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Transcripción:

Comisión de Idioma Español Segunda Cacería de Erratas La Cacería de Erratas de octubre de 2013 tuvo una gran repercusión en los medios, sirvió como canal de difusión de las actividades organizadas en el seno del CTPCBA e impulsó la organización de la II Cacería de Erratas. La fecha elegida fue el sábado 29 de marzo, y el recorrido abarcó parte de las avenidas Callao y Santa Fe de nuestra ciudad. La elección de la fecha no fue al azar, sino que coincidió con la celebración del Día del Traductor Público. En este encuentro, se duplicó la cantidad de participantes con relación al primero y, una vez más, se obtuvo buena difusión en los medios de comunicación: el domingo 30 de marzo, el consejero Damián Santilli, a cargo de la Comisión de Español, fue entrevistado por Teté Coustarot en su programa de los domingos a la noche en Radio 10. En la entrevista de quince minutos, se habló de la actividad organizada por la Comisión, y fue una buena oportunidad para hablar, además, de la profesión del traductor público. Enlace para descargar la entrevista: http://bit.ly/1lybs2w. Comisión de Artes Audiovisuales 2014, un año de importantes visitas de profesionales del exterior Este año, el Consejo Directivo se ha propuesto engalanar las habituales y exitosas jornadas de las comisiones del CTPCBA con más participantes del exterior que en años anteriores. Y, siguiendo esta línea de gestión, se llevaron adelante tratativas para lograr tener a Juan José Martínez Sierra y Santiago Torregrosa en el II Encuentro Argentino de Traducción Audiovisual, el sábado 28 de junio en el Palais Rouge. Juan José y Santiago son profesionales especializados en la traducción audiovisual y llegarán al país desde Valencia (España) para hablarnos de traducción de humor, audiodescripción y accesibilidad, y subtitulación electrónica. Su presencia se sumará a la de otros profesionales de la traducción audiovisual argentinos, en lo que promete ser una jornada magnífica. Círculo Profesional de Beneficios Más beneficios para toda la matrícula Desde julio de 2013, todos los matriculados del CTPCBA cuentan con los beneficios que ofrece el Círculo Profesional de Beneficios, gracias al convenio firmado oportunamente con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y con el Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal. Este convenio permite a todos los matriculados disfrutar de descuentos especiales en una enorme variedad de comercios de todos los rubros. Los invitamos a visitar la web de Círculo Profesional de Beneficios (http://beneficios.traductores.org.ar) con frecuencia para consultar los nuevos descuentos que se incorporan semana a semana. Estos son algunos de los comercios que se han incorporado este año: Ricardo Ospital, Savoy Hotel, Cavas del Pozo, El Club de la Picada, Tinos, Óptica Cingolani, Salón Bello, Íobella, La Tiberina, Estudio Gráfica SG, La Silueta, Epilmédica, Loyalty Store, Librería Catalinas, Atenea, Satoyi Sushi, Lalo s Bar & Restó, Alliani Amoblamientos. Recordamos a los matriculados que la tarjeta del Círculo Profesional de Beneficios es gratuita y se debe retirar en Atención al Matriculado, en la sede de Avda. Corrientes 1834 de nuestro Colegio. Asistencia al traductor que se desempeña como perito auxiliar de la justicia Acordada 2/2014 de la Corte Suprema El CTPCBA organizó dos reuniones sobre la Acordada: (1) el contador y abogado Mateo Fusalba se reunió con la Comisión de Labor Pericial el martes 22 de abril para ilustrar los temas relevantes de la reforma y la manera en que afectarán la situación de los peritos; (2) el miércoles 30 de abril, el doctor Oscar Pereira, asesor letrado del CTPCBA, dictará una charla aclaratoria sobre el mismo tema, con especial énfasis en el registro electrónico. Esta charla está abierta a toda la matrícula. Paralelamente, a través de la representante del CTPCBA ante la CEPUC, se hizo una presentación a la Comisión de Peritos de una nota que el Colegio de Calígrafos sugiere elevar a la Corte Suprema, donde solicita aclaración de los alcances de la acordada y su aplicación. Capacitación especializada Por primera vez en nuestra institución, se implementa un programa de capacitación integral destinada a los matriculados que actúan como peritos. La primera charla se dictará el 23 de abril, y la información pertinente se puede consultar en el sitio web del Colegio. Contacto con autoridades del Poder Judicial Siguiendo con la política de acercar funcionarios y autoridades del Poder Judicial al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó en 2012 con la visita de miembros de la Defensoría de la Nación y continuó con la presencia del doctor Alejandro Fargossi, consejero de la Magistratura, en noviembre del año pasado, el 19 de marzo recibimos a dos funcionarios de la Dirección de Administración Financiera (DAF): el doctor Luis Devoto y la señora Flavia Spinetto, secretario de Asuntos Jurídicos y prosecretaria administrativa de la repartición. Esta reunión se concretó tras una serie de presentaciones escritas ante los funcionarios pertinentes y varias reuniones con autoridades del CTPCBA en la sede de la DAF. Destacamos que esta visita no registra antecedentes en las asociaciones profesionales, lo que pone de manifiesto la eficacia de las gestiones de nuestro Colegio.

