CAPÍTULO I EL PROBLEMA
CAPÍTULO I EL PROBLEMA 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El 14 de julio del año 2011 se promulgó en Venezuela el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, ley ésta que tiene por objeto regular, administrar y controlar para mantener la estabilidad de los precios, así de esa forma hacer más accesible a la población, los bienes además de servicios, en igualdad de condiciones, para lograr un desarrollo armónico económico, social. La razón para que se aprobara esta ley tiene su origen en los supuestos abusos flagrantes de los productores, fabricantes y comerciantes en muchos sectores de la economía, los cuales obtienen elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta de la población. La dinámica económica ha derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores. Los empresarios, tratan de dominar el mercado, fijando los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable. La 4
5 generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de las mismas con aquello de que el pez gordo se come al pez más pequeño. El pago de precios altos por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar, es decir la pérdida del poder adquisitivo de la población. Por esta razón la Asamblea Nacional trata de compensar la situación regulando los precios y buscando su estabilidad a través del control de los costos.de los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores. Ahora bien, los productores, fabricantes y comerciantes, se quejan de la nueva ley por cuanto consideran que esta no toma en cuenta elementos esenciales para el cálculo de los costos como es el caso de las divisas, es decir, el precio de los insumos que deben adquirir en el exterior y que se multiplica al coinvertirlo en dólares u otra moneda de cambio. En razón de la situación antes planteada se percibe un escenario de tensa calma, de insatisfacción en cuanto a la aplicación de esta novísima ley, hay escasez de productos y los que se consiguen tienen altos precios, alza de precios, hay que hacer colas para lograr comprar los productos de la cesta básica, no hay variedad de marcas y productos, debe comprarse lo que halla en el mercado, los servicios en franca decadencia porque lo recaudado no alcanza para el mantenimiento de los mismos pues sus tarifas no han sido actualizadas en años.
6 Por otro lado, el Gobierno señala que los empresarios son los culpables de la escasez y del alza de precios, por cuanto quieren obtener sustanciales ganancias por los productos y servicios que producen y/o venden o prestan, sin importarles el costo social y político que el mismo tiene. Es precisamente por esto, que la ley establece un procedimiento de determinación de precios, pero también establece el procedimiento de inspección y fiscalización, por el cual se determinará el cumplimiento de la misma, además el procedimiento sancionatorio. La cual pretende controlar de esta manera la especulación que según el Gobierno Nacional, generan los empresarios, con el alza de precios en productos y servicios. De allí la necesidad de esta investigación sobre la Ley de Costos y Precios Justos (2011), en especial los procedimientos administrativos contemplados en la misma. 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 2.1. OBJETIVO GENERAL Analizar los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Costos y Precios Justos en Venezuela. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Analizar los principios que rigen los procedimientos administrativos en la Ley de Costos y Precios Justos en Venezuela.
7 - Analizar el procedimiento de inspección y fiscalización establecidas en la Ley de Costos y Precios Justos en Venezuela. - Analizar el procedimiento sancionatorio contemplado en la Ley de Costos y Precios Justos en Venezuela. - Analizar los recursos que establecen la Ley de Costos y Precios Justos contra las decisiones que impongan sanciones en Venezuela. 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN La Ley de Costos y Precios Justos, aprobada el año pasado 2011 viene a ser una contrapartida entre empresarios y el gobierno nacional, pues todos esgrimen razones válidas en su defensa. Realmente se han presentado abusos en algunos sectores de la economía pero eso no significa que todos los empresarios abusan de su poderío económico. En el ámbito científico, se justifica la presente investigación, por los conocimientos teóricos que se desarrollarán a partir de las bases legales y teóricas aportados por la ley en estudio y otras leyes concordantes, así como la doctrina del caso. Desde el punto de vista práctico, es importante por cuanto aportará en el área jurídica, las teorías, posibles soluciones a los problemas que en la aplicación de esta Ley, presentarán los procedimientos administrativos establecidos en la Ley en comento, las sanciones aplicables y los recursos que establece, que beneficiaran al público en general y a los empresarios. En el área metodológica, el resultado de esta investigación contribuirá a la formación de nuevos criterios, los cuales se pretende se conviertan en
8 referencia para futuras investigaciones en el área por la información que aportaría; así como referencia para los ciudadanos en defensa de sus derechos y garantías 4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN La presente investigación se realizará de acuerdo a la Legislación Venezolana, específicamente en la Ley de Costos y Precios Justos en Venezuela, en un período comprendido entre enero a julio de 2012, en el área de las Ciencias Jurídicas, en el ámbito del Derecho Administrativo de la Universidad Rafael Belloso Chacín de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia. Se analizaron los Procedimientos Administrativos establecidos en la Ley de Costos y Precios Justos (2011), la cual se fundamentara en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Costos y Precios Justos (2011), el Reglamento Parcial de la Ley de Costos y Precios Justos (2011), la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981); así como la doctrina existente con autores como Araujo (2008), Brewer (2000), Adam y Becerril (1996), entre otros.