipios, la cual realiza movimientos hacia el Meta y la columna móvil Reynel Méndez. Precisamente desde el Meta hace eventualmente presencia en el Guaviare el frente VII, conocido también como Jacobo Prias Alape, conformado por 300 hombres, el cual se desplaza al departamento para perpetrar sus actividades delictivas. Autodefensas Los grupos de autodefensa también se financian con los dineros de la producción de coca. A partir de 1997 el grupo identificado con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia hace presencia en la zona, con el objetivo de detener la expansión
guerrillera e incluso sacar a los alzados en armas de estos territorios, establecer un nuevo control y así obtener los grandes recursos del negocio de la coca para su financiamiento. La masacre de Mapiripán de mediados de julio de 1997, fue el primer acto que evidenció y marcó la entrada en escena de estos ilegales, durante el cual murieron una cantidad indeterminada de habitantes del casco urbano y de la zona rural cuyos cadáveres fueron arrojados al río Guaviare. La capacidad operativa de estos grupos no se conoce del todo, pues en ocasiones se ha sobreestimado el dispositivo que los mismos tienen en la región. Según la Dirección de Inteligencia del Ejército, el bloque Guaviare que opera en San José del Guaviare y El Retorno esta compuesto por 250 hombres; el otro conjunto que procede en la zona es el bloque Centauros del Llano, el cual también abarca los departamentos de Meta y Casanare.
Acciones armadas Acciones de los grupos armados irregulares Los eventos sucedidos por iniciativa de los grupos armados ilegales contra la población civil, sus bienes y contra la Fuerza Pública, experimentan un ascenso desde el año 2002. A continuación se exponen por separado algunos de los indicadores que se incluyen cuando se trata de analizar la intensidad del conflicto armado en el territorio nacional y que tienen lugar en el Guaviare. Actos de terrorismo Los hechos ocurridos en 1998 corresponden a la activación de un artefacto explosivo en la pista de aterrizaje por parte de las FARC en Miraflores y de un cilindro bomba en El Retorno, accionado por desconocidos que causaron la muerte a dos civiles. Los actos considerados como terroristas en el Guaviare tuvieron un periodo de receso entre 1999 y 2001. Para el año 2002, el frente I de las FARC activó un artefacto explosivo en una discoteca en Calamar, atacaron con granadas de fragmentación indiscriminadamente a la población e incineraron material electoral. Desconocidos intimaron a la población al accionar un artefacto explosivo instalado en una bicicleta provocando la muerte a dos personas.
En el 2003 las actividades terroristas se concentraron en San José del Guaviare en donde en dos ocasiones el frente VII de las FARC atentó contra la infraestructura vial al detonar cargas explosivas en los puentes Picapiedra y Caño Negro. A su vez atacaron bienes civiles al incinerar una tractomula transportadora de cerveza. Emboscadas Los datos existentes dan cuenta que en el período comprendido entre 1998 y 2003 se reportaron tres sucesos considerados como emboscadas. En 1998 en Miraflores una patrulla del Ejército fue atacada por desconocidos resultando heridos 13 civiles. En el 2000 en San José del Guaviare, el frente VII de las FARC atacó con armas de largo alcance una patrulla del Ejército causando la muerte a un soldado. En el 2003, en El Retorno las FARC atacaron de nuevo una patrulla del Ejército dando muerte a un sargento y un soldado. Hostigamientos La guerrilla de las FARC es la responsable de los hostigamientos presentados en el Guaviare entre
