Comisión de Seguridad Pública

Transcripción

1 H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. La Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes: A N T E C E D E N T E S I.- Con fecha nueve de enero del año dos mil trece, fue turnada para su estudio y posterior Dictamen a esta Comisión, Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual propone al Poder Ejecutivo Estatal, reforme el Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones y/o permisos para la venta de bebidas alcohólicas en eventos especiales, a fin de establecer y regular como obligación de los comités pro-obras el destinar un porcentaje de los recursos para obra social y que éste sea administrado en coordinación con el DIF de cada municipio. II.- La Iniciativa queda expuesta bajo los siguientes argumentos: Los comités pro-obras, según el Artículo 10 del Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones y/o permisos para la venta de bebidas alcohólicas en eventos especiales, son grupos directivos con representatividad social en una comunidad, que tienen por objeto realizar actividades lícitas para recabar fondos, administrarlos e invertirlos en la ejecución de obras en beneficio colectivo. La principal actividad que realizan los comités pro-obras con el fin de cumplir su objeto, es la venta de cerveza, la cual les permite obtener cantidades significativas para aplicarlo en construcción de obras. Estos comités son regulados por la Dirección de Gobernación, que otorga los permisos correspondientes para su integración, así como para realizar las actividades que les permitan obtener recursos. LMSR/GLN/PAR 1

2 Estos comités, destinan los recursos obtenidos para construir obras que beneficien a la comunidad, sin embargo, se está dejando de lado la cuestión fundamental para estas comunidades: la obra social. Y es que, los municipios donde es necesaria la existencia de los comités pro-obras, son generalmente rurales y de escasos recursos, por lo que la situación social se agrava cuando ocurren emergencias para las cuales no se cuentan recursos con los cuales hacerles frente. Por ello, se considera importante que se incluya un articulado especial dentro del reglamento, que regule el destino de los recursos que obtienen los comités, para que de esta manera se destine un 40% de los recursos recabados para obras sociales, para apoyar a la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad, ya sea con becas académicas, culturales o deportivas, para alumnos que deben realizar sus estudios fuera de sus municipios, material para escuelas, sostenimiento de albergues, despensas, traslado de pacientes y lo demás que sea requerido; así mismo se propone que estos recursos sean administrados conjuntamente por el DIF de cada municipio en coordinación con el comité proobra de la comunidad de que se trate pues al ser un organismo cuyo objeto es la asistencia social, tiene la experiencia necesaria para aplicar los criterios que permitan saber quién necesita dichos recursos, pero siempre con consenso del comité, esto, con el propósito de que los recursos no sean administrados por un solo ente, y así evitar influencias o favoritismos que pueden darse, sobre todo hablando de comunidades pequeñas El Artículo 23 del ya mencionado reglamento habla del destino de las utilidades que los comités pro-obra obtienen para la realización del objeto autorizado, el cual se refiere a la obra que se construirá, y así mismo se habla de gasto corriente y acciones menores, también dispone de una tabla, en la que ya se especifica el Rango de Utilidad, y el porcentaje a destinar para obra por una parte, y para gasto corriente y otras acciones por otra. Lo que se pide al ejecutivo es que los comités estén obligados a destinar parte de sus recursos a obra social, y para ello se requiere una reforma que adicione diversos artículos, para que de esta manera quede comprendido dentro de este ordenamiento esta importante necesidad que la población de estos Municipios tienen. LMSR/GLN/PAR 2

3 Los Municipios que actualmente cuentan con comités pro-obra son: Aldama, Bocoyna, Buenaventura, Coronado, Cuauhtémoc, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Madera, Maguarichi, Meoqui, Moris, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, Temósachi, Urique. Como se puede observar, la mayor parte de estos municipios son rurales y de escasos recursos, por lo que se ven en la necesidad de crear uno o varios comités pro-obras para satisfacer algunas necesidades de infraestructura que tenga la localidad donde se encuentra el comité, lo que nos hace reflexionar en que no se debe dejar de lado el aspecto social de las comunidades, pues si bien es cierto, la infraestructura es una inversión que permanece en el tiempo, la obra social que puede llegar a realizarse si se destinan los recursos para ello, podría hacer una diferencia en la vida de las personas de la comunidad ya que en el momento en que tengan alguna emergencia, podrán hacerle frente gracias a los comités proobra. Esta figura es necesaria y positiva para la vida de las localidades en las que las actividades productivas son escasas, por lo tanto es necesario fortalecerlos para así obtener un mayor provecho para estas comunidades. Para este objeto, se propone al Ejecutivo un articulado especial, con esto, no se pretende dictarle al Ejecutivo Estatal la manera de hacer las cosas, sino simplemente sugerir y por supuesto, esto queda enteramente a su consideración Primeramente se propone modificar el artículo 23 con el propósito de establecer como obligatorio el que los comités destinen el 60% de los recursos obtenidos para la obra civil que normalmente se realiza, y que se destine el 40% restante para obra social. En segundo lugar, se propone un artículo 23 bis, en el cual se estipularía el manejo de los recursos obtenidos en lo que respecta a la obra social, puesto que es importante que estos sean manejados por personas que estén conscientes de las necesidades de sus comunidades, para lo cual se sugiere que sea el DIF del municipio que se trate, de esta manera existiría la seguridad de una aplicación correcta de recursos. LMSR/GLN/PAR 3

