Informe de Seguimiento a las 100 Reglas de Brasilia

Transcripción

1 I. NOMBRAMIENTO DE ENLACE CON LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO En el Organismo Judicial de Guatemala, la política de acceso a la justicia de los grupos en condición de vulnerabilidad es un eje transversal, en ese orden de ideas, son varias las dependencias o unidades competentes para darle cumplimiento a las Reglas de Brasilia. En ese orden de ideas, y con la finalidad de centralizar la información recibida por la Comisión de Seguimiento, se designa como enlace del Organismo Judicial de Guatemala a la Señora Magistrada Vocal IX de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Verónica García Molina, con quien pueden ponerse en contacto al correo electrónico: Silvia.Garcia@oj.gob.gt y al número telefónico extensión: Asimismo, la persona designada como apoyo técnico es la Licenciada Dora Amalia Taracena San Juan, Coordinadora de la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados, con quien se pueden poner en contacto al correo electrónico: dataracena@oj.gob.gt y al número telefónico extensión: También, se solicita que la información que traslade la Comisión de Seguimiento a los enlaces designados, sea enviada con copia a la Licenciada María José Muralles, al correo electrónico: mmuralles@oj.gob.gt quien ha sido designada ante la Secretaría Permanente y Pro-tempore, como enlace técnico del Coordinador Nacional de Guatemala. II. RATIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE BRASILIA EN EL ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA Guatemala representada a través del poder judicial (Corte Suprema de Justicia) formó parte de la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 4,5 y 6 de marzo de 2008, en donde se aprobaron las cien reglas mínimas para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, quedando obligada al respeto e implementación de las mismas por su adopción a través del documento suscrito. Lo primordial de estas reglas radica en el compromiso de establecer dentro de la justicia de cada país parte un modelo integrador, favoreciendo a todos los sectores de la sociedad. Al momento de ser aprobadas dentro de la XIV edición de la cumbre judicial iberoamericana se inicia el compromiso de impulsar los mecanismos y acciones 1

2 necesarias para dar cumplimiento a un acceso real y efectivo de las personas en condiciones de vulnerabilidad de los países integrantes dentro de esta cumbre. Asimismo en el noveno encuentro de magistrados de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica realizado en el mes de noviembre de 2008 en la ciudad de Antigua Guatemala se realiza una de las declaraciones internacionales más importantes sobre las Reglas al establecer: Declaramos que es de alta prioridad ejecutar las siguientes acciones 15. Los poderes judiciales de la región a implementar la Cien Reglas de Brasilia y la Declaración de Cancún Los compromisos adquiridos por el Organismo Judicial en estos cónclaves internacionales, se han llevado a la práctica con acciones y logros concretos. Aunado a lo anterior, actualmente el Poder Judicial de Guatemala se encuentra trabajando en la Declaración Oficial a que hace alusión el Plan Marco de actividades para la implementación y efectividad de las 100 Reglas de Brasilia, en este sentido, se les comunicará los avances en el seguimiento a este tema. De lo anterior, se puede establecer que se han realizado acciones afirmativas tendientes al cumplimiento de estas reglas dentro del sistema de justicia guatemalteco, especialmente en lo referente a acceso a la justicia y reconocimiento y protección a género, niñez y adolescencia, pueblos indígenas. Las acciones mencionadas anteriormente se sistematizan a continuación: 1. Género La aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer en el año 2008, significó un gran paso para enfrentar el fenómeno. Dado que el proceso de implementación de las Ley implica desarrollar acciones institucionales destinadas a su efectiva vigencia, la Corte Suprema de Justicia cumplió con el mandato legislativo de crear los órganos especializados dentro de la judicatura para abordar el fenómeno. A partir de octubre del 2010, se han creado órganos especializados en el control jurisdiccional de la investigación y el juzgamiento de los hechos comprendidos en la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, lo cual involucró un esfuerzo enorme en cuanto a la definición de las competencias en relación a los juzgados y tribunales penales, la ruta procesal de la denuncia y otros aspectos, como el tratamiento de las medidas de seguridad para las víctimas. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia puso en marcha todo un sistema de atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia. 2

