Políticas Públicas, HOY San Salvador, octubre 2006 No. 12,, Año I El Observatorio de las Políticas Públicas y los DESC

Transcripción

1 Políticas Públicas, HOY San Salvador, octubre 2006 No. 12,, Año I El Observatorio de las Políticas Públicas y los DESC Violencia y planes antidelincuenciales La situación de violencia en El Salvador se ha convertido en un tema de interés nacional a juzgar por el carácter dramático con que se manifiesta, no sólo a nivel de la sociedad en su conjunto sino también en el ámbito de la vida cotidiana, a tal grado que se ha venido extendiendo una sensación de agresividad generalizada y un clima de violencia cada vez más descontrolado. Durante los últimos años, distintos funcionarios del gobierno salvadoreño han señalado al fenómeno de las maras como origen de la violencia y primera causa del aumento de homicidios e incremento de los índices de violencia en el país. No obstante, algunos estudios reconocen que el recrudecimiento de la violencia y el aparecimiento de las maras están ligados a problemas estructurales e históricos que determinan condiciones sociales conflictivas, la falta de oportunidades que tuvieron los y las jóvenes frente a problemas urbanos como el desempleo, la explotación del trabajo infantil, la violencia urbana y civil, la deportación de muchos jóvenes que habían emigrado a Estados Unidos y la desintegración familiar. Las maras como agrupamientos al estilo de las pandillas fueron inicialmente integradas por personas jóvenes, y la violencia que en ese período provocaban se basaba en la defensa del barrio y en la violencia callejera contra las maras rivales. Con el paso del tiempo creció su complejidad, su capacidad organizativa y su forma de violencia delictiva; la que rebasó los límites del barrio y sus rivales ya no fueron solamente las maras contrarias, al grado que ahora casi la mayoría de los y las salvadoreñas no se excluye potencialmente o ha sido víctima de la violencia que estos grupos generan; podría decirse que en el país la violencia es difusa, en el sentido de que se produce básicamente contra cualquier persona en forma de homicidios, lesiones, robos, amenazas o extorsiones. En este número se presenta un breve inventario de los planes, las medidas y las propuestas antidelincuenciales que el Gobierno salvadoreño ha desarrollado desde 2003 hasta la actualidad, con el propósito de sentar las bases para una segunda entrega en la que se presentarán hechos que podrían servir para valorar la efectividad de tales planes, medidas o propuestas. Antecedentes El combate al accionar de las maras inició entre 1999 a 2004 en el marco del plan de gobierno denominado País Seguro. El 23 de julio de 2003, el ex-presidente Flores lanzó el Plan Mano Dura, el cual, con la intervención de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército Nacional, pretendía poner tras las rejas a personas que pertenecieran a maras. Como parte del Plan Mano Dura el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con carácter de urgente --aprobado el 9 de octubre de conocido como Ley Antimaras, que fue reformado en noviembre del mismo año en sus artículos 3 y 6, reformas que facultaban a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la designación de Jueces de Paz, de Instrucción y de Sentencia, únicamente para procesar a miembros de maras y, además, incluir como delito el hecho de ser pandillero. En abril de 2004 la CSJ falló que era inconstitucional la Ley Antimaras, esa decisión se conoció una semana antes que expirara el tiempo para el cual había sido aprobada. En el mismo mes fue aprobada por la Asamblea Legislativa una nueva versión de la Ley Antimaras, ante lo cual algunos jueces expresaron no aplicarían por considerarla inconstitucional. Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos CECDH- 1

2 En mayo de 2004, con ocasión de la defensa que el Estado salvadoreño hiciera de su informe ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Antimaras en su segunda versión fue duramente cuestionada por el Comité que recomendó que la Ley del Menor Infractor no sufriera deformaciones y que la Ley Antimaras concluyera en el período previsto ya que, a su juicio, se estaba en una circunstancia donde convivían dos sistemas penales respecto a adolescentes: la Ley del Menor Infractor y la Ley Antimaras. La administración Saca dio continuidad a las medidas adoptadas por la administración Flores en el combate al accionar de las maras; a pocos días de haber jurado como gobernante el Presidente Saca instruyó a su Ministro de Gobernación, para que convocara a diversos sectores a integrar mesas de trabajo o equipos técnicos que definieran reformas legales. En cuatro semanas, jueces, fiscales, policías y representantes de organismos públicos y privados propusieron cambios a la legislación penal y juvenil. Así fue como la Asamblea legisló para definir los