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BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA Sentencia 116/2014, de 27 de febrero de 2014 Sala de lo Social Rec. n.º 5/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Mejoras voluntarias. Indemnización prevista en Convenio Colectivo para el caso de fallecimiento del causante en accidente de trabajo. Legitimación activa. La ostenta el hijo del trabajador, en el caso menor de edad y representado por su madre, así como el resto de los herederos legales. No es necesario, por tanto, aportar título hereditario, testamento o declaración de herederos, pues el legitimado actúa en su propio nombre y, tácitamente, en beneficio de la comunidad hereditaria, sin que se pueda estimar la falta de legitimación activa del menor por no acreditar su condición de heredero único. RDLeg. 1/1994 (TRLGSS), arts. 39 y 192. Ley 36/2011 (LRJS), arts. 16, 71, 81 y 97.2. Código Civil, art. 807. Ley 1/2000 (LEC), art. 218.2. Resolución de 29 de febrero de 2008 (Convenio Colectivo de Construcción de la provincia de Badajoz), art. 51. Doña Alicia Cano Murillo. T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL CACERES SENTENCIA: 00116/2014 T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIALCACERES C/PEÑA S/N.º (TFN.º 927 620 236 FAX 927 620 246)CACERES Tfno: 927 62 02 36-37-42 Fax:927 62 02 46 NIG: 10037 34 4 2014 0100005 402250 TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000005 /2014 JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000793 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 004 de BADAJOZ Recurrente/s: Tarsila Abogado/a: DAVID LABRADOR GALLARDO Procurador/a: CARLOS ALEJO LEAL LOPEZ Graduado/a Social: Recurrido/s: Julio, CONSEJERIA DE LOS JOVENES Y DEL DEPORTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Abogado/a: JOSE IGNACIO MEJIAS GALVEZ, LETRADO COMUNIDAD(SERVICIO PROVINCIAL) Procurador/a:, Graduado/a Social:, ILMOS. SRES. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ. Dª. ALICIA CANO MURILLO. D. JOSÉ GARCÍA RUBIO. Dª. MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ. En CÁCERES, a veintisiete de Febrero de dos mil catorce. Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española, ha dictado la siguiente EN NOMBRE DE S.M. EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL SENTENCIA N.º 116 En el RECURSO SUPLICACIÓN 5 /2014, interpuesto por el Sr. Letrado D. DAVID LABRADOR GALLARDO, en nombre y representación de Dª Tarsila, contra la sentencia número 225/2013 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de BADAJOZ en el procedimiento DEMANDA 793/2011, seguido a instancia de la recurrente frente a D. Julio y CONSEJERÍA DE LOS JOVENES Y DEL DEPORTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, siendo Magistrado- Ponente la Ilma. Sra. Dª ALICIA CANO MURILLO. De las actuaciones se deducen los siguientes: Primero. ANTECEDENTES DE HECHO Dª Tarsila, presentó demanda contra D. Julio y CONSEJERÍA DE LOS JOVENES Y DEL DEPORTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 225, de fecha cuatro de Junio de dos mil trece Segundo. En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: "PRIMERO. D. Tomás, cuando trabajaba para la empresa Bernardo Carvajal Gamero, con la categoría profesional de peón, sufrió un accidente de trabajo el día 22 de noviembre de 2010, cuando se encontraba realizando unas obras consistentes en la demolición y desmontaje de solera de una marquesina en el antiguo silo de harina de Jerez de los Caballeros (propiedad de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura), para su habilitación como "Espacio para la Creación Joven" de dicha localidad SEGUNDO. A consecuencia del accidente, D. Tomás falleció. TERCERO. Ángel Daniel, nacido el día NUM000 de 2007, es hijo de Da. Tarsila y D. Tomás (al haberlo reconocido por medio de comparecencia ante el encargado del Registro Civil de Jerez de los Caballeros el día 12 de abril de 2007). En el Juzgado de Primera Instancia de Jerez de los Caballeros se siguió el procedimiento número 157/2011, sobre impugnación de la filiación de Ángel Daniel, en el que se ha dictado la sentencia número 157/2011 desestimando la demanda; sentencia que al no haber sido recurrida, es firme. CUARTO. Era aplicable a la relación laboral el Convenio colectivo de la Construcción de la Provincia de Badajoz y el Convenio General del Sector, publicados en el DOE de 12 de marzo de 2008 y en el

