Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son sumamente altos y repercuten en toda la sociedad.

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2 El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Violencia contra las mujeres y programas para su atención de sociedad y gobierno. Violencia contra las mujeres y programas para su atención de sociedad y gobierno. INMUJER Tijuana: Realidades y programas para erradicar la violencia de género. Hijos maltratadores. Una violencia contra la mujer silenciosa. Por qué le pega el hombre a la mujer? Director General LIC. ARMANDO ROGELIO LARA VALLE Coordinación Editorial ING. EDUARDO PARRA RIVERA Edición ANA CECILIA MONTAÑO FONG Diseño HAVID ARRIZON BORREGO Estado en Movimiento es un publicación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE) La edición consta de 1,250 ejemplares. Plaza Baja California Locales 5 y 6-D, Calzada Independencia y Calle Calafia s/n, Centro Cívico, Mexicali, B.C., C.P , Tel/fax (686) , (686) y coplade@baja.gob.mx, Pág. Web: Nota: Algunas de las fotografías utilizadas en esta revista, son tomadas del Internet con el fin de ilustrar situaciones o formas de pensar, no existe ningún fin de lucro. El contenido de los artículos son responsabilidad del autor. El tema de la violencia contra las mujeres trasciende fronteras. Se trata de un fenómeno mundial, que comprende cualquier agresión dirigida en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo y va desde la discriminación, hasta la agresión verbal, física, sexual, psicológica y económica. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer. La violencia contra las mujeres no se limita a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres. Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son sumamente altos y repercuten en toda la sociedad. Las consecuencias físicas y emocionales ocasionadas por la violencia hacia las mujeres tienen un impacto importante en su salud, tanto física como mental, en su capacidad productiva, además de ser un motivo de demanda de atención en los servicios de salud y apoyo a las mujeres maltratadas y sus hijos, y para enjuiciar a los ofensores. En este contexto, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, pone en sus manos la presente publicación, en la que se integran aportaciones de conocedores y especialistas de diferentes instituciones de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, sobre esta relevante problemática, así como los programas para su atención. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

3 La violencia contra las mujeres es reconocida en la actualidad como un problema de salud pública con causas y efectos multidimensionales que afecta y trastoca a todos los niveles de la sociedad de distintas formas, y representa una violación a los derechos humanos de las mujeres. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011, el 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación de pareja. El 24.5% recibió algún tipo de agresión sobre ingresos personales y del hogar. Por ello, el gobierno de México lo ha reconocido como un grave problema que debe ser parte de la política de Estado, atendido con voluntad política, sin prejuicios, y con responsabilidad. Lo más importante, es lograr un cambio cultural, que promueva un efectivo empoderamiento de las mujeres con pleno respeto a sus derechos humanos para prevenir cualquier tipo de violencia en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es en este sentido, que el Instituto Nacional de las Mujeres, órgano rector de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ha trabajando para que en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, del orden federal y estatal, se desarrollen diversas políticas públicas de prevención y atención de la violencia de género, con base en las leyes y tratados internacionales, compromiso de nuestro país con las mujeres. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las dependencias federales y estatales, realizan acciones de prevención, atención y sanción, entre las cuales el INMUJERES ha trabajado estrechamente con las diferentes secretarías y autoridades en estados y municipios para impulsar normatividad, mecanismos interinstitucionales y políticas públicas, gracias, en buena medida, a los recursos etiquetados para la igualdad, del Presupuesto de Egresos de la Federación. Cabe señalar que las secretarías y dependencias que conforman el Sistema Nacional de Violencia, que deriva de esta Ley, realizan su propia agenda de trabajo conforme a sus atribuciones y facultades. En este espacio sólo señalamos algunas acciones que ha realizado e impulsado el INMUJERES.

4 Prevención Han sido numerosas y variadas las acciones realizadas en materia de prevención, aquí sólo se mencionan algunas que destacan por su novedad e impacto. Es muy importante señalar que la prevención va más allá de campañas de difusión, distribución de folletería y otros impresos, también implica la creación de programas de reeducación de las personas, e involucra políticas y acciones en materia de salud, educación, trabajo, desarrollo social además de cultural, todo ello para promover la convivencia democrática y una cultura de paz. Una de las buenas prácticas que establecimos, ha sido el trabajo con la población más joven, dada la importancia que tiene este sector que se encuentra en una etapa del desarrollo humano más abierta al cambio y la transformación social. Por ello, emprendimos acciones de difusión sobre cómo identificar y prevenir la violencia de pareja, a través de los autodiagnósticos virtuales en la página web del INMUJERES Cómo es tu relación de pareja? y En busca de la pareja ideal?, que son herramientas interactivas diseñadas para las nuevas generaciones involucradas con las nuevas tecnologías de comunicación. De igual forma, en colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el Instituto Mexicano de la Juventud, realizamos una guía para formación de relaciones afectivas entre jóvenes, cuyo propósito es brindar a docentes herramientas prácticas para fomentar noviazgos basados en el buen trato y respeto a los derechos de las mujeres. Otra de las esferas donde hemos impulsado acciones es en la reeducación de agresores y víctimas de violencia. Es importante señalar que la conciliación ha quedado fuera como vía de resolución de conflictos y lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este sentido, colaboramos con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría de Salud, en la elaboración y difusión del Diagnóstico de los modelos de intervención con hombres agresores, lineamientos y estrategias para su atención, rehabilitación y reeducación, el cual derivó en el Manual del programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, que se implementa en los servicios estatales de salud de 20 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Atención La atención para las mujeres que viven situaciones de violencia involucra diferentes aspectos que pueden ir desde orientación psicológica, jurídica y médica hasta casos extremos en los que se requiere brindar albergue y programas para que las mujeres participen en la vida pública, social y privada. En este ámbito, es una tarea constante la suma de actores, con el objetivo de articular las acciones institucionales a nivel nacional para fortalecer su impacto y efectividad, partiendo de los servicios especializados que cada organización, pública y privada, brinda a mujeres víctimas de violencia, así como para apoyar la profesionalización de la atención con visión de género. Una adecuada protección a las mujeres en situación de violencia representa una puerta de salida ante las agresiones que viven. Los datos reflejan la urgente necesidad de diversificar y profesionalizar los tipos de atención. El 13.5% de las mujeres de 15 años y más (ENDIREH), confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales, y en el 7.3% de las mujeres víctimas de violencia sexual, ésta fue cometida por sus propias parejas. Ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

