Estado y avances del proceso de modernización de la justicia española"

Transcripción

1 INTERVENCIÓN MINISTRO DE JUSTICIA FRANCISCO CAAMAÑO Estado y avances del proceso de modernización de la justicia española" (Casa de América. Jueves 2 de diciembre de 2010) Señoras y señores. Me complace participar en este acto porque me permite dar cuenta del estado y los avances del proceso de modernización de la Justicia en España. Un objetivo necesario, largamente esperado y que tras ser convertido en prioridad del Gobierno ya es más una realidad que un deseo. Hago gustoso balance ante todos ustedes porque en poco tiempo hemos consensuado los fundamentos de un nuevo modelo, hemos programado nuestra acción y en el último año la estamos ejecutando, hasta el punto de poder informarles sobre los primeros avances y resultados. Detrás de este profundo proceso de transformación y cambio hay convicciones firmes acerca de la justicia como servicio público. Pero también un trabajo tan intenso como discreto, conscientes de que sólo así se puede progresar en una tarea tan compleja y delicada como es la de configurar un nuevo soporte organizativo y funcional que un poder del Estado, el ejecutivo, debe suministrar a otro, el judicial, para que éste desempeñe sus cometidos constitucionales con plena garantía de su independencia. La tarea no es fácil ni política ni institucionalmente. Tampoco lo es desde la perspectiva de la gestión del tránsito de un modelo organizativo inspirado en paradigmas decimonónicos a otro radicalmente distinto, propio de la actual sociedad del conocimiento, y hacerlo, además, sin solución de continuidad. 1

2 En lo político se requiere tesón, prudencia y búsqueda de consensos que equilibren a todos los actores implicados: jueces, fiscales, secretarios, empleados al servicio de la Administración de justicia, abogados, procurados, graduados sociales limando asperezas, modificando hábitos, superando inercias y venciendo resistencias. En lo técnico es imprescindible acometer procesos pautados de cambio en ámbitos muy diversos y desplegarlos de forma acompasada, procurando generar sinergias para avanzar en la consecución de un mismo objetivo común. Solo la suma programada de acciones aparentemente puntuales e independientes permitirá operar un cambio continuado y progresivo, consolidando una nueva cultura en el funcionamiento de la Administración de justicia y lograrlo sin interrupción en la prestación del servicio. Les confieso que no nos preocupa si durante un tiempo las partes pueden empequeñecer el todo. Ni si la transformación sucesiva de distintas cosas puede hacernos perder la visualización global del cambio, porque lo único que verdaderamente nos importa es asegurar que este se produzca sobre unas bases sólidas y adecuadas a la realidad de nuestros días. La política con mayúsculas es aquella que hace posible lo necesario aunque no ocupe las cabeceras de los informativos. Y la modernización de nuestra justicia es necesaria y comienza a ser posible. De eso, precisamente, se trata. Porque pese a los años transcurridos desde la firma de la firma del Pacto para la Reforma de la Justicia y del esfuerzo de los sucesivos Gobiernos, lo cierto es que gran parte de la tarea estaba por hacer cuando accedí al cargo. Pocos días después de mi toma de posesión como Ministro de Justicia, comparecí ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2009 para exponer las líneas estratégicas fundamentales de los proyectos que íbamos a acometer a lo largo de la presente legislatura, lo que se materializó poco después en un ambicioso plan trianual el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia para los años 2

3 que agrupa un conjunto de modificaciones normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán hasta el año Todo ello articulado en torno a seis grandes ejes estratégicos, cada uno de los cuales se desdobla en diversos programas, hasta un total de 24. Muchas de las medidas que contempla el Plan de Modernización eran asignaturas pendientes de nuestra justicia, como la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), el diseño de un nuevo Registro Civil, la reforma de un mapa judicial que no se acomoda a la actual geografía social de España o la elaboración de leyes que favoreciesen el arbitraje y la mediación como cauces para reducir el volumen de asuntos que llegan a nuestro sistema de justicia. Sacarlas adelante era urgente y exigía un firme compromiso. Somos conscientes de que el inadecuado funcionamiento de la Justicia socava el crédito del Estado y por extensión de las instituciones públicas. La Justicia es la garantía última de los derechos de los ciudadanos y su ineficacia lastra el normal desarrollo de las relaciones entre los particulares y entorpece el progreso de un país, convirtiéndose en un obstáculo para la adecuada circulación de la riqueza y el funcionamiento eficiente de los mercados. La justicia está estrechamente vinculada al desarrollo económico y social de un país. Por eso la Justicia ha sido y será área prioritaria en la acción del Gobierno del que formo parte. Y, por la misma razón, su modernización y reforma constituye uno de los ámbitos incorporados a la Estrategia de Economía Sostenible. El objetivo final es que la reforma de nuestro sistema justicia aporte mayor seguridad jurídica y con ella la confianza siempre tan necesaria para la recuperación económica y la creación de empleo. Prueba de nuestro firme compromiso es que desde 2005 las inversiones en materia de Justicia han supuesto un incremento total del 161,21%. La justicia, a pesar del momento económico actual, ha recibido un trato preferente en las 3

