JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 18 PALMA DE MALLORCA

Transcripción

1 JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 18 PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00150/2014 SENTENCIA núm. 150/2014 En Palma de Mallorca, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña XXXXXXXXXXXXXX, titular del Juzgado de Primera Instancia número DIECIOCHO de los de esta Ciudad y su partido judicial, los presentes autos de JUICIO VERBAL seguidos con el número de identificación 2064/10 (derivados de un precedente proceso monitorio seguido con el igual número) promovidos por la compañía mercantil de nacionalidad española denominada SERVICIOS FINANCIEROS XXXXXXXXXX., S.A. representada por el Procurador don XXXXXXXXXXX y asistida por el Letrado don XXXXXXXXXX, frente a don XXXXXXXXX, representado por la Procuradora doña XXXXXXXXy defendido por el Letrado don XXXXXXXXX; y ha dictado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la presente resolución con base a los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Que -inicialmente- tuvo entrada en este Juzgado, procedente de la oficina de reparto, una demanda de juicio monitorio contra la reseñada persona física en reclamación de una concreta cantidad de dinero ( euros). Segundo.- Mediante la correspondiente resolución se admitió a trámite la reseñada demanda con el seguimiento del cauce procedimental propio del juicio monitorio que, luego, se transformó en el presente juicio verbal al haberse opuesto la parte demandada. Que citadas las partes procesales para la celebración de la vista, comparecieron ambas partes contendientes a través de su representación procesal y dirección letrada. La parte actora, a través de su dirección letrada, mantuvo su demanda, a la que se opuso la defensa de la persona física interpelada. Abierto el periodo probatorio, se recibió el procedimiento a prueba. Una vez practicados todos los medios de prueba,

2 previamente admitidos (documental e interrogatorio de ambas partes contendientes con la petición, en ambos casos, de la aplicación de los efectos que permite el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se dio por concluido el acto tras la emisión de unas breves conclusiones, tal como se recoge en el soporte de grabación y reproducción audiovisual, conforme disponen los artículos 147 y 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tercero.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Que, como se ha indicado en el primer antecedente fáctico de la presente resolución, la entidad demandante formuló, primeramente, una demanda a tramitar por el cauce del juicio monitorio en reclamación de la suma dineraria de euros. Esta ejercitada acción en reclamación de la concreta cantidad dineraria se basa en la relación contractual mantenida entre las partes. En concreto, por la concertación de una tarjeta de crédito. La demandante, en el proceso monitorio, presentó una certificación emitida de acuerdo con la ficha contable correspondiente al contrato numerado y a nombre del demandado. En el acto de la vista, del juicio verbal, amplió la correspondiente documentación para acreditar la suma exigida. Segundo.- Frente a la reseñada reclamación, la parte interpelada, en el proceso monitorio, sostuvo la prescripción de la acción así como, también, negó que se hubiera dejado de abonar cantidad alguna relativa a la citada cuenta. Cuestionó el hecho de que la parte actora no hubiera aportado los extractos en los que aparezcan los débitos en los que se refleje la falta de pago mensual. Del mismo modo criticó el que no se hubiera aportado los justificantes de compra. Finalmente, apuntó una posible nulidad del contrato al trasladar su encaje con la normativa dictada en el ámbito de la CEE. En el acto del plenario, la defensa del Sr. XXXXX volvió a reiterar aquéllas alegaciones de oposición a la demanda, es decir, la prescripción de la acción, la ausencia de acreditación del importe reclamado al no haberse presentado extracto alguno, así como el hecho de que se debían considerar los intereses como abusivos. Tercero.- En los términos en que ha quedado configurado el debate, la solución pasa por entrar, en primer lugar, a analizar la invocada excepción de prescripción de la acción. Según la defensa del Sr. XXXXXXXXXX resulta aplicable el plazo de prescripción de tres años que establece el apartado

3 4 del artículo 1967 del Código Civil. Por el contrario, la defensa de la entidad Servicios Financieros XXXXXXXXXX sostuvo que el régimen a seguir es el del plazo general de prescripción de los quince años. Pues bien, entendemos que en atención al tipo contractual del que nace la deuda, que consiste en una tarjeta XXXXXXX, que es, en suma, un relación contractual continuada en la que se van realizando las obligaciones contractuales de cada una de las partes contratantes: al consumidor que le permite adquirir productos o mercaderías a cambio de obtener de la financiadora el crédito suficiente, en los términos pactados, para adquiríos con la consiguiente contraprestación del pago por parte del titular de la tarjeta de crédito, según lo acordado. Así, no se trata de una operación aislada de compraventa de cosas muebles (géneros) de los que se pudiera desprender la pretendida más corta periodicidad para la prescripción. Además, tampoco puede olvidarse de que aún si fuere aplicable tal plazo de prescripción de tres años, en todo caso, tampoco entraría en juego el instituto de la prescripción pues no debe olvidarse que la presente interpelación judicial trae causa de una anterior seguida por el cauce especial del juicio monitorio. La demanda de juicio monitorio tuvo entrada, en la oficina de reparto, el día 28 de diciembre del año 2010 mientras que, según expuso la propia parte demandada, la tarjeta dejó de utilizarse a principios del año Precisamente, la dilación en el tiempo tras la inicial petición de juicio monitorio sólo es atribuible a la propia parte demandada que se opuso al monitorio mediante escrito presentado el día 17 de julio de Por tanto, no descansa dicha dilación, extrajudicial ni procedimental propiamente dicho, en la inacción de la entidad demandante. No hay duda, atendiendo al propio reconocimiento realizado por el demandado, de la suscripción de la tarjeta XXXXXXX, por tanto, sólo resta fijarnos en el quantum reclamado. Tal como establece la sentencia de nuestra Audiencia Provincial, Sección Tercera, de fecha 22 de julio de 2014, en estos casos de contrato de tarjeta de crédito debe distinguirse la prueba entorno a la tenencia (existencia) de la misma tarjeta de lo relativo a la cantidad que se reclama. Aquí no hay duda sobre la utilización de la tarjeta de crédito en virtud del aportado contrato. La entidad actora con la demanda de juicio monitorio aportó un certificado de la ficha contable (doc. nº 3 de la demanda del juicio monitorio). Frente a esta documental se opuso -por el demandado- el hecho de que la misma resultaba insuficiente puesto que no quedaba justificada la cantidad sobre esos hipotéticos débitos. La documental aportada por la entidad actora fue completada en el acto de la vista del juicio verbal pues al certificado de liquidación de deuda se unió la relación de movimientos que reflejaban como se había generado y calculado el importe nominal impagado. En definitiva se ha acreditado el origen del principal impagado.