5 Frente a este escenario, se desarrolló el Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos, a partir del trabajo con las integrantes del Sistema Nacional de Violencia. Este manual constituye un importante esfuerzo para la homologación de las condiciones básicas en que debe operar un refugio, recuperando la experiencia de los existentes. Otra de las acciones importantes que ha realizado el INMUJERES como órgano articulador, es la creación de la Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en Situación de Violencia (RENAVTEL), integrada por 42 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con la cual diseñamos el Programa para la creación y el fortalecimiento de la atención vía telefónica a mujeres en situación de violencia, para proporcionar una respuesta inmediata geográficamente referenciada, con la colaboración de la Secretaría de Gobernación, los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, e Infraestructura de los Centros Estatales de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4) de atención a emergencias en el servicio 066. Derivado de uno de los objetivos estratégicos del Programa de Cultura Institucional (PCI), se creó el Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual para que las mujeres servidoras públicas tengan una manera segura y confidencial que les permita denunciar este delito y tengan la certeza de que el agresor tendrá una sanción en la Administración Pública Federal. La atención policial es estratégica en la atención a la violencia de género, por lo cual reconocemos el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), con el Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género, para dotar a los cuerpos policiales del país, de procedimientos para actuar adecuadamente en la prevención, identificación, atención y protección de los casos de violencia de género. La SSP Federal capacitó a mujeres y hombres policías en los estados de Chihuahua, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila y Veracruz. Sanción Un aspecto insoslayable para que las mujeres tengan acceso pleno al derecho a una vida libre de violencia es el acceso a la justicia, con sanciones que vayan sentando precedente y que sean aleccionadoras para el conjunto de las personas agresoras. La alianza que en estos años se ha tejido con el Poder Judicial de la Federación no tiene precedente y sienta las bases para una verdadera incorporación de la perspectiva de género en el Sistema de Justicia. Hoy contamos con más de 40 mil órdenes de protección a favor de las mujeres, centros de justicia, y las primeras sentencias que invocan los tratados internacionales, en las que se concreta, por primera vez, el principio pro persona plasmado en la reciente reforma constitucional al artículo primero en donde transitamos del concepto de garantías individuales al de derechos humanos. Este cambio de paradigma fue reconocido por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW (ONU), en el marco del último informe del Estado mexicano. Esto, sin duda, nos compromete a redoblar los esfuerzos institucionales, la coordinación en los tres ámbitos y órdenes de gobierno; así como destinar presupuesto y evaluar el impacto de los programas para erradicar la violencia en la vida de todas las mujeres de nuestro país.

6 La violencia de género representa un problema prioritario a resolver debido a los diversos factores que la generan, las consecuencias y los altos costos sociales que ello trae consigo... Aún se percibe una gran resistencia desde las tradiciones y la cultura mexicana por reconocer los derechos y la igualdad de las mujeres, lo que involucra hasta el ejercicio del poder, por lo que ha sido necesario legislar a nivel federal y local, para erradicar la discriminación, la desigualdad, la trata, el abuso hacia los niños y las niñas, la inequidad en la impartición de justicia y lo que obstaculice una vida libre de violencia a las mujeres y sus familias. Desde hace más de cincuenta años, con la conquista del derecho pleno de las mujeres a participar en actividades políticas, en México se han dado pasos muy importantes para avanzar hacia la igualdad de género. Sin embargo, esta conquista de derechos no ha significado el cumplimiento automático de la equidad a la que se aspira. A través de la Comisión de Equidad y Género de la H. XX Legislatura de Baja California, hemos realizado esfuerzos en conjunto con el Instituto Estatal de la Mujer, para incorporar la perspectiva de género en el proceso presupuestal de todas las dependencias, entidades públicas, organismos, servidores públicos y las unidades administrativas responsables del gasto, la inclusión de planes y programas, que deberán ser orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, así como a generar un impacto diferenciado de género, un requisito sin el cual no es posible resolver, respetar y hacer exigibles y justiciables los derechos humanos de las mujeres. Este enfoque está plasmado en la iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, que se encuentra en proceso de dictaminación. Esta iniciativa enfatiza la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que fomenten cualquier tipo de discriminación; contiene normas con un enfoque de equidad de género sensible para la elaboración, puesta en práctica, supervisión y evaluación de políticas y programas, lo que permitirá identificar y atender la desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres de nuestro estado, con el fin de que ambos grupos se beneficien y evitar que la desigualdad de género se reproduzca.

