Eliminando la limitación en la responsabilidad civil en accidentes de aviación comercial.

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1 Eliminando la limitación en la responsabilidad civil en accidentes de aviación comercial. Por Felipe Torres González, Luis Francisco Torres González, Renee Licona Vázquez Miembros de Torres Lindsey Abogados, S.C. Información sobre los autores: Luis F. Torres Gonzalez. Abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (1997) con mención honorífica; Postgraduado de la Escuela Libre de Derecho, A.C., (1998); Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York (2001). Admitido para ejercer como abogado en el Estado de Nueva York, (2003); abogado litigante en material civil, mercantil, arbitraje y litigio internacional. Dirige el área de práctica civil, mercantil y laboral en Torres Lindsey Abogados, S.C. Felipe Torres Gonzalez. Abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (1998); Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Houston, EUA (2003). Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, (2007); abogado litigante en material civil, mercantil, fiscal y administrativa. Dirige el área de práctica fiscal y administrativa en Torres Lindsey Abogados, S.C. René Christian Licona Vázquez. Abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (2005) con mención honorífica; Especialidad y Maestría en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México (2006). Maestría en Derecho especializado en Juicios Orales por la Southwestern University, Los Angeles, CA, EUA (2009); abogado litigante en material civil, mercantil, y amparo. Profesor de la cátedra de juicios orales en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Reseña: En Eliminando la limitación en la responsabilidad civil en accidentes de aviación comercial", los abogados de Torres Lindsay Abogados, S.C. exponen un caso importante cuya resolución rompió un paradigma en las normas de responsabilidad civil que prevalecieron en México por más de cien años. Este caso también representa un acontecimiento importante que muestra la tendencia del sistema legal mexicano de analizar y resolver caso por caso alejándose de una interpretación formalista del derecho resultando así hacer más amplio el margen de maniobra de los jueces en búsqueda de la de justicia. Bajo la nueva tendencia, el nuevo límite para la cuantificación de daños producidos bajo la teoría de la responsabilidad civil en México, es el cielo. Artículo completo

2 Las Disposiciones Legales El artículo 61 de la Ley de Aviación Civil (LAC) en vigor establece que los concesionarios de servicio de transporte aéreo nacional son responsables por los daños que causen a los pasajeros, a la carga y el equipaje durante el transporte. Dicha responsabilidad puede producirse desde el momento en que se aborda la aeronave hasta que se desciende de ella. El artículo 62 de la LAC puntualiza que el derecho de un pasajero a percibir una indemnización por los daños ocurridos durante el transporte, se regulará por el artículo 1915 del Código Civil Federal (CCF). No obs tante, el mismo precepto establece que la cuantía de los daños se triplicará respecto del monto que establece dicho dispositivo del CCF. En cualquiera de los casos, la cuantía que puede reclamarse bajo el concepto de daños está limitada por disposición de la Ley. No obstante lo anterior, el límite a la responsabilidad civil desaparece siempre y cuando se compruebe que los daños se debieron a la presencia de dolo o mala fe del propio concesionario o permisionario, o de sus dependientes o empleados, o cuando no se expida el billete de pasaje o boleto, el talón de equipaje o la carta de porte aérea. Bajo principios elementales de derecho procesal mexicano, la carga de la prueba la tiene el actor, a fin de acreditar los hechos de su reclamación ante un tribunal. Bajo las disposiciones legales aludidas, el demandante (en este caso el pasajero) debe probar convincentemente que el concesionario o permisionario se condujeron con dolo o mala fe, a fin de hacer desaparecer la limitante de responsabilidad. La presencia de negligencia leve, o inclusive grave en el proceder de la aerolínea, es indiferente e insuficiente para que la limitante de responsabilidad desaparezca. Esto es, no obstante que se acredite la negligencia, el límite de responsabilidad permanecerá intacto. De acuerdo con el artículo 1815 del CCF, y a la luz de la norma establecida en la LAC, el pasajero está obligado a acreditar, sin dejar lugar a duda, que la aerolínea actuó con dolo, esto es, con la intención de causarle un daño, o que conscientemente disimuló en perjuicio del pasajero la presencia del error en que se encontraba éste, una vez que aquélla lo conocía. Esta es, obviamente, una carga probatoria cercana a imposible de sostener para una persona común, e inclusive para un experto. El caso Gastón Ramírez A inicios de octubre del año 2002, Gastón Ramírez abordó un vuelo vespertino nacional procedente de la ciudad de Guadalajara con destino a Monterrey, México. Tras una primera aproximación fallida de aterrizaje, bajo condiciones de clima adversas, lluvia pertinaz y una pista de aterrizaje reducida por mantenimiento, el avión de pasajeros DC-9 que había abordado una hora y media antes, se deslizó fuera de la pista y accidentó. Como consecuencia

