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como eje principal garantizar la defensa, protección y promoción de los derechos de las personas en situación de movilidad, así como la recuperación y fortalecimiento de sus capacidades, su inclusión e interculturalidad, tanto de personas migrantes como aquellas en situación de protección internacional. Como resultado de una construcción abierta y participativa de múltiples sectores de la sociedad ecuatoriana, tanto en el país como en el exterior, en el año 2015, los asambleístas representantes de los ecuatorianos migrantes presentaron a la Función Legislativa el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana -la primera de su género a nivel mundial-- la cual reconoce la supremacía de las personas como sujetos de derechos. Esperamos que este proyecto de ley entre en debate en la Asamblea Nacional en las próximas semanas. El Estado ecuatoriano -al ser suscriptor y al haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967- ha logrado significativos avances en temas de refugio. De hecho, hemos adoptado la definición ampliada de refugiado, en atención a la Declaración de Cartagena de 1984, de la cual también somos subscriptores, lo que ha permitido generar 2

políticas públicas, acciones y una estructura institucional encaminadas a proveer asistencia a la población en necesidad de protección internacional. Una de las importantes acciones realizadas en los últimos años a favor de la población refugiada en el Ecuador fue el registro ampliado de personas en necesidad de protección internacional, realizado en colaboración con el ACNUR, entre marzo 2009 y marzo 2010, periodo durante el cual el Ecuador reconoció a 32.000 personas con el estatus de refugiados. Brindamos atención a esta población desde ocho oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, distribuidas a nivel nacional, priorizando la frontera norte. Hemos realizado un trabajo coordinado con Acnur, que nos ha permitido ejecutar acciones que inciden directamente en la vida de las personas y promueven sus derechos. En Ecuador, el derecho a solicitar refugio alcanzó un rango constitucional en el año 2008, y por primera vez se estableció el principio de no devolución, el cual constituye la piedra angular en la protección internacional de las personas solicitantes y con estatus de refugiadas. 3

Ecuador, con una población de 16 millones 200 mil habitantes, en una superficie de un poco más de 283.000 Km2, y un Producto Interno Bruto de $108 mil millones de dólares, alberga a más de 60.000 refugiados, que representan el 0,37% de la población nacional. Hemos recibido a más refugiados que cualquier otro país en América Latina y el Caribe. Ellos provienen principalmente de nuestro país vecino, Colombia, constituyendo el 95% del total de refugiados. Por lo tanto, la paz en Colombia, es también la paz en América Latina y la paz de Ecuador; y seguiremos trabajando con nuestros hermanos colombianos para consolidar esa paz. Ecuador, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en situación de movilidad, ha mantenido una agenda política comprometida con el reconocimiento al derecho de refugio y asilo de personas que se encuentran en necesidad de protección internacional. Además de los 60.000 refugiados, en Ecuador se encuentran más de 230.000 solicitantes de refugio. Ninguno de ellos está en un territorio preconcebido para el efecto, en campos de refugiados, en barrios o ghettos. Ellos se desplazan libremente por el territorio nacional. Escogen su lugar de residencia, emprenden en la 4

actividad que a bien tuvieren y gozan de los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos ecuatorianos, con acceso universal al sistema público de salud y educación, en todos sus niveles. De hecho, nuestro país tiene un índice de inclusión de las personas refugiadas en territorio ecuatoriano de un 59.7%, de acuerdo los mismos datos del ACNUR. Aquí debo mencionar una buena práctica en Ecuador, fruto de un trabajo conjunto entre ACNUR, el Ministerio de Educación, maestros, psicólogos, padres y madres de familia y estudiantes, que incluyó a 36 escuelas públicas y fideicomisas en Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, con más de 3 millones de habitantes. Hoy nos permitimos hacer un llamado a la comunidad internacional, especialmente a los Estados que aún no han suscrito los instrumentos internacionales relativos a la materia de refugio, para que asuman su compromiso jurídico, político y sobretodo humanitario, a favor de los millones de personas que solicitan asilo o refugio, en todo el mundo. Los representantes de los Estados aquí presentes debemos reconocer que el escenario mundial se ha visto complejizado por el incremento de conflictos armados, fruto de inequidades 5

estructurales históricas de exclusión socio-económica de gran parte de la población mundial. Este incremento de conflictos ha provocado grandes movimientos forzosos de personas en busca de cualquier tipo de protección internacional. En este sentido, exhortamos a los Estados a recordar la terrible tragedia que significa que 1 de cada 113 seres humanos sean refugiados, desplazados o solicitantes de asilo. Esto nos conmueve y obliga a propugnar la paz como una solución primaria a estas realidades, sin olvidar que aún sigue siendo una deuda histórica de nuestros gobiernos. A este punto, se hace ineludible incrementar esfuerzos para asumir nuestras respectivas responsabilidades respecto a la acogida de personas que buscan protección internacional, considerando además la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan y adoptando procedimientos en nuestras legislaciones internas que garanticen del debido proceso en todas las etapas del reconocimiento de su estatus. Los Estados debemos ser capaces de salvaguardar sus derechos frente a cualquier acto ilícito o de violencia en su contra, debemos luchar contra la discriminación por causas de nacionalidad, estatus migratorio, origen étnico, género, entre otros. 6

Las respuestas por parte de la sociedad deben ser integrales, involucrando diferentes actores de la sociedad, para facilitar la inclusión de las personas en movilidad humana dentro de la sociedad. Sin embargo, esta participación no puede sustituir la responsabilidad esencial que recae sobre los Estados, como los actores principales, en la generación de políticas públicas y activadores de procesos inclusivos. Es imperativo recordar la obligación de los Estados y de la cooperación internacional para promover soluciones sostenibles en materia de inclusión de refugiados dentro de los países de acogida. Deseo terminar mi intervención destacando el importante aporte que representa la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde por primera vez se hace referencia al tema migratorio; los Estados nos comprometimos a Facilitar la migración y la movilidad, ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. En este punto, reafirmamos nuestro compromiso e incentivamos a los países a «no dejar a nadie atrás»; reforcemos el sentido de corresponsabilidad y de solidaridad 7

internacional desde todos los espacios de nuestras sociedades, y sobre estas mismas bases, aseguremos la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y en necesidad de protección internacional. Muchas gracias! 8