3 En cumplimiento a lo establecido en las reglas 17 a la 21 y específicamente la regla 20 que establece Se impulsarán las medidas necesarias la eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismo eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna. (el resaltado es propio). La Corte Suprema de Justicia creó los Juzgados de Primera Instancia Penal y los Tribunales de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, a través del Acuerdo , del mes de febrero de 2010, y reguló su funcionamiento mediante el Acuerdo , Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, los cuales el 15 de octubre de 2010, inician su funcionamiento en tres departamentos del país: Quetzaltenango, Chiquimula y Guatemala. En el mes de agosto del 2012 se inauguraron en Alta Verapaz y Huehuetenango. Mediante Acuerdo se crea la Sala de Corte de Apelaciones con competencia en delitos de Femicidio y Otras formas de violencia contra la mujer, única en segunda instancia a nivel latinoamericano. Asimismo ante la problemática de violencia sexual, explotación y trata de personas, la Corte Suprema de Justicia, decidió ampliar la competencia a los delitos contemplados en la Ley mediante acuerdo Asimismo, se impulsó el primer juzgado de turno mediante acuerdo , permitiendo a las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia tener acceso a la justicia 24 horas al día. A partir de estas acciones es evidente que la justicia especializada se convirtió en un eje prioritario para la gestión de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, en noviembre del 2013 mediante acuerdo se crearon dichos órganos especializados en Escuintla e Izabal. Mediante los Acuerdos , , y en el mes de agosto y septiembre del año 2014 la Corte Suprema de Justicia antes de finalizar su período, implementaron juzgados y tribunales en delitos de Femicidio y violencia contra la mujer con competencia ampliada en delitos de violencia sexual, 3

4 explotación y trata de personas en los departamentos de Sololá, San Marcos, Quiché y Petén. En atención a la regla 30 que resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnica-jurídica de calidad y especializada y la regla 41 que establece Actuación interdisciplinaria: Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad y con el fin de fortalecer e impulsar el acceso de las mujeres a la justicia, los tribunales y juzgados especializados en delitos de femicidio y violencia contra la mujer, actualmente cuentan con un sistema de Atención Integral -SAI- para víctimas de violencia, en especial a mujeres, niñez y adolescencia, creado por el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, el cual tienen como función brindar atención personalizada a las víctimas dependiendo de las circunstancias particulares de edad, sexo, género, cultura, pertinencia étnica, origen, condición económica y cualquier otra.de igual manera informan a las víctimas sobre el proceso penal que se está realizando y se brinda un acompañamiento directo en concordancia con la regla 56 se promoverá que las víctimas reciban información. Lo anterior con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para que las agraviadas a través de capacitaciones, sana convivencia e historias compartidas puedan empoderarse, visualicen su situación brindándoles además soluciones que permitan nuevos proyectos de vida, encaminadas a vivir sin violencia. Además, brindar como juzgados especializados una atención integral, a las víctimas que están dentro del proceso, aquellas que ya lo han terminado e incluso a las personas que buscan simplemente una asesoría. Dentro de los mecanismos utilizados en la justicia especializada para la protección a la víctima, así como para lograr la participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales; de conformidad con sus condiciones se realizan las declaraciones a través de la utilización de biombos para no permitir el contacto visual con el agresor o en su caso a través de cámara Gesell; permitiendo de esta manera el cumplimiento a la regla 78 que indica se deberá celebrar la declaración en una sala adecuada. Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo El artículo 16 del acuerdo que contiene el Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, establece que el Sistema Integral de Atención a Víctimas de Violencia, se integra por personas especialistas en psicología y 4

