DECLARACIÓN COLOMBIA EN EL PACTO GLOBAL DE PERSONAS MIGRANTES Y EL PACTO GLOBAL DE PERSONAS REFUGIADAS 2018 Organizaciones de población colombiana refugiada, exiliada y victima en el exterior, organizaciones de personas migrantes y refugiadas en Colombia, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones internacionales, organizaciones de la Iglesia Católica e instituciones académicas provenientes de Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Suecia y España nos reunimos en la ciudad de Bogotá D.C. durante los días 31 de enero y 01 de febrero de 2018, para aportar en el proceso de construcción de los Pactos Globales en migración y refugio, con la expectativa de que estos contribuirán a lograr una respuesta más integral para el goce efectivo de derechos de personas migrantes y refugiadas en su expresión más amplia y sostenible. En ese sentido, identificamos los principales avances y retos del país respecto al sistema de refugio y migraciones, con el propósito final de contribuir con recomendaciones y propuestas hacia la garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes con aplicación del principio de igualdad en el contexto de construcción de paz, lo que implica que el reconocimiento de los derechos sea otorgado en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de cada uno, incluidas las referidas a su sexo, identidad y orientación sexual diversa, independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, atendiendo las condiciones sociales estructurales de discriminación por razón del género, que ha impedido a las mujeres y la comunidad LGBTI víctimas en el exterior, acceder en igualdad de condiciones al reconocimiento de derechos. Reconocemos los avances logrados en la Declaración de Nueva York del 13 de septiembre de 2016 suscrita en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde los jefes de Estado y de Gobierno adquirieron una serie de compromisos en relación a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas refugiadas y migrantes, con un nuevo enfoque y un sentido más amplio en términos de solidaridad y de cooperación entre Estados al adoptar, entre otras Un Marco de Respuesta Integral para los Refugiados. Acogemos el mensaje del Papa Francisco, el cual ha reiterado su invitación a ir más allá de la asistencia humanitaria buscando realizar acciones más integrales y hospitalarias que permitan acoger, proteger, promover e integrar a la población migrante y refugiada. Manifestamos nuestro respaldo al proceso de paz en Colombia e instamos esté acompañado de una estrategia en materia de prevención de violaciones a derechos humanos y promueva mecanismos para la garantía de derechos de las víctimas que se encuentran en el exterior.
Advertimos con profunda preocupación que, en este periodo de transición a la paz, la vulneración a derechos fundamentales ha venido en aumento, con la continuidad de desplazamientos forzados internos, desplazamientos forzados de carácter transnacional, el asesinato a líderes y lideresas, entre otros. Por lo que el deber de protección que Colombia como país debe brindar tanto a los nacionales como a las personas migrantes y refugiadas asentadas en el territorio, se está viendo afectada, motivando a generar nuevos desplazamientos transfronterizos y/o transnacionales forzados. Entendemos y reconocemos los aportes e impactos positivos que tiene la migración y el refugio para el desarrollo social, económico y cultural de los países y comunidades de acogida. Reconocemos el trabajo y los valiosos aportes que organizaciones de víctimas en el exterior, personas refugiadas, migrantes y exiliadas desarrollan para la construcción de paz en Colombia. Las personas refugiadas y exiliadas son sujetos políticos y deben ser reconocidos como tal; superando de esta manera el reduccionismo de la capacidad de agencia de las personas refugiadas y las acciones encaminadas a la mera atención humanitaria. Reafirmamos que las víctimas en el exterior, personas exiliadas y refugiadas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sin que ello represente un riesgo para su protección internacional o estatus migratorio. Igualmente, destacamos la necesidad de avanzar en la consolidación de soluciones estables y duraderas, de integración local, retorno o reasentamiento. Por lo anterior, exhortamos a los Estados y a los organismos internacionales a llevar a cabo la Conferencia Internacional sobre Paz y Víctimas en el Exterior del Conflicto Colombiano, que tiene como fin que los Estados de acogida de población refugiada, exiliada y víctima en el exterior, acompañen a Colombia en la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de soluciones integrales y duraderas para las personas refugiadas, exiliadas y víctimas del conflicto armado en el exterior. Por ultimo señalar que el Pacto Global de Migrantes y el Pacto Global de personas Refugiadas 2018 es una oportunidad para que Colombia, un país que busca la construcción de la paz, realice ajustes de política que garanticen los derechos de refugiados, migrantes y su política de reparación integral a víctimas en el exterior, de manera que esto pueda representar en un futuro cercano una buena práctica para América Latina y el mundo, en materia de garantías de derechos de las personas refugiadas y migrantes. Bajo esos considerandos, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones: Al Estado Colombiano 1. Poner en marcha de manera urgente, las medidas identificadas en los diferentes instrumentos de política migratoria internacional y el sistema de refugio ratificados por el 1 Estado donde se garantice el enfoque de género y los enfoques diferenciales, implementando medidas afirmativas que promuevan la igualdad y eliminen la discriminación 1 Instrumentos como: Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención para Reducir los Casos de Apátrida, Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Protocolo contra la trata de personas, Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, Declaración y Plan de Acción de Brasil, entre otras.