4 Como ha señalado nuestra AP, con referencia en la aludida sentencia de dicha Sección Tercera a otra pronunciada el 4- XII-2012, en relación a una reclamación fundada en un contrato de tarjeta de crédito, éstos contratos facilitan al consumidor las transacciones bien disponiendo de efectivo, bien adquiriendo bienes sin necesidad de autorización concreta de la entidad financiera y hasta el límite pactado. El banco, remite extractos mensuales al cliente, si bien no de forma fehaciente lo que encarecería notablemente las operaciones y el titular tiene la facultad de formular las reclamaciones que tenga por conveniente y exigir la comprobación de cualquier operación. Con relación a la prueba en este tipo de contratos, vemos como la parte actora ha colmado su obligación de probar los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a sus pretensiones (artículo 217 de la Ley procesal civil) puesto que ha aportado los documentos precisos para acreditar la expuesta deuda frente al titular de la tarjeta, aquí parte demandada. Por el contrario, el Sr. XXXXXXX se ha limitado a cuestionar como aceptable la documentación aportada de contrario pero que, en definitiva, se traduce en una simple impugnación inmotivada sobre todos los cargos realizados con arreglo a la relación de movimientos documentada por la entidad acreedora. En resumen, se ha demostrado la titularidad de la tarjeta que da base a la petición de la cantidad reclamada pues se sustenta sobre el expuesto conjunto documental. Y, dicha prueba también merece ser conjugada con la restante prueba practicada por cuanto el efecto de la ficta confesio queda neutralizado al darse en ambas partes litigantes. Sobre la invocada nulidad de determinadas cláusulas contractuales (por entender que los intereses resultan abusivos) no compartimos tal planteamiento si tenemos en cuenta que el marco de las referencias normativas comunitarias ha sido genérico y que, en todo caso, escapa al tiempo de vigencia del contrato, distinto -como se ha indicado más arriba- al momento en que se ha hecho valer tal pretendida nulidad. Cuarto.- Al tratarse de una suma de dinero le es de aplicación el interés legal del dinero que con arreglo a los artículos 1100, 1101 y 1108, todos ellos, del Código Civil, su devengo deberá computarse desde la fecha de la interpelación judicial inicial, que fue la del juicio monitorio (28 de diciembre de 2010). Junto a estos intereses, la cantidad de dinero objeto de condena conlleva los denominados intereses ejecutorios o procesales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quinto.- Con relación a las costas procesales, al ser totalmente estimada la demanda, cabe imponerlas en aras al criterio objetivo del vencimiento (artículo Ley 1/2000

5 de Enjuiciamiento Civil) a la parte demandada al no apreciarse circunstancia alguna que indique debamos apartarnos de la referida regla general. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que la Constitución y la Ley me confiere F A L L O Que estimo la demanda planteada por la representación procesal de la entidad mercantil SERVICIOS FINANCIEROS XXXXXXXX E.F.C., S.A. contra don XXXXXXX y, en consecuencia, debo declarar y DECLARO que la parte demandada, con base en la mencionada relación contractual, es deudora de la entidad actora por la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO ( ). Por lo que debo condenarla y la CONDENO al pago de dicha suma dineraria junto a los intereses legales devengados desde la fecha de la primera interpelación judicial (proceso monitorio) -28 de diciembre de 2010-, más los denominados intereses ejecutorios o procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el dictado de esta sentencia hasta su completo pago. Todo ello con expresa imposición a la parte demandada en las costas procesales. Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que, contra la misma, deberá tenerse en cuenta -en lo relativo a la procedencia o no del recurso de apelación- no sólo la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disposición decimoquinta (B.O.E. de 4 de noviembre de 2009) sino, también, la reforma introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (B.O.E. de 11 de octubre de 2011) en lo referente a los artículos 455 y siguientes, más la Disposición Transitoria Única recogida en esta mentada última ley. Inclúyase la presente en el Libro de Sentencias dejando testimonio en los autos de su razón. Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

6 PUBLICACION.- Dictada y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe. DOY FE.