4 cuentas del Estado. Los Presupuestos del año 2010 en materia de Justicia han sido los mejores presupuestos de la historia de la democracia en la materia (más de millones 218,5 M adicionales para modernización de la justicia). Y, siguiendo esta tendencia, los presupuestos para 2011 son los segundos mejores presupuestos de la historia para la Justicia, con 1.680,5 millones de euros, tan solo superados por los del año pasado. Esto se traduce en un esfuerzo muy importante y en un fuerte compromiso con la modernización y reforma del sistema de Justicia. La dotación global para la modernización y reforma de la Justicia asciende para el próximo año a 202,52 millones de euros. Y no crean que España sea país que se preocupe menos de la justicia que otros países de nuestro entorno. En el reciente informe bianual del Consejo de Europa de evaluación de los sistemas judiciales europeos se pone de manifiesto que nuestro país, ya en el año 2008, gastaba en justicia un porcentaje del PIB per capita superior a la media europea. Países como Francia, Italia, Suecia u Holanda están muy por detrás de nosotros. Las actuaciones más importantes del Plan de Modernización están vinculadas a la implantación de la NOJ y al amplio paquete de medidas requeridas para su puesta en marcha. La NOJ es la estrella del Plan. Su puesta en marcha ha exigido un importante esfuerzo: proyectos normativos, adaptación de edificios, diseños de sistemas informáticos, formación de Secretarios y funcionarios, etc. Y hasta la generación de un renovado lenguaje jurídico en el que los acrónimos NOJ, EJIS, SIRAJ, o sustantivos de identificación como LEXNET, MINERVA, ganan protagonismo, desplazando otras expresiones como legajo o pieza cosida con cuerda floja o papel carbón La NOJ nos sumerge en un nuevo y moderno sistema de distribución de los recursos personales y materiales dentro de la oficina judicial polarizados en dos tipos de unidades: las llamadas Unidades de Apoyo Directo (ya conocidas como UPADS) y los Servicios Comunes Procesales. Los Servicios Comunes 4

5 Procesales son la pieza clave del nuevo modelo organizativo Concentran la atención de varios órganos y centralizan la atención al público en un despacho o ventanilla única. Cuentan con unidades especializadas para realizar funciones de gestión y apoyo en actuaciones, tales como actos de comunicación, registro y reparto, ordenación del procedimiento o ejecución. El 10 de noviembre de este año la NOJ se puso en marcha en Burgos y Murcia, en un proceso imparable que se extenderá en los próximos meses en distintas fases a la Audiencia Nacional y a otras ciudades de nuestra geografía: Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, León, Logroño, Melilla, Mérida y Palma de Mallorca. Tanto en Burgos como en Murcia toda la fase de transición al nuevo modelo se ha desarrollado con notable éxito. Actuaciones complejas, como la itineración de expedientes a las nuevas unidades organizativas o el proceso de acoplamiento de los funcionarios en sus nuevos puestos de trabajo, se han realizado conforme a una exhaustiva planificación y dentro de los plazos previstos. Sin embargo, superada esta primera fase nos enfrentamos ahora al reto más complicado, que es consolidar el funcionamiento de unas oficinas que han sufrido un cambio absolutamente radical. Implantar en un ámbito tan compartimentado, como el de los actuales Juzgados y Tribunales, nuevos métodos de trabajo, modernas técnicas de gestión y directrices organizativas comunes, es una tarea compleja. Pero no todo se centra el la Nueva Oficina Judicial. La incorporación y desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la administración de justicia está muy presente entre los proyectos que desarrolla el MJU. De hecho en el Plan Operativo de este año hasta el 40% de las medidas emprendidas por el MJU están comprendidas en este campo. Hemos creado la sede electrónica del Ministerio de Justicia para que los ciudadanos puedan realizar consultas y trámites de forma telemática, tales como solicitar de certificados, pagar de tasas o presentar documentos. También estamos poniendo en marcha otros 5