1998 y 2003. En el 2001 no se registran hechos, pero es a partir de este año que aumentan de manera considerable los ataques del grupo guerrillero a los diferentes cuerpos o unidades de las autoridades presentes en la región. En el 2003 se observa un pico debido a los múltiples embates nueve para ser precisos- con arma de fuego e incluso granadas, que las FARC han perpetuado contra patrullas del Ejército en San José del Guaviare y Calamar. De los dieciocho asaltos efectuados durante el período analizado, la mayoría han tenido lugar tanto en San José del Guaviare como en Calamar, con ocho arremetidas respectivamente. En la gráfica se observa con mayor claridad los aportes que realizan los dos municipios mencionados, al total de hostigamientos acontecidos en el Guaviare. Presencia de las Fuerzas Militares La estructura de la Fuerza Pública existente en el departamento del Guaviare esta compuesta por el Comando del departamento de Policía del Guaviare con sede en San José del Guaviare. Está conformada por 943 efectivos dentro de los cuales se encuentran sumados los del departamento del Vaupés que pertenece como distrito al Guaviare. Respecto a los demás municipios que hacen parte del Guaviare, por un lado encontramos que en Calamar se estableció servicio de Policía en octubre de este año así como en El Retorno, el cual no contaba con presencia policial en razón de una acción subversiva de las FARC en 1991; en Miraflores tras la destrucción total de las instalaciones efectuada por la FARC en su ataque del 8 de agosto de 1998, no se ha reestablecido la estación policial. La región cuenta con 1.215 miembros del Ejército Nacional y 150 de la Armada. Un total de 2.303 efectivos de la Fuerza Pública hacen presencia en la región para garantizar la seguridad y contrarrestar las acciones delictivas de los grupos al margen de la ley.
Precisamente en la gráfica presentada a continuación se puede observar las operaciones realizadas por la Fuerza Pública desde 1998 hasta el mes de octubre de 2003. Los combates o contactos armados llevados a cabo por iniciativa de los miembros de las Fuerzas Militares aumentaron de forma evidente durante los dos últimos años. Tras las 29 confrontaciones concluidas hasta octubre del 2003, fueron dados de baja no menos de 34 combatientes de los grupos ilegales, entre los que se encuentran 29 guerrilleros y 5 de las autodefensas. En agosto de 2001 se ejecutó en las inspecciones de Puerto Siare y La Cooperativa y en zona rural de San José del Guaviare, un enfrentamiento entre unidades del Ejército y la FAC contra las FARC que dejó como saldo 19 insurgentes dados de baja. En septiembre del mismo año en los alrededores de El Retorno exactamente en el corregimiento La Momposina y en las veredas de Puente Tabla, La Guarapera, y Buena Vista, unidades del Ejército se enfrentaron contra subversivos de las FARC, dieron de baja a 23 insurgentes. Estos dos hechos son contundentes como muestra de la neutralización de subversivos que ha logrado la Fuerza Pública.
Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH Homicidios Las estadísticas muestran que entre 1990 y 1992 no se registraron homicidios, situación que cambió en 1992 año a partir del cual se empiezan a presentar casos. Hasta 1995 los índices se mantuvieron por debajo de la tasa de homicidios de todo el país. Es en 1996 que se inicia la tendencia al alza, evidenciada en una tasa muy elevada en 1997, probablemente dada por el resurgimiento de los grupos de autodefensa en la zona. La seguida propensión descendiente se mantiene hasta 1999 hasta caer por debajo de la tasa nacional. En 2001 se observa nuevamente un pico, debido a las acciones de la guerrilla por consolidar sus salidas desde la zona de distensión y mantener segura la misma del ingreso de las autodefensas. Cabe resaltar las reducciones dadas entre 2002 y 2003, aunque se mantienen por encima de la tasa nacional. Respecto de los municipios que forman parte del departamento, la contribución que hace Miraflores entre 1993 y 1998 a la tasa departamental es bastante notoria, pues de hecho llega a triplicar el promedio nacional durante ese periodo. Sucede lo mismo con San José del Guaviare especialmente en 1997, año durante el cual se reportan por