7 Marco Jurídico en favor de las mujeres Es importante destacar que en junio del 2011, se modificó el Capítulo I del Título Primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, las modificaciones aprobadas establecen como principios constitucionales la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos y clarifican la jerarquía de los tratados en esta materia; refuerzan la responsabilidad del Estado como el único garante del ejercicio de los Derechos Humanos y establecen, además, la obligación del Estado de reparar las violaciones a los Derechos Humanos en su sentido más amplio. Por tanto, se vuelve necesario que, también desde la entidades federativas, se continúe con la evolución de nuestro régimen político y jurídico para avanzar hacia un Estado Democrático de Derecho, mediante la incorporación constitucional de los principios ético-políticos que exigen los estándares internacionales en derechos humanos, como lo mandata el principio pro persona, para que se aplique la norma que más favorezca los derechos de las personas, esto beneficia enormemente a las mujeres víctimas de discriminación y de violencia. Esta reforma constitucional da impulso a la armonización de la legislación nacional conforme a los tratados y convenciones internacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres que México ha ratificado, la homologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanos de las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país, además de la emisión y adecuación de leyes, la modificación de reglamentos, códigos civiles, penales, administrativos y de procedimientos que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia en condiciones de igualdad. En décadas recientes, ha sido una labor conjunta entre mujeres de organismos de la sociedad civil, legisladores y legisladoras, con el apoyo del poder ejecutivo, promover la incorporación, en la legislación nacional y estatal, de las prescripciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) que mandata la adopción de las medidas necesarias, con el fin de proteger los derechos de las mujeres, eliminando las situaciones de violencia que puedan afectarlas tanto en el ámbito público como en el privado, así como de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT, relativos a los derechos laborales de las mujeres. En Baja California ya existe un marco normativo que permite consolidar y hacer más operativo el trabajo que se viene realizando en la Comisión de Equidad y Género, para impulsar iniciativas que permitan mejorar la vida familiar, política, social, cultural, académica y laboral de la mujer; reformar el Código de Procedimientos Penales para la protección de las mujeres y sus familias en casos de violencia intrafamiliar, trabajar en la sensibilización y prevención del maltrato infantil, modernizar las normas y condiciones de salud que afectan a las mujeres, la evaluación de procesos jurídicos de las mujeres internas en los centros penitenciarios y revisar y adecuar las penas por homicidio, lesiones y agresiones a la sexualidad de las mujeres y la infancia. Asimismo, trabajamos en el diseño legislativo de las políticas, programas y acciones para todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno estatal de Baja California y de los gobiernos municipales, con el fin de incidir en la disminución

8 de la brechas de desigualdad, y a su vez contribuir al cumplimiento tanto de la Ley General como de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a los compromisos internacionales adquiridos y ratificados por México ante el Sistema de las Naciones Unidas. Hemos impulsado la homologación en la legislatura electoral local para establecer cuotas de género en los partidos políticos para la postulación, al menos, de 40% de mujeres en las candidaturas. Participamos en el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que tiene como objetivo generar políticas públicas transversales, promover la cultura de denuncia de la violencia, impulsar y apoyar programas de educación, promover la instrumentación de programas de atención y capacitación a mujeres víctimas de violencia y construir una sociedad donde las mujeres y hombres tengan el mismo valor e igualdad de derechos y oportunidades, y trabajamos en la elaboración del Programa Estatal de Atención de dicho sistema, para la aplicación de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una de las manifestaciones extremas de violencia hacia la mujer es la trata, en los términos de la definición del Protocolo de Palermo. La trata de personas implica, además de la captación de las víctimas, su traslado, la privación parcial o total de su libertad de movimiento y su explotación por medio de amenazas, coacción, chantaje, violencia y algún grado de privación de su libertad. La explotación de las víctimas puede ser con fines sexuales, laborales, de servidumbre, para tráfico de órganos o tejidos, entre otros, y adoptar formas variadas que no respetan género ni edad, como prostitución forzada, pornografía, turismo sexual, pedofilia; matrimonios forzados, adopción fraudulenta; extracción de órganos para venta, y nuestra frontera resulta muy atractiva para las diferentes modalidades de explotación sexual y trata. Tenemos conocimiento de los avances y el fortalecimiento interinstitucional que Baja California ha conseguido sobre el tema de trata, en materia de persecución del delito, en la prevención, protección así como la asistencia a victimas por parte de La Unidad Estatal contra la Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dependencia que tratamos de apoyar y fortalecer a través de un presupuesto institucional digno y operativo para sus funciones. Finalmente, presentamos en junio pasado una iniciativa de reformas para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el Estado de Baja California, para homologar la legislación local con la Ley General en la materia y perseguir y castigar este delito que afecta principalmente a niñas, niños y mujeres, siendo más vulnerables en las zonas fronterizas y turísticas del país, donde destaca Baja California. Esta normatividad servirá para hacer más eficiente la coordinación entre la federación y el estado, para la persecución de los delitos en materia de trata, y precisar las competencias respecto de la investigación, persecución y sanción de esos delitos, además de la reparación del daño, para lograr así, un marco normativo congruente en nuestra entidad.