3 directa del evento, Gastón Ramírez sufrió serias lesiones que le causaron incapacidad total permanente para trabajar, una aneurisma en la aorta, epilepsia y algunas otras afectaciones a la salud que inevitablemente afectaron su vida para siempre. Después de casi diez años de un vigoroso litigio que atravesó todas las instancias legales del sistema judicial mexicano, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gastón Ramírez prevaleció en el pleito y obtuvo la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 62 de la LAC, al ser considerado violatorio de los derechos previstos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal mexicana. Como consecuencia de la ejecutoria de la Suprema Corte, la limitante de responsabilidad fue eliminada y Gastón Ramírez obtuvo de un Tribunal Unitario de Circuito (tribunal de apelación) una indemnización económica sin precedentes por daño material, lucro cesante y daño moral. Dicha ejecutoria derribó el paradigma hasta entonces prevaleciente en las normas jurídicas que rigen la responsabilidad civil, que había permanecido intocado por más de cien años. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de forma unánime a favor del quejoso, en un recurso de revisión constitucional presentado en contra de la sentencia de amparo directo pronunciada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dicho recurso es inusualmente tramitado y es procedente en contra de resoluciones de amparo pronunciadas por un Tribunal Colegiado de Circuito (el equivalente a una Corte Federal de Apelaciones en los Estados Unidos), en las que se ha hecho interpretación directa y expresa de un precepto constitucional. Dada su naturaleza eminentemente constitucional, es oído y resuelto por el máximo intérprete de la Constitución: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso sometido a análisis, los cinco Ministros presentes decidieron unánimemente conceder la protección constitucional peticionada por el quejoso, en los términos y con los alcances que han sido previamente expuestos. La Nueva Tendencia en la Responsabilidad Civil El caso Gastón Ramírez sometió al sistema judicial mexicano a enfrentar un reto muy significativo: decidir entre el mantener la limitación económica en la responsabilidad civil basándose solamente en los límites impuestos por el legislador en la norma, para ser aplicados en una generalidad de casos, o bien permitir al juez analizar los hechos sujetos a debate, caso por caso, y llevar a la realidad el único y verdadero objetivo del sistema judicial: la administración de justicia, en lugar de la simple aplicación de la letra exacta de la ley.

