Misión de Investigación sobre Fiscalidad y Transparencia

Transcripción

1 Misión de Investigación sobre Fiscalidad y Transparencia Obstáculos, soluciones y oportunidades para avanzar hacia la transparencia financiera y la justicia fiscal Elaborado por una delegación de expertos independientes de Asia, África y América Latina. Basado en visitas a Suiza, Francia, Noruega, Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Europea.

2 2 Sobre este informe Este informe es el resultado de la Misión de Investigación sobre Fiscalidad y transparencia de una delegación de expertos independientes de Asia, África y América Latina que tuvo lugar en octubre y noviembre de Todas las opiniones que contiene el presente informe son las opiniones personales de los expertos y reflejan el consenso y los acuerdos alcanzados por el grupo. Acerca de la Misión de Investigación sobre Fiscalidad y Transparencia Esta Misión ha sido coordinada por la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD) en cooperación con la Red Africana sobre Deuda y Desarrollo (AFRODAD) y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD). La Misión ha sido financiada por la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (Norad) como parte de un proyecto dirigido por AFRODAD. Los principales objetivos del proyecto son: Recopilar más información, comprender mejor algunos de los principales motores de la fuga de capitales y su impacto sobre los países en desarrollo y proponer normas de financiación responsable específicas para hacerles frente; Crear una coalición de organizaciones de la sociedad civil (OSC) más amplia y mejor coordinada que se concentre en la fiscalidad y la fuga de capital y sirva para canalizar las principales reivindicaciones de las campañas y la incidencia política de las OSC relacionadas con la ayuda, la deuda, el control presupuestario, el comercio, las inversiones y los recursos nacionales; y Liderar una estrategia de incidencia coordinada a nivel nacional, regional y global que vincule la fiscalidad y la fuga de capitales con otras áreas de la financiación al desarrollo y garantice su inclusión en las normas de financiación responsable. Las opiniones que aquí se recogen no reflejan necesariamente la opinión de Norad, AFRODAD, EURODAD o LATINDADD.

3 Contenidos 3 Introducción 05 Suiza 06 Francia 09 Noruega 11 Comisión Europea 12 Naciones Unidas 13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 15 G20 18 Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva 19 Conclusión general 20 Annexo 21 Notas finales 25 Acrónimos AFRODAD CIAT CT EEUU EURODAD FATCA G20 GFI ITIE Red Africana sobre Deuda y Desarrollo Centro Interamericano de Administraciones Tributarias Comité de la ONU sobre Tributación Estados Unidos Red Europea sobre Deuda y Desarrollo Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras Grupo de los Veinte Global Financial Integrity Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva LATINDADD Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Norad OCDE ONU UE Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Organización de Naciones Unidas Unión Europea

4 4 Introducción Los ingresos fiscales proporcionan a los gobiernos los recursos financieros necesarios para ofrecer servicios públicos esenciales, combatir la pobreza, garantizar el desarrollo y sentar las bases de la economía. Por tanto, para que una sociedad funcione es esencial que disponga de un sistema fiscal eficaz. Los ingresos fiscales proporcionan a los gobiernos los recursos financieros necesarios para ofrecer servicios públicos esenciales, combatir la pobreza, garantizar el desarrollo y sentar las bases de la economía. Por tanto, para que una sociedad funcione es esencial que disponga de un sistema fiscal eficaz. Sin embargo, en estos momentos la recaudación de impuestos en los países en desarrollo se está viendo socavada por la evasión fiscal, que representa una gran parte de los flujos financieros ilícitos de dichos países. Global Financial Integrity (GFI) calcula que, entre 1970 y 2008, la evasión fiscal comercial supuso el 60-65% de los flujos ilícitos de los países en desarrollo, mientras que la delincuencia representó un 30-35% y la corrupción un 3%. 1 Al igual que el Banco Africano de Desarrollo, GFI estima que África perdió entre millones de USD y 1,4 billones de USD en transferencias netas de recursos entre 1980 y 2009, cantidad muy superior a los recursos que entraron en África en el mismo periodo, lo que hace de África un acreedor del resto del mundo en términos netos. 2 El último estudio de GFI estima que entre 2002 y 2011, los flujos financieros ilícitos supusieron, de media, una pérdida de millones de USD al año para la totalidad de los países en desarrollo. 3 Tanto a nivel nacional como internacional reina una falta de transparencia financiera que permite que individuos y empresas mantengan sus recursos financieros ocultos de gobiernos y del público en general, desobedezcan las leyes y las normas nacionales, blanqueen su dinero negro o evadan impuestos. Además de la evasión de impuestos, de carácter ilegal, las empresas también emplean técnicas agresivas de planificación fiscal y eluden impuestos. Estas actividades son técnicamente legales y se aprovechan de los vacíos legislativos y las discrepancias entre distintas legislaciones fiscales para minimizar el pago de impuestos. Uno de los principales problemas de la evasión y la elusión de impuestos son los países y jurisdicciones que garantizan el secreto financiero y ofrecen un impuesto de sociedades extremadamente bajo (a veces incluso inexistente). Estas jurisdicciones crean el marco necesario para que empresas e individuos eludan y evadan impuestos. De esta forma, las leyes y políticas de un país pueden limitar la capacidad de otros países de recaudar impuestos dentro de sus propias fronteras, a pesar de la creencia generalizada de que la fiscalidad es parte de la soberanía nacional. Los países europeos (incluyendo los que no son miembros de la UE como Suiza y Noruega) representan un papel crucial en el debate internacional sobre fiscalidad y transparencia. Al mismo tiempo, un gran número de empresas multinacionales que operan en los países en desarrollo están basadas en países europeos y la forma en que los gobiernos nacionales regulan

5 5 (o no) estas empresas tiene un impacto significativo sobre los países en desarrollo. Asimismo, en muchos casos los bancos europeos son el destino final de los flujos ilícitos de capital desde el Sur global, lo que implica que la normativa bancaria y de transparencia financiera de los países Europeos también puede tener un impacto sobre el tamaño de los flujos ilícitos de los países en desarrollo. 4 La proporcionó una oportunidad para que una delegación de expertos de países en desarrollo cuestionara y evaluara las políticas, las posiciones, los procesos y los procedimientos de una serie de instituciones globales y regionales además de algunos de los países europeos más relevantes para el debate internacional. La principal conclusión de la Misión es que los regímenes fiscales existentes y la opacidad financiera están teniendo un impacto muy negativo sobre los países en desarrollo. Aunque se avecinan cambios, la delegación descubrió que estos vienen motivados principalmente por los intereses y el problema de la evasión y elusión fiscal en Europa y los EEUU y con frecuencia no existe una perspectiva global. Se corre el riesgo de que las nuevas iniciativas no puedan solucionar los problemas de los países en desarrollo, sobre todo los de los países de renta baja. El presente informe presenta los resultados de la Misión de Investigación, incluyendo los obstáculos, las soluciones y las oportunidades encontradas por la delegación de expertos. Los países se presentan en el orden en que se visitaron, seguidos por las instituciones regionales e internacionales. Al principio de cada capítulo encontrará una pequeña introducción que explica por qué se incluyó dicho país o institución y a continuación las principales observaciones de la delegación. Cada capítulo incluye también la opinión de la delegación sobre los principales obstáculos para la transparencia y la justicia fiscal en ese país o institución, además de recomendar soluciones y finaliza con una conclusión. Los resultados del informe se resumen en el Anexo 1. Objetivo Los objetivos principales de la consisten en aumentar la movilización de ingresos para el desarrollo, identificar los obstáculos que impiden una mayor transparencia financiera y justicia fiscal a nivel mundial y contribuir a mejorar las soluciones existentes e identificar posibles oportunidades. Metodología Para esta Misión seleccionamos a expertos independientes en base a su experiencia profesional en fiscalidad y transparencia, asegurándonos de incluir a representantes de Asia, África y América Latina. La delegación de expertos incluyó representantes de los parlamentos, los medios de comunicación, académicos y la sociedad civil de países de renta media y baja del Sur global. El calendario de reuniones de la Misión se planificó de forma que abarcara perspectivas y opiniones diversas e incluyera instituciones nacionales y regionales, gobiernos nacionales y partes interesadas que representan un papel importante en el debate internacional.