Como en anteriores oportunidades, el objetivo de la reunión fue escuchar inquietudes y aclarar dudas sobre los inconvenientes en la gestión de pago de pericias. Concurrieron alrededor de treinta de los aproximadamente cuatrocientos peritos inscriptos. Era importante no solo contar con un funcionario de alto rango, sino también tener acceso a alguien que trabaja directamente en la gestión de cada expediente, y para ello debíamos realizar la reunión en el horario propuesto por los visitantes, que ya habían extendido gentilmente su horario de trabajo. La reunión tenía agenda abierta, por lo que se rigió por las preguntas de los asistentes, que, lógicamente, giraron en torno al pago de pericias y las razones para la negativa o la demora en pagar. El saldo más importante de esta reunión, además de la posibilidad de acercamiento directo de los matriculados, fue que, en el diálogo, quedó claro que no es intención de la DAF suspender o evitar los pagos, porque conocen el riesgo que constituiría la negativa de los peritos a colaborar con el Poder Judicial. Se nos informó con precisión sobre los pasos que sigue un expediente en la DAF, los nombres de los funcionarios a cargo en cada instancia y los teléfonos de contacto en cada caso. Quedó abierta la posibilidad de que, ante demoras futuras, el Colegio reciba de la DAF una actualización del estado de los expedientes cuyo número los matriculados les presentaran. En caso de implementarse, deberíamos tener un listado para enviar periódicamente, y así la DAF podría responder respecto de cada caso en particular y evitaría la dispersión en la respuesta a cada perito personalmente. Los peritos presentes hicieron preguntas principalmente sobre sus casos particulares, que fueron respondidas enmarcando cada caso de manera general, ya que, si bien los funcionarios demostraron conocer los nombres y la situación de la mayoría de los colegas que tienen pagos pendientes o expedientes pendientes de resolución, no dieron nombres ni número de causa y se abstuvieron de adelantar resoluciones pendientes sobre casos específicos. Sí, consignaron los lineamientos generales que se aplican en cada caso. A grandes rasgos, los casos consultados se dividían de la siguiente manera: (a) actuaciones periciales cuya regulación de honorarios está aún pendiente de resolución; (b) casos con regulación, ya derivados por los juzgados y pendientes de pago; y (c) casos cuyo pago había sido denegado: (a) Mientras no exista regulación firme de honorarios, el expediente no ingresa a la DAF. (b) A veces, los jueces omiten incluir la totalidad de los datos o, en el momento de la regulación, no explicitan el número de cuenta abierta para la causa. La demora en los pagos durante el verano se debió, según explicaron, a una situación que calificaron de extraordinaria, como fue la falta de giro de fondos por parte del Estado nacional. A la fecha de la reunión, se estaba ordenando el pago de toda regulación de honorarios periciales cuyo monto no superara los $40.000. Se esperaba que esta restricción se pudiera eliminar aproximadamente en abril. (c) Finalmente, como explicación del mecanismo por el cual algunos pagos fueron denegados, se aclararon conceptos tales como «condenado en costas» y otros que algunos de los peritos presentes desconocían, como en qué casos se proporciona (en el marco del Pacto de San José de Costa Rica) asistencia letrada para garantizar la defensa