delitos que sancionarían a las maras, acordando llamarlas agrupaciones ilícitas, además de establecer la pena de cárcel desde seis a nueve años para los líderes de las pandillas. Plan Súper Mano Dura El 30 de agosto de 2004, en cadena nacional de radio y televisión, el Presidente de la República anunció el inicio del Plan Súper Mano Dura, el cual, dijo, sería apoyado por catorce mil efectivos policíacos y militares y que junto a las reformas penales antipandillas ya aprobadas, el Gobierno se proponía acorralar y desarticular a las maras con redadas, persecución de sus cabecillas, infiltración y vigilancia permanente y golpes a su principal base de subsistencia como lo era el narcotráfico. Con esta medida, según el Presidente, garantizaba que los delincuentes y malacates ahora sí se quedarían en la cárcel, y que se les había acabado la fiesta 1. Esta última frase fue ampliamente utilizada por el Gobierno en los meses siguientes al lanzamiento del Plan Súper Mano Dura como propaganda del mismo. A finales de septiembre de 2004, cuatro semanas después de reorientar la persecución de los pandilleros, el Gobierno reveló su Plan denominado Mano Amiga, bajo el cual se perseguía ejecutar las líneas de acción para prevenir, rehabilitar e insertar socialmente a los miembros de maras que estuvieran dispuestos a dejar la violencia. Como parte del Plan Mano Amiga se desprendió el programa Mano Extendida, que buscaba activar un conjunto de acciones dirigidas a los jóvenes que voluntariamente abandonaran las maras. Este proyecto, según se dijo, conformaba la parte humana del Plan Súper Mano Dura. El programa Mano Extendida contemplaba la creación de internados voluntarios para tratar a los pandilleros el problema de adicción a drogas y alcohol; para generar empleo masivo de los pandilleros reinsertados planteaba su incorporación a tareas de limpieza de toda la red vial del país, recolección y tratamiento de basura, participación en obras de construcción y trabajo en granjas agrícolas; la eliminación de tatuajes; y, la apertura de una Granja para tratar a ex pandilleros y otros jóvenes en riesgo. A finales de octubre de 2004, el director de la PNC, Ricardo Meneses, firmó un acuerdo antipandillas con la policía del condado de Suffolk, Long Island, EEUU; en esa oportunidad se dijo que el Plan Súper Mano Dura había llegado hasta Nueva York. En conferencia de prensa del 6 de junio de , el Presidente de la República calificó al Plan Súper Mano Dura como exitoso, el cual seguiría su curso y que estaba dando buenos resultados. Meneses también era de la idea que el Plan Súper Mano Dura era todo un éxito. Sin embargo, desde la implementación tanto del Plan Mano Dura como del Súper Mano Dura no solo se incrementó el número de homicidios sino que también algunas pandillas empezaron a actuar más decisivamente como crimen organizado, dando paso a las extorsiones de buena parte de comerciantes y empresarios de transporte público, inicialmente en el centro de San Salvador y en varias otras ciudades del país, que luego se extendieron a nivel nacional y que, además, dieron pie a la actuación de redes de sicariato, de las que se sospecha no sólo han sido usadas por el crimen organizado, sino también, por algunos ciudadanos para intereses particulares. Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos CECDH- 2

3 Además, resultó contradictorio que el Presidente consideraba exitoso el plan antipandillas y, al mismo tiempo, destituyera a finales de diciembre de 2005 a Ricardo Meneses, quien era el mando operativo del Plan. Con motivo de la sustitución de Meneses y el nombramiento del Rodrigo Ávila como nuevo Director de la PNC, el Presidente Antonio Saca anunció el relanzamiento del Plan Súper Mano Dura. El cargo de Viceministro de Seguridad que dejó Ávila fue ocupado por Ástor Escalante, quien venía de ocupar el cargo de Director de Centros Penales. El nombramiento del nuevo director de la entidad policial provocó también el cambio en, al menos, 40 de sus jefaturas, desde la subdirección general hasta jerarquías menores. El Gobierno, a través del nuevo Viceministro de Seguridad y desde que éste fungía como Director de Centros Penales, ha insistido en la necesidad de reformar y endurecer las penas contenidas en los Códigos Penal y Procesal Penal 3, la Ley Penitenciaria, la Constitución de la República 4 y la creación de la ley de extinción de dominio 5. Esta última permitiría al Estado la confiscación de bienes de cuestionable procedencia con lo que se crearía un fondo antidelincuencial. La propuesta de reforma a la Constitución es en lo relativo a la modificación del artículo 24 que prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas, que al reformarse permitiría usarla como prueba en procesos judiciales contra quienes delincan. Hay que decir que, a pesar de la prohibición constitucional sobre las escuchas