5 trabajo social según las necesidades del servicio y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, cabe destacar que por medio del Acuerdo se creó la Unidad de Seguimiento, Control y Evaluación de la Justicia Especializada, con el objetivo de fortalecer la acción de los órganos especializados y la atención de calidad a las víctimas de violencia. Dentro de ese marco, se busca fortalecer el trabajo que el Sistema de Atención Integral a la víctima realiza. b. Niñez y Adolescencia Desde el año 2001 la Corte Suprema de Justicia contó con un programa apoyado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el cual tenía como principal objetivo el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y la promoción de una ley específica; para el año 2003 el Congreso de la Republica aprueba la ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que define los principios, las instituciones y los procedimientos en la aplicación de los derechos del niño, teniendo un rol trascendental el Organismo Judicial a través de judicaturas especializadas que promovieran tanto la restitución de derechos a los niños y adolescentes vulnerados en sus derechos humanos, como las medidas socializadoras a los adolescentes transgresores de la ley; en este contexto éste proyecto jugó un rol importante en la difusión y capacitación de la ley, principalmente a los Jueces y operadores de justicia. Aunado a lo anterior, en el 2012 se crea en el 2012 la Unidad de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, con la finalidad, de contar con un ente especializado en materia de Niñez y Adolescencia dentro del Organismo Judicial. La Unidad se encarga de la implementación de la política judicial en materia de niñez y adolescencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual comprende cuatro ejes: Acceso a la Justica, Especialización, Transparencia y Coordinación Intra e Interinstitucional. La política está orientada a mejorar las capacidades y servicios del Organismo Judicial en materia de niñez víctima y adolescentes en conflicto con la Ley Penal, ésta es evaluada anualmente y autorizada por la comisión de la niñez y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial. 5

6 c. Pueblos Indígenas Para la Corte Suprema de Justicia ha sido muy importante la atención hacia los pueblos indígenas, para la adecuada impartición de justicia, tomando en cuenta el derecho consuetudinario y así proponer las soluciones ante la problemática jurídica; por lo que se consideró propicio fortalecer el área. Como un bastión fundamental para este propósito se implementó la Unidad de Asuntos Indígenas, por medio de la cual se pretende desarrollar mecanismos de coordinación que permitan la implementación de la pertinencia cultural dentro del marco del acceso a la justicia, y pluralismo jurídico, dando paso al cumplimiento de la legislación en esta materia y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en busca del fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia participativa. Actualmente se trabaja en la traducción del Convenio 169 a catorce idiomas mayas, lo que permitirá fomentar el conocimiento del mismo en todo el territorio nacional. Las áreas de trabajo en materia de pueblos indígenas son: Fortalecimiento del sistema de justicia oficial; fortalecimiento del Derecho Indígena, y; coordinación entre sistemas de justicia para responder a la demanda social de justicia. III. ACCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y ORGANISMO JUDICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 100 REGLAS DE BRASILIA 1. Implementación de los órganos especializados De conformidad con la regla 42 Proximidad se promoverán la adopción de medidas de acercamientos de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. En cumplimiento a esta regla, puede señalarse que el Organismo Judicial de Guatemala ha implementado órganos especializados como los siguientes: Los juzgados de primera instancia penal y tribunales de sentencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (en adelante órganos especializados). Se crearon en los departamentos con los más altos índices de violencia contra la mujer, de los 22 departamentos que conforman el país, la justicia especializada se implementó en 11 6