en juicio, a diferencia de «asistencia a la víctima de un delito». Se aclararon las diferentes instancias que sigue un expediente en la DAF y se dieron algunos consejos a los peritos para evitar que, llegado el momento de la regulación (al final de la causa), el Estado se niegue, a través de la DAF, a hacerse cargo del pago de honorarios por existir una parte condenada en costas. En caso de que el perito actúe como intérprete/traductor: Tiene que saber en qué etapa de la causa fue convocado. Si va a interpretar, tiene que saber quién es la persona a la que asiste y cuál es su carácter en la causa: acusado, testigo, acusador (querellante). Si es el acusado, debe saber si está amparado por el Pacto de San José de Costa Rica (pacto de carácter internacional que garantiza la defensa en juicio). En caso afirmativo, el Estado se hace cargo del pago de honorarios. Debe presentar el pedido de regulación de honorarios inmediatamente al finalizar la etapa de instrucción, porque en esa instancia el juez aún no está en condiciones de decretar que hay una parte condenada en costas. El momento del pago: si corresponde que el pago lo haga una de las partes, por ejemplo, el querellante, se efectúa al finalizar la causa. Si quien debe pagar es el Estado, también puede ser que el pago se haga al finalizar el juicio, si bien normalmente se forma un incidente de pago una vez entregado el trabajo, y por esto sugirieron como estrategia procesal lo mencionado en el párrafo anterior. Si, a pesar de ser convocado por el juez, el perito actúa a pedido del fiscal o del defensor oficial, estos se consideran parte, y sus reparticiones deben hacerse cargo del pago. Si es convocado por una fiscalía, se hace cargo el Ministerio Público. En caso de insolvencia del condenado en costas, en sede civil, la otra parte se hace cargo del pago, o el Estado a través de la DAF, si es que se trató de proporcionar la debida asistencia en juicio a un acusado. Aunque en algún caso haya fondos en el expediente, producto, por ejemplo, de un embargo, esos fondos son de la causa, «son del juez», por lo cual no necesariamente se ordenará el pago. Siempre es la DAF quien paga. Con respecto al estado del pago de honorarios al 19 de marzo de 2014: Desde mediados de diciembre de 2013, la DAF no cuenta con recursos para el pago de pericias, debido a que el Poder Ejecutivo suspendió el giro de fondos en todo concepto. En febrero de 2014, comenzó a recibir fondos. Está autorizada a pagar pericias hasta $40.000. Esto era así hasta el 20 de marzo de 2014. Los funcionarios no precisaron el criterio que se aplica para decidir a quién se paga; sin embargo, la antigüedad de la causa es uno de los parámetros, y otro, momentáneamente, el del monto mínimo de $40.000. Respecto a los casos en que se hayan regulado honorarios demasiado bajos en relación con lo solicitado en el escrito de pedido de regulación, los representantes de la DAF mencionaron la existencia de herramientas procesales que tienen los peritos para reclamar sus derechos adquiridos, sin explicitarlas, por no estar esto entre sus atribuciones. Por otra parte, el doctor Devoto informó que el Consejo de la Magistratura le

había derivado un expediente que tiene actualmente en estudio, basado en las reiteradas notas de presentación del Colegio ante ese organismo. Se trata de un proyecto de resolución sobre pago a peritos en casos en que estos hubieran actuado sin ser conscientes de que, aun habiendo sido convocados por el Estado, su actuación no está incluida en los casos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica, situación en la que el perito pierde la percepción de honorarios pues, por lo menos hasta el momento, la DAF no autoriza el pago. Recordamos a los matriculados que la Comisión de Labor Pericial es un espacio abierto para que los peritos puedan analizar, debatir y proponer cursos de acción para las distintas situaciones que se atraviesan en el cumplimiento de esta tarea como auxiliar de la justicia. NOTA: consulte «Pasos del expediente en la DAF previos al pago» en la solapa de la Comisión de Labor Pericial.