ejemplo 77 homicidios. El comportamiento descendiente dado entre 1999 y 2000 se opaca en 2001 al presentarse un nuevo pico debido al aporte que hacen San José del Guaviare y El Retorno. Grupos vulnerables Con respecto a los grupos más vulnerables que son víctimas de homicidio, se perpetuó el asesinato de un maestro en San José del Guaviare el primero de agosto de 2001 del sindicato de ADEG, quien ejercía sus funciones en el Colegio Santander del municipio 1. Según el Ministerio de Protección Social sólo un sindicalista fue asesinado entre el periodo comprendido entre 1998-2002. Guaviare forma parte de la zona amazónica y constituye una de las regiones más impactadas por el drama de los pueblos indígenas que habitan tal región. Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) entre 1999 y el 2003, cerca de 300 indígenas han sido asesinados. Una quinta parte eran autoridades, mamos y capitanes. Esta grave violación contra
pueblos que tienen menos de 1.000 personas, es responsabilidad de las FARC, con varios frentes en la región, y de las AUC que se reparten casi por igual el porcentaje de las violaciones (a cada una se atribuyen cerca de un tercio de los asesinatos). Un porcentaje muy elevado, casi una cuarta parte, es de autor desconocido. 2 Masacres Por información de la Policía Nacional se conoce la realización de tres masacres durante los últimos 7 años. En 1997 se reporta un caso en el municipio de Miraflores que dejó como saldo cuatro víctimas y cuya autoría se desconoce. Lo mismo ocurre en 1999 pero esta vez en San José del Guaviare: un caso, cuatro víctimas, acto perpetrado por desconocidos. Estos hechos aparentemente tienen como trasfondo la arremetida de las autodefensas en la zona y la lucha por el control de los cultivos de coca. En el año 2002 se tiene reporte de una masacre llevada a cabo por las FARC en el municipio El Retorno, que dejó cinco víctimas. Desaparición Forzada Entre el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, el CINEP reporta la desaparición de una persona el 8 de agosto de 2002 en San José del Guaviare. Frente a los 253 casos que se denuncian en el mismo año en el país, el aporte del Guaviare a ese total nacional es mínimo. Sin embargo el subregistro de casos presentados puede ser la causal de la falta de mayor información al respecto. Toma de rehenes: secuestros La toma de rehenes tipificada en Colombia como delito del secuestro no constituye la infracción al DIH más relevante en el departamento del Guaviare. Como se observa en la tabla presentada a continuación durante los últimos seis años, en el Guaviare se han perpetrado 146 secuestros que corresponden a un 0.81% de participación en el total registrado en todo el país. El hecho que influye en el crecimiento de esa cifra departamental, es el ataque realizado por las FARC a la estación de Policía de Miraflores en 1998. Aproximadamente 125 policías y miembros del Ejército se rindieron luego de combatir durante dos días. Según datos del Ministerio de Defensa 56 policías se encuentran hasta la fecha privados de la libertad junto con una cifra cercana a 70 miembros de las Fuerzas Militares. El fin de su cautiverio esta supeditado al canje que el grupo guerrillero ha planteado a cambio de subversivos presos. Los responsables de los secuestros llevados a cabo en el Guaviare entre 1998 y 2003, corresponden en mayor proporción al grupo guerrillero de las FARC, al cual se le acusa de
efectuar el 97% de esta grave infracción al DIH. Lo siguen los grupos armados sin identificar, que podría incluir a la delincuencia común, con un 7%. Por último, a las autodefensas se les atribuye el 1% de los secuestros del Guaviare que corresponden a un hecho perpetuado en el año 2001. Desplazamiento forzado El municipio que en los últimos ocho años ha recibido mayor número de desplazados es Juan José del Guaviare. La tendencia al aumento tanto del número de hogares como de personas desplazadas hacia esta cabecera municipal inicia en el año 2000, claramente relacionable con la entrada de los grupos de autodefensa en la región para disputar a la guerrilla el control territorial de la misma con fuertes combates que aterran a la población y la obliga a moverse hacia la capital del departamento. Grupos indígenas de la región también han sido víctimas de este flagelo, como por ejemplo, el pueblo nómada de los Nukak del cual aproximadamente cuarenta miembros arribaron a San José de Guaviare el año pasado 3. Desde su primera salida a la civilización, cuando llegaron