4 La Suprema Corte de Justicia de la Nación jugó un papel verdaderamente garantista como defensor de los derechos humanos, al asegurarse de que la industria de la aviación comercial no sea privilegiada por encima del legítimo derecho humano a la salud, y a la integridad física y emocional. La Suprema Corte además sostuvo que el legislador no deberá restringir de forma arbitraria e injustificada, mediante el establecimiento de techos cuantitativos, como topes o tarifas, el legítimo derecho de una persona a recibir una indemnización integral que le compense de forma realista de los daños sufridos a raíz de un accidente de aviación. El caso Gastón Ramírez dio pie a la creación de cuatro precedentes judiciales publicados bajo la Tesis 1a. CXCVI/2012 (10a.) Décima Época, números de registro , , , de la edición de septiembre del 2012 del Semanario Judicial de la Federación. Los puntos más relevantes de dichos precedentes judiciales son: Cualquier persona que sea víctima de un accidente de aviación tiene derecho a una indemnización integral que la compense de forma efectiva por los daños que sufra. A efecto de que la misma sea justa, la indemnización deberá tomar en consideración la naturaleza y gravedad de los daños provocados. Aunque no podrá ser excesiva de forma tal que le genere una ganancia a la víctima, deberá otorgarse un resarcimiento adecuado. Deberá otorgarse en forma individualizada, según las particularidades de cada caso, incluyendo la naturaleza y extensión de los daños causados, la posibilidad de rehabilitación del accidentado, los gastos médicos y tratamientos para su curación o rehabilitación, el posible grado de incapacidad, el grado de responsabilidad de las partes, su situación económica y demás características particulares del caso. La indemnización que corresponda por un accidente de aviación no deberá ser limitada o tasada, toda vez que dicha limitación hace que la indemnización sea indiferente a las circunstancias particulares el caso sujeto a estudio, o la salud deteriorada de la víctima. Deberá ser el juez quien cuantifique con base en criterios de razonabilidad, porque sólo él conoce las particularidades del caso y puede cuantificarla con justicia y equidad, no así el legislador quien, arbitrariamente, fijaría montos indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad. El límite en la responsabilidad civil de los concesionarios: o No persigue un fin constitucionalmente válido, debido a que hace prevalecer la protección al patrimonio de la industria de la aviación sobre la salud, integridad física y psíquica de los pasajeros, así como sobre su derecho a recibir una indemnización justa para llevar una vida digna posterior a un accidente de este tipo; o Es arbitraria, pues impone un monto fijo para medir los diversos tipos de daños que puedan causarse, desde una lesión leve hasta una incapacidad total permanente o la muerte del pasajero, sin que

5 se advierta alguna razón por la cual el legislador haya decidido tasar de esa manera los daños producidos en accidentes aéreos, en forma contraria a los tratados sobre aviación internacional celebrados por México y a la regulación internacional sobre transporte aéreo; o No contribuye a la mejora en el servicio, a la eficiencia o a la competitividad, ni actualiza el marco jurídico conforme a la regulación internacional; o No persigue la seguridad de los pasajeros, ni el equilibrio en beneficio del público usuario; o Contribuye al ejercicio irresponsable de la aviación civil, ya que asegura al transportista una limitación en su responsabilidad, independientemente de su conducta y de los daños causados en detrimento de la integridad física y la salud de los pasajeros. El artículo 62 de la Ley de Aviación Civil es inconstitucional porque impone la carga de la prueba al pasajero, el cual sólo puede lograr que el límite en la indemnización no le sea aplicable si prueba que el daño se debió al dolo o mala fe del concesionario o de sus empleados, lo que se traduce en que la negligencia o culpa del concesionario o de sus empleados no tenga alguna trascendencia en la limitación de su responsabilidad. Aun cuando se trata de precedentes judiciales aislados que no son todavía vinculatorios para tribunales de menor jerarquía, sí constituyen nuevos criterios para la interpretación de la ley en diversas ramas del Derecho mexicano y no solo en el Derecho Civil. Los tribunales ahora pueden invocar dichos precedentes y resolver asuntos sujetos a su conocimiento bajo una perspectiva novedosa y diferente: pueden ahora proporcionar una protección real y efectiva a aquellos que están en búsqueda de la justicia, así como de una compensación justa, razonable y suficiente por los daños sufridos vis à vis llevar a cabo una aplicación simplista de un conjunto de normas jurídicas que son indiferentes a las circunstancias particulares que son únicas para cada caso que se somete a su conocimiento. Este caso constituye un avance emblemático para el sistema jurídico mexicano, construido teniendo como base los antiguos cimientos de la doctrina Romano- Germánica, el cual ha funcionado adecuadamente por muchísimas décadas bajo una estructura un tanto más formalista. Este caso retó y superó el rígido establishment mexicano que hasta ahora había funcionado en base a los muy estrechos márgenes de maniobra que les habían sido permitidos a los jueces en su labor de prosecución de la justicia, siendo que esta es su última y única razón de existir. La tendencia del sistema legal mexicano a adoptar ciertos principios jurídicos y prácticas pertenecientes al sistema anglosajón del common law, es visible ahora