6 6 Suiza Introducción El secreto bancario y los bajos impuestos para empresas multinacionales colocan a Suiza en el centro de un intenso debate internacional. Por ejemplo, el país está a la cabeza mundial en el Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network, publicado en noviembre de Al mismo tiempo, hay quien defiende (incluyendo representantes del Banco Mundial) que la situación de Suiza ha mejorado ostensiblemente, lo que ha generado «una oportunidad valorada en miles de millones de dólares para los países en desarrollo». 5 Se refieren a la decisión adoptada por el gobierno suizo en octubre de 2013 de firmar el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, que está pendiente de ratificación en el parlamento suizo. 6 En Suiza, la delegación de la Misión de Investigación se ha reunido con representantes del gobierno (del Ministerio de Finanzas, y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación), la asociación suiza de banqueros (SwissBanking), la sociedad civil (Alliance Sud), un denunciante anónimo del sector bancario y un parlamentario del Partido Socialista. Observaciones Suiza ofrece un alto grado de secreto bancario tanto a empresas como a individuos. En estos momentos es difícil (en muchos casos, imposible) que las autoridades extranjeras obtengan información sobre quién dispone de una cuenta bancaria en Suiza. Los banqueros se exponen a largas condenas de prisión en caso de revelar información sobre sus clientes. Como respuesta a las preocupaciones por el papel de Suiza en tanto que «paraíso fiscal», el gobierno suizo ha declarado que no desea que en su país se acumulen activos libres de impuestos y ha creado la nueva «Estrategia para el Dinero Blanco» («Weissgeldstrategie»). En la práctica, se han propuesto cambios en la ley contra el blanqueo de capitales, que exigirían a las instituciones suizas seguir procesos más estrictos de diligencia debida y pedir a los clientes de alto riesgo que firmen un documento en el que declaran que han pagado impuestos por sus activos. Si el cliente se niega a firmar dicha declaración el banco debe pedirle que regularice sus activos y, de no ser así, deberá poner fin a la relación comercial. Sin embargo, en octubre de 2013 el gobierno suizo volvió a posponer el trabajo legislativo relacionado con los requisitos de diligencia debida, argumentando que se trabajaría en ellos conforme se fueran firmando acuerdos para el intercambio automático de información. Los requisitos de diligencia debida se propondrán para aquellos países con los que no exista un acuerdo de este tipo. Si bien la legislación suiza exige a los bancos que pidan información sobre los propietarios reales («usufructuarios») de las estructuras legales como fundaciones y fideicomisos, existen en este momento algunas excepciones a esta norma (en concreto cuando estas estructuras son propiedad de empresas con una actividad económica real). Además, existen algunas limitaciones a la obligación de verificar la información obtenida. Las empresas y los individuos, por tanto, pueden abrir cuentas bancarias en Suiza sirviéndose de estructuras complejas en las que participan diversas entidades legales sin proporcionar el nombre real de la persona que está controlando los activos, lo que contribuye todavía más al secreto existente. Sin embargo, cabe señalar que el gobierno suizo ha propuesto una legislación más estricta para identificar a los usufructuarios, de acuerdo con las recomendaciones más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La nueva legislación está pendiente de ser aprobada en el parlamento. En lo que respecta al intercambio de información con otros gobiernos por cuestiones fiscales, hasta la fecha Suiza se ha adherido al sistema «a la demanda», que se basa en que los gobiernos envíen solicitudes caso por caso para obtener información. Hasta ahora, este sistema se ha utilizado habitualmente a nivel internacional, pero también ha sido muy criticado por su ineficacia, sobre todo a la hora de obtener información de países donde existe un alto grado de secreto financiero (el caso de Suiza). En muchos casos, ha resultado muy difícil, incluso imposible, que los gobiernos obtuvieran información, entre otras cosas porque, con frecuencia, las solicitudes de información deben ser muy específicas. En Suiza, las normas de secreto bancario también incluyen restricciones al intercambio de información. Una excepción importante son los casos relacionados con algún delito. Es importante señalar que la legislación suiza únicamente penaliza aquellos delitos fiscales que impliquen la falsificación de documentos oficiales (el denominado «fraude fiscal»). Otros tipos de evasión fiscal se consideran asuntos civiles, lo que limita substancialmente las posibilidades de obtener información en los casos de evasión fiscal. En los últimos años, se ha podido constatar un aumento del número de gobiernos que creen que es necesario disponer de un nuevo sistema que garantice el intercambio «automático» de información en lugar del sistema «a la demanda». El gobierno suizo también reconoce que en el futuro cada vez se utilizará más este sistema. Recientemente, Suiza ha accedido a desarrollar un sistema de intercambio automático de información a efectos fiscales con los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, parece claro que estos acuerdos únicamente se han logrado después de que los Estados Unidos y la Unión Europea ejercieran una notable presión sobre Suiza y la amenazaran con sanciones directas contra sus bancos a menos que accediera al intercambio automático de información. En lo que respecta al intercambio automático de información con otros países, Suiza normalmente defiende que no quiere ser el primero en dar el paso y que tiene la intención de esperar a que se alcance un acuerdo global en la materia. Además, en lo que respecta al intercambio de información con países en desarrollo, el gobierno suizo parece tener una serie de preocupaciones. Por esta razón, Suiza ha presentado una serie de condiciones y exigencias para cualquier acuerdo de intercambio automático de información futuro, incluyendo: «Reciprocidad»: es decir, que para recibir información los países en desarrollo deben poder proporcionar el mismo nivel de información a Suiza; Protección de datos en el país que recibe la información; Garantía de que la información no se utilizará incorrectamente ni llevará a sanciones injustificadas o desproporcionadas contra individuos. No parece existir una descripción clara de lo que estas condiciones implican en realidad, ni tampoco existe ninguna garantía de que los países que cumplan con estas solicitudes tengan asegurado el intercambio automático de información con Suiza. Tampoco está claro si se aplicarán las mismas condiciones a todos los países. Por ejemplo, el acuerdo que Suiza ha firmado con los Estados Unidos

7 7 (la denominada Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, o FATCA, por sus siglas en inglés) no incluye una cláusula de reciprocidad. La solución prevista por Suiza para los países en desarrollo parece basarse en la «capacitación». Sin embargo, no parece que se haya analizado claramente en qué medida se necesita dicha capacitación, cuál podría ser el calendario para hacerlo, de dónde provendrían los recursos y cómo se pondría en práctica. El gobierno suizo también parece preocupado porque (si se consigue con éxito el intercambio automático de información) los países en desarrollo reciban grandes cantidades de información que no sean capaces de procesar. Sin embargo, parece que los intereses de los países en desarrollo se limitan frecuentemente a información relativa a un número reducido de individuos que han obtenido grandes fortunas mediante la evasión fiscal y otras prácticas ilegítimas dentro de sus jurisdicciones. En octubre de 2013, Suiza firmó el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, un convenio que facilita el intercambio de información entre gobiernos a efectos fiscales. Sin embargo, esto no significa que Suiza se haya comprometido al intercambio automático de información con los demás países adheridos al convenio: el convenio simplemente deja abierta la puerta para que Suiza pueda dar ese paso en el futuro. Otro objeto de preocupación relacionado con Suiza en tanto que paraíso fiscal es la carga impositiva excesivamente baja que pueden obtener las empresas multinacionales en el país. Los impuestos se fijan a nivel regional y los cantones suizos (provincias) compiten a nivel interno para atraer empresas multinacionales mediante acuerdos fiscales especiales. Esto ha suscitado preocupaciones a nivel internacional porque Suiza esté promoviendo la elusión de impuestos en otros países de forma legal pero muy perjudicial: las empresas con una actividad económica sustancial en otros países pueden evitar pagar impuestos al trasladar sus beneficios a Suiza. Este «traslado de beneficios» puede adoptar múltiples formas; por ejemplo, mediante la manipulación de los precios de transferencia o la comercialización interna de intangibles bajo el título de «gastos de gestión» o «derechos de propiedad intelectual». Como consecuencia del traslado de beneficios, muchos países están perdiendo parte de su base imponible, lo que ha llevado a una serie de iniciativas internacionales para hacer frente a la «erosión de la base imponible y el traslado de beneficios». Uno de los enfoques adoptados por los gobiernos para evitar el traslado de beneficios y asegurarse de que las empresas multinacionales pagan impuestos en sus países consiste en aplicar una retención de impuestos sobre los activos financieros que salen del país. Sin embargo, como consecuencia de los denominados acuerdos de doble imposición que los países han firmado con Suiza, muchos países han renunciado o visto limitado su derecho a aplicar retenciones sobre las transferencias a Suiza en un intento por obtener un mejor acceso a la información o atraer inversiones. Suiza ha sido criticada por utilizar prácticas fiscales perjudiciales al dar preferencia a empresas multinacionales. Por este motivo, Suiza está planteándose cambiar el sistema existente y reducir el impuesto de sociedades para todas las empresas, tanto las nacionales como las multinacionales. Un motivo general de preocupación para el gobierno suizo es que los cambios legales y normativos se traduzcan en que las empresas e individuos se trasladen a otros países que proporcionen condiciones similares de secreto financiero y un impuesto de sociedades bajo. Por esta razón, Suiza aboga por que se alcance un acuerdo global como condición previa a cualquier cambio adicional del sistema suizo. Obstáculos y recomendaciones La delegación considera que es evidente que el secreto bancario suizo y la opacidad empresarial y financiera que reina en dicho país contribuyen a que los países en desarrollo no puedan obtener la información que necesitan para recaudar todos los impuestos que les deben tanto los individuos como las empresas. En lo que respecta al intercambio de información, la delegación indica que existe un fallo esencial en el sistema «a la demanda»: algunos miembros de los gobiernos de países en desarrollo puedan tener intereses personales que les impidan solicitar la información de Suiza. Por ejemplo, este sería el caso si las personas que están en el poder son las mismas que se están aprovechando del sistema suizo para ocultar activos. En lo que respecta a las empresas, los fideicomisos y las estructuras legales similares, es bien sabido que este tipo de estructuras se han utilizado de forma reiterada para el blanqueo de dinero resultante de la evasión fiscal. La delegación considera que el hecho de que actualmente no se pueda obtener información pública acerca de los individuos y empresas que se encuentran detrás de dichas estructuras en Suiza es algo muy problemático. La primera solución a este problema consistiría en establecer un intercambio automático de información, conforme se describe a continuación. En segundo lugar, los gobiernos, incluyendo el suizo, deberían asegurarse de que los sistemas nacionales e internacionales se diseñan de forma que maximicen la transparencia financiera y empresarial, incluyendo registros públicos de los usufructuarios de empresas, fideicomisos, fundaciones y estructuras legales similares. En lo que se refiere al sistema de intercambio automático de información, a la delegación le preocupa que las condiciones y requisitos presentados por el gobierno suizo como exigencias previas para obtener el derecho a acceder a la información de Suiza impidan que muchos de los países en desarrollo (sobre todo los menos desarrollados) reciban información de este país. En lo que respecta al debate sobre la reciprocidad del intercambio de información entre gobiernos, la confidencialidad y la privacidad de los ciudadanos, la delegación señala hay que adoptar una nueva perspectiva como consecuencia de las pruebas sacadas a la luz por Edward Snowden sobre la existencia de programas mundiales de vigilancia llevados a cabo por diversos países, sobre todo por los Estados Unidos. La delegación no comparte la preocupación del gobierno suizo de que los países en desarrollo vayan a recibir demasiada información como para poder procesarla, dado que la información debería permitir a estos países investigar a individuos específicos que se sospecha que evaden impuestos. En lo que respecta a la capacitación, la delegación teme que las limitaciones de capacitación de los países en desarrollo se conviertan en una excusa para que dichos

