Informe 2013 sobre Prácticas de Derechos Humanos Departamento de Estado de Estados Unidos Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo BOLIVIA RESUMEN EJECUTIVO Bolivia es una república constitucional multipartidista con un presidente elegido y un parlamento bicameral. En diciembre de 2009, en un proceso considerado libre e imparcial por observadores internacionales, los ciudadanos reeligieron como presidente a Evo Morales Ayma, líder del partido Movimiento al Socialismo. Las autoridades mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, pero hubo denuncias de que las fuerzas de seguridad cometieron abusos contra los derechos humanos. Los problemas más graves de derechos humanos incluyen la corrupción e ineficiencia generalizada en el sistema de aplicación de la ley y judicial del país, conduciendo a arrestos o detenciones arbitrarias y a la denegación de un juicio público, imparcial y oportuno, así como la violencia contra la mujer. Otros problemas de derechos humanos incluyen las duras condiciones carcelarias, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, falta de transparencia en el gobierno, trata de personas y justicia por mano propia. La discriminación social persistió contra las mujeres, miembros de grupos minoritarios raciales y étnicos, personas indígenas, personas con discapacidad, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) y personas con VIH/SIDA. En algunos casos, el gobierno tomó medidas para procesar a funcionarios de los servicios de seguridad y a otros funcionarios de gobierno que cometieron abusos; sin embargo, la aplicación inconsistente de las leyes y un sistema judicial disfuncional condujeron a la impunidad. Sección 1. Respeto por la Integridad de la Persona, Incluyendo Ser Libre de Sufrir: a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida
Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales. El mecanismo legal para investigar y castigar el abuso y la corrupción interna permaneció suspendido y sin aplicación durante el año. Las autoridades militares se negaron a proporcionar información sobre al menos seis muertes de efectivos militares. Por ejemplo, el 18 de julio, el cadete del Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz Wildo Daniel Delgado fue muerto por impactos de bala, pero los militares no proporcionaron ninguna información sobre el incidente. El 1 de agosto, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra informó a una comisión del Congreso que 20 miembros de las fuerzas armadas habían muerto como resultado de accidentes internos y posiblemente asesinatos desde 2010, de los cuales 11 fueron resultado de ahogamiento. El Ministro no dio a conocer información específica acerca de los casos. El 19 de enero, el Tribunal Constitucional reconoció la justicia ordinaria en el caso en que estuvieron involucrados los subtenientes Jorge Castro Ureña, Rudy Gerardo Flores Herrera, Franz Eduardo García y Roberto Roya Velásquez, todos acusados del asesinato del subteniente Grover Poma Guanto en 2011. El tribunal dictaminó que los tribunales civiles deben juzgar casos en que las fuerzas armadas o sus líderes están acusados de cometer abusos contra los derechos humanos. Los militares no cumplieron la resolución del tribunal y el 7 de julio el fiscal Gilbert Muñoz abrió una causa contra los militares por negarse a entregar toda la información relacionada con el caso Poma. La petición de Muñoz estaba pendiente al finalizar el año. b. Desaparición No hubo informes de desapariciones por motivos políticos. c. Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes La Constitución y las leyes prohíben esas prácticas, pero hubo al menos dos denuncias de que funcionarios de gobierno las emplearon. El ciudadano brasileño Adao Nilson Souza da Silva denunció que policías lo detuvieron y torturaron durante casi cinco horas el 18 de abril para coaccionarlo a confesar un asesinato de alto perfil. Souza informó que los policías lo asfixiaron al obligarlo a introducir la cabeza en una bolsa de plástico. Autoridades del poder judicial retuvieron a Souza en prisión preventiva desde el 18 de abril hasta el 26 de abril, cuando otro individuo confesó el asesinato. El gobierno no investigó el incidente ni presentó cargos contra los policías por la presunta tortura.
El 12 de septiembre, el soldado Freddy Rodríguez denunció que un instructor militar y otros soldados lo agredieron en una base militar en Tupiza, Departamento de Potosí. Rodríguez fue atendido en el Hospital Eduardo Eguía en Potosí y la autoridad militar local se comprometió a investigar los supuestos abusos en un plazo de 10 días. Las autoridades no emitieron ninguna información sobre la investigación militar interna hasta finales del año. Condiciones de las prisiones y centros de detención Las condiciones de reclusión fueron muy duras debido al hacinamiento. Las autoridades reconocieron que, debido a la corrupción entre los guardias de bajo rango y mal pagados, el Estado fue incapaz de controlar a los reclusos dentro de las instalaciones. La falta de control interno creó un ambiente inseguro, que dio por resultado al menos 36 muertes de reclusos. Cientos de niños vivieron en los centros penitenciarios inseguros, lo que llevó a varios casos de abuso infantil y a la muerte de al menos dos niños. Muchos prisioneros fueron obligados a pagar sobornos para recibir protección y espacio de residencia. Condiciones físicas: Las prisiones y centros de detención estuvieron superpoblados y no contaron con los fondos suficientes. El 2 de septiembre, el Sistema Penitenciario Nacional anunció que había 14.771 reclusos, con un incremento de 1.282 desde finales del año 2012, en un sistema diseñado para recluir entre 5.000 y 5.750 personas. El Defensor del Pueblo informó que hasta el mes julio el 13 por ciento de la población carcelaria era de sexo femenino. Durante el año, 236 reclusos recibieron indultos como resultado de un Decreto Supremo de diciembre de 2012, permitiendo la liberación de hasta 1.600 reclusos. Demoras burocráticas serias y la falta de acceso a asistencia legal limitaron el número de reclusos que recibieron indultos. El 11 de septiembre, el presidente Morales emitió un Decreto Supremo para otorgar amnistía hasta a 2.000 reclusos, pero hasta el 1 de noviembre, las autoridades habían liberado sólo a siete reclusos. Las autoridades gubernamentales anunciaron que la capacidad del sistema penitenciario para admitir reclusos aumentó en 750 personas, por medio de la adición de un centro de rehabilitación para 450 personas en Yacuiba, departamento de Tarija, que fue inaugurado el 4 de junio y con nuevas instalaciones para 300 reclusos en Patacamaya, departamento de La Paz, inauguradas el 19 de agosto. Los medios de comunicación informaron que la falta de agua y electricidad impidió que las instalaciones de Yacuiba admitieran a los 450 presos que se había proyectado y que hasta el 29 de octubre las instalaciones de Patacamaya tenían 161 reclusos.