BOE de 17 de agosto de 2007, respectivamente. QUINTO. El día 8 de abril de 2011, la demandante, en nombre y representación de su hijo, promovió el correspondiente acto de conciliación ante la UMAC, que se celebró el día 27 de abril de 2011, con el resultado de intentado sin efecto. SEXTO. El día 7 de octubre de 2011, la demandante, en nombre y representación de su hijo, presentó una reclamación de cantidad, por el importe y los fundamentos de la demanda que ha dado lugar a este procedimiento, ante la Junta de Extremadura." Tercero. En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Desestimo la demanda presentada por Dª. Tarsila contra la empresa BERNANDO CARVAJAL GAMERO y LA CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE D ELA JUNTA DE EXTREAMDURA. Por ello, absuelvo a las demandadas de todas las pretensiones contenidas en la misma." Cuarto. Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte. Quinto. Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, tuvieron los mismos entrada en esta SALA en fecha 30-12-13. Sexto. Admitido a trámite el recurso se señaló el día 13-2-14 para los actos de deliberación, votación y fallo. A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes, Primero. FUNDAMENTOS DE DERECHO La sentencia de instancia estima la excepción de naturaleza jurídico material de falta de legitimación activa, desestimando la demanda interpuesta, demanda en la que se interesaba el reconocimiento y pago de la mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social pactada en el Convenio Colectivo de la Construcción de la Provincia de Badajoz y el Convenio General del Sector, publicados en el DOE de 12 de marzo de 2008 y en el BOE de 17 de agosto de 2007, respectivamente, demandante que actúa en nombre del hijo menor fruto de su relación con el trabajador fallecido en accidente de trabajo que sustenta la petición de abono de la mejora voluntaria, dirigida la demanda frente a la empresa Bernardo Carvajal Gamero y la Junta de Extremadura. Frente a dicha decisión se alza la vencida en la instancia, y en dos motivos de recurso, el segundo subsidiario del primero, amparado éste en el apartado a) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, interesa se repongan los autos al estado en que se encontraban al tiempo de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, en concreto al momento de dictar sentencia, denunciando la infracción de los artículos 16 y 71 de la LRJS, 24 de la Constitución Española, 7 de la LEC, 238.3 de la LOPJ, 81 y 97.2 de la LRJS, 218.2 de la LEC, 31 de la Ley 30/1992,d e 26 de noviembre, 807, 657, 658, 661, 912, 913 y 931 del Código Civil, 51 del Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de Badajoz y 62 del Convenio General del Sector. En cuanto a ello, en primer lugar hemos de estar a la dicción de los artículos citados de las normas paccionadas que sustentan la pretensión, que determinan en su apartado primero, como indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por el Convenio, en caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la cantidad de 46.000 euros para el año 2010, estableciendo en el apartado segundo que "Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales del trabajador". A la vista de lo anterior la sentencia de instancia desestima la demanda por considerar que no ha quedado acreditado un hecho constitutivo de la pretensión deducida, a saber que el menor D. Ángel Daniel sea heredero del causante de la mejora solicitada, Don Tomás, pues ningún documento se ha aportado en este sentido y no puede identificarse sin más la condición de hijo y la de heredero. Y en cuanto a ello, ha de dejarse sentado en primer lugar, que tal y como se pronuncia la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 23 octubre 2008,

Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1676/2007, "... los litigantes están legitimados para actuar en el pleito, por pertenecer al actor el derecho que reclama y estar el demandado obligado a reconocerlo y hacerlo efectivo, legitimación que debe entenderse existente por la simple circunstancia de resultar afectado por el negocio jurídico de que se trate, bastando con un interés legítimo, por cuanto la entrada en vigor de la Constitución con la consagración de su artículo 24 del derecho de las personas a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos o intereses legítimos obliga a interpretar y aplicar el régimen legal de la legitimación con un criterio amplio...en definitiva, y en aplicación de la regla general de la legitimación por interés (ventaja o utilidad jurídica que se obtendría en caso de prosperar la pretensión ejercitada) a la que alude la Sentencia del Tribunal Constitucional 220/2001, de 31 de octubre,ha de estimarse, que los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social (cónyuge supérstite, hijos y parientes del trabajador fallecido) tienen legitimación activa para reclamar las prestaciones de la Seguridad Social del fallecido o las que se deriven de su muerte, así como a impugnar las resoluciones administrativas en materia de Seguridad Social afectantes al causante y a ellos como herederos o sucesores". Pero aún sin acudir a este concepto amplio de legitimación, viene a resultar, tal y como alega el impugnante, que el precepto paccionado alude a los herederos del trabajador, y el artículo 807 del Código Civil, designa como herederos forzosos "1.