8 8 países no tengan acceso a la información que necesitan para recaudar impuestos. Asimismo, si se establecen programas de capacitación lentos y con pocos recursos esto puede suponer un obstáculo a la hora de conceder este derecho a los países en desarrollo. Como solución, Suiza (y otros países desarrollados) debería introducir el intercambio automático de información por etapas y permitir que los países menos capacitados reciban información antes de ser capaces de responder de forma automática. La capacitación y el establecimiento de una reciprocidad absoluta siguen pudiendo ser objetivos a largo plazo, pero no deben obstaculizar las oportunidades de los países en desarrollo de acceder a información que necesitan para recaudar impuestos. Además, las condiciones para obtener el intercambio automático de información deben ser sencillas, estar bien definidas, ser realistas y tener un coste bajo para los países en desarrollo. Además, debe garantizarse que todos los países que las cumplan tendrán acceso al intercambio automático de información. En lo que respecta a la estrategia suiza «Dinero Blanco», la delegación considera que el hecho de que las cuentas bancarias suizas se estén utilizando para evadir impuestos es un problema muy grave que no se va a resolver introduciendo un sistema basado en que los clientes de los bancos declaren que sus activos son dinero «en blanco» sin tener que proporcionar documentos o pruebas de haber pagado impuestos. Como se ha mencionado anteriormente, la delegación considera que la mejor solución es el intercambio automático de información a efectos fiscales. Además, dentro de la nueva legislación que se está desarrollando en Suiza debería introducirse el requisito de que los bancos suizos pidan a los inversores que proporcionen una copia de su declaración anual de impuestos y cualquier otra documentación adicional necesaria para demostrar que han pagado impuestos. Por último, la evasión de impuestos debería convertirse en un delito en Suiza. En lo que respecta a la elusión de impuestos por parte de empresas multinacionales, la delegación considera que el secreto bancario suizo unido al bajo impuesto de sociedades crean incentivos para que las empresas incurran en esta práctica. Las empresas que operan en Suiza deberían elaborar un informe por país de sus beneficios, número de empleados, actividad económica e impuestos pagados en su jurisdicción para garantizar que tanto el país de origen como el de destino disponen de la información necesaria para evaluar si los impuestos pagados en cada país son justos e identificar problemas relacionados con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Es importante que los cambios que se produzcan en el secreto bancario y el reglamento del impuesto de sociedades no sean únicamente el resultado del miedo de los bancos suizos a perder cuota de mercado. Debería darse la misma importancia al principio básico de conseguir justicia para los países en desarrollo que han perdido miles de millones de dólares como consecuencia de la fuga ilícita de capitales y el secreto financiero. Como solución, Suiza debería hacer un verdadero esfuerzo por resolver los problemas de evasión y elusión fiscal en todo el mundo así como desarrollar un sistema que proteja los derechos fiscales nacionales de los países desarrollados y en desarrollo. De esta forma, también actuaría de acuerdo con el objetivo de coherencia de las políticas para el desarrollo, con el que Suiza se ha comprometido. Si Suiza no es capaz de ofrecer la transparencia que necesitan los países en desarrollo para localizar los recursos sacados de sus países mediante la evasión fiscal y otras prácticas ilegítimas, los países en desarrollo deberán cooperar estrechamente a nivel interno y construir una coalición para ejercer presión y obtener esta información de Suiza. Los ejemplos de los Estados Unidos y la Unión Europea demuestran que este enfoque también puede tener éxito en el caso de Suiza. Además, los países en desarrollo deberían revisar todos los acuerdos de doble imposición firmados con Suiza, evitar firmar acuerdos nuevos y asegurarse de no renunciar a su derecho a la retención de impuestos sobre los activos financieros que salen de sus países hacia Suiza. Esta recomendación no sólo es relevante en el caso de Suiza, sino que también se aplica a todos los acuerdos de doble imposición con otras jurisdicciones que tengan un alto nivel de secreto financiero y un impuesto de sociedades bajo. A pesar de que la delegación no está de acuerdo con el argumento de que Suiza no debe adoptar medidas nuevas hasta que se alcance un acuerdo global, los delegados comparten la opinión de que las empresas e individuos pueden proceder a trasladar sus activos a otras jurisdicciones si Suiza introduce normas más estrictas e incrementa la transparencia. Por ello, la delegación hace hincapié en que se tiene que alcanzar un acuerdo global de forma urgente, presionando a los gobiernos que no cooperen para que colaboren en la búsqueda de soluciones justas. Además, la delegación recomienda que se realicen estudios (por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas, ONU, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE) para identificar y evaluar la magnitud del problema. Estos estudios deben incluir el análisis de la estructura multinacional de los bancos con filiales en diferentes jurisdicciones, para evaluar el papel que representan los grupos bancarios transfronterizos. Conclusión A pesar de que Suiza está introduciendo cambios, a día de hoy estos redundan principalmente en el beneficio de Europa y Norteamérica. Para los países en desarrollo, el progreso ha sido limitado hasta el momento y todavía queda un largo camino por delante para conseguir paliar los impactos negativos causados por el secreto bancario suizo y el bajo impuesto de sociedades.

9 Francia 9 Introducción A nivel internacional, se considera que Francia lidera la lucha contra los paraísos fiscales. En primavera de 2013, el Presidente François Hollande pidió la erradicación de los paraísos fiscales a nivel mundial. Francia también lideró la iniciativa para la elaboración de informes por país en el seno de la UE. Al mismo tiempo, también se ha puesto en duda que todas las empresas francesas que operan en países en desarrollo estén pagando impuestos justos. El último ejemplo es la empresa energética Areba, que ha recibido mucha atención mediática al renegociar un acuerdo minero con Níger. En Francia, la Misión de Investigación se reunió con representantes del gobierno francés (Ministerio de Finanzas y Ministerio de Asuntos Exteriores) y la sociedad civil (CCFD-Terre Solidaire). Observaciones El anuncio tajante del presidente Hollande de que se necesitaba erradicar los paraísos fiscales vino después de un sonado escándalo político en el que un ministro francés resultó ser propietario de una cuenta bancaria secreta en Suiza. Además, con la crisis financiera y la consiguiente falta de recursos públicos, este parece ser uno de los principales motores del reconocimiento del gobierno francés de la necesidad de hacer frente al secreto corporativo y financiero. La postura de Francia ha sido muy clara dentro de la Unión Europea, donde los representantes franceses han defendido a capa y espada que se introdujera el sistema de información por país para las empresas de mayor tamaño, además de registros públicos de usufructuarios de empresas y fideicomisos. A nivel político, Francia también ha considerado la posibilidad de aplicar de forma unilateral el sistema de información por país, independientemente de si la Unión Europea introducía medidas similares. Hasta la fecha, ha adoptado un sistema de información pública por país para los bancos (en 2014 debe informarse acerca de los empleados y el volumen de negocio y a partir del 2015 también se incluye información sobre los beneficios, los impuestos y las ayudas recibidas). Sin embargo, Francia decidió no ampliar esta norma de transparencia a las empresas de todos los sectores salvo que la Unión Europea adopte un sistema de información por país similar para todos los estados miembros de la misma. En otras áreas, por ejemplo en la creación de un registro de usufructuarios de las empresas y los fideicomisos, Francia se ha adelantado introduciendo esta medida a pesar de que la Unión Europea todavía no se ha puesto de acuerdo al respecto. En lo que respecta al intercambio automático de información a efectos fiscales, Francia, al igual que Suiza, está preocupada por la reciprocidad y la protección de datos. Sin embargo, el gobierno francés parece reconocer la necesidad de distinguir entre los países que tienen la voluntad política de mejorar la transparencia y la cooperación, pero no disponen de la capacidad para proporcionar información de forma automática y aquellos que no tienen voluntad política de compartir información. Parece que lo que más le preocupa a Francia es garantizar la reciprocidad de la información con aquellos países que no tienen voluntad de cooperar. En lo que respecta a los países en desarrollo que no tienen tantas capacidades, Francia parece dispuesta a ofrecer un periodo de transición y proporcionar apoyo técnico a aquellos países que se comprometan a ofrecer reciprocidad pero que no puedan hacerlo en estos momentos. Francia también está siguiendo de cerca los procesos del Grupo de 20 (G20) y la OCDE relacionados con «la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios», una iniciativa creada para evitar que las empresas multinacionales evadan impuestos aprovechándose de las lagunas existentes en las normas fiscales internacionales y trasladando beneficios de unos países a otros para sortear los regímenes fiscales existentes. Sin embargo, parece que la prioridad de Francia es la «economía digital», sector en el que considera que existe un gran potencial para recuperar ingresos fiscales nacionales perdidos. Tanto en lo referente al tema de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, como al del intercambio automático de información, parece que a Francia le importan más los intereses financieros nacionales que las necesidades e intereses de los países en desarrollo. No obstante, parece que existe una clara voluntad de contribuir a la capacitación de los países en desarrollo y fomentar la participación de los mismos en los procesos internacionales. En el caso de los países en desarrollo que no se encuentran en el G20, se prevé que participen como «observadores», en lugar de participar en la toma de decisiones. Esto se justifica diciendo que, a pesar de que en teoría sería ideal disponer de una institución global democrática en la que debatir la transparencia y los asuntos fiscales, en la práctica, un proceso verdaderamente global resultaría enormemente ineficaz y encontraría grandes obstáculos en su camino. También parece existir un consenso acerca de que, dado que la evasión del impuesto de sociedades es un problema global que tiene un impacto sobre una gran cantidad de países, los países en desarrollo y los desarrollados comparten en gran medida los mismos intereses por lo que es posible que las soluciones que se acuerden entre los países desarrollados beneficien sistemáticamente a los países en desarrollo. En cuanto a la capacitación, Francia proporciona financiación a la iniciativa «Inspectores Fiscales sin Fronteras», un proyecto gestionado por el Programa de Fiscalidad y Desarrollo de la OCDE. A la hora de establecer prioridades entre los diferentes cuestiones fiscales en los países en desarrollo, algunos representantes del gobierno francés consideran que los países en desarrollo deberían concentrarse en los aspectos nacionales antes de ambicionar otras cuestiones como el intercambio automático de información, los paraísos fiscales y el secreto financiero. La responsabilidad de Francia a la hora de garantizar que sus empresas no incurren en la evasión y elusión de impuestos en los países en desarrollo, no parece ser un tema al que se le esté prestando demasiada atención en el país. Obstáculos y recomendaciones Resulta alentador que Francia esté liderando las iniciativas relacionadas con la transparencia financiera en la UE. Sin embargo, para demostrar un verdadero liderazgo, Francia necesita introducir el sistema de información por país para todos los sectores sin esperar a que la Unión Europea adopte una decisión al respecto. De esta forma, Francia dejaría claro que se responsabiliza del comportamiento de sus empresas, lo que contribuiría a dar un impulso a dicha iniciativa y serviría de ejemplo a los demás. En lo que respecta al intercambio automático de información, la delegación está satisfecha