al pueblo de La Libertad (Guaviare), en 1988, han perdido la mitad de su población y hoy son solo 400. Es un pueblo sin ancianos, pues solo se cuentan 6 personas mayores de 40 años. Su territorio coincide en parte con el enorme parque nacional del mismo nombre, en Guaviare, en el cual, según datos satelitales, hay 1.464 hectáreas de coca 4. El año alarmante es entonces el 2002 pues la Red de Solidaridad Social reporta 1.017 hogares desplazados hacia San José del Guaviare para un total de 4.683 personas. Esta dinámica puede hacer correspondencia con la disolución de la zona de distensión a principios de 2003, desde donde es probable que la población haya preferido partir de manera preventiva con el objetivo de evitar ser catalogados como colaboradores de la guerrilla. El número de hogares y personas desplazadas desde los municipios del Guaviare, presenta un comportamiento similar al fenómeno de expulsión de desplazados en el departamento. Una vez
más es desde San José del Guaviare que la mayor cantidad de población se va. En el 2002 año en el cual el flagelo del desplazamiento sufre un gran aumento, se desplazaron 1.028 hogares para un total de 4.839 personas, cuya participación en el total nacional de desplazados expulsados de sus territorios corresponde al 1.28%. Cabe anotar que la población en toda esta región es flotante como consecuencia de la erradicación por aspersión aérea de los cultivos de coca. Los datos del año 2003 no son estimados, son las cifras hasta el mes de agosto disponibles en la Red de Solidaridad Social. Entonces hasta el octavo mes del año 2003, han sido expulsadas 3.320 personas 837 hogares- de los cuatro municipios que conforman el departamento del Guaviare, pero de sólo San José del Guaviare lo han hecho 2.600 personas. Es curioso no encontrar la razón de esta conducta, pues a pesar de la tendencia al aumento de hectáreas cultivadas de coca, especialmente en Miraflores desde el año 2001 y la disminución en las hectáreas asperjadas, el movimiento de la población no se ha efectuado hacia este municipio. Uso de minas antipersonal Durante los últimos trece años, quince (15) han sido las víctimas de minas antipersonal en el Guaviare. Un mayor número de éstos accidentes han tenido lugar en el área rural de San José del Guaviare. Respecto de los incidentes, concepto que reúne categorías como desminado, desactivación, incautación, entre otras, 36 eventos se reportan, para un total de 51 casos presentados entre 1990 y noviembre de 2003. 1 Fuente: Fecode 2 Fuente: Fundación Hemera, Veintidós de los 54 pueblos indígenas de la Amazonía, en alto riesgo por el conflicto armado, Noviembre 23 de 2003, en www.etniasdecolombia.org, tomando como referencia a La agonía del jaguar: Derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana del Proyecto Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y Ecuatoriana que ejecuta la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU con auspicio de la Unión Europea. 3 Fuente: El Tiempo, El conflicto está extinguiendo a los Nukak, uno de los últimos pueblos nómadas del mundo, Noviembre 22 de 2003. 4 Fuente: El Tiempo, Editorial: Colombianos en peligro de extinción, Noviembre 27 de 2003.
Conclusiones La grave situación de violación de los derechos humanos en el departamento del Guaviare, es consecuencia de la disputa entre los diferentes grupos armados ilegales, presentes en la región, por su interés de dominar el territorio para tener la libertad de controlar los cultivos ilícitos y obtener los amplios recursos de financiamiento que el negocio de la coca proporciona. Los fuertes enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y las autodefensas particularmente en las áreas rurales de los municipios, ha provocado el desplazamiento de cientos de personas hacia la capital del departamento. La falta de presencia de la autoridad estatal durante tantos años dado el alto riesgo que implica, ha permitido el escalonamiento del conflicto, reflejado en las altas tasas de homicidios comparadas con la tasa nacional, registradas durante los últimos ocho años. La población civil y en especial los pueblos indígenas que habitan la zona, son los afectados directos de la escalada armada que sufre Guaviare.