7 departamentos: Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango, Escuintla, Izabal, Quiché, Sololá, San Marcos y Petén. Se cuenta con 3 magistrados de Sala, 65 jueces y juezas especializados, más de 400 auxiliares judiciales, entre ellos 76 psicólogas, trabajadoras sociales y niñeras en todo el país. Algunos órganos especializados tienen competencia en delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas adicional a su especialidad. Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Actualmente la Corte Suprema de Justicia, es consciente que más del cincuenta por ciento de la población no cuenta con la mayoría de edad, y que la niñez y adolescencia es uno de los sectores más vulnerable en lo que respecta a la amenaza y/o violación de sus derechos, por lo que en los últimos dos años gestionó la creación de 10 juzgados de la Niñez y Adolescencia, haciendo un total de 24 Juzgados especializados en materia de niñez y adolescencia con cobertura a nivel nacional. 2. Transversalización de género a nivel institucional En concordancia con la Regla 40 Se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial. A partir del año 2010 la Corte Suprema de Justicia autorizó a la Escuela de Estudio Judiciales capacitar en el tema de género a todo el personal jurisdiccional de la institución, por lo que se realizó un proceso de formación en materia de género y análisis del marco normativo nacional e internacional sobre violencia contra la mujer a todos los jueces y juezas de paz y primera instancia penal del organismo judicial, así como a secretarias y secretarios de los despachos judiciales de todo el país. Se han formado aproximadamente 3500 personas y cada año se lanza convocatoria para nuevos ingresos. 3. Formación inicial y continua especializada en materia de género El personal judicial que conforman los órganos especializados (jueces, juezas, secretarios, secretarias, personal auxiliar, profesionales de la psicología trabajo social) por medio de la Escuela de Estudios Judiciales fue formado en un proceso de 5 semanas de capacitación, sensibilización y análisis sobre la problemática de violencia contra la mujer, previo a llegar a su judicatura, cumpliendo con los más 7

8 altos estándares de calidad. El proceso fue certificado por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. En total se formaron más de 500 personas a lo largo de los 4 años de implementación de los órganos especializados. Aunado a lo anterior, es un eje transversal de la formación judicial, la justicia especializada. 4. Formación inicial y continua especializada en materia de Niñez y Adolescencia La política de la Corte Suprema de Justicia establece el eje de Especialización, motivo por el cual se capacita constantemente a los Jueces y equipo multidisciplinario de los Juzgados de niñez y adolescencia en temas que abarcan: principios procesales, legislación aplicable, doctrina y en el uso y funcionamiento de herramientas tecnológicas como lo son la Cámara Gesell, Circuito Cerrado y otras herramientas para recibir las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas y/o testigos. Dicha formación tiene como principio rector el interés superior del niño. 5. Formación inicial y continua en materia de Pueblos Indígenas Con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de los intérpretes y funcionarios del Organismo Judicial en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, se han realizado jornadas de capacitación, entre ellas se mencionan las siguientes: a) El diplomado "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia sin Discriminación": la capacitación fue dirigida a los integrantes de la Red Nacional de Intérpretes de la Región Occidente busca facilitar a los intérpretes una base teórica y práctica acerca de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, racismo y discriminación racial para contribuir al acceso a la justicia con pertinencia cultural y lingüística. b) Taller: Interacción del Organismo Judicial y el Derecho Indígena en la Resolución de Conflictos; c) Curso de Especialización de Intérpretes. En dicha actividad, los participantes obtuvieron el diploma que los certifica como Oficiales Intérpretes. De igual forma, se contempla dentro de la Red Curricular de los Programas de Formación Inicial tanto para Jueces de Primera Instancia como Jueces de Paz el curso de Pluralismo Jurídico, que tiene como finalidad sensibilizar respecto a la importancia de la contextualización cultural de su función, mediante el análisis de los conocimientos del Derecho Consuetudinario Indígena, de la diversidad cultural de Guatemala y la congruencia de la función del juez con los Acuerdos de Paz y el Convenio 169, que contribuyen a la ampliación y fortalecimiento del proceso democrático del país. Durante el curso, se aborda la temática relacionada con la 8