6 más que nunca. Lo anterior es cierto no obstante que el sistema judicial mexicano no prevé la existencia de un jurado como investigador de los hechos y máxima autoridad en la cuantificación de los daños. Todos los pleitos civiles en suelo mexicano son resueltos por un juez. Esto significa que son oídos, estudiados y resueltos por un solo protagonista, que es el juzgador. La responsabilidad de realizar una apreciación profunda, concienzuda e imparcial de los hechos sometidos a análisis, para después dictar una sentencia que sea justa, descansa sobre los hombros de un solo ser humano, y no en una colectividad de ciudadanos distintos al juez, como lo es el jurado. Habiendo dicho lo anterior, es obvio que la nueva tendencia abierta a raíz del caso Gastón Ramírez también acarrea para el sistema legal mexicano un reto de mayor envergadura que no parece fácil de superar: Quién decidirá lo que es justo y lo que no lo es? Lo que puede resultar justo para un juez puede no serlo para otro. Bajo esta nueva tendencia, los tribunales tendrán que cargar con una nueva y pesada carga, consistente en administrar justicia en base a principios de equidad, buena fe, razonabilidad y sentido común. Bajo la nueva tendencia, el nuevo límite para la cuantificación de daños producidos bajo la teoría de la responsabilidad civil, es el cielo. Limitación de Responsabilidad: Este Boletín Informativo de la USMBA es un medio donde diferentes abogados comparten sus experiencias y sus ideas a miembros de la asociación de forma informativa, genérica y gratuita. Las ideas y opiniones de los autores no son la posición de la USMBA y no sustituyen una opinión legal específica. La USMBA no asume ninguna responsabilidad si alguien toma decisiones en base a esta publicación. Overturning the Cap or Limitation of Civil Liability in Cases Involving a Commercial Airline Accident By Felipe Torres González, Luis Francisco Torres González, Renee Licona Vázquez Members of Torres Lindsey Abogados, S.C. Information on the authors: Luis F. Torres Gonzalez. Attorney at law Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (1997) with honors; Escuela Libre de Derecho, A.C., (1998); LL.M., New York University, (2001). Admitted to practice law in the State of New York (2003); trial attorney in civil and mercantile law, as well as international arbitration. Leads the civil, commercial and labor law practice areas at Torres Lindsey Abogados, S.C.

7 Felipe Torres Gonzalez. Attorney at law Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (1998); LL.M., University of Houston, (2003). LL.M. tax law, Universidad Autónoma de Nuevo León, (2007); trial attorney in civil, mercantile, tax and administrative law. Leads the tax and administrative law practice areas at Torres Lindsey Abogados, S.C. René Christian Licona Vázquez. Attorney at law Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (2005) with honors; LL.M. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México (2006). LL.M. Trial Advocacy Southwestern University, Los Angeles, CA, (2009); trial attorney in civil, mercantile, and constitutional matters. Law profesor at Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Abstract: In Overturning the cap or limitation of civil liability in cases involving a commercial airline accident the attorneys of Torres Lindsay Abogados, S.C. elaborate on an important case whose judgment broke a paradigm in the civil liability rules that had prevailed in Mexico for over a hundred years. This case is also a milestone that shows the trend of the Mexican legal system to analyze and rule on a case by case basis, moving away from a strict formalistic interpretation of the law, to make room for more ample margins of interpretation in the pursuit of justice. Under the new trend after Gaston Ramirez case, sky is the new limit for damage awards in Mexican litigation. Full Article The Statutory Rule Article 61 of Mexico s Civil Aviation Act (CAA) states that airline carriers are liable for damages caused to passengers, freight and luggage. Such liability may arise from the moment the aircraft is boarded to the time the passenger, or the freight, leave the aircraft. According to Article 62 of the CAA, the right of a passenger to recover damages from an airline is governed by Article 1915 of the Federal Civil Code (FCC). Nevertheless, Article 62 of the CAA also states that the quantum of damages shall be three times the amount provided for in the FCC. In any case, the quantum of recoverable damages is capped/limited by statute. However, the cap or limitation of liability is removed if it is proved that the airline carrier, or its operators or employees acted with bad faith or malice, or if they failed to issue an airline ticket or freight waybill. According to basic Mexican procedural law principles, the burden of proof rests on the plaintiff to prove his or her case in court. Under the statutory rule, the plaintiff (in this case, the passenger) needs to prove with clear and convincing evidence that the airline acted with malice or bad faith in order to overcome the liability cap. Slight or even gross negligence by the airline carrier is not sufficient to remove or avoid the

8 liability cap. That is, even when negligence is proved, the cap remains. According to Article 1815 of the FCC and this CAA rule, the passenger is required to show, without leaving any room for doubt, that the airline had intent to cause his or her damages or that the airline actively concealed facts and/or mislead passengers regarding potential safety issues. This is, obviously, a nearly impossible burden to carry for a lay person or even for an expert. The Gaston Ramirez case In early October 2002, Gaston Ramirez took an evening domestic flight from Guadalajara bound for Monterrey, Mexico. After a failed first landing approach in severe rain, and an unusually short runway (due to ongoing maintenance of the airstrip), the DC-9 jetliner he had boarded an hour and a half before, skidded off the runway and crashed. As a direct consequence of the event, Gaston Ramirez suffered severe injuries that caused him permanent disability, aorta aneurism, epilepsy and other injuries that inevitably changed his life forever. After almost ten years of fierce litigation in the Mexican court system, including the Supreme Court of Justice, Gaston Ramirez prevailed and Article 62 of the CAA was declared unconstitutional because it violated the human rights protected by articles 1 and 4 of the Mexican Constitution. As a consequence of the Supreme Court ruling, the cap was eliminated and Gaston Ramirez received from a federal unitary circuit court (court of appeals) an unprecedented monetary award for material damages, loss of profits and moral damages. This ruling broke a paradigm in the civil liability rules that had prevailed in the Civil Code for over a hundred years. The First Section of Mexico s Supreme Court of Justice ruled unanimously for plaintiff in a constitutional review (appeal) filed against the amparo ruling pronounced by the 11 th Federal Collegiate Court in Civil matters sitting in the First Circuit. This remedy is rarely granted and is only proper when the Federal Collegiate Circuit Court (the equivalent of a US federal appellate court) has made a direct and express interpretation of a constitutional issue in its ruling. Due to its fundamental constitutional nature, the issue is heard and adjudicated by the ultimate arbiter of Constitutional issues: the Supreme Court of Justice. In the case at bar, all five justices sitting in banc granted the constitutional protection requested by the claimant as discussed above. The current trend in civil liability The Gaston Ramirez case presented Mexico s judiciary with a significant challenge: to decide whether to maintain a cap on the quantum of damages awards based the statutory limit imposed by Congress for all cases presented in