10 10 con la idea de introducir un periodo de transición para aquellos países en desarrollo que tengan una menor capacidad, lo que les permitiría recibir información automáticamente antes de que ellos puedan comenzar enviarla. Por este motivo, la delegación anima a Francia a promover este modelo dentro del G20 y la OCDE. La delegación ve con preocupación la sugerencia de que los países en desarrollo deberían concentrarse en los aspectos fiscales relacionados con las empresas y consumidores nacionales antes de preocuparse por los problemas relacionados con las empresas multinacionales y los individuos que hacen uso de los paraísos fiscales. Si los países en desarrollo renuncian a los «peces gordos» y únicamente concentran sus esfuerzos en los «peces más pequeños», el resultado será un sistema fiscal absolutamente injusto que concede ventajas a las empresas multinacionales y las personas ricas que, a diferencia de los ciudadanos de a pie, tienen la capacidad y la posibilidad de transferir sus recursos financieros a otras jurisdicciones. Además, un sistema fiscal de este tipo no conseguiría recaudar los fondos necesarios para el desarrollo. La delegación recomienda que los países en desarrollo den prioridad a la transparencia y la justicia fiscal a nivel internacional, concentrándose especialmente en las empresas multinacionales y las personas ricas que eluden y evaden impuestos. En lo que respecta a la capacitación, la delegación recuerda que los «Inspectores Fiscales sin Fronteras» están gestionados por la OCDE; En este contexto, la delegación considera que es importante señalar que la capacitación no debería derivar en una situación en que los países en desarrollo se vean obligados a reconocer a la OCDE como el foro de referencia en el que se negocian las cuestiones relacionadas con la fiscalidad y la transparencia a cambio de tener un mejor acceso a la formación. Las iniciativas de capacitación tampoco deben aspirar a influir en las posturas políticas y las prioridades de los países en desarrollo, por ejemplo en lo que respecta a si quieren concentrarse en las cuestiones fiscales nacionales o en las empresas multinacionales. Por último, la capacitación no debería concentrarse en enseñar a los países en desarrollo a aplicar las directrices y recomendaciones de la OCDE sino más bien debería proporcionar una introducción general objetiva a los temas relacionados con la fiscalidad y la transparencia, así como a las herramientas y enfoques disponibles para mejorar la recaudación de impuestos en los países en desarrollo. En lo que respecta a los procesos internacionales sobre fiscalidad y transparencia, la delegación está profundamente preocupada porque los países en desarrollo no puedan participar en forma igualitaria en la toma de decisiones. Por ello, la delegación recomienda a Francia que promueva no solo el derecho a opinar de los países en desarrollo, sino también su derecho a participar en la adopción de decisiones. En este contexto no tiene cabida el argumento de que su participación puede contribuir a una mayor ineficacia o lentitud del proceso, habida cuenta del enorme impacto que las decisiones adoptadas tendrán sobre su situación financiera y sus impuestos. Tampoco debe darse por descontado que las soluciones que se acuerden entre los países desarrollados tendrán un impacto automático sobre los países en desarrollo. Esto puede ser cierto en algunos casos, sin embargo, también existen indicios claros de que los países tienen intereses distintos en áreas como la distribución de los derechos de imposición entre jurisdicciones distintas. Desde el punto de vista histórico, uno de los principales debates relacionados con la fiscalidad internacional ha girado en torno a los derechos concedidos a las corporaciones e individuos que operan de forma transfronteriza. Tradicionalmente, las opiniones se han agrupado en torno a dos posturas: la de los «países de origen» (aquellos en los que se generan los ingresos) y la de los «países de residencia» (el país de origen de la empresa o del individuo al que se dirigen los ingresos de dicha actividad). En muchos casos, esta división de opiniones también se ha traducido en una división entre países en desarrollo y países desarrollados, dado que estos últimos han tendido a negociar con los intereses de los países de residencia mientras que los países en desarrollo estaban más interesados en garantizar los derechos impositivos de los países de origen. Además, las herramientas y acuerdos diseñados para los países desarrollados pueden no servir para aquellos países que disponen de menos recursos y capacidades es decir pueden no resultar beneficiosos para los países en desarrollo. En realidad, el principio de que los países en desarrollo deberían poder participar en pie de igualdad también significaría que los principales procesos de toma de decisiones pasarían a tener lugar en la ONU en lugar de la OCDE y el G20. Dado que la falta de recursos hace difícil el poder trabajar en temas fiscales dentro de las Naciones Unidas, Francia debería plantearse proporcionar recursos financieros adicionales para promover dicho trabajo. En lo que respecta al G20 y la OCDE, Francia también debería trabajar para garantizar que todas las partes son conscientes de que la representatividad de dichos foros es limitada y por tanto también queda limitada su legitimidad a la hora de establecer normas mundiales sobre asuntos fiscales y de transparencia. Por último, es importante asegurarse de que el trabajo de Francia en asuntos fiscales y de transparencia tiene por objetivo mejorar la situación a nivel mundial y no defender únicamente los intereses financieros de dicho país. En este contexto, es esencial que, por un lado, el gobierno francés responda a las críticas sobre el pago de impuestos en países en desarrollo que afectan a empresas francesas y que, por otro, la responsabilidad corporativa de las empresas francesas se integre dentro del trabajo que se está realizando. Francia también debería plantearse debatir estos temas y establecer alianzas con los principales países en desarrollo para conocer mejor sus intereses e identificar soluciones que beneficien a ambas partes. Por ejemplo, se podría crear una coalición de gobiernos dispuestos a avanzar en estos temas. Conclusión Francia está trabajando activamente en diversos flancos para mejorar la transparencia y lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Algunos de esos esfuerzos beneficiarán a los países en desarrollo. Sin embargo, parece claro que el principal objetivo de Francia es promover los intereses financieros nacionales, en lugar de conseguir soluciones globales y contribuir al desarrollo. Para desarrollar soluciones mundiales es importante fortalecer la cooperación y el trabajo con los países en desarrollo y tener en cuenta sus perspectivas.

11 Noruega 11 Introducción Noruega goza de prestigio internacional tanto por ser uno de los principales impulsores de la justicia fiscal y la transparencia, como por atreverse a presentar ideas innovadoras y ser el primero en ponerlas en práctica. Por otro lado, en Noruega se encuentra el fondo soberano más grande del mundo y este país tiene inversiones en una gran cantidad de empresas multinacionales. En este contexto, hay quienes se preguntan si las políticas noruegas sobre fiscalidad y transparencia son coherentes con las políticas de inversión del país. En Noruega, la Misión de Investigación se reunió con representantes del gobierno noruego (Norad y el Ministerio de Asuntos Exteriores), el Presidente del Comité de Finanzas del Parlamento y representantes de la sociedad civil (Norwegian Church Aid). Observaciones Tras las elecciones de septiembre de 2013, Noruega ha pasado de tener un gobierno de izquierdas a tener un gobierno de derechas. A pesar de que existe cierta incertidumbre con respecto a la situación política del país, en términos generales no se espera que se produzcan grandes cambios en su postura sobre los asuntos fiscales y de transparencia. Parece que Noruega vincula la fiscalidad y la transparencia a su agenda de desarrollo y considera que el progreso en estas áreas es importante para movilizar fondos para el desarrollo. A nivel internacional, Noruega se ha hecho notar al abogar por la necesidad de pasar a la acción en el ámbito de la fiscalidad y transparencia. Noruega también ha respaldado una propuesta de los países en desarrollo para que el Comité de Tributación de las Naciones Unidas se convierta en un organismo intergubernamental y ha promovido la idea de un convenio internacional sobre transparencia financiera. Asimismo, Noruega ha proporcionado apoyo y recursos financieros a organizaciones de la sociedad civil y otros actores que están trabajando en fiscalidad y transparencia. Noruega no es miembro de la Unión Europea, lo que tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, es más fácil para Noruega definir sus propias posturas políticas y ser más progresista que la Unión Europea. Por otro, al no estar en la Unión Europea su influencia sobre los países miembros se ve significativamente limitada. Noruega está preocupada por los riesgos derivados de la posibilidad de quedarse aislada al realizar propuestas mundiales en materia de fiscalidad y transparencia, o ser el país que dé el primer paso (lo que podría ir en detrimento de la competitividad de las empresas noruegas). Noruega ha adoptado recientemente una ley sobre información por país para la industria minera y de la silvicultura. Esta legislación se basa en la directiva aprobada por la Unión Europea con el objetivo de luchar contra la corrupción, pero ha sido ampliada por Noruega para incluir también la lucha contra la evasión fiscal. Por ello, la ley exige a las empresas que hagan públicos los países en los que tienen filiales y el número de empleados de cada una de ellas. Además, se exigirá a las empresas que informen sobre los intereses pagados a otras filiales de la misma multinacional (algo que puede contribuir a sacar a la luz los traslados de beneficios a través de préstamos internos otorgados en el seno de las multinacionales). Sin embargo, a pesar de solicitar toda esta información, el reglamento del gobierno noruego permite que las multinacionales no proporcionen información sobre países en los que sólo efectúan funciones de apoyo, es decir, en los que no tienen actividades de producción ni de extracción. Dado que muchas de las operaciones en paraísos fiscales tienen lugar en países en donde no se realizan actividades de producción y extracción, han surgido voces críticas que señalan que, a la larga, esto podría convertirse en una gran laguna dentro del reglamento. También hay quien se pregunta por qué el reglamento únicamente cubre la industria extractiva y de la silvicultura y no el resto de los sectores. El fondo soberano noruego ha crecido para convertirse en el mayor del mundo, lo que hace de Noruega un importante accionista a nivel mundial. A pesar de que el fondo dispone de un consejo ético, las políticas y objetivos de Noruega en lo que respecta a la fiscalidad y la transparencia no cubren las políticas de inversión actuales de dicho fondo. Sin embargo, el nuevo gobierno ha anunciado que va a realizar una consulta para analizar con nuevos ojos la gestión ética del fondo. Obstáculos y recomendaciones La nueva ley noruega de información por país supone un claro paso adelante dado que la publicación de las estructuras empresariales y los pagos de intereses internos son una herramienta útil en la lucha contra la evasión y elusión de impuestos. Sin embargo, es importante salvar las lagunas existentes en el reglamento actual para asegurarse de que realmente se consigue el grado de transparencia necesario para que las empresas no puedan evitar cumplirlo. Además, también está claro que la legislación no sólo debería cubrir al sector minero y la silvicultura, sino que debería aplicarse a todos los sectores. La delegación de la Misión de Investigación está de acuerdo en que Noruega corre el riesgo de quedarse sola si adopta posturas progresistas y continúa adoptando medidas. Noruega debería establecer lazos de cooperación e iniciativas conjuntas con otros gobiernos clave (en concreto aquellos de los países en desarrollo) para crear una coalición que trabaje en temas fiscales y de transparencia, lo que ayudaría a paliar este riesgo y contribuiría a fomentar el entendimiento mutuo. En este sentido, Noruega podría ser un importante puente a nivel internacional entre las perspectivas de los países desarrollados y en desarrollo y podría ayudar a identificar soluciones que funcionaran a nivel mundial. De hacerlo así, Noruega también podría hacer realidad su idea de un convenio internacional sobre transparencia, algo que la delegación considera que es muy interesante y positivo. En tanto que inversor de gran tamaño, el fondo soberano noruego puede ejercer una influencia considerable para que las empresas se adhieran a los principios de fiscalidad y transparencia y a otra serie de principios éticos. Por lo tanto, es crucial que se adopten disposiciones firmes que rijan la gestión del fondo y sus inversiones. Conclusión Noruega está a la cabeza en los temas de fiscalidad y transparencia. También está claro que está siguiendo muy de cerca los intereses de los países en desarrollo y que entiende la relación entre los temas fiscales y de transparencia y la agenda del desarrollo. La participación de Noruega ha sido y sigue siendo crucial para el debate sobre fiscalidad y transparencia a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta que otros países desarrollados no demuestran un gran interés en este ámbito. El impacto positivo de Noruega sería muy superior si gestionara su fondo de deuda soberana de acuerdo con políticas de fiscalidad y transparencia más ambiciosas y reforzara la colaboración política con los países en desarrollo.

12 12 Comisión Europea Introducción La Comisión Europea (CE) representa un papel central a la hora de proponer y aplicar legislación europea, elaborar políticas europeas y gestionar presupuestos y programas europeos. Además, la Comisión actúa como representante global de la UE (por ejemplo en el G20, donde la UE es el 20 miembro). En los últimos años, la CE se ha erigido como promotora de la transparencia financiera y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, en temas como la elaboración de un registro público de usufructuarios de las empresas o el plan de acción de la Comisión contra la evasión y la elusión fiscal, también ha recibido críticas por su falta de ambición y por no haber tenido en cuenta la perspectiva de los países en desarrollo, a pesar de su compromiso por una «coherencia de políticas para el desarrollo». En Bruselas, la delegación se ha reunido con representantes de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la CE y la Dirección General de Desarrollo y Cooperación. Observaciones A nivel interno, la Comisión promueve iniciativas en materia fiscal y de transparencia, pero se concentra ante todo en la cantidad de recursos financieros que podrían recuperarse en Europa. Algunas de estas iniciativas podrían beneficiar también a los países en desarrollo si se hiciera pública su información, por ejemplo mediante la elaboración de informes por país para las principales empresas. En 2013, la UE introdujo la obligación de publicar información por país para el sector bancario, a pesar de lo cual todavía no ha conseguido llegar a un acuerdo para extender este sistema a todas las grandes empresas. En lo que respecta a los usufructuarios de las empresas, los fideicomisos y otras estructuras legales similares, estos temas todavía se están debatiendo como parte de la revisión de la Directiva contra el Blanqueo de Capitales. La UE también representa un papel clave como donante en materia de fiscalidad y transparencia. Por ejemplo, la Comisión ha respaldado el trabajo del Comité de la ONU sobre Tributación así como el de organizaciones de países en desarrollo como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Foro Africano de Administración Tributaria. La CE parece reconocer la importancia de involucrar a los países en desarrollo, incluyendo los que no están en el G20, en los procesos internacionales de fiscalidad y transparencia. Sin embargo, la Comisión, al igual que el gobierno francés, parece opinar que estos deben tener acceso en condición de oyentes, en lugar de participar en la toma de decisiones. La Comisión también parece estar de acuerdo con la opinión francesa de que los países desarrollados y en desarrollo comparten en gran medida sus intereses en lo que respecta a la evasión y elusión de impuestos por parte de las empresas multinacionales. Obstáculos y recomendaciones En lo que respecta a la capacitación en materia fiscal y de transparencia, parece que existe el riesgo de que distintos donantes de países en desarrollo establezcan iniciativas paralelas e incluso colaboren con los mismos actores en el Sur global, sin asegurarse de exista una cooperación óptima a nivel interno entre donantes y receptores. Por tanto, es necesario que exista una buena coordinación de las iniciativas de capacitación. En este contexto la CE podría representar un papel importante. La delegación de la Misión de Investigación también recomienda que los donantes (incluyendo la CE) den prioridad a la financiación de iniciativas fiscales y de transparencia de los actores de la sociedad civil para fomentar su participación y promover la rendición de cuentas de los gobiernos de los países en desarrollo. En lo que respecta a la participación de los países en desarrollo en los procesos internacionales de fiscalidad y transparencia, los obstáculos y recomendaciones del capítulo dedicado a Francia también se aplican a la CE. Este también es el caso de las recomendaciones relacionadas con la necesidad de crear conexiones más fuertes con los gobiernos de países en desarrollo para comprender mejor sus perspectivas e intereses. Este tipo de cooperación también podría ayudar a identificar soluciones que beneficien a la UE y a los países en desarrollo y garanticen la coherencia de políticas para el desarrollo de la CE en el ámbito de la fiscalidad y la transparencia. Conclusion La CE representa un papel importante en materia fiscal y de transparencia, pero podría hacer esforzarse más para asegurarse de que las soluciones que promueve tienen en cuenta las perspectivas de los países en desarrollo y la coherencia de políticas para el desarrollo. La Comisión también podría representar un papel importante como coordinadora de distintas iniciativas fiscales y de transparencia.

13 Naciones Unidas 13 Introduction Las Naciones Unidas (ONU) se consideran con frecuencia la institución ideal para liderar un proceso internacional en materia fiscal y de transparencia. Sin embargo, son muchos los que cuestionan si dispone de la capacidad de asumir este papel y si el organismo fiscal existente es capaz de proporcionar las soluciones necesarias a los problemas globales. En Ginebra, la delegación se reunió con representantes de la secretaría y expertos del Comité de la ONU sobre tributación. También se debatió el papel y el trabajo de la ONU con gobiernos, académicos y representantes de la sociedad civil. Observaciones Las Naciones Unidas han establecido un Comité de Expertos sobre cooperación internacional en cuestiones de tributación (conocido como Comité de la ONU sobre Tributación, CT). Este comité no es un organismo intergubernamental en el que los gobiernos negocian acuerdos sino más bien un organismo de 25 expertos 7 de países desarrollados y en desarrollo a título personal. Las recomendaciones del Comité pueden ser muy valiosas para los gobiernos, pero ninguno de los gobiernos debe rendir cuentas por las decisiones adoptadas en el Comité. Por lo que parece hay actores que consideran que el CT representa «la voz del Sur»: Sin embargo, aunque la ONU y el comité prestan ocasionalmente una atención especial a los intereses de los países en desarrollo, ninguna de estas instituciones está diseñada para representar los intereses del Sur global. En tanto que organismo global, la ONU refleja las perspectivas tanto de los países desarrollados como en desarrollo, y en tanto que organismo experto, refleja las opiniones de los expertos seleccionados. En algunos casos, el comité ha tomado como punto de partida para su trabajo los marcos y acuerdos de la OCDE en lugar de plantearse y debatir cambios más fundamentales del sistema fiscal internacional y la transparencia financiera. También parece haber una serie de temas (como el impuesto sobre el valor añadido y la relación entre los impuestos y las aduanas) que no se encuentran en el orden del día del comité. El CT es muy transparente y está plenamente abierto a la participación de otros actores en sus reuniones. En ellas pueden intervenir representantes del sector privado, la sociedad civil, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos observadores. Sin embargo, los recursos financieros con los que cuenta el Comité son muy limitados y no se reúne más de cinco días al año. Por ello, gran parte de su trabajo se realiza dentro de subcomités que no cuentan con financiación. Dada la falta de recursos, la secretaría del CT se limita a dos empleados. Igual que comentamos en el caso de Francia, existe una división entre países en desarrollo y países desarrollados, que está relacionada con el debate sobre cómo distribuir los impuestos entre los países de residencia y los países de origen. Esta división está muy presente en los debates del CT y es posible que se convierta en un aspecto crucial de las negociaciones si se llega a iniciar un proceso internacional sobre fiscalidad y transparencia. Obstáculos y recomendaciones Es necesario iniciar un proceso internacional sobre fiscalidad y transparencia para garantizar que la normativa vigente en un país no va en detrimento de los derechos fiscales y normativas de los demás países. A pesar de que el CT puede representar un papel muy valioso como fuente de recomendaciones de expertos y contribuir al desarrollo de nuevas herramientas y modelos, únicamente es un comité de expertos y no debe confundirse con un organismo intergubernamental de fiscalidad y transparencia. Aunque se hace necesaria la existencia de un organismo de ese tipo, este debería crearse de cero dada la situación actual. Una de las razones principales por las que convendría crearlo dentro de la ONU es para garantizar que todos los países puedan participar en pie de igualdad, incluyendo los menos desarrollados. Dicho organismo debe garantizar la participación de pleno derecho de todas las partes interesadas, basándose en los procesos recogidos en los tratados de la ONU. Una vez creado un nuevo organismo, este debería abordar el debate político actual relacionado con la fiscalidad y transparencia, incluyendo temas como el intercambio automático de información a efectos fiscales, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Además, debería replantearse la forma en que se abordan los temas fiscales a nivel internacional, analizar toda la gama de tratados fiscales bilaterales y evaluar la necesidad de un nuevo convenio global sobre fiscalidad y transparencia. Con respecto a la pregunta de si el hecho de que este proceso se integre en la ONU puede disminuir la eficiencia y ralentizar el progreso, es importante tener en cuenta que cuantas más partes representadas participen, más difícil será conseguir un consenso, pero esto no lo hace menos eficiente. También es importante recordar que la velocidad a la que se avance dependerá en gran medida de la voluntad de los gobiernos de cooperar, su flexibilidad y sus ganas de buscar soluciones. Por último, la ventaja de negociar a nivel mundial es que el resultado final será respaldado por todos los gobiernos, lo que hará más fácil su puesta en práctica y reducirá el riesgo de que algunos de los gobiernos se opongan a los resultados y exijan una nueva negociación. En lo que respecta al trabajo del CT, la falta de recursos supone una verdadera limitación para su trabajo. Por ejemplo, el Comité sólo puede reunirse un número limitado de días y el personal de la secretaría es claramente insuficiente para ocuparse de temas complejos relacionados con la fiscalidad internacional. Además, la falta de financiación para incrementar la participación puede impedir que los gobiernos de los países menos desarrollados tomen parte en el proceso como observadores. La falta de recursos también hace que sea imposible para la secretaría y los expertos hacer un seguimiento, participar y reflexionar adecuadamente sobre el trabajo de fiscalidad y transparencia de la OCDE, incluso cuando se les solicita. Las diferencias de capacidad entre la ONU y la OCDE son el resultado de las prioridades políticas de los gobiernos. Si el CT estuviera financiado adecuadamente podría representar un papel importante como fuente de análisis, asesoramiento técnico y soluciones, lo que supondría una contribución importante al proceso gubernamental (de establecerse dicho sistema). Por ello, la delegación recomienda que los donantes potenciales, incluyendo los países en desarrollo y las economías emergentes, movilicen recursos adicionales para el trabajo de la ONU en temas fiscales y de transparencia a través de canales bilaterales

14 14 y multilaterales. De cara al futuro, el gobierno también debería identificar fuentes de financiación sostenibles para el trabajo de fiscalidad y transparencia de la ONU. Al usar el trabajo de la OCDE como punto de partida para las negociaciones en lugar de considerar un cambio más profundo de los sistemas fiscales y la transparencia, el CT corre el riesgo de convertirse en un organismo que simplemente refine las decisiones de la OCDE en lugar de presentar propuestas y modelos nuevos. Esto significa que hay algunas reformas a las que no se les está prestando la atención debida, a pesar de que se han realizado propuestas que podrían servir de base para el debate. Estas propuestas incluyen modelos impositivos basados en fórmulas como el «sistema tributario unitario» que calcula los beneficios imponibles de las multinacionales y reparte los beneficios entre los países en los que están presentes en función de una fórmula ponderada que tiene en cuenta la presencia económica de la empresa en cada país. Este tipo de propuestas ofrecen soluciones interesantes a problemas como la evasión fiscal de las multinacionales y podría contribuir a optimizar y simplificar la tributación de las empresas. La delegación recomienda por tanto que los gobiernos se planteen seriamente estas ideas. Para que un proceso internacional progrese y dé sus frutos, los países desarrollados y en desarrollo deben dar prioridad a los temas fiscales y de transparencia y demostrar su firme compromiso. Además, todos los gobiernos, incluyendo los de los países menos desarrollados, deben promover activamente el debate nacional y la participación de los parlamentarios, la sociedad civil y el público en general. Como se mencionó en el caso de Francia, no se puede asumir que los países desarrollados y en desarrollo comparten siempre los mismos intereses en lo que respecta a la fiscalidad internacional y la transparencia. Por ejemplo, en lo que respecta a los derechos fiscales o el diseño de instrumentos fiscales y de transparencia a nivel internacional, los países tienen intereses distintos y la misma solución no tiene por qué servir en todos los países. A falta de un proceso verdaderamente global sobre fiscalidad y transparencia que pueda garantizar que se tienen en cuenta los intereses y preocupaciones de los países en desarrollo, estos deben plantearse una serie de medidas para asegurarse de que sus intereses reciben la atención adecuada. Estas deberían incluir: Negarse a aplicar directrices o herramientas que se hayan desarrollado sin prestar la atención adecuada a los intereses de los países en desarrollo. Establecer un proceso liderado por el Sur global para desarrollar soluciones para los problemas fiscales y de transparencia que afectan a los países de dicha región. Otro problema con la situación actual es que, en la ausencia de directrices y normas internacionales, los gobiernos de los países en desarrollo podrían renunciar a sus derechos a recaudar impuestos y regular la actividad económica como consecuencia de convenios bilaterales sesgados y desfavorables, incluyendo convenios de doble imposición, convenios bilaterales de inversión o acuerdos de libre comercio. Estos acuerdos pueden imponer restricciones a los derechos fiscales de los países en desarrollo al incluir, por ejemplo, exenciones fiscales para las multinacionales. Si no se encuentran soluciones mundiales, los países en desarrollo deberían fortalecer su cooperación interna para asegurarse de que pueden mejorar sus capacidades internas, compartir experiencias y desarrollar soluciones. Conclusión Existen argumentos firmes a favor de crear un proceso internacional de fiscalidad y transparencia en el seno de las Naciones Unidas. Por ejemplo, actualmente la ONU es la única institución que opera en términos de igualdad entre naciones. Sin embargo, a pesar de que el CT de la ONU puede elaborar recomendaciones y análisis técnicos que pueden resultar muy útiles, éste no ha sido diseñado para acoger negociaciones internacionales sobre temas fiscales y de transparencia por lo que debería establecerse un proceso nuevo para dicho fin. Además, se necesitarán recursos adicionales para respaldar el trabajo del CT y del resto de organismos de las Naciones Unidas sobre fiscalidad y transparencia.

15 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 15 Introducción La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) representa un papel central a la hora de establecer estándares internacionales, incluyendo en el ámbito de la fiscalidad y transparencia. Recientemente, su papel se ha visto reforzado puesto que tanto los estados miembros como el G20 le han concedido el mandato de poner en práctica iniciativas nuevas para el intercambio automático de información a efectos fiscales, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios Por otro lado, con frecuencia se considera que la OCDE es la única organización que dispone de la capacidad y el mandato adecuados para realizar este trabajo. Sin embargo, dada la trayectoria de la OCDE y el número limitado de miembros de que dispone, hay quien ha cuestionado su legitimidad para abordar cuestiones de interés mundial. En Ginebra y París, la delegación de la Misión de Investigación se ha reunido con representantes de la división de la OCDE para los convenios fiscales y los precios de transferencia. También se debatió el papel y el trabajo de la OCDE con gobiernos, académicos y representantes de la sociedad civil. Observaciones Figura 1: Países miembros de la OCDE (en rojo) Figura 2: Miembros del G20 (en rojo) Durante los próximos años, la OCDE está llamada a representar un papel esencial en cuestiones fiscales y de transparencia debido, entre otras cosas, a su trabajo sobre el intercambio automático de información, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Actualmente, la organización dispone de 34 miembros 8 y se está debatiendo la posible adhesión de otros tres candidatos 9. El hecho de que la mayor parte de los países miembros de la OCDE sean países desarrollados ha hecho surgir voces que cuestionan la legitimidad de la organización para abordar temas mundiales como la transparencia financiera y las cuestiones fiscales. Sin embargo, la decisión de transformar sustancialmente los miembros que componen la OCDE y hacerla más global requeriría un compromiso político de alto nivel y no parece que esto vaya a producirse. Como parte del proceso contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, se ha prometido a los países del G20 10 que no son miembros de la OCDE que participarían en los mismos términos que los países miembros. Sin embargo, dado que esta participación sólo se refiere a algunos procesos específicos pero no al trabajo general ni a la gestión de la OCDE, no está clara cuánta influencia podrán ejercer sobre el proceso los países del G20 que no son miembros de la OCDE. El G20 ha destacado la importancia de asegurarse de que los países en desarrollo se benefician del trabajo sobre fiscalidad y ha pedido que se incrementen los esfuerzos de capacitación en dichos países. La OCDE ha presentado una serie de iniciativas en las que participa una representación bastante amplia de los países en desarrollo, incluyendo un grupo de trabajo sobre fiscalidad y desarrollo y el programa de capacitación denominado Inspectores Fiscales sin Fronteras. Además, la OCDE trabaja con un foro mundial que está abierto a la participación de los países en desarrollo y que en estos momentos cuenta con 120 miembros 11. Sin embargo, parece estar claro que la oferta de la OCDE a los países que no son miembros de la OCDE ni del G20 es para que asistan como oyentes, pero sin derecho a voto. Es decir, pueden participar pero no en los mismos términos que los otros países de la OCDE. Una gran parte de los países en desarrollo, sobre todo los menos desarrollados 12, 13, no participan en las iniciativas de la OCDE ni del foro mundial (véase figuras tres y cuatro). En algunos casos, parece que hay quien piensa que los países en desarrollo están representados en cierta medida a través de las economías emergentes miembros del G20. Además, hay quien opina que el hecho de que se invite a los representantes de las Naciones Unidas a participar en las reuniones de la OCDE es una forma de incluir los intereses de los países en desarrollo.

16 16 El hecho de que muchos de los resultados de la OCDE se traduzcan en directrices y no en acuerdos legales vinculantes también se utiliza para afirmar que no es esencial una representación mundial en los procesos de este organismo. Además, al igual que sucede con el gobierno francés y la CE, por ejemplo, parece que dentro de la OCDE se cree que todos los gobiernos están movidos por los mismos intereses para luchar contra la evasión y elusión de impuestos de las multinacionales. Parece reconocerse el hecho de que muchos de los países en desarrollo están teniendo dificultades para adherirse y poner en práctica los principios y herramientas de la OCDE. Se ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la capacitación para poder mejorar esta situación. También se ha señalado la importancia de consultar a los países en desarrollo cada vez que se planifiquen y acuerden herramientas y directrices nuevas por parte de la OCDE. Las normas de la OCDE sirven de directrices para los gobiernos, pero este organismo no dispone de las herramientas necesarias para garantizar su aplicación dado que se considera que esto es responsabilidad de los gobiernos. En lo que respecta a las propuestas de reforma, como por ejemplo el sistema fiscal unitario, la OCDE parece pensar que actualmente no existe el apoyo suficiente como para iniciar un proceso dentro de la OCDE en esta dirección. Figura 3: Miembros del Foro Mundial Figura 4: Países menos desarrollados Obstáculos y recomendaciones La delegación de la Misión de Investigación reconoce que la OCDE dispone de recursos de alto nivel en materia de fiscalidad y transparencia y considera que puede representar un papel importante como fuente de análisis e información técnica. Sin embargo, la delegación también señala que muchas de las multinacionales que han incurrido en evasión y elusión de impuestos en los países en desarrollo están basadas en países miembros de la OCDE. Además, algunos de los estados miembros de la OCDE (por ejemplo, Suiza y Luxemburgo) se encuentran entre los países que reciben críticas internacionales por su opacidad financiera. Por tanto, la delegación considera que los miembros de la OCDE podrían verse afectados por un conflicto de intereses a la hora de desarrollar normas mundiales de fiscalidad y transparencia. Dado que el número de miembros de la OCDE está limitado, la delegación piensa que actualmente este organismo no es el lugar adecuado para adoptar normas internacionales de fiscalidad y transparencia puesto que dichas normas son de gran importancia para los países en desarrollo que no son miembros de la OCDE y van a tener un gran impacto sobre ellos. A pesar de que parece que la OCDE aspira a convertirse en la organización de referencia a la hora de fijar normas mundiales, no parece tener la intención de transformarse en un organismo mundial. Por tanto, la delegación urge a la OCDE y a sus miembros a que clarifique cuáles son las limitaciones de su mandato y su grado de legitimidad. La delegación también urge a la OCDE a asegurarse de que los países en desarrollo participan plenamente en su trabajo y de que sus opiniones se reflejan de manera adecuada en los resultados. Asimismo, la OCDE y sus estados miembros deberían reconocer que el resultado de su trabajo no tiene un carácter mundial sino que representa únicamente la perspectiva de la OCDE. Por otro lado, dado que la OCDE dispone de recursos vitales para poner en marcha un proceso internacional sobre fiscalidad y transparencia que tenga la trascendencia adecuada, los gobiernos deberían plantearse transferir estos recursos a un foro más legítimo, como el de las Naciones Unidas. La delegación considera que es importante que la OCDE reconozca que ni el G20 ni la ONU representan realmente a los países en desarrollo, ni mucho menos a los países menos desarrollados. El G20 es una organización de las principales economías mundiales, mientras que la ONU es una institución mundial que representa la perspectiva de todos sus países miembros. Sin embargo, también existen problemas fundamentales con que los países en desarrollo tengan «voz, pero no voto». Dado que las cuestiones fiscales son muy delicadas desde el punto de vista político y que tienen una importancia fundamental para todos los estados soberanos, no se puede esperar que ningún gobierno deje este tipo de cuestiones en manos de un foro en el que no tiene ningún poder sobre las decisiones que se adopten. El hecho de que la OCDE adopte únicamente directrices no sirve como argumento para aceptar la desigualdad entre los países a la hora de adoptar decisiones. En primer lugar, la naturaleza legal de los acuerdos suele ser un elemento esencial de las negociaciones internacionales y algunos gobiernos podrían argumentar que el hecho de que los reglamentos no sean vinculantes

17 es una de las claves del problema. Además, a pesar de que sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes, abordan cuestiones mundiales y tienen un impacto sobre todos los países, incluso aquellos que no son miembros de la OCDE. Por último, el desarrollo de las directrices y herramientas de la OCDE puede contribuir a reducir el espacio político para abordar las cuestiones fiscales y de transparencia en otros foros, como el de las Naciones Unidas, dado que los gobiernos de la OCDE suelen oponerse a que se discutan los mismos temas en organismos internacionales diferentes. La organización considera que es poco probable que todos los gobiernos tengan los mismos intereses en temas como la evasión y elusión del impuesto de sociedades. En concreto, es probable que los países de residencia de las multinacionales no tengan los mismos intereses que aquellos en donde las empresas extranjeras desempeñan su actividad económica. La delegación considera que algunas herramientas y directrices de la OCDE, por ejemplo el convenio del modelo impositivo de la OCDE, dan preferencia a los intereses de los países desarrollados en lugar de a los países en desarrollo, mientras que otros simplemente son muy difíciles de poner en práctica para los países en desarrollo. Además, la delegación cree que la falta de representación y de poder de decisión de los países en desarrollo podría traducirse en resultados de la OCDE que sean negativos para los países en desarrollo. Si todos los miembros de la OCDE llegaran a seguir estas directrices, la delegación considera que podrían producirse muchos más conflictos fiscales a nivel internacional y que podría resentirse la cooperación internacional, algo que afectaría a todos los países. Dado que distintos países en desarrollo tienen grados muy diferentes de participación en los procesos de la OCDE y el G20, la delegación recomienda que se establezcan iniciativas para una mayor coordinación y cooperación entre los países en desarrollo. Los organismos regionales en el Sur global podrían representar un papel central en este tipo de iniciativas, facilitando la construcción de consenso a nivel regional y en el conjunto del sur. La delegación recomienda que los países en desarrollo que tienen un buen acceso a los procesos de la OCDE y el G20 se aseguren de que cuando opinan lo hacen basándose en el consenso regional y del Sur global, y de que informan de forma regular a todos aquellos países que no están incluidos en los procesos. En lo que respecta a las negociaciones concretas para el intercambio automático de información a efectos fiscales, los obstáculos y recomendaciones mencionados en el capítulo de Suiza también son relevantes en el caso de la OCDE, dado que es aquí donde se está llevando a cabo este proceso. Conclusión La OCDE podría representar un papel importante al proporcionar información y análisis técnicos, pero es importante que sus estados miembros tengan claros los límites de su mandato y su legitimidad. Aunque los procesos de la OCDE deberían aspirar a integrar de manera más eficaz las perspectivas de los países en desarrollo, también es importante que reconozca que sus resultados no tendrán un carácter mundial. Por último, la OCDE y sus estados miembros deberían concentrarse en dar su apoyo a procesos globales, y no en presentar una alternativa los mismos. 17

18 18 G20 Introducción El Grupo de 20 (G20) es un foro para la cooperación económica internacional entre las principales economías y representa a más del 80% del producto interior bruto mundial. Este año, las declaraciones internacionales más importantes de fiscalidad y transparencia provienen del G20, lo que le convierte en uno de los motores de los cambios que están teniendo lugar en estos temas. Sin embargo, hay quien pone en duda la capacidad del G20 de cumplir con sus objetivos, además de destacar el limitado número de miembros que lo conforman. Para la elaboración de este informe, se debatió el papel y el trabajo del G20 con gobiernos, académicos y representantes de la sociedad civil. Observaciones El G20 es el foro de las 20 principales economías mundiales (19 más la Unión Europea) que cooperan en temas relacionados con el sistema financiero internacional. El foro adopta declaraciones políticas pero no dispone de mecanismos de implementación y aplicación. El G20 ha concedido un mandato a la OCDE para que lidere procesos y desarrolle herramientas para abordar el intercambio automático de información a efectos fiscales, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. El G20 incluye economías emergentes tales como China, India, Sudáfrica y Brasil, que tradicionalmente se catalogaban como países en desarrollo y por tanto se les consideraba países de origen en lugar de países de residencia en el contexto de la fiscalidad y la transparencia. Sin embargo, conforme sus economías han ido creciendo, su papel en tanto que países de residencia de empresas multinacionales e inversores también se ha visto incrementado. En septiembre de 2013, el G20 solicitó un mapa de ruta «para ver cómo los países en desarrollo podrían superar los obstáculos a la participación» en un sistema global para el intercambio automático de información a efectos fiscales. Además, en el mismo documento, el G20 pidió que se desarrollara una norma mundial para el intercambio automático de información. No está claro cuál es la relación del mapa de ruta con este documento. Obstáculos y recomendaciones En lo que respecta la participación de los países en desarrollo, incluyendo los menos desarrollados, los obstáculos y las soluciones del capítulo de la OCDE también son de aplicación en el caso del G20. Es bueno que el G20 reconozca y haga frente a los problemas fiscales y de transparencia. Sin embargo, la delegación considera que el G20 debería reconocer las limitaciones que implican su reducido número de miembros y por tanto el alcance de su legitimidad y la de la OCDE. Dado que la naturaleza y los intereses de las economías emergentes son claramente distintos a los de los países menos desarrollados, es importante reconocer que su inclusión en el G20 no implica que se incluyan los intereses de los países en desarrollo en general. En lo que respecta a la fiscalidad internacional y la transparencia, el G20 debería delegar la toma de decisiones en un organismo en el que puedan participar todos los países en pie de igualdad. Dado que en estos momentos no existe un organismo de este tipo, el G20 debería promover que se creara bajo los auspicios de la ONU y plantearse formas de financiarlo. Los estados miembros del G20 deberían hacer hincapié en que se invite a participar a los países en desarrollo en el diseño de una norma mundial para el intercambio automático de información, en lugar de seguir un proceso paralelo, dado que de hacerlo así se infravaloraría la importancia del problema. Conclusión El G20 ha representado y puede seguir representando un papel importante en los procesos internacionales de fiscalidad y transparencia. Sin embargo, al igual que la OCDE, es importante que se esfuerce por apoyar, y no sustituir, los procesos mundiales dentro de este ámbito.

19 Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva 19 Introducción La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE) es una norma voluntaria internacional que promueve la transparencia en torno a los recursos petrolíferos, gasísticos y minerales de los países. Con frecuencia, se considera que la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva es una de las principales soluciones al problema de la fiscalidad y la transparencia en el sector extractivo. Sin embargo, hay quien se pregunta si una iniciativa voluntaria es suficiente para combatir los problemas existentes. La delegación se reunió con representantes de la Secretaría de la Iniciativa en Oslo. Observaciones La ITIE es una norma voluntaria que incluye una serie de requisitos que los gobiernos deben cumplir para optar a ser «país candidato a la ITIE» y, posteriormente, «país miembro de la ITIE». Esta norma la desarrolla y supervisa una coalición de gobiernos, empresas, sociedad civil, inversores y organizaciones internacionales. Todos estos grupos están representados en la junta de la ITIE, que cuenta con el apoyo de la Secretaría internacional. En los países que han puesto en práctica la norma ITIE, se publica un informe anual que contiene todos los impuestos y otros pagos abonados al gobierno por parte de las empresas petrolíferas, gasíferas y mineras que operan en el país. Los informes son públicos y fomentan la transparencia a nivel nacional. Sin embargo, muchas veces el público no conoce los informes y sus conclusiones. Obstáculos y recomendaciones La delegación considera que la ITIE es una iniciativa importante y que funciona bien, que está allanando el camino lograr avances importantes en la transparencia del sector extractivo. Sin embargo, se necesitaría una mayor participación de la sociedad civil y los parlamentos para multiplicar el impacto, la fuerza y la legitimidad de esta iniciativa. La delegación también considera que los informes de la ITIE son muy importantes y anima a la ITIE y a sus miembros a esforzarse para darles más publicidad y hacerlos más accesibles al público en general. También es esencial estar en contacto con los medios de comunicación para que se divulguen las conclusiones de los informes. Por último, dado que es una iniciativa voluntaria, es importante que las normas de la ITIE no supongan un impedimento o una alternativa a cambios más ambiciosos. La ITIE debería suponer un primer paso, pero debe continuar animándose a los gobiernos a ir más allá. La secretaría de la ITIE y sus miembros deben asegurarse de promoverlo. Conclusión La ITIE es una iniciativa importante que ha tenido éxito a la hora de aumentar la transparencia de la industria extractiva. Sin embargo, todavía podría tener un impacto mayor si se diera una mayor divulgación a los informes de esta iniciativa. En cualquier caso, siempre hay que asegurarse de que las normas voluntarias suponen un primer paso hacia soluciones más ambiciosas y decisiones vinculantes para garantizar la transparencia y la justicia fiscal. Por tanto, la secretaría de la ITIE y sus miembros deben promover iniciativas más ambiciosas.

20 20 Conclusión general Se han introducido algunos cambios en materia de fiscalidad y transparencia, pero, por desgracia, parece que éstos se están concentrando sobre todo en los problemas que afectan a la recaudación de impuestos en los Estados Unidos y Europa, y no tienen en cuenta las necesidades y los intereses de los países en desarrollo. Por tanto, existe el riesgo de que no se encuentre una solución a los problemas del Sur global (sobre todo de los países menos desarrollados). La clave está en que los gobiernos cooperen a nivel mundial para desarrollar soluciones que también sean eficaces para el Sur global. Sin embargo, dado que las instituciones y procesos existentes no están diseñadas para acompañar un proceso verdaderamente global en materia de fiscalidad y transparencia, es necesario establecer procesos adicionales y rediseñar aquellos existentes para que contribuyan a un proceso global, en lugar de reemplazarlo. Existe una verdadera ambición por conseguir soluciones globales tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Si se creara una coalición de gobiernos de países desarrollados y en desarrollo con una postura progresista sería posible hacer realidad esta idea.