6 portales de información para hacer accesible a los ciudadanos y a los profesionales los servicios que prestan los diversos actores de la justicia. Hemos creado un portal dedicado exclusivamente a la Oficina Judicial con nuevos canales de comunicación como Facebook o Twitter. También hemos inaugurado portales para Fiscales fiscal.es, Secretarios judiciales secretariosjudiciales.justicia.es. Dentro de unos días, en concreto el jueves de la próxima semana, pondremos en marcha otro portal corporativo destinado a los empleados públicos y más adelante un portal para los Institutos de Medicina Legal y para el Instituto Nacional de Toxicología, fundamental, sobre todo, en la información ciudadana sobre productos tóxicos, accidentes domésticos. En este portal habrá una intranet con un Foro Toxicológico desarrollado específicamente para los profesionales que cubrirá en la mayor medida posible las necesidades de comunicación entre ellos. El mes de diciembre comenzamos la instalación del proyecto de firma electrónica en los sistemas grabación audiovisual de los juzgados y tribunales. Se trata de una actuación más comprendida en el Programa Ius+Red, suscrito entre los Ministerios de Industria Turismo y Comercio y de Justicia a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es. Este programa, con una dotación presupuestaria de más de 80 millones de euros, tiene como meta el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia. Especial valor damos al desarrollo del Proyecto EJIS Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. Permitirá la interoperabilidad a nivel nacional entre órganos judiciales con independencia de la aplicación informática que utilicen o del territorio donde se encuentren. Todas las CCAA con competencias en materia de justicia se adhirieron hace ahora un año el 10 de diciembre de 2009 al EJIS y durante 2010 hemos progresado sustancialmente en su implantación con la elaboración de un catálogo de servicios, de un inventario de aplicaciones y de un plan de proyectos de interoperabilidad prioritarios acordado con las CCAA. A lo largo del próximo año aguardamos contar con los primeros resultados prácticos. 6

7 El desarrollo del SIRAJ Sistema integrado de registros administrativos de apoyo a la actividad judicial permitirá que numerosos Registros administrativos formen parte de un único sistema Integrado para facilitar la consulta de los datos que contienen por los usuarios habilitados. Son en concreto el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, el Registro de Protección a las víctimas de la Violencia Doméstica el Registro de Penados, el Registro de Sentencias Firmes de Menores y el Registro de Rebeldes Civiles. Estamos implantando el Expediente Digital en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía de esa Audiencia y en la Fiscalía especial Antidroga para extenderlo posteriormente a otros órganos judiciales y fiscalías. Este proyecto nace con el horizonte de lograr una oficina sin papeles. El objetivo es papel 0. El próximo mes de marzo en la Audiencia Nacional será un recuerdo esa imagen de la oficina judicial con las estanterías abarrotadas de papeles. El lunes de la pasada semana tuve la oportunidad de supervisar este magno proyecto. Un equipo de 100 personas, la mitad licenciados en Derecho, trabajan día y noche en tres tumos de ocho horas; digitalizan y catalogan, folio a folio, todos los documentos de las causas abiertas en este tribunal. Al día se informatizan páginas. Tras dos meses estamos en el ecuador de esta labor. Hemos logrado digitalizar 4 millones de páginas, una cantidad de papel que ocuparía 33 campos de fútbol. La relevancia de este proyecto es tal, que el Ministerio, el próximo mes de enero, organizará unas jornadas para analizar con los diferentes colectivos, autoridades judiciales y expertos, el presente y futuro del expediente digital. El despliegue del correo securizado o sistema LEXNET es pleno entre los órganos judiciales no transferidos y estamos cofinanciando con las CCAA que han optado por su utilización la implementación del mismo. Este sistema permite realizar telemáticamente notificaciones con los profesionales y el intercambio seguro de documentos. Prueba del éxito de LEXNET es que hemos pasado de realizar una media de notificaciones al mes en el año 2009 a este año. Tenemos prevista la evolución de Lexnet para evitar que con los años quede anquilosado, lo que se hará a través de 7

8 versiones semestrales en las que se agruparán todas las nuevas funcionalidades, así como las mejoras sobre las incidencias detectadas. Para cubrir las necesidades requeridas por los Institutos de Medicina Legal, hemos creado la aplicación de gestión ASKLEPIOS, cuyo desarrollo estará listo a finales de Permitirá la interoperabilidad con otras aplicaciones judiciales y sistemas de información de la Administración. Concretamente con la aplicación de gestión Minerva-NOJ, con los diferentes sistemas de gestión procesal utilizados por las CCAA en el marco del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) y con los aplicativos existentes en el Ministerio de Igualdad y la Dirección General de Tráfico para el intercambio de datos con estos órganos. Un importante hito ha sido la aprobación del Proyecto de Ley del Registro Civil. Pronto el Registro Civil va a cambiar radicalmente de concepción. De ser un Registro territorializado y disperso en casi oficinas pasará a ser un Registro informatizado y próximo al ciudadano. Los tradicionales libros serán sustituidos por una base de dados única para todo el Estado a la que se podrá acceder desde casa o desde cualquier otro lugar para consultar datos personales u obtener certificaciones. Con el nuevo Registro se reduce la burocracia, se gana en agilidad y eficiencia, se ahorran costes y, sobre todo, la persona pasa a ser el centro de atención. Todo este despliegue tecnológico necesita un adecuado engarce normativo. Por ello, este mes de diciembre vamos a elevar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia. Queremos que las tecnologías sean el instrumento de relación preferente con los usuarios de la justicia y para ello necesitamos modificar nuestro marco legal. Hemos aprobado diversos Planes de Actuación por Objetivos y Medidas de Refuerzo para aquellos órganos judiciales especialmente afectados por el incremento de asuntos derivado de la crisis económica con el objetivo de 8

9 reducir o eliminar la pendencia y también para facilitar la implantación de la NOJ. En ello llevamos invertido más de 20 millones de euros. Muchos de los proyectos que hemos previsto incorporar en el futuro más inmediato son consecuencia del valiosísimo Informe elaborado este año por el grupo de expertos designados para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial. En concreto la creación de los Tribunales de Instancia, para extender la organización colegiada a los actuales juzgados, así como la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la actual de 14 de septiembre de Pero otros son también fruto de la magnífica experiencia que estamos teniendo con el sector privado en este campo de la modernización. No solo por la calidad de los servicios que nos prestan sino también por su alto grado de compromiso con este proyecto de transformación. En este sentido quisiera subrayar el servicio de Apertura y Gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales proporcionado por Banesto a los órganos judiciales y fiscalías desde el 1 de enero de Es un servicio completamente informatizado ágil y pionero en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia. Proporciona desde las aplicaciones informáticas precisas para la gestión telemática de los pagos e ingresos hasta la formación de Secretarios. Para nosotros el balance de la colaboración con Banesto es más que positivo. Prueba de ello es que el 90% de los Secretarios judiciales que son los principales usuarios de este servicio están satisfechos, muy satisfechos o totalmente satisfechos con la asistencia que reciben de Banesto, según resulta de la encuesta realizada el pasado año a este respecto. La nota que pusieron los Secretarios al servicio proporcionado por Banesto fue un notable alto 7,52 puntos, lo incluso que mejora los resultados obtenidos en la encuesta del año

10 Nuestro compromiso consiste en arribar hacia una justicia de calidad. Estamos en ello y, por tanto, estamos viviendo un tiempo decisivo. Un tiempo no exento de dificultades, como todo proceso de reforma, racionalización de recursos y cambio. Un tiempo que exige la colaboración de todos, del sector público pero también del sector privado y, particularmente, un compromiso de continuidad y constancia en la acción. No parar, mantener el pulso firme, aunque siempre se deba estar abierto al diálogo y a las propuestas. Queda mucho por hacer. Negarlo sería ingenuo. Por eso es bueno que esta cartera de proyectos, los que ya se están ejecutando y aquellos otros cuya ejecución va a comenzar sean conocidos, examinados y sometidos constructivamente a la crítica. Es fundamental la colegiación institucional de esfuerzos y el apoyo de los colectivos directamente implicados. Pero también lo es el empuje, la experiencia y el compromiso de las empresas que, desde el sector privado, ya están trabajando con nosotros o que deseen sumarse a esta tarea. Ahora es más necesario que nunca. Por eso no quiero concluir mi intervención sin antes agradecer también a AT Kearney su disposición y colaboración en el desarrollo de este acto, así como su iniciativa en la realización del estudio comparativo que esta mañana su presidente nos ha presentado. Muchas gracias 10