********** EXPEDIENTE 27/2015 PRINCIPAL

Transcripción

1 ********** VS. AGENTE DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MEXICALI Y OTRA AUTORIDAD EXPEDIENTE 27/2015 PRINCIPAL Mexicali, Baja California, dieciséis de junio de dos mil quince. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo citado al rubro, promovido por **********, en contra del Agente de Policía y Tránsito y del Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y... R E S U L T A N D O I.- El treinta de enero de dos mil quince la parte actora presentó demanda de juicio contencioso administrativo en contra del Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California y en contra del Agente de Policía y Tránsito ********** adscrito a dicha Dirección, señalando como acto impugnado la boleta de infracción ********** impuesta el cinco de octubre de dos mil trece. II-. La parte actora señaló como hechos constitutivos de su pretensión los siguientes: 1.- No fui informada por la autoridad del hecho y no se acredita con todos los elementos la identidad del infractor y del vehículo, lo cual no puedo aceptar por considerarlo una manera de sorprender ilógico e irracional y no se acredita con todos los elementos que con fecha 05/10/2013 (cinco de octubre de dos mil trece), declaro que soy la única persona que conduce habitualmente vehículo y no frecuento el establecimiento y la ubicación que se está señalando en la boleta de infracción con número de folio **********, misma que a la letra describe lo siguiente: POR ESTAR ESTACIONADO EN CORDON AZUL, no se deja infracción en el parabrisas de la unidad y no se me hace llegar la

2 información para acudir a responder en su momento y hacer las aclaraciones, presenté el refrendo de pl acas del año ********** (**********) y no se me informa hasta el día 28/01/2015 (veintiocho de enero de dos mil quince) que me presentó para el refrendo Me presenté el día 29/01/2015 a manifestar inconformidad ante la Dirección de Seguridad Públi ca Municipal, fue atendida por CC **********, quien me informó verbalmente que tengo cinco días para realizar el pago de la multa impuesta a partir del momento en el que fui informada. III.- La parte actora hizo valer motivos de inconformidad, que por economía procesal se tienen como si a la letra se reprodujeran en el presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2o. J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y textos siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la il egalidad de la misma. IV.- La parte actora ofrece como pruebas diversas documentales, que tienen pleno valor demostrativo conforme los artículos 322 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación s upletoria, atento a los artículos 30 tercer párrafo y 79 de la ley que rige a este Tribunal, y que tienen la eficacia demostrativa para justificar lo que en ellos se contiene. Asimismo ofreció la presuncional legal y humana. V.- Mediante auto dictado el cinco de febrero de dos mil quince, se admitió la demanda por haberse presentado en tiempo y forma, procediéndose a emplazar a las autoridades demandadas, quienes, al contestar, sostuvieron la legalidad del acto impugnado.

3 VII.- La audiencia de pruebas y alegatos, se celebró el veinte de mayo de dos mil quince, conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que se desahogaron las pruebas admitidas, y se hizo constar que las partes no formularon alegatos, estando el caso en condiciones a resolver lo que en derecho corresponda, por lo tanto, se procede a dictar la resolución correspondiente, de acuerdo a los siguientes C O N S I D E R A N D O S PRIMERO.- Competencia. Esta Primera Sala es competente para resolver el presente juicio, en razón de la materia en virtud de promoverse en contra de una boleta de infracción emanada de una autoridad administrativa municipal, mediante la cual se aplica una sanción por contravenir el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, Baja California, así como por la ubicación del domicilio señalado por la actora, el cual se encuentra en la circunscripción territorial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artícul os 2, 22, fracción I, 21, 23 y 45 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. SEGUNDO.- Existencia del acto. La existencia del acto impugnado quedó debidamente acreditada en autos, con la documental pública exhibida por la parte ac tora, consistente en la boleta de infracción ********** de fecha cinco de octubre de dos mi catorce elaborada por el Agente de Policía y Tránsito ********** adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (foja 6). La documental de referencia, adminiculada con la confesión realizada por la autoridad emisora del acto al contestar la demanda hacen prueba plena de la existencia del acto impugnado de conformidad a lo dispuesto por los artículos 285 fracción IV, 322 fracción II, 323, 400 y 40 5 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, así como para demostrar los términos en que fue emitido.

4 TERCERO.- Procedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, se procede al análisis de las posibles causales de improcedencia del juicio. El acto administrativo impugnado lo constituye la boleta de infracción ********** emitida por el Agente de Policía y Tránsito ********** adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California, consecuentemente procede el sobreseimiento del juicio respecto de la autoridad demandada Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, en virtud de que no existe acto administrativo emitido por esa autoridad, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 40 fracción VI de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, procediendo el sobreseimiento respecto esa autoridad con fundamento en el artículo 41 fracción II del citado ordenamiento. Aclarando que ello en nada afecta la declaración de nulidad que, en su caso, pudiere decretarse. CUARTO.- Legitimación. La parte actora se encuentra legitimada tanto en el proceso como en la causa, toda vez que promueve la demanda por su propio derecho, señalando como autoridad demandada a quien emitió la resolución impugnada en los términos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción II inciso A de la Ley que rige a este Tribunal. Asimismo, cuenta con interés jurídico para promover el juicio en atención a que impugna una boleta de infracción en la que se asentó como vehículo motivo de la infracción, el de placas **********, y la actora ofreció como prueba la tarjeta de circulación del vehículo con ese mismo número de placas, y en la que aparece su nombre como propietaria. Dicha documental obra en autos en copia certificada a foja 63, la cual hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por los artículos 285 fracci ón III, 322 fracción II, 323, 400 y 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, con la que acredita su interés jurídico para impugnar la boleta de infracción **********. QUINTO.- Estudio de fondo. Conforme al artículo 83, último párrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del