º. Los hijos y descendientes respecto de los padres y ascendientes", con lo que ha hemos de concluir que el hijo que acciona es heredero legal del padre fallecido, como persona llamada por la ley a la sucesión, siendo que el artículo 657 del Código Civil determina que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde su muerte, y el artículo 661 del Código Civil concreta que los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. Cierto es que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia invocada por la recurrida, número 5052 de fecha 22 de junio de 2009, a la que cabe añadir la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de 12 de septiembre de 2002, niegan la legitimación activa la segunda a la viuda usufructuaria, con el siguiente razonamiento: "Respecto a la legitimación activa de la viuda usufructuaria para reclamar para sí unas cantidades por salarios supuestamente impagados a su difunto esposo, esta Sala ha declarado en sentencia de 14 de octubre de 1996 que si bien es cierto que en tanto la herencia se halla indivisa, cualquier heredero puede ejercitar individualmente las acciones pertinentes en beneficio de la masa hereditaria de cuantos derechos correspondieren generar al difunto, quedando, al hacerlo, sometida esa parte a las reglas establecidas para la comunidad de bienes, teniendo cualquiera de los coherederos facultades para comparecer en juicio en asuntos que afecten a los derechos de la comunidad hereditaria, ya para ejercitarlos, ya para defenderlos, pudiendo accionar por sí solo cualquiera de los herederos en beneficio de la comunidad hereditaria (en este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1973 y 30 de abril de 1976 ). Ahora bien, ello únicamente es factible cuando se actúa por un heredero acreditado y en beneficio de la comunidad hereditaria, pero no cuando, como en el supuesto de autos, se acciona en exclusivo interés propio y pretendiendo también en exclusividad para si misma la satisfacción de la deuda sin acreditar que se ostenta la condición de único heredero del fallecido, pues aunque evidentemente la viuda siempre ostenta la condición de heredera de su difunto esposo, puede compartir dicha condición con otros herederos forzosos", (descendientes o ascendientes del difunto) o instituidos libremente por el difunto por medio de testamento", estimando la falta de legitimación por no acreditar su condición de heredera única. Y la primera de las sentencias citadas, niega la legitimación activa al padre, la madre, la compañera sentimental del trabajador fallecido y el hijo común, por considerar que "...los demandantes no están activamente legitimados ad causam para que se les reconozca a título individual el derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 29 del Convenio Colectivo, al amparar la acción en un interés que no tienen, ya que las únicas personas que pueden reclamar su pago son los herederos del causante, siendo necesario, como se razona en la sentencia de instancia, la previa justificación de la cualidad de heredero del causante para poder beneficiarse de la indemnización estipulada". Pero también es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia posterior, de fecha 11 de enero de 2011, R rec. 5939/2009, en la que también se reclamaba el abono de mejora voluntaria establecida en convenio colectivo por muerte del trabajador, razona que "En el presente caso que analizamos la parte actora tiene legitimación activa para ejercitar la acción que reclama ya que de la prueba documental aportada queda acreditado que la actora es la viuda del trabajador fallecido y sus tres hijos menores que también formulan la demanda, representandolos su madre, según se deduce de los certificados de matrimonio, nacimiento y fallecimiento, folio 12 a 17. Y como pone de manifiesto la parte recurrente, sin perjuicio del derecho que pudieran tener demás herederos legales que se pudieran determinar en ejecución de esta sentencia, cuando sea firme la misma". En conclusión, esta Sala estima acorde con la doctrina jurisprudencial que el hijo del fallecido sí tiene interés en el litigio del que dimana el presente recurso, sin necesidad de exigir la declaración de herederos, y así se ha pronunciado esta Sala en la sentencia que invoca la recurrente de 4 de octubre de 2011, R 373/2011, y en la de 28 de enero de 2004, R 820/2004 en la que se cita la doctrina del Tribunal Supremo ya expuesta. En el sentido expuesto, esta Sala en sentencia de fecha 29 de octubre de 2009, Rec. 461/2009, ya razonaba <<La empresa niega que pueda la viuda ser considerada beneficiaria, y la Sala, del mismo modo que la sentencia de instancia, estima que, ante la falta de designación de los beneficiarios en el instrumento implantador, ha de aplicarse de forma subsidiaria a las mejoras de las prestaciones legales la normativa de seguridad social, porque