4 De lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al estudio y análisis de la Iniciativa de mérito, tiene a bien formular las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. II.- La presente Iniciativa busca exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a efecto de proponerle que se modifique el Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones y/o permisos para la venta de bebidas alcohólicas en eventos especiales, en donde al estudiar dicho ordenamiento, percibimos que efectivamente, está destinado en parte, a regular la forma de operar de los comités pro-obra que cuentan algunos municipios de nuestra entidad, los cuales entre otras cosas no menos importantes, se dedican a realizar actividades en diversos eventos para obtener utilidades en beneficio de su población, como lo es la venta de cerveza. Tal como el Iniciador lo manifiesta, se coincide en que este reglamento señala una obligación a los comités de destinar un porcentaje de las ganancias, hacia la realización de obras de construcción y otro tanto a los gastos corrientes y otras acciones, sin contemplar la posibilidad de que la utilización de dichos recursos, se traduzca en acciones sociales para el municipio, y no solo en infraestructura como actualmente es llevado a cabo. En ese sentido, consideramos que las obras civiles, es decir, las construcciones realizadas a raíz de las ganancias obtenidas por los comités, son importantes para el desarrollo de la localidad, sin embargo, es indudable la gran trascendencia que de igual forma tienen las obras sociales, como lo son las becas, despensas, LMSR/GLN/PAR 4

5 materiales, apoyos, y demás conexos enfocados a los ámbitos académico, cultural y deportivo, por lo que no debemos dejar de lado la intención del legislador. El estado de vulnerabilidad reside en diversos factores; las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de vida de las personas son solo algunos de ellos. Como es conocido, el número de habitantes en ésta situación, es mayor en las localidades de escasos recursos, y es ahí donde residen dichos comités, y es en donde la imposibilidad de resistencia cuando se presenta alguna amenaza, o bien, su incapacidad para reponerse después de que ha sucedido un desastre, es inminente. Dado lo anterior, consideramos que es a través de la Dirección General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, por medio de la cual se debe plantear la posibilidad de proponer al Titular del Ejecutivo del Estado considere modificar y establecer de alguna manera, la obligación de los comités pro-obras de destinar una parte de sus recursos hacia las labores sociales, que solo traerán consigo consecuencias benéficas para la localidad en que se apliquen, lo anterior sin determinar un porcentaje especifico como lo establece la iniciativa, ya que no es la intención del presente acuerdo, invadir facultades al señalar tan tajantes directrices, por lo que se deja a discreción de dicha autoridad, razonando que cada municipio tendrá requerimientos diferentes. De la misma forma, se propone que el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de cada municipio (D.I.F.) sea quien se encargue en conjunto con los comités, de administrar los ingresos recabados en cada evento, por considerar a esta institución como la más adecuada para realizar dicha función, dada su naturaleza de asistencia social en todo el Estado. LMSR/GLN/PAR 5

6 Por las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52, 59, 99, 102 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de: A C U E R D O PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta a la Dirección General de Normatividad, a fin de que analice la posibilidad de proponer reformas al Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones y/o permisos para la venta de bebidas alcohólicas en eventos especiales, a fin de establecer como obligación de los comités pro-obras el destinar un porcentaje de los recursos obtenidos por las actividades que se realizan, para la obra social. SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo, así como de la Iniciativa que le dio origen, a las autoridades anteriormente mencionadas para los efectos a que haya lugar. ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo en los términos que corresponda. LMSR/GLN/PAR 6

7 D A D O en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece. POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DIP. CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ PRESIDENTE DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO SECRETARIA DIP. HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL VOCAL DIP. ANGEL GABRIEL AU VÁZQUEZ VOCAL DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual proponen que se reforme el Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones y/o permisos para la venta de bebidas alcohólicas en eventos especiales, a fin de establecer y regular como obligación de los comités pro-obras el destinar un porcentaje de los recursos para obra social. LMSR/GLN/PAR 7