9 Las mujeres han sido discriminadas históricamente por el hecho mismo de ser mujeres. Se les ha dado un tratamiento desigual y discriminatorio en virtud de un conjunto de normas de conducta, de estereotipos, de valores, de significaciones distintas y desventajosas otorgadas por la sociedad al hecho de ser mujer 1. De ahí la importancia de aplicar la perspectiva de género en materia de derechos humanos, porque enriquece la manera de mirar la realidad y de actuar sobre ella; entre otras cosas, permite, visualizar inequidades construidas de manera sociocultural y detectar mejor la especificidad en la protección que precisan quienes sufren desigualdad o discriminación 2. La reforma constitucional de junio del 2011 en materia de derechos humanos, representa un avance de suma importancia para la defensa y garantía autentica de los derechos que tenemos todos como personas; hoy, los derechos humanos se constituyen en el centro de la política del Estado mexicano. Con este nuevo marco constitucional, el Estado mexicano reconoce y asume con responsabilidad y compromiso los tratados internacionales que ha firmado en esta materia, quedando estipulado también la prohibición de celebrar cualquier otro que altere los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el país sea parte. Gracias a este avance, el Estado de derecho centrará su actuar en respetar y asegurar, ante todo, la dignidad de cualquier persona. También es de celebrar la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación, el sistema penitenciario y de la política exterior. Sin embargo, al hacer una revisión de la legislación local comparada con la existente en el ámbito federal, el balance se reduce a que en el Estado de Baja California no se cuenta con la Ley de Igualdad, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y recién se aprobó la tipificación del delito del feminicidio en el Código Penal del Estado, con la finalidad de salvaguardar de una mejor manera a la mujer contra actos violentos en su contra. Este rezago legislativo, como bien señala Camacho González 3, constituye por muchas razones un fenómeno adverso, que no corresponde al espíritu y sentido de los mecanismos previstos en la Constitución y en la legislación del Congreso para el buen proveer legislativo. Tiene como efectos que redunda en perjuicio de la valoración respecto de la eficacia

10 afrenta a sus derechos humanos, y que casi siempre es perpetrada precisamente por su condición de sexo y género como una práctica derivada de las costumbres ancestrales propias de un sistema patriarcal que define a las mujeres como objeto sexual productivo y reproductivo y no como alguien que pueda ser titular de derechos. Nacional e internacionalmente, se reconoce que la violencia contra las mujeres es la forma más grave de discriminación y, por consiguiente, una violación de sus derechos humanos y un obstáculo para que los disfrute. en el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas a los legisladores y propicia, además, un grave deterioro en el aprecio de la ciudadanía por la labor de sus legisladores y cíclicamente daña las relaciones intergubernamentales 4. Por otra parte, el 22 de junio del 2001, se publicó la Ley que crea el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California (INMUJER-BC), como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de atribuciones, objetivos y fines (artículo 2), sin embargo, no cuenta con gestión técnica y operativa. Según el artículo 5 de la citada Ley, el Instituto tiene como principal objeto de ser, el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social de la entidad, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas y con un enfoque que permita identificar y valorar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres, para generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la equidad social. Específicamente nos referiremos al tema de la violencia en contra de las mujeres por ser una La Convención Belém do Pará establece que se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el caso de México, la adopción de medidas enfocadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no se ha dado con la velocidad que requiere la atención institucional a este problema. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el INEGI está orientada a investigar sobre la magnitud de los diferentes tipos de violencia ejercida contra las mujeres por parte de su esposo o pareja varón actual, residente de la misma vivienda. Esta encuesta de alcance nacional permite conocer la prevalencia y consecuencias de la misma por tipo (emocional o psicológica, económica, física y sexual). La violencia contra las mujeres conforme a datos 5 de la más reciente Encuesta Nacional 2011, reveló que a nivel nacional el 46.1% del total de mujeres de 15 años y más, sufrieron por lo menos un incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal por parte de sus parejas. En Baja California, de acuerdo a los resultados de la ENDIREH 2011, se entrevistó

11 a 1 millón 99 mil 801 mujeres de 15 y más años casadas o unidas, de las cuales 444 mil 515 han sufrido incidentes de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, lo que representa 40.4% de las mujeres en esa condición. Según la ENDIREH, la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja se manifestó en el estado en sus diversas modalidades: violencia sexual (16.5%), económica (49.7%) y física (27.0%). La encuesta reveló que a nivel nacional, el 29.7% de las mujeres víctimas de violencia acudieron a pedir ayuda a instancias como el DIF, la policía, los Ministerios Públicos, las instancias que atienden a mujeres, las autoridades municipales y en un porcentaje mínimo, recurrieron a familiares. Qué hay de los programas para su atención y prevención? Si bien es cierto, que son pocas las mujeres que solicitan ayuda, cabe acotar que la mayor parte de los esfuerzos están orientados a la defensa y protección de las mujeres que sufren violencia, de ahí que sobre este tenor se haya desarrollado, en su mayoría, el siguiente apartado. En términos generales, el trabajo que ha realizado el INMUJER-BC, ha permitido llamar la atención sobre problemáticas específicas a las que se enfrentan las mujeres y ofrecer una plataforma para promover la llamada transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal. No obstante, hacen falta mecanismos para el seguimiento y para la evaluación de los programas; los datos oficiales que pudiera presentar el Instituto, únicamente permiten una visión general de sus políticas y no de su impacto real en la realización de los derechos humanos de las mujeres. De manera resumida, el quehacer institucional se resume en los Programas de Violencia y en el de Transversalización de la Perspectiva de Equidad de Género. En el primero, se encuentran las asesorías psicológicas y legales que se dan a mujeres, así como las diversas capacitaciones a docentes, alumnos y comunidad en general sobre temas de prevención y atención (violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, derechos humanos de las mujeres, violencia de género, solución pacifica de conflictos, prevención de la violencia, maternidad y paternidad responsable, entre otros temas), en este programa se contempla también la difusión permanente de los programas y servicios del INMUJER-BC. En el segundo programa, se busca incidir en la elaboración de políticas públicas al interior de la Administración Pública Estatal a través de capacitaciones sobre temas como sensibilización en género, perspectiva de equidad de género y mediante el programa de Enlaces de género que da asesoría y capacitación para funcionarios dentro de las dependencias de gobierno, mismas/os que sean consideradas/os como mecanismos estratégicos para impulsar y consolidar el proceso de transversalización y garantizando la institucionalización de la perspectiva de equidad de género en la Administración Pública del Estado. Mención aparte merecen los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), ambos federales, que aportan recursos para la extensión de los trabajos que realiza el INMUJER, sobre todo en lo que se refiere a la cobertura geográfica, ya que el Instituto solo cuenta con dos sedes físicas: Mexicali y Tijuana. Principales resultados 6. En lo que hace a las atenciones del INMUJER, se contabilizaron 1 mil 662 mujeres de primera vez atendidas en Mexicali y Tijuana, se realizaron un total de 367 eventos diversos de capacitación, de prevención y de difusión donde participaron un total de 9 mil 168 personas, en el caso del PAIMEF, las mujeres atendidas de primera vez fueron 1 mil 893 mismas que acumularon 5 mil 490 servicios legales, de