histórica. Construir una política de lucha contra la xenofobia y eliminación de todo tipo de estigmatización a personas migrantes y refugiadas. 2. Consolidar una política pública migratoria y una política de asilo desde un enfoque de derechos, eficaz, oportuna, integral y coordinada, que contemple estándares elevados de protección internacional, que promueva la acogida en las comunidades, que facilite mecanismos de regularización migratoria y donde se reconozca en su sentido más amplio la calidad de refugiado. 3. Reconocer el desplazamiento transnacional como hecho victimizante en el marco del conflicto interno colombiano e implementar una estructura adecuada para garantizar el acceso a las víctimas del conflicto que se encuentran en el exterior a las medidas de atención, asistencia y reparación. Esto implica adecuar escenarios y espacios tanto en Colombia como en los países receptores, para que la población víctima del conflicto armado colombiano pueda participar en el Sistema de verdad, justicia y reparación integral con enfoque de género y enfoques diferenciales. La participación transnacional y la infraestructura para ello son medidas que deben asegurarse, no sólo en el papel de las personas migrantes y refugiadas como testimonio, sino también en todas las fases del proceso del sistema. 4. Ajustar legal y administrativamente la política pública de retorno para los connacionales que deseen regresar garantizando los principios de voluntariedad, dignidad y garantías plenas de seguridad y sostenibilidad, donde el fin último sea reparar integralmente a las víctimas. 5. Adoptar estrategias estructurales en materia de prevención a múltiples formas de violencia en los territorios con enfoque de género y diferencial, de tal forma que se tomen medidas para evitar la configuración de nuevos desplazamientos internos, desplazamientos transnacionales, trata de personas, trabajo forzado, redes delictivas involucradas con actividades económicas ilícitas y tráfico de migrantes. 6. Avanzar en la consolidación de un sistema de caracterización sobre migraciones y refugio que incluya estadísticas de la población migrante y refugiada de tal modo que contribuya a la identificación de políticas públicas coherentes con las realidades desde un enfoque de derechos 2. 7. Realizar reformas de carácter institucional a las entidades con competencia en materia migratoria, de manera que se consolide un enfoque de derechos y una estructura protectora en las entidades públicas; incluyendo de manera particular formación a funcionarios frente a los derechos, la imprescindible acción sin daño y el enfoque de género y diferencial de personas migrantes y refugiadas 3. 2 Que incluya información desagregada por sexo, edad, identidad de género y orientación sexual diversa, que tenga en consideración el daño causado por el conflicto armado y las afectaciones diferenciales en razón del género. 3 Es urgente una intervención en materia de salud para migrantes y comunidades de acogida, especialmente en fronteras, con brigadas de atención básica y especializada en salud, vacunación, atención de enfermedades graves y a mujeres en estado de gestación, que incluya los derechos sexuales, reproductivos y de anticoncepción. La atención en salud debe ser universal para todos los colombianos y colombianas, así como extranjeros, independientemente de su situación administrativa migratoria.