Debido a la falta de vigilancia policial interna, la violencia y los disturbios entre los presos continuaron representado un problema. El 11 de abril, reclusos de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz dieron muerte al recluso Carlos Enrique Pereira Marisa, pero las autoridades no investigaron su muerte. El 23 de agosto, un incendio iniciado durante un conflicto violento entre dos grupos de reclusos en la cárcel de Palmasola, mató a 35 personas, entre ellas un niño de 18 meses de edad. Las autoridades gubernamentales respondieron trasladando a 10 reclusos sospechosos de encabezar el conflicto a la cárcel de Chonchocoro en el departamento de La Paz. Hay tres cárceles de mujeres ubicadas en La Paz, Cochabamba y Trinidad. En las cárceles de Morros Blancos en Tarija, Montero en Santa Cruz, Riberalta en Beni, y Oruro en Oruro, hombres y mujeres compartieron las instalaciones para dormir. En el resto de las instalaciones, hombres y mujeres tuvieron dormitorios separados, pero las poblaciones se mezclaron diariamente. Las condiciones de las reclusas fueron similares a las de los hombres. Los detenidos en prisión preventiva estuvieron recluidos juntamente con los reos. De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Gobierno, 1.000 menores de edad condenados (con edades entre 16 y 21 años) no fueron separados de los reclusos adultos en las cárceles. Reclusos adultos y policías presuntamente abusaron de menores presos. El 17 de enero, el Director Nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos ordenó el traslado de 42 menores de edad de las instalaciones de Calahuma en Viacha, Departamento de La Paz, a la prisión de San Pedro de La Paz debido a denuncias de hostigamiento y tortura infligidas por parte de guardias de la policía. Después que los padres de los menores protestaron por el traslado a la superpoblada cárcel de San Pedro, las autoridades hicieron retornar a los reclusos menores de edad a Calahuma el 18 de enero. Los programas de rehabilitación para delincuentes juveniles u otros prisioneros fueron escasos. Aunque la ley permite que niños hasta la edad de seis años vivan con un padre o madre en reclusión, menores de hasta 12 años vivieron con sus padres, por lo general con sus madres, dentro de las prisiones. De acuerdo con datos del Programa de Educación Alternativa del Ministerio de Educación publicados en junio, por lo menos 2.100 niños y adolescentes vivían en centros penitenciarios del país: 1.197 eran menores de seis años de edad, mientras que 903 estaban por encima del límite legal de seis años de edad. El gobierno tomó algunas medidas para reubicar a los niños de los centros penitenciarios del país. El 10 de julio, el gobernador de la Cárcel de San Pedro Carlos Coritza anunció que los funcionarios habían retirado de 40 a 50 menores de edad de las instalaciones; el 16 de julio, el
Director de Políticas Sociales de Santa Cruz, Duberti Soleto, anunció que había evacuado a 96 menores de edad; y el 27 de julio, el asesor legal del Defensor del Pueblo David López anunció que las autoridades habían trasladado a 40 menores de edad fuera de la Prisión de Morros Blancos en Tarija. Se recibieron denuncias de abuso de niños que viven en los centros penitenciarios. El 10 de junio, autoridades de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz descubrieron que un recluso había abusado sexualmente de un niño de seis años de edad que vivía en el centro y el 20 de junio autoridades de la cárcel de San Pedro en La Paz encontraron a una niña de 12 años de edad, cuyo padre, tío y padrino encarcelados habían abusado sexualmente de ella durante un período de cinco años en la prisión. Las condiciones de salud peligrosas ponen en riesgo a los niños que viven en los centros penitenciarios. Después de un brote de meningitis en la cárcel de San Pedro de La Paz, que dio por resultado la muerte de una mujer y su hijo el 1 de junio, el Director Nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos ordenó la evacuación de los cerca de 236 menores de edad que vivían en el centro, pero canceló su orden después que las autoridades no pudieron encontrar refugio temporal para los menores de edad. Debido a la persistente corrupción, los recursos económicos de un recluso a menudo determinaron el tamaño de su celda, privilegios de visitas, posibilidad de asistir a las audiencias en los juzgados, elegibilidad para salir por el día, así como el lugar y la duración de su encierro. En la prisión de San Pedro, el principal centro de La Paz, funcionarios exigieron sobornos de entre 686 a 6.860 bolivianos (USD 100 a USD 1.000) a los reclusos antes de asignarlos a las celdas y dejaron que al menos 180 presos durmieran en pasillos y espacios al aire libre. Los medios de comunicación informaron que algunas instalaciones carcelarias permitieron que hubiera hasta 45 presos en una sola celda. Los presos denunciaron que había un número insuficiente de agentes de la policía para escoltar a los reclusos a sus audiencias judiciales, retrasando aún más sus casos. Los reclusos también denunciaron que los policías exigieron sobornos a cambio de permitir que asistan a las audiencias. Los servicios para sustentar las necesidades básicas fueron inadecuados. Los presos tuvieron acceso a agua potable, pero la dieta estándar de las cárceles fue insuficiente y los reclusos que pudieron permitírselo complementaron sus raciones por medio de comprar comida. El Director Nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos declaró que el Estado asignó el equivalente a 6,4 bolivianos (USD 0,92) para la dieta diaria de un prisionero y 3,2 bolivianos (USD 0,46) para la alimentación de los niños menores de edad que vivían con sus padres presos. La