12 trabajo social y psicológicos; de igual forma se realizaron más de 500 jornadas de atención y de prevención que llegaron a poco mas de 13 mil personas en todo el estado. Como conclusiones preliminares se destaca que gran parte del trabajo realizado es producto de la suscripción de diversos convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con la academia y con otras instancias en los que se trabajan proyectos diversos enfocados a prevenir y atender a las mujeres en torno a la violencia, a capacitaciones diversas, entre otros. Sin duda, algunas de las limitantes por las que el Instituto no ha podido ampliar la cobertura de sus servicios ni desarrollar las actividades propias de un órgano normativo en la materia es la cantidad de personal con la que cuenta y el escaso presupuesto asignado para su operatividad. Dotar de recursos necesarios a las instituciones es una manera de mostrar el compromiso que el Estado tiene para la defensa de los derechos humanos. 1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional, Costa Rica, 2004, p Ibídem, p CAMACHO G. Luis Alfonso, El rezago legislativo, en Quórum Legislativo, revista del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Unión, Núm. 87, octubre-diciembre 2006, pp , Documento en línea disponible en www3.diputados.gob.mx/camara/content/rezago%20legislativo.pdf, consultado en marzo Siendo un tema complejo el estimar y medir la eficacia de la autoridad legislativa se omite de este espacio la discusión sobre el particular. 5 Comunicado de Prensa núm. 41 del INMUJERES, publicado el dia 16 de Julio del 2012 y publicado en el sitio en Internet 6 Se toma como referente el periodo de la más reciente titular del Instituto, julio de 2010 a agosto de 2012.

13 I. Tipificación de la violencia contra las mujeres El Instituto de la Mujer del Municipio de Tijuana (Immujer) es la instancia del gobierno municipal cuya misión central es promover la equidad de género, la institucionalización de la perspectiva de género, hacer valer los derechos humanos de las mujeres y trabajar por erradicar toda forma de violencia sobre ellas. Violencia, de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará,1994), es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2003) define este tipo de violencia como el conjunto de agresiones (psicológicas, físicas, sexuales y económicas) que se ejercen en contra de la mujer básicamente por ser mujer, que ocasionan algún daño en ella, y que tienden a reproducir y mantener la desigualdad de género. Es un tipo de violencia encaminada a perpetuar la subordinación femenina, manteniéndola en una posición jerárquica inferior en el ámbito doméstico y en el orden social. A nivel local, la Ley de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aprobada durante 2008, establece las bases para regular y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y crea los mecanismos de coordinación entre los municipios y el gobierno estatal. Esta ley crea el sistema estatal con participación de los municipios -a través de su respectiva instancia de la mujer-, el cual deberá avocarse al cumplimiento de los objetivos de la ley mediante un programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por su parte, el Municipio de Tijuana hace lo necesario para replicar ese esquema en su ámbito de competencia, cuyos trabajos seguramente concluirán durante el presente año. Siendo el Immujer la instancia de las mujeres del Municipio de Tijuana, le corresponde implementar directamente o en coordinación con otras dependencias las acciones correspondientes. La ley estatal de acceso identifica los siguientes tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, dejando además, una salvedad para cualesquiera otra forma de violencia análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Una idea precisa de estas modalidades de violencia, se observa en la información proporcionada por la Encuesta Nacional sobre

14 la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006): 1. Emocional: el más representativo, por el número de mujeres casadas o unidas que así lo declaran, con 8 millones 504 mil 221 mujeres (84.5%). 2. Física: las mujeres casadas o unidas del país que manifiestan haber sido agredidas físicamente por su pareja a lo largo de su relación son del orden de 4 millones 497 mil 887, es decir, 44.7% de todas las violentadas. 3. Económica: 6.1 millones (60.8%) de las mujeres casadas o unidas reportan haber sufrido violencia económica a lo largo de su relación. 4. Sexual: las mujeres casadas o unidas agredidas sexualmente en México fueron 1 millón 822 mil 270, que representan 18.1% de todas las mujeres maltratadas a lo largo de su relación de pareja. que entre los varones (10.2%), en tanto que los homicidios presentan el caso contrario, una importancia relativa mayor entre los varones (89.8%) que la que se aprecia entre las mujeres (81.4%). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2011b). En ella se captan únicamente delitos del fuero común ocurridos durante 2010 a hogares y a personas de 18 años y más integrantes de los hogares. De acuerdo con esa fuente, las víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en el año, fueron durante 2010, 23 mil 956 en el país y en Baja California, 30 mil 753. Desde luego, en ninguna de las modalidades se descarta la presencia simultánea de otros tipos de violencia. II. Otras expresiones de la violencia. Durante 2008 en Baja California, las muertes intencionales o por violencia representaron 8.1% de las defunciones totales y 49% de las muertes por lesiones, las cuales comprenden a los decesos por accidentes, homicidios y suicidios. Del total de muertes por violencia registradas en el estado en ese año, 97 eran de mujeres y 1 mil 60 hombres, lo que arroja una tasa de 6.6 y 66.1 decesos intencionales por cada 100 mil mujeres y varones, respectivamente (PMD, 2011). Entre 1990 y 2008 la tasa de homicidios de mujeres ascendió de 3.8 a 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres; mientras que la de suicidios aumentó de 0.2 a 1.5 muertes por cada 100 mil mujeres de 10 años y más, registrando su más alto nivel en el grupo de mujeres de 20 a 24 años de edad: 4.4 suicidios por cada 100 mil mujeres de ese rango de edad. En las muertes por violencia, el homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte y en segundo lugar se encuentra el suicidio. Los suicidios tienen un peso porcentual mayor entre las muertes por violencia de mujeres (18.6%)