así lo tiene establecido la jurisprudencia y lo viene repitiendo la doctrina de suplicación. El artículo 41 del texto constitucional alude, al tratar de la Seguridad Social, a la existencia de un régimen público, y de otro de asistencia y prestaciones complementarias del mismo, cuyo desarrollo viene precisado tanto en el artículo 39, como en los 191 a 194, todos ellos de la Ley General de la Seguridad Social, y, una vez establecidas (individual o, lo más frecuente, en convenio colectivo) se entiende que forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social, aplicándose los criterios interpretativos que son propios de la misma, en relación con las cuestiones controvertidas que puedan surgir de su aplicación. Se decía así, entre otras, en la STS 15 mayo 2000, "la aplicación de la Ley General de Seguridad Social tan solo se produce de forma subsidiaria cuando la terminología o finalidad del convenio que implantó la mejora es oscura o no regule la cuestión">>. Y es que, como también se pronuncia la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo fecha 2 de febrero de 2006, a la que se remite el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en su sentencia de 19 de enero de 2012, R 2389/2011, si bien aportando otro punto de vista, tal y como expone la recurrente: << "Desde la posición jurisprudencial recién expuesta, resulta que, en este caso, por el fallecimiento de D... en las circunstancias relatadas, que convivía con su esposa..., se atribuye a ésta una doble cualidad, como perjudicada "iure propio" y como heredera de la víctima, que permitía reclamar a la viuda el daño de quienes lo causaron con su conducta negligente; dicho lo anterior, si en los autos queda constancia de la existencia del vínculo matrimonial, circunstancia no negada por ninguno de los demandados, y no acreditada la existencia de causa de nulidad o separación matrimonial, es patente, que como beneficiaria de la póliza, como heredera "ex lege, sui generis", aun cuando lo sea por su cuota vidual legal, tal y como lo acepta la Sala Primera del Tribunal Supremo, está legitimada, por lo cual a criterio de esta Sala, justificada la relación parental y su carácter de perjudicada por el evento dañoso, al no tratarse de una reclamación hereditaria, no puede ampararse la recurrente para negar la legitimación activa a la falta de aportación de un titulo hereditario, testamento o declaración de herederos, por lo que si la misma actúa en su nombre, y tácitamente en beneficio de la comunidad hereditaria, lo que esta permitidos por las normas civiles aplicables, procede desestimar la excepción articulada por la recurrente.>>. Y en el supuesto examinado, en aplicación de la norma paccionada, será beneficiario de la indemnización reclamada los herederos legales y obviamente el hijo del fallecido es heredero legal, en concreto, como hemos visto, heredero forzoso, por lo que la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam del hijo del causante, que al ser menor, actúa en la litis representado por su madre, quien ostenta la patria potestad, no debió estimarse. En consecuencia, y por apreciación indebida de la mentada excepción jurídico material, habiéndose dejado impregnada la cuestión, se impone, en el supuesto de autos, la estimación del recurso, decretándose la nulidad de la resolución combatida, así como la de todas las actuaciones posteriores a la misma, reponiendo estas a momento o inmediatamente anterior a la formulación de aquella, para que por el Magistrado de instancia, con plena libertad de criterio, dicte nueva sentencia en la que entre a conocer el fondo de la cuestión sometida a su examen. FALLAMOS ESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA Tarsila contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz, de fecha 4 de junio de 2013, en autos seguidos por ésta, que actúa en representación de su hijo menor Ángel Daniel, contra DON Julio y la JUNTA DE EXTREMADURA, debemos decretar y decretamos la nulidad de la resolución referida, así como la de las actuaciones posteriores, reponiendo estas a momento inmediatamente anterior a la formulación de aquella, para que por el Magistrado de instancia sea dictada nueva sentencia, con plena libertad de criterio, en la que se entre a conocer el fondo de la cuestión suscitada. Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta sala. MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o beneficio de asistencia jurídica gratuita, deberá consignar la cantidad de 600 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta expediente de este Tribunal en SANTANDER N.º 1131 0000 66 0514, debiendo indicar en el campo concepto, la palabra "recurso", seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta genérica proporcionada para este fin por la entidad ES55 0049 3569 92 0005001274, en el campo "observaciones o concepto" en bloque los 16 dígitos de la cuenta expediente, y separado por un espacio. La Consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá ingresarse en la misma cuenta. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha

de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales. Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia. Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN. En el día de su fecha fue publicada la anterior sentencia. Doy fe. El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.