ley establece que los presos tienen acceso a atención médica, pero la atención fue inadecuada y fue difícil para los prisioneros obtener permiso para recibir tratamiento médico fuera de las prisiones. El 2 de septiembre, los presos en la nueva cárcel de Patacamaya protestaron, alegando falta de alimentos, agua caliente y camas en las instalaciones. Administración: La administración de los registros de los prisioneros fue adecuada y fue llevada a cabo por la oficina nacional de régimen penitenciario. No se implementaron medidas alternativas a la condena para delincuentes no violentos. Las autoridades proporcionan a los detenidos un acceso razonable a visitas y permiten la observancia de sus prácticas religiosas. Las autoridades permitieron a los presos presentar denuncias periódicamente a una comisión de jueces de distrito con fines de investigación; sin embargo, debido al temor a represalias por parte de las autoridades penitenciarias, los reclusos con frecuencia no presentaron denuncias de abusos. Monitoreo independiente: El gobierno generalmente permitió visitas de observadores no gubernamentales independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, jueces y representantes de los medios, y estas visitas se realizaron durante el año. d. Arresto o detención arbitraria La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria, pero en algunos casos las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a personas bajo circunstancias legalmente dudosas. El 4 de septiembre, las fuerzas del orden detuvieron ilegalmente a Luis Vásquez, abogado del Senador Roger Pinto del Partido Convergencia Nacional, viviendo en el exilio en Brasil, en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz durante ocho horas. Vásquez se dirigía a Brasil para asesorar a Pinto sobre sus asuntos legales (ver sección 2.d.). El caso contra el ex presidente del Banco Central (1995-2006) Juan Antonio Morales, investigado por enriquecimiento ilícito por bonos que recibió y otorgó a los empleados del banco en 1995-1997 continuó a finales del año. A pesar de la decisión de octubre de 2012 por parte del Tribunal Constitucional de derogar la cláusula de retroactividad de la ley anticorrupción, bajo la cual las autoridades presentaron los cargos contra Morales, el gobierno no desestimó el caso. Además, el fiscal jefe que supervisaba la investigación, Harry Suaznábar, fue acusado de
participar en la red de extorsión descubierta por el caso de Jacob Ostreicher y huyó del país en enero (ver la sección 4). Desde su arresto en 2011, Morales permaneció bajo arresto domiciliario, aunque el gobierno le concedió permiso para enseñar en una universidad. Papel de la policía y del aparato de seguridad La Policía Nacional tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir la ley y mantener el orden en el país, pero las fuerzas militares pueden ser llamadas para ayudar en situaciones críticas. La Policía depende del Ministerio de Gobierno y las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. El mecanismo legal para investigar y sancionar el abuso y la corrupción interna permaneció suspendido y no se aplicó en el año como consecuencia de huelgas de la policía nacional realizadas en junio de 2012, cuando el gobierno acordó revisar el código. El 22 de mayo, el Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno Humberto Echalar anunció que el Gobierno reanudaría las negociaciones con la Asociación Nacional de Policías sobre la implementación de la nueva ley disciplinaria, pero a fin de año las partes no habían llegado a un acuerdo. Procedimientos de arresto y trato de los detenidos La ley requiere que la policía obtenga una orden de detención de un juez y que la policía informe al fiscal sobre un arresto en un lapso de ocho horas. La ley también establece que un detenido debe comparecer ante un juez en un lapso de 24 horas (excepto bajo un estado de sitio declarado, en el que un detenido puede ser retenido durante 48 horas), momento en el cual el juez debe determinar la procedencia de continuar la detención preventiva o de liberar al detenido bajo fianza. El juez ordenará la libertad del detenido si el fiscal no presenta razones suficientes para el arresto. El estado permite que los imputados de un delito escojan sus abogados y el Estado también proporciona un abogado de la oficina de la Defensa Pública si el sospechoso así lo solicita. Detención arbitraria: Las autoridades judiciales no presentaron acusaciones formales ni desestimaron el caso contra el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, en violación del límite legal de 18 meses establecidos para completar el proceso de investigación y para presentar acusación formal contra un imputado. Ostreicher regresó a Estados Unidos el 16 de diciembre. La policía arrestó a Ostreicher en 2011 por sospecha de lavado de dinero y por asociación con una
organización delictiva, lo pusieron en prisión preventiva y lo retuvieron hasta diciembre de 2012, cuando fue puesto en libertad a condición de guardar arresto domiciliario. En noviembre y diciembre de 2012, las autoridades arrestaron a más de una docena de funcionarios del gobierno por denuncias de extorsión relacionadas con el caso, pero ninguno de los funcionarios fue enjuiciado hasta finales del año. El gobierno alegó que funcionarios corruptos presionaron al juez para revertir su decisión inicial de conceder la libertad bajo fianza a Ostreicher en 2011 y aplazar las audiencias judiciales en su caso más de 20 veces. Asimismo, el gobierno alegó que durante el encarcelamiento de Ostreicher, los funcionarios detenidos ilegalmente vendieron los bienes de la empresa de Ostreicher y robaron sus productos (ver sección 4). El 20 de febrero, el presidente Morales pidió a Ostreicher probar el origen de sus inversiones en el país, a pesar del hecho de que Ostreicher no había sido acusado de un delito. Prisión preventiva: Un informe nacional sobre penitenciarías publicado en septiembre confirmó que el 83 por ciento de todos los reclusos, 12.260 personas, se encontraban en prisión preventiva. La ley otorga a los jueces la facultad de ordenar la detención preventiva si existe una alta probabilidad de que un sospechoso haya cometido un delito, si existe evidencia de que el acusado pretende obstaculizar el proceso de investigación, o si un imputado es considerado un riesgo de fuga. Si un imputado no es detenido, un juez puede ordenar restricciones importantes sobre los movimientos del mismo. En general, los detenidos