15 De acuerdo con datos dados a conocer por un informe reciente de la ONU (2011), en México han ocurrido 34 mil 176 feminicidios entre 1985 y 2009, siendo el primer estudio en su tipo realizado en coordinación con INMUJERES y la Cámara de Diputados. En 2008, doce entidades federativas registraron una tasa de homicidios de mujeres por encima de la nacional (3 homicidios por cada 100 mil mujeres), entre ellas sobresale con la tasa más alta el estado de Chihuahua (11 por cada 100 mil mujeres), Baja California ocupó entonces el segundo lugar en la tasa de homicidios de mujeres con 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres. (INEGI, 2010b). La gráfica 1 muestra la evolución de las tasas de homicidios de mujeres por violencia (incluidos homicidios y suicidios) durante 1990 a El cuadro 3 muestra datos desagregados por municipio, que permiten apreciar un comportamiento sobresaliente en las tasas de homicidios de Tecate y Tijuana durante 2009 con 16.5 y 14.5, respectivamente. Otra cara de la violencia social se manifiesta en las adicciones, que lacera cada vez más a las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Adicciones 1998, el consumo de drogas en Tijuana superaba considerablemente tanto al promedio nacional como el estatal. La ciudad de Tijuana presentó entonces un nivel de consumo 2.8 veces mayor al promedio nacional y casi 2 y media veces superior al de la entidad. Datos nacionales de la Encuesta Nacional sobre Adicciones 2008 mostraron marcadas diferencias por género: mientras el 11.09% de los hombres consumió alguna vez, sólo lo habían hecho el 0.87% de las mujeres, lo que significó que por cada 13 hombres había aproximadamente una mujer que usó drogas. Por grupos de población, se observa que, si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres (en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en las mujeres entre las cuales el consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1% en 2002 a 1.9% en 2008, mientras que el consumo en hombres solamente se incrementó de 8% a 8.8%. Esta situación ha tendido a agravarse. Conforme con datos difundidos por la titular de la Dirección Municipal Contra las Adicciones (DYMCA) del XIX Ayuntamiento de Tijuana, en 2004 había 4 mujeres por cada 10 hombres adictos, para 2011 ya había 8 mujeres por cada 10 hombres. Ha disminuido la edad de consumo, ha aumentado la cantidad de mujeres involucradas. De acuerdo a la misma encuesta de adicciones (2008), solamente en 11 estados se encontraron niveles

16 de consumo de cualquier droga por encima de la media nacional en el caso de mujeres: Guanajuato (5.2%), Baja California (5.1%), Distrito Federal (4.9%), Baja California Sur (4.1%), Sinaloa (4.1%), Quintana Roo (4.0%), Hidalgo (3.8%), Nayarit (3.4%), Durango (3.3%), Jalisco (3.2%) y Chihuahua (3.0%). III. Violencia familiar Tijuana está considerada en primer lugar en el estado en materia de violencia familiar. Desde hace tiempo, los llamados de auxilio a través del teléfono 066 llegaron a ser el principal motivo de solicitud de intervención a la policía municipal. Las cosas no han cambiado para bien. Desde la Unidad Operativa Contra Violencia Doméstica de la corporación policial se reconoce que la violencia doméstica se ha incrementado, cada vez se ven casos de mayor crueldad, generando un círculo perverso. La mujer es la principal víctima, pero también los hijos. El hombre busca demostrar su poder en el hogar conforme a criterios propios del machismo. En no pocas ocasiones, la madre desquita su coraje en los hijos. Las mujeres también ejercen el poder; a veces desde lugares poco visibilizados (como el sabotaje) y poco valorados (como la pasividad). La violencia materna es tanto una forma de control como de resistencia al poder del otro y de los otros. Es una forma de hacerse del poder que simbólicamente ha sido negado por pertenencia a un género: la violencia es un instrumento del poder y se le utiliza cuando el lugar de éste se encuentra amenazado o cuando lo que se detenta es un poder débil (Rodríguez, 2007:19). Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2003, señala que la violencia de las mujeres hacia los niños ha crecido en 33.7%, siendo todavía mucho mayor la violencia que la pareja ejerce hacia los hijos. Esta encuesta, mostró que en 47.3% de los hogares bajacalifornianos se ha presentado por lo menos un episodio de violencia física. Los malos tratos o el abandono infantil, la contemplación de la violencia durante la infancia, los malos tratos físicos o el abuso sexual durante la adolescencia y la exposición a la violencia durante la adolescencia, así como las agresiones violentas, predisponen a la aparición de comportamientos y crímenes violentos, delincuencia, agresiones, suicidios o muertes prematuras (Mejía, 2009:220). La ENDIREH 2006 en Baja California, muestra los resultados de las entrevistas a 594 mil 734 mujeres de 15 y más años casadas o unidas. De ellas, 205 mil 845 (el 34%) han sufrido incidentes de violencia a lo largo de la relación con su última pareja. Por su parte, 65.4% de las casadas o unidas declararon no ser víctimas de la violencia de pareja. En el ámbito nacional, el porcentaje de mujeres violentadas asciende a 46.7%. Solamente la policía municipal de Tijuana, a través de su Unidad de Violencia Doméstica, durante 2010, recibió en promedio 20 llamadas por día, canalizó a 690 menores al DIF Estatal por diversos delitos y al DIF Municipal ingresaron 46 jóvenes; 502 menores fueron recuperados. Ese mismo año hubo un total de 256 turnaciones al Ministerio Público. Durante 2011, la Unidad de Violencia Doméstica de la corporación municipal ha atendido 2 mil 623 casos de violencia doméstica; 925 mujeres y niños han