telefónicas, actualmente sólo hay garantía que no pueden ser utilizadas como prueba, no así que ellas sean una práctica, puesto que de ello, en el país existen antecedentes. Basta recordar que a mediados del 2000 fue público el caso donde una empresa de telefonía realizó interferencias telefónicas. La discusión de aprobar la intervención telefónica no se centra en si sería para fines lícitos, como lo sería el aportar pruebas; sino que debe centrarse su potencial utilización discrecional, sin control, y la consecuente violación a la privacidad de las personas. Con el inicio del año escolar 2006, el nuevo director de la PNC retomó el Plan que esa institución ha venido desarrollando con anterioridad y al que se ha denominado Plan Escuela Segura. Esta vez, La PNC anunció la ejecución de dicho plan en su segunda fase con un inusual llamado de atención a los estudiantes de diversos centros educativos, a quienes les era entregada una bolsa plástica color negro, similar a la que se usa para el levantamiento de cadáveres, con un mensaje escrito en el que se les advertía que así podrían terminar ellos si se involucraban con las maras 6. Creación de cuerpos élites antidelincuenciales A finales de enero de 2006, el Viceministro de Seguridad al referirse al nuevo Plan antidelincuencial, en alusión al relanzamiento del Plan Súper Mano Dura, manifestó que éste iba con todo contra los delincuentes, y que el peso de la ley les llegaría hasta el último recoveco 7. La novedad del plan sería el anuncio del acercamiento al Órgano Judicial y al Ministerio Público, para buscar alternativas al problema de la delincuencia 8. El 29 de mayo, el Director de la PNC, declaró que el plan Súper Mano Dura no era un plan que funcionara y que no era la respuesta ante la violencia que segaba diez vidas diarias en ese momento 9. Al siguiente día, el titular de Gobernación explicó que la PNC había cambiado de estrategia ante las mutaciones del monstruo de las maras. Así, lo que hasta ese entonces fue el Plan Súper Mano Dura se trasformó en la DIC (División de Investigación del Crimen), en la DIHO (División de Investigación de Homicidios) y en el GOPES (Grupo Policial Especializado), con el objeto de controlar a los extorsionistas, a las maras y a los homicidas. El funcionario sostuvo que si la seguridad pública se quedara estática, la delincuencia la superaría, por lo que se creó esas áreas especializadas. Además dijo que el Gobierno continuaba con lo que se estaba haciendo bien: golpeando con contundencia a las maras, desesperándolas y no dándoles tregua 10. El 31 de mayo de 2006, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) lanzó la propuesta de Política Criminal para el Sistema de la Administración de Justicia tendiente a mejorar la investigación del delito y la coordinación de las entidades encargadas de la seguridad pública y el combate al crimen. Los tres principales ejes de dicha política es la ampliación de la cobertura de los centros de mediación para solucionar Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos CECDH- 3

4 conflictos y descargar a los tribunales, la mejora de la investigación científica del delito y la mejora y descongestión de los centros penales. Debido a que el Gobierno consideró que desde las cárceles se planificaban y ordenaban delitos cometidos en todo el país, el 27 de junio de 2006, el viceministro de Seguridad Ciudadana presentó las propuestas de reformas a la Ley Penitenciaria ante la Asamblea Legislativa, con lo que buscaban un mayor control de los recintos y además, quitar algunos "privilegios" a los reclusos de las 19 penitenciarias del país. El 27 de julio de 2006, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas a la Ley Penitenciaria que permitirá incrementar las medidas de seguridad y las visitas a los diferentes centros penales. Las reformas iban encaminadas, entre otros aspectos, a regular el régimen de visitas a las cárceles del país, el cual, según el Gobierno, no sería tan permisivo. También se otorgarían más facultades para los directores de los centros penales en casos de emergencia y para el traslado de urgencia a internos considerados como problemáticos. Además, el Gobierno podría obligar a que los presos usen uniformes, y prohibirá que tengan dinero o electrodomésticos consigo. Con base en lo dispuesto en el artículo 185 de la Constitución de la República que prescribe que dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales algunos jueces no han aplicado algunas leyes, como por ejemplo la Ley Antimaras, lo que les granjeó algunas críticas de parte de funcionarios del Ejecutivo. Como consecuencia de ello, el 7 de julio de 2006, con los votos de los diputados de ARENA, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Procedimientos Constitucionales 11 ; reforma con la cual los juzgadores ahora deben explicar a la CSJ los motivos de sus fallos y será ésta la que decidirá si se aplica o no el criterio. A partir del 12 de septiembre de 2006, la Fiscalía General de la República creó un equipo élite anti extorsiones. El Fiscal General, informó que este equipo estaría integrado por un jefe, cinco subjefes y 20 fiscales más que operarían en el terreno de los 20 municipios del país que más estaban siendo afectados por los chantajistas. El objetivo era identificar, capturar y condenar a los sujetos que se dediquen al chantaje. El 7 de septiembre de 2006, la Asamblea Legislativa aprobó un refuerzo presupuestario de US $ 7.7 millones para la PNC, los cuales serían usados para aumentar US $ 68 al salario de más de nueve mil agentes que se pretende amplíen su jornada laboral de ocho horas a varios días. Las autoridades de Gobernación negaron que se trate de un acuartelamiento, por lo que le llaman régimen de disponibilidad, que consiste en que estos 9,450 policías no laborarán ocho horas diarias sino que estarán algunos días en servicio y otros en descanso y que ello dependerá del área en donde sean asignados. El 21 de septiembre de 2006, con 50 votos de los diputados de ARENA, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. En ocasión del sexagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, EE.UU., el martes, 19 de septiembre de 2006, parte del discurso pronunciado por el Presidente Saca en Naciones Unidas sirvió para solicitar apoyo a las naciones allí concurridas. Entre otras cosas, el Presidente expresó lo siguiente:...en el caso de El Salvador y otros países de Centroamérica, los hemos visto notablemente afectados en los últimos años por el aumento y ampliación de actividades delictivas de maras o pandillas, que ya no solo actúan en el ámbito nacional, sino que han trascendido fronteras, constituyéndose en organizaciones criminales, que además de cometer asesinatos individuales y colectivos, se dedican a la extorsión y actos de carácter terrorista, vinculados a la delincuencia transnacional, involucrándose en el tráfico de armas y drogas, trata de personas y lavado de dinero. El Salvador está consciente de la dimensión del problema y su impacto en la sociedad, razón por la cual somos uno de los principales países en impulsar políticas de tratamiento integral, que incluye no solo la lucha directa contra estas agrupaciones, sino también aspectos preventivos, de rehabilitación y reinserción Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos CECDH- 4

5 social. Esta tarea, estamos convencidos no puede enfrentarse individualmente sino que se hace indispensable una acción colectiva de coordinación y cooperación internacional. El 3 de octubre de 2006, en Tegucigalpa, Honduras se desarrolló la Cumbre Regional de Seguridad; en ella, a propuesta del Presidente salvadoreño, acordaron la creación de la orden de captura centroamericana, el observatorio regional sobre pandillas, la creación de la policía centroamericana, el intercambio de información sobre deportados y la definición de un mecanismo regional para la protección de víctimas. El 11 de octubre de 2006, el Presidente de la República, dijo que descartaba avalar la aplicación de la pena de muerte en el país, pero sí se mostró a favor de la cadena perpetua, en delitos graves como los actos de terrorismo. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se encuentran en discusión las reformas que las autoridades de la seguridad pública han propuesto a la Ley Penal Juvenil y a la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor sometido a la Ley Penal Juvenil, a fin de endurecer y ampliar las penas privativas de libertad. Ante lo cual, un grupo de jueces ya han advertido que, de ser aprobadas, no aplicarían las nuevas reformas a las leyes Penal Juvenil y de Control de Medidas al Menor, ya que a su juicio el proyecto de reformas, tal y como ha sido propuesto, vulnera los derechos de los menores infractores contenidos en instrumentos internacionales suscritos por El Salvador. En suma, los anteriores planes, medidas y propuestas, se han vuelto un factor que ha determinado el actual nivel de inseguridad ciudadana en el país que se refleja en hechos cotidianos, que serán abordados en el próximo número de este boletín. El Observatorio de las Políticas Públicas y los DESC observatorio@fespad.org.sv Este boletín es auspiciado por Ayuda en Acción y el Ayuntamiento de San Sebastián, España 1El Diario de Hoy, 31 de agosto de En: 2http:// 3El Diario de Hoy, 26 de marzo de En: - Resultado Suplementario - 4El Diario de Hoy, Suplemento Vértice, del 12 de diciembre de El Diario de Hoy, 28 de septiembre de En: - 6http://archive.laprensa.com.sv/ /nacion/ asp 7El Diario de Hoy, 30 de enero de En: - 8El Diario de Hoy, 30 de enero de http:// 10http:// 11Se le agregó a la Ley el Título V de Inaplicabilidad, reformando así el artículo 77. Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos CECDH- 5