tuvieron acceso inmediato a sus familiares y acceso a abogados. Aproximadamente el 70 por ciento de los detenidos no pudo pagar el costo de un abogado defensor y los defensores públicos asignados a sus casos estuvieron sobrecargados de trabajo. La Fundación Construir, una organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos, informó en mayo que los fiscales y jueces en gran medida basaron su trabajo en el recurso de la prisión preventiva. El informe encontró que los fiscales buscan la detención preventiva de un sospechoso en el 70 por ciento de los casos y que los jueces ordenan la detención preventiva en el 54 por ciento de los casos. En Santa Cruz, que tuvo la mayor población carcelaria del país, los jueces ordenaron la prisión preventiva de sospechosos en el 86 por ciento de todos los casos. La denegación de la justicia debido a la prolongada detención preventiva continuó siendo un problema. Aunque la ley establece que la fase de investigación y la fase de prueba de un caso no deben exceder 36 meses combinados, la Fundación Construir estimó que aproximadamente el 75 por ciento de los imputados permanecía en prisión preventiva más allá de los límites legales. La ley establece que nadie puede ser detenido por más de 18 meses sin acusación formal. Si
después de 18 meses la fiscalía no presenta cargos formales y concluye la fase de instrucción, el detenido puede solicitar su liberación ante un juez. El juez debe ordenar la liberación del detenido, pero los cargos contra el detenido no se retiran. La corrupción judicial, la escasez de defensores públicos, los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos y los complejos procedimientos penales mantuvieron a muchos imputados detenidos durante más de 18 meses antes de ir a juicio. El 8 de febrero, la jueza Estrella Montaño Ocampo ordenó la inmediata liberación de Luis Córdoba Marca, que había permanecido detenido por más de 21 años en prisión preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. Córdoba denunció que las autoridades gubernamentales nunca le informaron acerca de la naturaleza de los cargos contra él. El 24 de julio, un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo de Santa Cruz anunció su preocupación por el caso de Zacarías Navia Navia, recluso de Palmasola, quien había estado en detención preventiva por más de 23 años sin sentencia. El 5 de diciembre, el gobierno liberó a Navia. Niños de 11 a 16 años de edad pueden ser detenidos indefinidamente en centros infantiles por delitos conocidos o por sospecha de haberlos cometido, o para su protección, por orden de una trabajadora social. No existe una revisión judicial de dichas órdenes. e. Denegación de un juicio público justo La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial fue corrupto y estuvo sobrecargado de trabajo. En septiembre, la Presidenta del Consejo de la Magistratura Cristina Mamani declaró que la acumulación de casos alcanzaba a 500.000 y que sólo había 815 jueces en todo el país. Un informe de la Fundación Construir, la Universidad Católica de La Paz y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que en las jurisdicciones urbanas se contrató sólo a 10 nuevos fiscales departamentales entre 2008 y 2012 y que los jueces de los tribunales penales enfrentaban una acumulación de casi 129.000 casos. Las autoridades generalmente respetaron las órdenes judiciales, pero a veces impusieron cargos contra jueces para presionarlos a cambiar sus veredictos. El 15 de agosto, el Instituto de Estudios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Transparencia dio a conocer un informe citando los retrasos judiciales promedio en casos de corrupción. El estudio informó que aunque la ley obliga a que el proceso de investigación de un caso no puede exceder de 18 meses, la duración promedio de una investigación de un caso de corrupción
fue de 417 días. El estudio también encontró que en lugar del período de 20 días requerido entre la acusación formal y la primera audiencia, el caso promedio requirió 454 días para recibir la atención de un juez o un jurado. Procedimientos judiciales La Constitución y las leyes prevén el derecho a ser informado de los cargos sin demora y en forma detallada y a tener un juicio justo y sin dilaciones indebidas. Los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia y a un juicio por jurado. También tienen el derecho de consultar a un abogado, a tener tiempo y facilidades adecuadas para preparar una defensa, a confrontar a los testigos adversos, presentar testigos y pruebas, a tener acceso a pruebas en posesión del gobierno y a presentar una apelación. Los acusados que no pueden pagar un abogado tienen derecho a un defensor público o a un abogado particular a expensas públicas. El 5 de febrero, el ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández del Partido Poder Democrático y Social (PODEMOS), en juicio por ataques y homicidio, fue liberado de prisión y se le ordenó permanecer en arresto domiciliario debido a su precario estado de salud. En 2011, su período de detención excedió el límite de tres años en prisión sin condena, pero el juicio continuó al finalizar el año. El 25 de julio, el Viceministro de Medioambiente Jorge Barahona anunció que el gobierno estaba en proceso de expropiar una finca de 3.000 hectáreas de Fernández, en Pando, debido a la falta de productividad que dañaba el interés económico de la comunidad local, una medida que Fernández calificó de "persecución política". En al menos un caso, las autoridades judiciales no tomaron en cuenta la condición de salud del imputado, posiblemente contribuyendo a su muerte. El 12 de octubre, el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, sufrió un ataque al corazón y murió en La Paz. La abogada de Bakovic, Audalia Zurita, declaró que las autoridades judiciales ordenaron la presencia de su cliente en una audiencia en un juzgado en La Paz, a pesar de las advertencias de los profesionales médicos de que no podía viajar desde su casa en Cochabamba a una región de gran altitud sin graves riesgos para su salud. Presos y detenidos políticos Aunque no hubo informes de prisioneros o detenidos políticos, miembros de la oposición denunciaron que los cargos contra algunos funcionarios electos tenían una motivación política (ver la sección 3). Procedimientos judiciales y recursos civiles