9 trial, or to allow the judge to analyze the facts on a case by case basis in order to accomplish the substantive, primary goal of the judiciary: the administration of justice rather than the dogmatic application of the black letter of the law. The Supreme Court played an effective role as a defender of human rights by ensuring that the commercial goals of the airline industry do not outweigh the legitimate human rights to health, physical and psychological safety. The Supreme Court further held that Congress shall not unjustifiably and unnecessarily restrict passengers rights to receive just compensation for damages caused by an airline. The Gaston Ramirez case gave rise to four new case law precedents published under case 1a. CXCV/2012 (10a.) Tenth epoch, registration numbers , , , in the September Weekly Federal Judiciary Gazette. The highlights of these court precedents are: Any victim of an aviation accident has the legitimate right to a complete indemnification that effectively compensates the victim for the damages suffered. For it to be fair, the indemnification award must take into consideration the nature and extent of the damages caused. While it shall not be excessive so as to create a profit for the victim, it shall give the victim a reasonable and adequate compensation. The award shall be individualized according to the particularities of the case, considering the degree of injury caused to the victim, the possibility of rehabilitation, medical costs, treatments needed, degree of liability of the parties involved and the socioeconomic status of the victim. Monetary awards in aviation accident cases shall not be subject to a limit or capped amount, as such limitations render the award irrelevant to the real and particular circumstances, damages and injuries in the case at stake. It shall be the judge who quantifies under reasonable criteria what the quantum of the award shall be, as she - and only she - knows the particulars of the case presented in such a way that allows her to appraise it under equity and justice. That kind of result cannot be achieved by Congress arbitrarily fixing in advance amounts of compensation without regards to the facts and circumstances of the case. Caps on commercial airlines liability: o Do not accomplish a constitutionally valid purpose as they favor the protection of airline carriers over the health, physical and psychological safety of passengers and their rights to just compensation necessary to enable a dignified life after an accident. o Are arbitrary, as they impose a fixed amount to all damages that may be caused to a passenger, from a simple injury to a total

10 disability or even death. Additionally, there is no apparent reason for why or how Congress decided to assess the quantum of such damages the way it did, as it contradicts international treaties and regulations on international aviation and transportation. o Do not contribute in any fashion to the improvement of service, efficiency or competitiveness of the airline industry and leave the Mexican regulation on this subject matter below international standards. o Neither assures the passengers safety nor achieves an equal balance between the interests of the airlines and the rights of the public. o Only promote irresponsibility in performing civil and commercial aviation services, as they limit airline carrier liability regardless of its conduct or the damages caused to passengers, their health and safety. The black letter of Article 62 of the General Aviation Act is unconstitutional as it imposes on the passenger the burden of proving malice or bad faith on the part of airline carrier as a condition precedent for removal of the liability cap, which means that even gross negligence or fault by airline carriers or their employees is irrelevant to the issue of liability. Even though these case law precedents are isolated and not yet binding on lower courts, they do constitute the new guidelines for interpretation of the law in many fields of the Mexican legal system, not just civil law. Courts can now invoke these precedents and adjudicate cases from a whole new perspective: they can now grant real and effective protection to those seeking justice as well as a fair, reasonable and sufficient compensation for their damages instead of applying an outdated formula that does not take into account the specific facts and circumstances of the case. This case constitutes a milestone achievement for the Mexican legal system, built on ancient traditional foundations of Roman-Germanic heritage that worked well for many decades under a rather formalistic structure. This case challenged and successfully overcame the cornerstone establishment of judges very narrow margins of maneuvering in the pursuit of justice, which is the ultimate and only role of the judicial system. The trend of the Mexican legal system to adopt certain common law principles is now more visible that ever. This is true even though the Mexican court system does not provide for a jury to be the fact finder and ultimate decision maker regarding quantum of damages. All civil cases tried on Mexican soil are bench trials, that is, they are heard, dealt with and ruled on by a single fact finder: the judge. The responsibility of making a thorough, reasonable and impartial factual determination and achieving a just ruling rests on the shoulders of a single member of the judiciary and not on a collection of lay citizens.

11 Having said that, it is obvious that the new trend opened by the Gaston Ramirez case also brings to the Mexican legal system a new, overwhelming challenge that is not easy to navigate: who is to decide what is just and what is not? What is fair for one judge may not be reasonable for another. Under this new trend, the courts will bear a tremendously heavy burden consisting of administering justice based on principles of equity, reasonableness and common sense. Under the new trend after Gaston Ramirez case, sky is the new limit for damage awards in Mexican litigation. Disclaimer The USMBA Newsletter is a periodical where different lawyers share their experiences and ideas to members of the association for informative purposes, in a generic form and for free. The ideas and opinions of the authors are not the position of the USMBA and cannot substitute a specific legal advice. The USMBA takes no legal responsibility for a decision taken on basis of this publication.

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