8. Elevar los estándares de protección internacional y procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugio, a través de reformas normativas, administrativas y sistemas de calidad, de manera particular frente al acceso a derechos de las personas solicitantes de asilo. 9. Consolidar la política de Lucha Contra la Trata de Personas con enfoque de género, analizando las condiciones, necesidades, problemáticas y barreras diferenciales de las que son víctimas las mujeres ante este crimen, de tal modo que se mejore la coordinación nación -territorio en el tema y en aquellos departamentos donde se identifique con mayor riesgo de sufrir este hecho, operativizar los comités departamentales para abordarlo de manera integral y oportuna 10. Garantizar un tratamiento igualitario frente al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales a las personas nacionales, así como también a personas migrantes y refugiadas en territorio colombiano. La sostenibilidad fiscal y falta de recursos no puede justificar prácticas institucionales que vulneren los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. A otros Estados y Comunidad Internacional 1. Exhortar a los Estados que no hacen parte de los acuerdos internacionales de protección a que se vinculen de manera activa estos. 2. Desde Colombia y América Latina se hace una invitación a todos los Estados a adoptar definiciones ampliadas de personas refugiadas -como la Declaración Cartagena- y otras que incluyan causales importantes teniendo en cuenta los múltiples fenómenos de migración forzada como los desastres medio ambientales. 3. Construir una misión de seguimiento desde el seno de las Naciones Unidas para asegurar el retorno bajo los principios internacionales con enfoque de género y enfoque diferencial, garantizando el respeto irrestricto al principio de no devolución, previniendo la cesación de la condición de refugio injustificada y poco documentada, así como alentar a que los Estados mantengan su compromiso en materia de integración local y soluciones estables y duraderas. 4. Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de tratados internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. 5. Las personas refugiadas deben ser actores consultivos en los procesos locales, nacionales e internacionales para el fortalecimiento de políticas migratorias y el sistema de asilo. En este sentido, se deben fortalecer las organizaciones de personas migrantes forzados, exiliados/as y refugiados/as para asegurar su participación efectiva. 6. Es necesario que las agencias de Naciones Unidas presentes en Colombia informen sobre el riesgo de sistematicidad de la migración forzada internacional, en la implementación de los acuerdos de paz. Esto se extiende a las organizaciones internacionales de derechos humanos que tienen su trabajo en el país. 7. Fortalecer la cooperación internacional con el ánimo de establecer mecanismos más operativos con los Estados de la región, que propendan por abordar de manera más humana, respetuosa y con enfoque de derechos los flujos migratorios, teniendo en cuenta las
necesidades diferenciales y barreras de las mujeres y la comunidad LGBTI, en razón a la discriminación histórica y desigualdades de las que son víctimas. A la Sociedad Civil 1. Conformar una delegación para alertar sobre la crisis humanitaria de migración forzada internacional de Colombia por razones asociadas al conflicto armado, que aún persiste, y fenómenos de violencia asociados al periodo de posacuerdo y transición a la paz. 2. Profundizar la documentación de múltiples violaciones de derechos de los migrantes y personas refugiadas, hacer seguimiento a políticas públicas encaminadas a garantizar estos derechos y promover soluciones duraderas, integrales y sostenibles, con enfoque de género y diferencial. 3. Realizar y promover campañas informativas masivas sobre derechos e integración de los migrantes, acompañadas de procesos de formación y sensibilización en comunidades de acogida, que luchen contra la xenofobia y eliminación de todo tipo de estigmatización a personas migrantes y refugiadas, vinculando a los medios de comunicación privados y públicos para que desarrollen un papel de mediadores frente a la sociedad, emitiendo mensajes de solidaridad y cooperación. 4. Recomendamos informar en los escenarios internacionales sobre los avances y retos de la implementación del acuerdo de paz, donde se plantee la continuidad de vulneraciones a los DDHH en Colombia. La firma de la paz no significa que hayan cesado estas problemáticas. 5. Incrementar acciones de litigio estratégico ante instancias internacionales frente al incumplimiento de tratados y graves violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y en necesidad de protección internacional. 6. Apoyar el fortalecimiento y la incidencia política de las organizaciones de refugiados, víctimas y de migrantes, así como a las organizaciones acompañantes en el marco del proceso de construcción de paz. La declaración cuenta con la adhesión las siguientes organizaciones y personas: Foro Internacional de Víctimas (FIV) Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ-LAC: Argentina: Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz -MECoPa-, Mesa de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Argentina, Costa Rica: Ecos de Colombia, Chile: Organización de Colombianos Refugiados en Chile -OCORCH-, Ecuador: Mujeres Libres sin Fronteras, México: Colectivo por la Paz de Colombia Desde México -ColPaz-, Panamá: SOS Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá -SOVIC PANAMÁ-, Perú: Mesa de Víctimas Colombianas por la Paz -ColViPaz-, Uruguay: Organización de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Uruguay. Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas Y Migradas Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de COLOMBIA en Canadá. (ASOVICA)
La Comisión Sobre Migraciones Forzadas, Exilio Y Reconciliación (CER) La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-COL) Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-LAC) Pastoral Social Consejo Noruego para Refugiados (NRC) Sisma Mujer Misión Escalabriniana Rodeemos El Dialogo Universidad Santo Tomás Universidad Javeriana-Instituto Pensar Universidad de Antioquia Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia Stéphanie López Villamil. Grupo Migraciones y Desplazamientos Universidad Nacional de Colombia Sara Cristina Lara González. Coordinadora Programa de Derechos Humanos Ministerio de Diaconía Iglesia Evangélica Luterana de Colombia- IELCO.