Hay un proceso judicial en lo civil y la ley dispone reparaciones penales por violaciones de derechos humanos. Al terminar un juicio penal, el agraviado puede iniciar un juicio civil para reclamar daños y perjuicios. El Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones administrativas sobre casos específicos de derechos humanos, que el gobierno puede hacer cumplir (las resoluciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes y el estado no está obligado a aceptar sus recomendaciones). Los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos de una persona pueden ser presentados a través de peticiones por individuos u organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez puede presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corte puede ordenar reparaciones civiles, incluyendo una justa indemnización, a la persona perjudicada. f. Interferencia arbitraria con la privacidad, familia, hogar o correspondencia La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones. Sección 2. Respeto por las libertades civiles, incluyendo: a. Libertad de Expresión y de Prensa La Constitución y las leyes establecen la libertad de expresión y de prensa, pero el gobierno no siempre se respetó estos derechos. El gobierno utilizó la ley antirracismo para restringir ambos derechos y algunos medios de comunicación informaron que el gobierno los presionó para que informaran favorablemente sobre sus políticas. Algunos miembros de la prensa también denunciaron que funcionarios del gobierno hostigaron verbalmente a periodistas e intimidaron a medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno. Libertad de expresión: La demanda presentada en virtud de la ley antirracismo del año 2010 contra la presentadora de televisión Milena Fernandez por parte de la alcaldesa de Oruro Rossio Pimental en julio de 2012 continuó sin resolverse. El 29 de enero, el Viceministro de Descolonización Félix Cárdenas anunció que su oficina se uniría a la causa contra Fernández, quien declaró en un programa de televisión de julio de 2012 que la ciudad de Oruro era maloliente. Las audiencias del caso programadas para el 13 de octubre y el 5 de noviembre fueron canceladas y el caso continuaba pendiente a fin de año. Libertad de prensa: Algunos medios de comunicación alegaron que el gobierno presionó a organizaciones de noticias para informar favorablemente sobre las políticas del gobierno y que tomó represalias contra las organizaciones de noticias que no cumplieron. Periodistas alegaron que las tácticas de represalia del gobierno
incluyeron el retiro de todos sus anuncios, negando así una importante fuente de ingresos e iniciando auditorías fiscales estrictas, lo que obligó a las empresas a invertir tiempo y recursos para defenderse. La demanda del Ministerio de la Presidencia de agosto de 2012 contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos Página Siete y El Diario en virtud de la ley antirracismo por difundir e incitar el racismo, continuó sin resolución. El gobierno presentó los cargos después que los periódicos publicaron titulares afirmando que el Presidente Morales calificó de flojas a las personas de la región oriental de tierras bajas. La Asociación Boliviana de Radiodifusoras volvió a expresar su preocupación por la ley de telecomunicaciones de 2011 que obliga la redistribución de las licencias de radiodifusión y proporciona al gobierno una participación del 33 por ciento de dichas licencias. La asociación afirmó que la ley restringiría la libertad de expresión y dijo que se podrían perder 400 entidades de radiodifusión a favor del gobierno cuando sus licencias expiren en 2017. Violencia y acoso: Hubo informes de violencia y hostigamiento contra miembros de la prensa. También hubo denuncias de que funcionarios del gobierno, individualizaron y hostigaron a medios percibidos como críticos del gobierno. En febrero, el Observatorio Nacional de Medios de Comunicación y la Fundación Unir informaron que en 2012 hubo al menos 81 casos de agresión verbal y física contra 130 empleados del sector de los medios. La Asociación Nacional de la Prensa, que representa a 20 medios de comunicación, informó que hubo 33 casos de ataques violentos y 27 casos de acoso verbal contra sus periodistas en 2012. El 21 de mayo, manifestantes que acusaban a la estación La Voz de la Mayoría AM 1080 en Caranavi, Departamento de La Paz de emitir información sesgada, irrumpieron en la radioemisora. Los manifestantes amenazaron de muerte al periodista Franz Eddy Loza y al técnico Juan Carlos Mazarro y destruyeron los equipos de la estación de radio. El 22 de mayo el Ministerio de Comunicación condenó el hecho, como un ataque contra la libertad de prensa, pero el gobierno no tomó ninguna medida contra los perpetradores. En enero, la policía detuvo a cuatro sospechosos por cargos de intento de homicidio por su presunta participación en el ataque perpetrado en octubre de 2012 contra Radio Popular en Yacuiba, departamento de Tarija. Durante el ataque, el periodista radial Fernando Vidal y encargada técnica del estudio Karen Arce sufrieron quemaduras graves. La Ministra de Comunicación Amanda Dávila