9 diversidad de culturas que conviven en el territorio guatemalteco y el hecho de que estas culturas deben establecer y mantener relaciones dinámicas de intercambio y cooperación solidaria para el desarrollo sostenible y la existencia del pluralismo jurídico. 6. Intérpretes En relación a los intérpretes se toma en cuenta que la población guatemalteca en su estructura está conformada por la población indígena que para su comunicación utiliza 22 Idiomas Mayas, el Organismo Judicial ha adoptado medidas encaminadas a fortalecer el Centro de Interpretación Indígena CITINcuya función es facilitar el acceso a la justicia en el propio idioma a través de la proporción de intérpretes y traductores judiciales. En los Juzgados especializados de Femicidio en 6 departamentos se cuenta con un oficial intérprete. 7. Facilitadores Judiciales El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales se implementa en Guatemala con el fin de servir de enlace entre la ciudadanía y el Organismo Judicial, con la finalidad de garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia, promoviendo una cultura de paz y fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alterna de conflictos entre la población. El facilitador es una persona designada por su comunidad, que voluntariamente ha ofrecido sus servicios para ser enlace entre la población y el Juzgado de Paz de su municipio, con el objeto de garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia, promover una cultura de paz y fortalecer los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, sirviendo como un amigable componedor, como vía para mantener la convivencia pacífica entre los miembros de su comunidad. El facilitador colaborará con los miembros de su comunidad, orientándolos en cómo acceder a las instituciones del sector justicia e impulsará la cultura cívica y los principios de la resolución pacífica de los conflictos. Su función será ejercida exclusivamente a solicitud del Juez de Paz o de las partes interesadas, la cual desarrollará en su domicilio o en cualquier espacio de su barrio, aldea o comunidad. 9

10 8. Realización de instrumentos de actuación judicial con enfoque de género y victimológico En función de institucionalizar los procesos, se ha realizado una serie de instrumentos que dotan al personal con información importante para brindar un servicio con calidad y calidez. A continuación se enlistas los documentos realizados: 1. Estudios de análisis de sentencias emitidas en los delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer. 2. Informes anuales sobre avances, desafíos y resultados de los órganos especializados en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Violencia sexual, explotación y trata de personas a través de la Unidad de Justicia especializada. 3. Programa formativo Transversalización de género y análisis normativo en materia de violencia contra la mujer en el Organismo Judicial de Guatemala. 4. Modulo sobre violencia sexual, explotación y trata de personas 5. Manual Lineamientos para el autocuidado, cuidado en equipo y atención en crisis 6. Protocolo de atención judicial para casos de violencia de género contra mujeres. 7. Reglamento de gestión para los juzgados y tribunales con competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 9. Creación de instancias Secretaría de la mujer y análisis de género. La cual tiene a su cargo definir e implementar la política institucional de equidad de género y promoción de los derechos de las mujeres del Organismo Judicial, así como el monitoreo de su cumplimiento. Acuerdo Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los órganos especializado. El objetivo principal de la Unidad es monitorear y dar seguimiento a los Juzgados y Tribunales en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, para fortalecer su acción y brindar una atención de calidad a las víctimas de violencia contra la mujer. Acuerdo

11 Unidad de Asuntos Indígenas La Unidad de Asuntos Indígenas fue creada mediante el Acuerdo 112/009 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Sus objetivos son: buscar incorporar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios y empleados de la institución; promover y asesorar en la institucionalización de políticas públicas de los derechos de los pueblos indígenas en los planes y proyectos del Organismo Judicial. Unidad de la Niñez. Creada mediante el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia , tiene por objeto principal velar por la aplicación de las leyes en materia de protección a la niñez y adolescencia, así como la promoción y seguimiento de los Convenios nacionales e internacionales en materia de niñez y adolescencia suscritos por el Organismo Judicial. 10. Difusión de las Cien Reglas de Brasilia Por parte del Organismo Judicial, se han implementado varias acciones encaminadas a la difusión de las Cien Reglas de Brasilia, entre las que se puede mencionar: la página del Organismo Judicial, dedicada a actividades y documentos generados de la Cumbre Judicial Iberoamericana página web de la Escuela de Estudios Judiciales y recientemente, se publicó el texto en la edición No. 4 de la Revista SAPERE AUDE de la Escuela de Estudios Judiciales. La publicación se realizó de forma impresa y electrónica, la cual puede ser descargada desde los sitios web anteriormente indicados; y la versión física fue distribuida entre los distintos órganos jurisdiccionales del país, así como, a las distintas bibliotecas de las Universidades del país. Asimismo, se enviaron extractos de los documentos generados de la Cumbre Judicial dentro del correo interno a todos los empleados del Organismo Judicial, como el que se muestra a continuación: 11

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