17 sido llevados a albergues; 407 agresores han sido detenidos y 186 agresores fueron sancionados administrativamente (multas). Por su parte, el DIF Municipal recibe alrededor de 125 llamadas diarias por parte de víctimas de violencia doméstica mediante la línea 075 de atención en crisis. Conforme a datos de la Unidad Operativa contra la Violencia Doméstica de la SSPM, durante el presente año, en Tijuana han aumentado las agresiones contra mujeres hasta un 163% (Frontera, 2012). Como refiere Favela et al. (2004:239) la violencia familiar lejos de ser un problema que atañe al ámbito privado, es un grave problema social que repercute en la mujer, sus hijos e incluso en el hombre generador de violencia Los niños criados en hogares violentos suelen ser tímidos y retraídos, tienen una autoestima baja, presentan trastornos de conducta en el ámbito familiar y escolar así como problemas en el aprendizaje. Algunos más se fugan de casa, empiezan a delinquir de manera temprana o se vuelven niños de la calle. IV. Programas y acciones y coordinación intramunicipal La problemática descrita rebasa las posibilidades de servicios del Immujer y de cualquier otra dependencia municipal en lo particular; reclama una atención intergubernamental coordinada y la apertura de mayores espacios para la participación de la sociedad, donde las instituciones de investigación científica y de educación superior, el sistema educativo de educación básica, los OSC, las iglesias y organismos empresariales hagan converger sus contribuciones para erradicar esta violencia de género. No dudamos que una vez aprobado el reglamento para erradicar toda forma de violencia sobre la mujer del Municipio de Tijuana, que contempla la creación del sistema municipal correspondiente y la gestión de programas transversales, habrá de mejorarse la coordinación intramunicipal y con otras instancias para una mejor atención de esta lacerante realidad en que viven cotidianamente muchas mujeres de nuestra ciudad. Es de destacarse que el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana que aprobó el cabildo para el trienio , ofrece una serie de líneas de trabajo orientadas a promover y defender los derechos humanos de las mujeres e institucionalizar la perspectiva de género (ver recuadro). Se trata de un giro importante de este gobierno orientado a atender las demandas de las mujeres en pos de erradicar todo tipo de discriminación y violencia en su contra. Como parte de ello, desde el inicio de la gestión del XX Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto de la Mujer fue dotado de instalaciones amplias y dignas, su presupuesto fue generosamente aumentado por el cuerpo edil; se contrató personal con perfiles más adecuados a su misión

18 y se ha incrementado de manera notable la captación de recursos de fondos federales. Se ha fortalecido la Unidad Operativa Contra Violencia Doméstica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se han mejorado y ampliado los programas de atención a las mujeres de Tijuana; se han intensificados trabajos pluralistas (con importante participación de la sociedad civil) para la mejora del marco regulatorio municipal, como la creación de un Bando de Policía y Gobierno con Perspectiva de Género y la creación del Reglamento Municipal para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Todos los temas de la agenda sobre los derechos humanos de las mujeres son importantes, pero especialmente los relativos a los orientados a erradicar toda forma de violencia sobre ellas. Immujer Tijuana presta servicios a las mujeres de Tijuana a través de los programas como Vivienda digna, Apoyo en asesorías jurídicas, Asesorías psicologías, Atención inmediata a través de la línea , Unidad de género con grupos de apoyo, Canalización para apoyos municipales. De manera complementaria, a través del DIF Tijuana se da servicio a las mujeres con programas como; Línea de Atención en Crisis, Escuela de Valores, Centros de Desarrollo Comunitario, Unidad Integral de Protección Familiar, Asesorías jurídicas, Atención psicológica, Asistencia médica, y Resguardo en el Refugio ante Situaciones de Violencia Familiar. Por su parte, DYMCA ofrece Comunidad Terapéutica para la Rehabilitación y Reinserción Social de Adictos (programa integral que trabaja con las personas en rehabilitación para reinserción y readaptación social), Policlínica en adicciones y asistencia profesional (dirigido a detección y tratamiento a individuos y familias vulnerables que necesitan ayuda en materia de salud mental) y Tratamiento y canalización. El problema es de gran dimensión y complejidad; con fuertes raíces históricas, culturales, religiosas y económicas: queda tanto por hacer! Referencias: Favela, Inés, Verónica González y Antonio Villagómez (2004), Centros de atención a mujeres víctimas de violencia en Baja California en Teresa Fernández, Violencia contra la mujer en México, CNDH, México, pp INEGI (2004) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003, México. Editado por INEGI. INEGI (2008) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006, México. Editado por INEGI. INEGI (2008b) Panorama de la violencia contra las mujeres en Baja California. ENDIREH 2006, Baja California. INEGI (2010). Mujeres y hombres en México, Disponible en Internet: INEGI (2010b). Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer datos de Baja California. Disponible en Internet: INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer datos nacionales, 7 de marzo. Disponible en: INEGI (2011b) Resultados de la ENVIPE. Comunicación social, boletín de prensa núm. 373/11 20 de septiembre de 2011 Aguascalientes, Ags. Inmujeres (2009). Desarrollo Local con Igualdad de Género. Volumen 1. Instituto Nacional de las Mujeres, México. López, Silvia (2009). Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Tijuana, Baja California Norte. Disponible en Internet: Mejía, Silvia (2009). Bienestar social y salud en la zona metropolitana de Tijuana en Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Tijuana, Baja California Norte, pp ). Disponible en Internet: ONU Mujeres ( 2011). Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, ONU, Colegio de México, INMujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México. PMD (2011). Plan Municipal de Desarrollo, XX Ayuntamiento de Tijuana. Periódico Frontera, Aumentan las agresiones contra mujeres en un 163%. Edición del 12 de agosto de Rodríguez, Georgina (2007). La cara sutil de las violencias Cotidianas: la madre como generadora del maltrato, en CIJ Informa, año 12, núm. 39, eneromarzo, pp , CIJ.