denunció el ataque y el Ministro de Gobierno Carlos Romero prometió una investigación rápida y exhaustiva. El 5 de junio, uno de los sospechosos, Antonio Camacho, fue puesto en libertad bajo palabra, pero huyó y a fin de año se desconocía su paradero. Los otros tres sospechosos continuaban en prisión preventiva en espera de juicio a finales del año. Libertad en internet No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a internet o informes creíbles de que el gobierno vigilara el correo electrónico o las salas de chat de Internet sin autorización legal adecuada, pero el vicepresidente García Linera declaró en octubre de 2012 que el gobierno registraba los nombres de las personas que insultaban al presidente Morales en las redes sociales. El censo de 2012 encontró que el 9 por ciento de los hogares tenía acceso a internet, pero las familias de las regiones rurales del país, informaron tener un acceso más limitado en sus casas. Por ejemplo, el censo reveló que sólo el 3 por ciento de los hogares en el departamento de Potosí tienen acceso a internet en sus residencias. Un estudio de Captura Consulting realizado en agosto de 2012 encontró que el 53 por ciento de los ciudadanos utiliza internet de vez en cuando, pero que menos del 15 por ciento utiliza internet diariamente. Libertad académica y de eventos culturales No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica o sobre eventos culturales. b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas La constitución establece la libertad de reunión y asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. La ley exige un permiso para llevar a cabo la mayoría de las manifestaciones, pero el gobierno rara vez aplicó las disposiciones y la mayoría de las manifestaciones se realizaron sin obtener permisos. Libertad de reunión Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en ocasiones los manifestantes portaron armas, incluyendo palos, machetes, armas de fuego y dinamita. Las fuerzas de seguridad (policía y en ocasiones, el ejército) a veces dispersaron grupos de manifestantes que portaban armas o que amenazaban instalaciones gubernamentales y privadas. El 14 de febrero, la policía utilizó gases lacrimógenos para evitar que un grupo de manifestantes pacíficos entrara en la plaza principal donde se encuentra la sede del
gobierno para exigir que el gobierno aprobara una ley para prevenir la violencia de género. Las autoridades concedieron a los manifestantes acceso a la plaza después que intervinieron varias ministras del gabinete que participaban en la marcha. A fin de año, las autoridades continuaban investigando el caso ocurrido en Yucumo, Beni, en 2011, en el que las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos y otros métodos para dispersar una marcha pacífica de líderes indígenas que protestaban por la construcción de una carretera a través de sus tierras. En enero de 2012, el fiscal descartó la participación del Presidente Morales, del Vicepresidente García Linera y del ex Ministro de Gobierno y actual embajador ante ONU, Sacha Llorenti. Sin embargo, el 1 de agosto, el ex abogado del Ministerio el Gobierno Boris Villegas, detenido por cargos de extorsión relacionados con el caso de Jacob Ostreicher, dijo a los fiscales que Llorenti ordenó a la policía intervenir la marcha (ver secciones 1.d. y 4.). El 10 de septiembre, los fiscales enviaron ocho preguntas al Presidente Morales para proporcionar información sobre su participación en el caso y el 30 de septiembre Morales respondió por escrito que él no ordenó ni sabía quién aprobó la intervención de la policía. El ex comandante de la policía Oscar Muñoz, detenido en 2011 por cargos relacionados con la agresión policial, permaneció bajo arresto domiciliario y los fiscales no presentaron cargos contra sospechosos adicionales hasta fin de año. Libertad de asociación La Constitución establece la libertad de asociación y el gobierno generalmente respetó estos derechos. c. Libertad de religión Ver el Informe del Departamento de Estado sobre la Libertad Religiosa Internacional en www.state.gov/j/drl/irf/rpt. d. Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y apátridas La constitución y las leyes establecen la libertad de movimiento interno, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación. La ley prohíbe viajar 24 horas antes de las elecciones y en los días del censo y restringe los viajes al extranjero y doméstico hasta por tres meses como sanción a las personas que no votan. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección
y ayuda a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés. Exilio: El ACNUR informó que a enero de 2013 había 618 refugiados bolivianos que vivían en el exilio en el exterior y 156 bolivianos en proceso de buscar asilo. El Senador Roger Pinto del Partido Convergencia Nacional, a quien el gobierno de Brasil concedió asilo político en junio de 2012, huyó a Brasil el 23 de agosto. Pinto había estado viviendo en la embajada de Brasil desde mayo de 2012, después que el gobierno boliviano se negara a concederle un salvoconducto, acusándolo de 21 delitos penales y declarándolo culpable de un cargo por corrupción en junio. Pinto permanecía en Brasil a finales de año. El 8 de agosto, el fiscal de distrito de Tarija Gilbert Muñoz presentó una nueva acusación de corrupción contra el suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, motivo por el cual el juez Carsen Romero de Peña ordenó el arresto de Cossío. La Ministra de Transparencia Nardi Suxo declaró en junio que Cossío enfrenta otros 22 cargos penales. Cossío fue suspendido de su cargo en 2010 por cargos de corrupción y en 2011 se le concedió asilo en Paraguay, donde permanecía a finales del año. Protección de los refugiados ACNUR informó que 733 refugiados procedentes de más de 20 países residían en el país. Según informes de prensa, la mayoría de los refugiados eran peruanos y vivían en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El Estado no proporcionó servicios de protección temporal o de reasentamiento a estas personas. Acceso al asilo: La ley prevé la concesión del asilo o estatus de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados a través de la Comisión Nacional de Refugiados. Devolución: El 19 y 20 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó los argumentos en el caso de la familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. La familia denunció que en 2001 el gobierno había violado su condición de refugiados al hacerlos retornar por la fuerza a Perú, donde fueron encarcelados. La familia presentó una petición ante la CIDH en 2002, que en 2004 concluyó que el gobierno había violado varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH remitió el caso a la Corte IDH en febrero de 2012, pero la corte no había emitido un fallo hasta fin de año.
Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno La constitución y las leyes reconocen el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno de manera pacífica y los ciudadanos ejercieron este derecho a través de elecciones periódicas, libres, imparciales y basadas en el sufragio universal. Muchos ciudadanos en edad de votar, en particular en las zonas rurales, carecieron de los documentos de identidad necesarios para votar. Un amplio espectro de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas funcionaron libremente. Las elecciones para cargos nacionales y gobiernos municipales están programadas para realizarse cada cinco años. Elecciones y participación política Elecciones recientes: Grupos de monitoreo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter consideraron que las elecciones presidenciales y legislativas nacionales de 2009 fueron pacíficas, libres e imparciales. Las primeras elecciones judiciales de la nación, que se realizaron en octubre de 2011, fueron consideradas libres e imparciales por observadores de la OEA y de la Unión de Naciones Suramericanas. Las leyes electorales, sin embargo, prohibieron a los medios de comunicación tener acceso a los candidatos antes de las elecciones, y líderes de la oposición afirmaron que la preselección de candidatos por el Congreso ocasionó que la votación fuera legal pero no legítima. Partidos Políticos: No hay restricciones indebidas impuestas a los partidos políticos, pero algunos líderes políticos de la oposición denunciaron que las acusaciones del gobierno contra algunos funcionarios electos y líderes políticos de la oposición fueron motivadas políticamente. El 3 de mayo, Margoth Arriaga, alcaldesa de San Ramón, en el departamento del Beni e integrante del Partido Primero el Beni, fue arrestada y puesta en detención preventiva por denuncias de corrupción. El 6 de mayo, sufrió un ataque al corazón inducido por estrés y fue trasladada al Hospital Germán Busch en Trinidad para recibir tratamiento. Por lo menos cinco audiencias judiciales en su caso se cancelaron sin explicación y a fin de año, permanecía en detención preventiva sin cargos formales ni una sentencia. El gobernador del departamento de Beni Ernesto Suárez (del partido PODEMOS), quien renunció para permitir una elección especial el 20 de enero, continuaba en investigación al finalizar el año. En 2011 Suárez fue suspendido de su cargo por
acusaciones de corrupción. El 2 de julio, el ex abogado del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, detenido bajo acusaciones de extorsión en relación con el caso de Jacob Ostreicher, dijo a los fiscales que el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, construyó un caso falso contra Suárez para destituirlo de su cargo (ver secciones 1.d. y 4 ). El 10 de julio, Suárez presentó una demanda alegando sedición contra el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, Llorenti y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Gonzalo Hurtado. El 5 de febrero, el Tribunal Constitucional anunció su decisión de abrogar cuatro artículos de la Ley de Autonomías Departamentales que le permitieron al gobierno suspender de sus cargos a funcionarios elegidos que estaban bajo investigación pero que no habían sido condenados. La decisión del Tribunal Constitucional no fue aplicada de forma automática de manera retroactiva y los funcionarios suspendidos tuvieron que interponer recursos legales para reanudar sus funciones como funcionarios elegidos. Por lo menos un funcionario fue reintegrado. El 7 de febrero, el Concejo Municipal de la ciudad de Potosí restituyó al miembro del Partido Alianza Social René Joaquino Cabrera en su cargo de alcalde. Fue suspendido de su cargo en 2010 después de ser acusado, pero no condenado, por corrupción. Los gobernadores suspendidos Ernesto Suárez y Mario Cossío y aproximadamente otros 20 funcionarios fueron destituidos de sus cargos en virtud de disposiciones inconstitucionales (ver secciones 1.d.). Participación de la mujer y las minorías: Las leyes ordenan la paridad de género en el proceso de selección de candidatos a todos los niveles de gobierno. Las leyes de paridad de género incrementaron la representación femenina. Las mujeres representan el 44 por ciento del Senado, el 23 por ciento de la Cámara de Diputados del Congreso, el 28 por ciento de las Asambleas Legislativas Departamentales y el 43 por ciento de los concejos municipales. Hay siete mujeres entre los 20 puestos del gabinete. Las mujeres también representaron el 33 por ciento del Tribunal Supremo de Justicia, el 57 por ciento del Tribunal Constitucional y el 43 por ciento del Tribunal Agroambiental. Las mujeres siguieron estando significativamente sub-representadas en cargos ejecutivos municipales; por ejemplo, sólo el 7 por ciento de los alcaldes eran mujeres. El 20 de mayo, Gina Reque Terán se convirtió en la primera mujer en alcanzar el rango de generala de las Fuerzas Armadas. ONG fidedignas reportaron que las mujeres que participan en política a veces enfrentan violencia y acoso. En algunos casos, candidatas ganadoras denunciaron haber sido amenazadas con violencia con el fin de ser obligadas a renunciar para que un candidato suplente masculino asumiera el cargo. La Asociación de
Alcaldesas y Concejalas afirmó que entre 2000 y 2009 sus integrantes denunciaron 249 casos de acoso y violencia por motivos políticos. El 6 de febrero, miembros de la comunidad quemaron la casa de la alcaldesa Dominga Fernández, en Cuatro Cañadas, en un intento de obligarla a renunciar. El 27 de agosto, Petronila Aliaga, elegida concejala de la localidad de Colquencha en el departamento de La Paz, renunció a su cargo, afirmando que temía las constantes amenazas y agresiones verbales que sufría por parte de algunos líderes comunitarios masculinos. La constitución y la ley electoral reservan siete circunscripciones indígenas especiales para aumentar la participación de las comunidades indígenas minoritarias en la Cámara de Diputados del Congreso. Uno de estos siete escaños está reservado para un representante afro-boliviano. La ley también requirió la preselección de un número indefinido de candidatos indígenas para las elecciones judiciales de 2011. Personas indígenas obtuvieron el 40 por ciento de los cargos en los cuatro tribunales más altos. Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno Las leyes establecen sanciones penales por actos de corrupción cometidos por funcionarios, pero el gobierno no implementó las leyes efectivamente y a menudo hubo funcionarios que participaron en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosas denuncias de corrupción en el gobierno. Corrupción: Según los indicadores mundiales de gobernabilidad para el año 2011 del Banco Mundial, la corrupción gubernamental y la falta de transparencia continuaron siendo problemas serios. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, el 86 por ciento de los ciudadanos creían que los policías eran corruptos o extremadamente corruptos y el 76 por ciento calificó al poder judicial del país como corrupto o extremadamente corrupto. La corrupción policial continuó siendo un problema significativo, en parte debido a los bajos salarios y a la falta de capacitación. El 31 de agosto, autoridades estadounidenses arrestaron al oficial de policía Fabricio Ormachea Aliaga en Miami por cargos de extorsión. Ormachea, un investigador en la unidad de lucha contra la corrupción de la policía, supuestamente se comprometió a suspender una investigación pendiente que implicaba a un boliviano residente en Miami, a cambio de unos 205.000 bolivianos (30.000 dólares). También hubo corrupción generalizada en el sistema judicial del país. En febrero, el Fiscal General Ramiro Guerrero dijo que cerca de 100 fiscales estaban siendo investigados por corrupción y otros cargos o que ya habían sido sentenciados y
suspendidos. La Presidenta del Consejo de la Magistratura Cristina Mamani declaró que en los primeros seis meses del año, hubo 1.698 demandas presentadas contra jueces, juristas y fiscales. De las 1.698 demandas, 428 dieron por resultado sanciones, 300 fueron desestimadas y los casos restantes estaban pendientes. La mayoría de los casos que indicaron culpabilidad, se tradujeron en advertencias y sanciones administrativas menores y sólo tres jueces fueron destituidos de sus cargos. Hubo poco progreso en la investigación de 14 funcionarios del gobierno, entre ellos Fernando Rivera Tardío, Denis Efraín Rodas Limachi, Boris Villegas y José Manuel Antezana Pinaya, quienes fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2012 por su relación con el caso de Jacob Ostreicher. El ex funcionario del Ministerio de Gobierno Villegas hizo varias denuncias públicas sobre la participación de la red de extorsión en varios otros casos abiertos, incluyendo el caso de corrupción contra el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez. La Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno anunció que hasta el 28 de mayo se habían abierto juicios en al menos 24 casos pendientes contra la red de extorsión por supuestos abusos, pero al finalizar el año todos los sospechosos permanecían en prisión preventiva sin juicio (véase la sección 1. d.). El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía son los entes responsables de la lucha contra la corrupción, pero la mayoría de los funcionarios corruptos operaron con impunidad. El 15 de agosto, la Ministra de Transparencia Nardy Suxo informó que de 400 casos que ella envió a la Fiscalía General de la Nación, sólo 80 terminaron en condenas. Los casos que implican acusaciones de corrupción contra el Presidente y el Vicepresidente requieren la aprobación del Congreso antes que los fiscales puedan iniciar procedimientos legales. Protección de denunciantes: La ley establece medidas de protección para empleados públicos y privados por hacer revelaciones internas y divulgaciones públicas legítimas de evidencias de corrupción. El Ministerio de Transparencia es responsable de proteger la identidad de los denunciantes. Divulgación de información financiera: Las leyes requieren que los funcionarios públicos denuncien posibles conflictos de interés personales y financieros y que declaren sus ingresos y activos. La ley exige que los funcionarios electos y designados revelen su información financiera al Contralor General, pero sus declaraciones no están disponibles al público. De acuerdo con la ley, el incumplimiento dará lugar a sanciones internas, incluyendo el despido. El
Contralor General debe remitir los casos que involucren actividades criminales a la Fiscalía General. Acceso público a la información: Ninguna ley dispone el acceso a la información gubernamental. Sección 5. Actitud del gobierno respecto a investigaciones internacionales y no gubernamentales de presuntas violaciones de los derechos humanos Una serie de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos operaron generalmente sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Varias ONG y el Defensor del Pueblo se quejaron de que altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad del gobierno a veces se negaron a cooperar con sus investigaciones. El Comandante de las Fuerzas Armadas, General Edwin de la Fuente, se negó durante todo el año a responder a solicitudes del Defensor del Pueblo, Rolando Villena requiriendo información sobre las muertes no explicadas de por lo menos seis militares (ver la sección 1.a.). Altos funcionarios del gobierno en ocasiones también trataron de socavar la credibilidad del Defensor del Pueblo. Después que el Defensor del Pueblo recomendó el 25 de septiembre que el gobierno suspendiera temporalmente al Embajador Sacha Llorenti para reunirse con los fiscales investigadores en torno a su participación en las acciones violentas de la policía contra manifestantes indígenas en Yucumo, Beni, el año 2011, el Presidente Morales acusó al Defensor del Pueblo de ser "un instrumento de la derecha" (ver sección 2.b.). Organismos de derechos humanos del gobierno: La Constitución establece un Defensor del Pueblo con un mandato de seis años. La confirmación en el cargo de Defensor del Pueblo requiere un voto de aprobación por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Nacional. El Defensor del Pueblo se encarga de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, defendiendo específicamente a los ciudadanos de abusos del gobierno. La Constitución también otorga al Defensor del Pueblo el derecho de proponer nueva legislación y recomendar modificaciones a las leyes y políticas gubernamentales vigentes. También hay defensores del pueblo para supervisar cada uno de los nueve departamentos del país. Ellos están directamente subordinados al Defensor del Pueblo nacional. La Defensoría del Pueblo funcionó con recursos adecuados provenientes del gobierno y ONG extranjeras lo que permitió a la institución funcionar con eficacia. El 16 de junio, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena