Intervención de Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Reunión de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación

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Intervención de Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad Reunión de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación Bogotá, 13 de agosto de 2014 Señor Presidente de la República, señor Vicepresidente de la República, miembros del Gabinete del Gobierno nacional, miembros de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, invitados especiales: Ante todo quiero agradecer al señor Presidente el haber convocado la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación apenas siete días después de haberse posesionado como presidente de los colombianos para el período 2014-2018. Es ésta una manifestación clara de su compromiso de siempre con la competitividad del país, y es además una oportunidad única para discutir con los integrantes de la Comisión, la agenda prioritaria de competitividad e innovación, que marcará la ruta hacia la transformación del país en estos cuatro años, y que hará posible alcanzar su sueño, y el de todos los colombianos de que Colombia sea en 2025 un país en paz, con equidad y el más educado de América Latina. Para el logro de este propósito, Colombia tiene la ventaja de contar desde, hace ya casi una década, con un Sistema Nacional de Competitividad e Innovación organizado, liderado por el Presidente de la República y con representatividad, a través de esta Comisión, de todos los actores de la sociedad, incluyendo las regiones y sus Comisiones Regionales de Competitividad. La Comisión Nacional de Competitividad e Innovación es el espacio de encuentro de todos los actores para diseñar las políticas en esta materia, hacer seguimiento, y poder así garantizar que los objetivos y metas que nos impongamos se realicen efectivamente y se mantengan en el tiempo. El órgano de coordinación y dirección de la Comisión es el Comité Ejecutivo, del cual hacen parte tanto entidades del sector público como del sector 1

privado. Y es precisamente por este carácter público-privado que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación de Colombia es reconocido e imitado por un sinnúmero de países, y es utilizado como caso de estudio en las clases del profesor de Harvard y gurú de la competitividad, Michael Porter. Sea también ésta la oportunidad para reiterarle a usted y a su gobierno el compromiso del Consejo Privado de Competitividad de contribuir, velando siempre por el interés general, en la definición e implementación de políticas y acciones que permitan lograr mejoras significativas en materia de competitividad y, por lo tanto, en el nivel de prosperidad de Colombia. La competitividad juega un papel determinante en la prosperidad de los países. No en vano son los países más competitivos lo que tienen también los mayores ingresos per cápita. En el Consejo Privado de Competitividad estamos convencidos de que existe una perfecta alineación entre la agenda de competitividad del país y lo que debe ser una política de Estado para fortalecer los cimientos que garanticen la consecución de una paz duradera. La agenda de competitividad en la que hemos venido trabajando desde la creación del Sistema incluye, entre otros, elementos tales como la mejora en la calidad de la educación para todos los colombianos, la reducción de la informalidad, el desarrollo de proyectos de infraestructura que faciliten el acceso a los mercados del pequeño, mediano y gran productor nacional, la mejora en el funcionamiento de la justicia, tanto para las empresas como para todos los ciudadanos, y el acceso a servicios de salud de calidad que se traduzca en buenos desempeños laborales. Incluye igualmente, la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes centrales de la misma y como facilitadores de la transformación productiva del país. Estos elementos también hacen parte de la agenda prioritaria de competitividad e innovación que hoy usted nos presenta. Estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando con una estrategia clara y metas concretas para poder mejorar el desempeño competitivo del país. Para el Consejo Privado de Competitividad, el incremento sostenido de la productividad de la economía nacional debe ser el objetivo estratégico de la agenda prioritaria de competitividad e innovación. El incremento de la 2

productividad del país es un reto significativo que involucra esfuerzos tanto del sector público como del sector privado. Si nos comparamos con Estados Unidos vemos que en Colombia se necesitan 4,5 trabajadores para generar el mismo valor agregado que produce un trabajador estadounidense. Sabemos que esta importante diferencia se debe a múltiples y complejos factores. Sabemos que compararse con un grande como Estados Unidos puede ser demasiado ambicioso. Pero esta comparación, por cruda que sea, es un claro recordatorio de que podemos hacerlo mucho mejor. También es un recordatorio de que este país se merece hacerlo mejor. Tenemos con qué y si se toman las decisiones correctas, el país puede incrementar su productividad de manera importante. A continuación haré referencia a las temáticas que, a juicio del Consejo Privado de Competitividad, son las más importantes para que el país dé saltos de productividad significativos. En primer lugar, es necesario implementar una política de desarrollo productivo y una agenda de ciencia, tecnología e innovación que tengan un impacto importante sobre la sofisticación y la diversificación de nuestra economía. Estos dos elementos nos ayudarán a hacer de mejor manera lo que estamos produciendo actualmente y, además, facilitarán el surgimiento de nuevos sectores productivos de mayor valor agregado. Nadie duda de la necesidad de sofisticar y diversificar nuestra economía. Dependemos estrechamente de la producción de pocos bienes básicos de bajo valor agregado. En efecto, en 2013 el valor de las exportaciones de bienes básicos y basados en recursos naturales representó el 84% del valor de las exportaciones totales del país. Esta cifra contrasta con la participación de 31% de este tipo de bienes en México, país que ha logrado sofisticar su economía de manera importante en las últimas dos décadas. La política de desarrollo productivo que necesita el país, que para el Consejo Privado de Competitividad es equivalente a lo que se denomina una política industrial moderna, debe involucrar a cualquier sector de la economía, incluyendo el sector agropecuario, el sector minero-energético, la industria 3

manufacturera, y el sector servicios, entre otros. Esto es así porque en todos los sectores es necesario sofisticar y diversificar las actividades productivas. Adicionalmente, la política de desarrollo productivo debe ser liderada desde las regiones, pues la competitividad se gesta desde lo local. Esto se debe, en parte, a que muchos de los cuellos de botella que debe abordar una política de este tipo son particulares al contexto geográfico donde se ubican los sectores y las empresas. Por lo tanto, el Consejo Privado de Competitividad recomienda que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incluya un capítulo para implementar una política de desarrollo productivo que defina: 1. Metas cuantificables en materia de sofisticación, diversificación e incrementos en la productividad del país; 2. Esquemas de evaluación de los programas y herramientas bajo la política y; 3. Una institucionalidad para su coordinación y ejecución. Para esto último, se debe aprovechar las instancias nacionales y locales del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. La implementación de una política de desarrollo productivo como la propuesta permitirá articular y, por ende, incrementar la eficacia de los diferentes esfuerzos que se vienen haciendo en la materia, tal y como son el Programa de Transformación Productiva, Innpulsa, los programas del Ministerio TIC, la red de Tecnoparques del Sena y las iniciativas cluster de diferentes Cámaras de Comercio del país, entre otros. Dado el carácter local de una política de este tipo, ésta debe utilizar las apuestas productivas y/o iniciativas cluster de los departamentos como principal señal para la priorización de recursos del nivel nacional destinados a la solución de cuellos de botella que limiten su productividad. Esto implica, necesariamente, desarrollar programas para el fortalecimiento de las capacidades de los departamentos en el diseño e implementación de agendas de competitividad y de desarrollo de apuestas productivas. 4

También es necesario contar con una agenda de ciencia, tecnología e innovación robusta, la cual, a través de la producción de conocimiento relevante, la transferencia y adopción efectiva de dicho conocimiento por parte del sector productivo, y el fomento al emprendimiento y la innovación, propicie la sofisticación y la diversificación de nuestra economía. De allí, la importancia de que la ciencia, la tecnología y la innovación sean pilares centrales de la política de desarrollo productivo del país. El reto del país en materia de ciencia, tecnología e innovación es significativo. La capacidad de innovación de las firmas es bajo: 74% de las empresas manufactureras y 64% de las empresas del sector servicios son consideradas no innovadoras por el DANE. Por otro lado, la inversión del país en actividades de ciencia, tecnología e innovación sólo representa, en el mejor de los casos al incluir los recursos de regalías, 0,61% del PIB, ligeramente superior a la mitad del promedio de Latinoamérica y el Caribe y muy lejos de países de referencia como Brasil, Costa Rica, y México. De acuerdo con estimaciones del Consejo Privado de Competitividad, a 2018 la inversión del país en actividades de ciencia, tecnología e innovación debería alcanzar 0,96% del PIB, si queremos que en el mediano plazo Colombia alcance el nivel de inversión promedio de América Latina que se proyecta en 2,7% del PIB. Este escenario, que es bastante exigente, implicaría que en cuatro años la inversión en ciencia, tecnología e innovación deberá crecer más de 83%, pasando de $4,6 billones a $8,4 billones. Aunque la inversión del Gobierno nacional debería crecer en 1,4 billones durante el cuatrienio, lo cierto es que gran parte de la responsabilidad recae sobre el sector privado, cuya inversión debería más que duplicarse, pasando de $1,3 billones en 2013 a $2,8 billones en 2018. Estas sendas de inversión son necesarias para que el sector privado del país incremente su participación en la inversión y así podamos comenzar a adecuarnos a parámetros internacionales, tal y como lo recomienda la OCDE. Existen oportunidades para incrementar la eficacia de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, como la definición de objetivos de largo plazo y el fortalecimiento de la institucionalidad para que se pueda hacer seguimiento a avances y se tomen las decisiones de política necesarias, con un enfoque 5

sistémico. Estas acciones, además de solucionar problemas de coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales, alinearían las diferentes fuentes de financiamiento (presupuesto nacional, regalías, sector privado, universidades, entre otras) alrededor de la realización de proyectos de alto impacto. En segundo lugar, se debe contar con un sistema educativo sólido. Con respecto a este tema habría que comenzar por hablar de la atención a la primera infancia, una inversión que tiene las más altas tasas de retorno social. El Consejo Privado de Competitividad destaca la implementación de la Estrategia De Cero a Siempre y la creación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. Estas dos acciones permitieron articular los programas de diferentes entidades, lo que resultó en el incremento de la cobertura de unos 565 mil niños y niñas a más de 1 millón en el último cuatrienio. Para el cuatrienio 2014-2018, celebramos la iniciativa del Gobierno Santos de extender la cobertura de la atención integral a la primera infancia a toda la población pobre y vulnerable entre 0 y 5 años, que llega a los 2,4 millones de niños y niñas. Adicional a lo anterior, recomendamos que se implementen sistemas de información para hacer monitoreo y seguimiento a todos los niños, incluso a aquellos que no son pobres o vulnerables y cuya población alcanza los 2,5 millones adicionales. Esta información es necesaria para definir políticas diferenciadas que aseguren la cobertura total de esta población. En cuanto a la educación preescolar, básica y media es importante señalar que, a pesar de los avances en cobertura alcanzados en los últimos años, todavía hay alrededor de 4,6 millones de niños y niñas entre los 6 y los 17 años que están por fuera del sistema o en un nivel educativo que no les corresponde. Lograr que el país sea el más educado de América Latina en 2025 pasa, necesariamente, por incrementar la cobertura educativa en estos niveles. La calidad de la educación es otro gran desafío, pues en las tres pruebas PISA (matemáticas, lectura y ciencias) la mayoría de estudiantes colombianos no logra el nivel mínimo establecido por la OCDE. En matemáticas el 74% de los estudiantes se queda por fuera del corte, en lectura el 51% y en ciencias el 56%. Si el país quiere cerrar brechas de manera importante, el Consejo Privado de Competitividad estima que para 2018 el porcentaje de estudiantes 6

por debajo del nivel mínimo debería bajar a 62% en el caso de matemáticas, mientras que en lectura y ciencias este porcentaje debería caer por debajo de 40%. Si bien el programa Todos a Aprender tiene el objetivo de mejorar la calidad de la educación primaria, es necesario realizar mayores esfuerzos en este frente. En particular, se debe adoptar una política que mejore integralmente la calidad de la planta docente en línea con la propuesta de la Fundación Compartir. Así mismo, se debe evaluar a todos y cada uno de los docentes para su ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo. Paralelamente, se debe fortalecer la calidad de los programas de formación de docentes, de manera que en el mediano plazo sólo se pueda contratar para la planta pública de docentes personas que provengan de instituciones y programas con acreditación de alta calidad. Con respecto a la educación superior, es de destacar el aumento de la cobertura, en especial la expansión de la matrícula en programas Técnicos Profesionales y Tecnológicos del SENA, que pasó de 300 mil cupos en 2010 a 412 mil en 2013. Este incremento representa una tercera parte del aumento total en la matrícula de educación superior en el país. A pesar de que es necesario continuar con la expansión de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la educación superior y de los programas de formación para el trabajo, el Consejo Privado de Competitividad considera que se deben fortalecer las acciones para asegurar la pertinencia de la formación, de manera que ésta esté acorde con las necesidades actuales y futuras de los diferentes sectores productivos. De allí la importancia de acelerar la implementación de la Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, lo cual debe derivar en la creación de una Agencia Nacional de Cualificaciones. De la misma manera, se debe definir una política para la identificación y cierre de brechas de capital humano para sectores prioritarios del país y de las regiones, en el marco de la política de desarrollo productivo del país mencionada anteriormente. Las Comisiones Regionales de Competitividad y los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo son entidades relevantes para el desarrollo de estas políticas. 7

En tercer lugar, es clave que se continúe promoviendo una mayor generación de empleo formal. A pesar de que las tendencias del mercado laboral son positivas en cuanto al desempleo y la tasa de informalidad, es importante redoblar esfuerzos para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, pues Colombia continúa con indicadores alejados de los países con mejor desempeño en América Latina. La Reforma Tributaria redujo los costos laborales no salariales, al eliminar los parafiscales del ICBF, Sena, y los aportes a la Salud para la contratación de trabajadores con ingresos menores a 10 salarios mínimos legales. Sobre este tema vale la pena resaltar que una eventual reforma al régimen de horas extras y dominicales puede limitar seriamente la generación de empleo formal en el país y puede impactar negativamente la competitividad de sectores económicos intensivos en mano de obra. En este contexto, es supremamente importante que se evalúen cuidadosamente los impactos que una medida de este tipo tendría sobre el desempeño del mercado laboral colombiano. En cuarto lugar, nos preocupa el deterioro del desempeño logístico del país. De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Colombia pasó del puesto 72 entre 155 países en 2010, al puesto 97 entre 160 países en 2014. Esto significa que mientras en 2010, 46,5% de los países tenían un mejor desempeño logístico que Colombia, en 2014 lo tienen más de 60%. Estas tendencias han impactado los costos del comercio internacional del país. De acuerdo con el reporte Doing Business del Banco Mundial, los costos de exportación de Colombia se incrementaron 5,9% promedio anual entre 2010 y 2013. Dado que 65% de estos costos se explican por los costos de transporte, es importante resaltar los esfuerzos que se han hecho para mejorar el estado de la infraestructura de transporte. Se destaca que, por primera vez en los últimos 20 años, la inversión en infraestructura es superior al 1% del PIB y en 2013 llegó a representar 2,8%. También hay grandes avances en materia de fortalecimiento institucional, a través de la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, la nueva Financiera de Desarrollo Nacional y la Comisión Intersectorial de 8

Infraestructura. Igualmente, la expedición de normas como la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Infraestructura, sin lugar a dudas ha facilitado la implementación de proyectos de infraestructura. Para el Consejo Privado de Competitividad este fortalecimiento institucional y normativo era necesario. Ahora el reto consiste en ejecutar de manera eficiente las obras, con el fin de que puedan ser utilizadas en el menor tiempo posible. Para esto, se considera fundamental el establecimiento de un procedimiento claro, expedito y equilibrado en materia de consultas previas. Es necesario que dicho procedimiento incluya el desarrollo de una herramienta de información sobre la ubicación de las comunidades ancestrales y su utilización como única fuente para determinar los sujetos legitimados a participar en las consultas. Igualmente, es clave cumplir con la agenda del programa de cuarta generación de concesiones y, a la vez, contar con una planeación continua, que permita identificar nuevos corredores estratégicos y así planificar adecuadamente los proyectos futuros. Por lo tanto, es prioritaria la pronta creación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, que fue recientemente reglamentada. Dentro de esta Unidad se recomienda crear espacios de planeación y coordinación con el sector privado y la academia. Ahora bien, también es importante tener claro que mejorar el desempeño logístico del país no sólo dependerá de la construcción de carreteras, túneles y puentes. Es necesario implementar acciones para mejorar lo que se denomina el software de la logística. De un lado, es fundamental contar con un sector de transporte de carga competitivo que preste servicios de talla mundial. Para esto es necesario establecer una agenda integral que involucre acciones concretas en materia de ajustes normativos y de regulación; fortalecimiento del capital humano; y formalización del sector; entre otros aspectos. Esta agenda se podría coordinar desde el Comité Nacional de Logística del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, en cabeza del Ministerio de Transporte. De otro lado, es necesario priorizar los corredores logísticos de importancia estratégica para el país e identificar con claridad los cuellos de botella que limitan el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructura Intermodal de Transporte y, en particular, el establecimiento de plataformas logísticas. 9

De la misma manera, es necesario incrementar la eficiencia en los trámites de comercio exterior. De allí la importancia de que el Nuevo Estatuto Aduanero incorpore las mejores prácticas internacionales en la materia, buscando, entre otros, que la totalidad del proceso de comercio exterior se haga electrónicamente. Así mismo, se requiere coordinar y unificar los procesos de inspección e instalar scanners, de manera que se pueda realizar inspecciones no intrusivas. En quinto lugar, el fortalecimiento institucional del país es necesario para garantizar el cumplimiento de la ley y generar la confianza necesaria para atraer y conservar inversiones productivas. La corrupción y el contrabando son dos aspectos que afectan gravemente la competitividad de nuestro país. Por ejemplo, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, el principal problema para hacer negocios en Colombia es la corrupción. Si bien se han presentado avances, como la formulación de una política pública integral anticorrupción, lo cierto es que en el centro de la problemática se encuentra el funcionamiento de la rama judicial. Para el Consejo Privado de Competitividad es fundamental que se lleven a cabo las acciones necesarias para que el país cuente con un sistema judicial ágil, eficaz, transparente y que genere toda la confianza hacia la ciudadanía. El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación tendrá que hacer esfuerzos para contribuir al incremento de la eficiencia del Estado. El país espera resultados contundentes en un plazo de tiempo razonable. De allí la necesidad de que se lidere un proceso que acelere el ritmo al cual el Estado toma y ejecuta las decisiones. Las empresas son las que compiten, pero un Estado dinámico que responda a las necesidades de los ciudadanos eficazmente es una condición necesaria para que el desempeño competitivo del país mejore de manera sustancial. Estamos completamente convencidos de que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación es el modelo institucional más adecuado para llevar a buen término todos los retos incluidos en la agenda prioritaria de competitividad e innovación del país. La necesidad de establecer objetivos de largo plazo, la definición de planes de acción concretos, y el fortalecimiento 10

de la coordinación entre las diferentes entidades son actividades que se deben llevar a cabo de manera constante al interior del Sistema. Desde el sector privado es fundamental que se fortalezcan las diferentes instancias de este arreglo institucional. En particular, hacemos un llamado a los representantes del sector privado para que utilicemos las Comisiones Regionales de Competitividad como el espacio natural para la definición y articulación de agendas de competitividad de los departamentos. Señor presidente y miembros de la Comisión Nacional de Competitividad: termino esta intervención reafirmando el compromiso del Consejo Privado de Competitividad para contribuir en la construcción e implementación de esta importante hoja de ruta. Nuestra misión es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta agenda sea exitosa. Muchas gracias, 11