19 Cuando se habla de violencia familiar, para la mayoría de las personas implicaría la violencia ejercida por la pareja masculina, o en su defecto, la ejercida por los padres en contra de sus hijos o hijas dentro de su entorno familiar, y es una visión que las leyes especializadas aprobadas por los legisladores afirma. Por ello, abordaré un tipo de violencia que vive y enfrenta la mujer en sus hogares, que poco se analiza pero que se está convirtiendo en la más cruel, silenciosa y difícil de enfrentar por la mujer, y es la violencia que vive en manos de sus propios hijos e hijas. Es un hecho comprobado que esta violencia al no inhibirla a tiempo, se agravará, al grado de poner en riesgo la vida de la mujer, cuando el agresor se convierta en adolescente o adulto. Lo anterior, queda de manifiesto al hacer una revisión a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que regula los principios y modalidades que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, ordenamiento que es de observancia general en la República Mexicana, que ha servido de guía para la mayoría de las leyes locales recién aprobadas. Al analizar el artículo 5 que establece a quien se le considerará agresor en su fracción VII estableciendo que: agresor, es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres; en este contexto, si un hijo independientemente si es adolescente o adulto, La violencia verbal de hijos, es el inicio de la violencia psicológica y física que la mujer como madre soportara sin denunciarlo. amenaza, insulta, denigra, roba o golpea a su madre, se convierte en generador de violencia familiar dentro de su hogar. Lo anterior, debido a que el artículo 6 de la ley en comento establece que los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima.

20 Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Del artículo anterior, se desprende con claridad que muchos de los adolescentes que han enfrentado procesos de abandono del padre o en su defecto viven o vivieron un proceso de violencia en contra de su madre o hermanas, se convierten en replicadores de la violencia, mediante un proceso sistémico aprendido. En la mayoría de los casos registrados de violencia ejercida por descendientes, el sentimiento de culpa o de enojo se confronta con el deber de la mujer en su calidad de madre, generando inestabilidad emocional y de autoestima, llevando a la mujer a enfrentar y soportar de su hijo maltratador denigración a su autoridad o persona, afectación patrimonial y en muchos de los casos violencia física, cuando se trata de adolescentes rebeldes o con problemas de adicción. La violencia ejercida por los hijos, se da sin distinción de sexo, en donde la mujer vive la violencia más cruel y frustrante, toda vez que ella es tutora y responsable de su propio verdugo al cual no puede simplemente abandonar o huir de él, convirtiendo a este tipo de violencia en la más dolorosa y complicada de superar por la mujer. NUEVOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Esta nueva vertiente de violencia debe analizarse de manera más amplia, en virtud de que esta nueva generación las mujeres está enfrentando una variable que no había sido contemplada por el legislador cuyo modelo solo atendía a la figura del hombre adulto. Sin duda, el modelo tradicional de víctimas de violencia en donde las actoras pasivas eran, la mujer como esposa o concubina, o la mujer como hija, ha quedado rebasado hoy nos enfrentamos a una evolución de la violencia familiar en donde las actoras pasivas han sido alcanzadas en otras facetas de su persona por el actor activo (violentador), y ahora son y pueden ser víctimas de violencia, en su calidad de: trabajadoras y alumnas (violencia laboral y docente), como parte de una comunidad (violencia comunitaria), y como usuaria de un servicio (violencia institucional). Adicional a estos nuevos tipos de violencia ya reconocidos, habrá que incorporar a las mujeres que son víctimas de violencia, como madres y abuelas, o personas de la tercera edad. En donde las primeras, enfrentan un conflicto moral y social que se ve difícil afrontar por la falta de integralidad de las opciones jurídicas, legales y asistenciales con las que cuenta el Estado para asegurarles su protección, ya que las nuevas tendencias del comportamiento social y violento de la juventud deja a la madre joven y a las madres de la tercera edad a la merced y voluntad de sus hijos o hijas maltratadores o violentos, en donde lamentablemente algunas mujeres han perdido su estabilidad emocional, su patrimonio y en el peor de los casos la vida en manos de sus propios hijos. VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER DE LA TERCERA EDAD Síndrome de la abuela esclava En el caso de la violencia que enfrentan las mujeres de la tercera edad, es otro tipo de violencia ejercida también por los hijos o hijas maltratadores, que va más encaminado a la

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