5 Estado, se advierte que la boleta de infracción que en esta vía se combate, actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por las razones que enseguida se exponen. A la actora se le atribuyó infringir el artículo 114 fracción XX del reglamento de tránsito de Mexicali, el cual se trae a la vista. ARTÍCULO Se prohíbe estacionar vehículos en los siguientes lugares: XX.- Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para personas con discapacidad, o en zonas de estacionamiento para éstas; Analizado el texto normativo aplicado por la autoridad demandada se concluye que los hechos o conducta imputada al actor no encuadra en el supuesto normativo contemplado en el citado precepto, como enseguida se explica. La hipótesis establecida en el artículo 114 fracción XX del reglamento citado prevé la prohibici ón de estacionar vehículos frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para personas con discapacidad, o en zonas de estacionamiento para éstas. El agente de tránsito demandado señaló que los hechos constitutivos de infracción consistieron en conductor estacionado cordón azul. Como se observa del texto del precepto legal, y analizados los hechos que se presentan en el caso, la conducta atribuida a la actora no se subsume en el supuesto contemplado en la norma, toda vez que la referida hipótesis normativa no contempla como prohibición el estacionarse en cordón azul.

6 No pasa desapercibido lo señalado por el agente emisor de la boleta impugnada al contestar la demanda, en el sentido de que, el artículo 109 del mismo ordenamiento reglamentario, establece los colores oficiales en las guarniciones de las banquetas que prohíben estacionarse, y que en su fracción IV, establece que el color azul indica zona de carga o descarga de estacionamiento para personas con discapacidad, ya que el referido artículo 109, fracción IV no formó parte de la motivación y fundamentación de la boleta impugnada, y no es dable jurídicamente que la autoridad mejore la fundamentación y motivación de sus actos en su contestación de demanda, ya que de hacerlo se estaría contraviniendo el derecho humano de seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 constitucional, por lo cual el acto impugnado debe ser analizado en los términos en que fue emitido. Por lo tanto, no existe encuadramiento entre los hechos expuestos por la autoridad y la hipótesis legal, por lo que es erróneo el alcance que la autoridad otorgó a la norma prevista en el artículo 114, fracción XX del reglamento de tránsito de Mexicali. Por tratarse de derecho sancionatorio la imposición de sanciones por contravenir el reglamento de tránsito, y como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación de las normas que establecen sanciones deben ser de aplicación estricta y no extensiva, respetando de manera prudente la técnica garantista desarrollada en el derecho penal. En ese sentido, la interpretación de los preceptos sancionatorios deben sujetarse al principio de tipicidad, traducido como la exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 100/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1667 del Semanario Judicial de la

7 Federación y su Gaceta, tomo XXIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil seis, Novena Época, de rubro y textos siguientes: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracc ión y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. Aunado a lo anterior, como ya se dijo, en la boleta impugnada se asentó: el conductor estacionado cordón azul, de lo cual se advierte que dicha descripción no actualiza el artículo 114, fracción XX ya mencionado, por diverso motivo, que enseguida se expone. El precepto legal que se atribuyó al actor infringir establece como prohibición estacionar vehículos en diversos lugares, sin embargo, con la descripción de hechos narrado por el agente demandado, se le atribuyó al actor en su carácte r de conductor, estacionarse en cordón azul, sin que el referido precepto reglamentario prevea la prohibición de que el conductor se estacione en determinado lugar, como sí lo hace respecto a los vehículos.

8 Por lo expuesto, la boleta de infracción impugna da debe declararse nula con apoyo en lo previsto por el artículo 83, fracción IV, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en virtud de que la conducta descrita por la demandada no encuadra en la hipótesis normativa que se le atribuyó a la actora infringir, lo que se traduce en violación de las disposiciones aplicadas. En congruencia con lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y considerando que conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, el Director de Seguridad Pública Municipal ejerce las facultades que le confiere ese precepto, a través de sus agentes, aunado a que dicho Director es el superior de agente emisor de la boleta declarada nula, es procedente condenar al referido Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali a que ordene la cancelación de la boleta de infracción ********** de los registros y sistemas de cómputo correspondientes a efecto de evitar que, eventualmente, se obstaculice a la parte actora realizar trámites de su interés, tales como la expedición de la constancia de no adeudo, en su caso. Por lo anteriormente expuesto, resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad hechos valer por la actora, toda vez que aún de resultar fundado no modificaría la nulidad decretada, al haberse declarado la nulidad lisa y llana del acto impugnado, satisfaciéndose la pretensión del actor que mayor beneficio le generaría. Por todo lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 83 fracción IV, y además con apoyo en el artículo 82 y 84 de la Ley que rige a este Tribunal, se... R E S U E L V E

9 PRIMERO.- Se sobresee en el juicio única y exclusivamente por lo que concierne al Director de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la boleta de infracción con número de folio ********** impuesta el cinco de octubre de ********** por el agente de Policía y Tránsito ********** adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. TERCERO.- Se impone al Director de Seguridad Pública Municipal la condena consistente en que ordene la cancel ación de la boleta de infracción ********** de los registros y sistemas de cómputo correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad demandada. Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada Titul ar de la Primera Sala, y firmó ante la presencia de su Secretario de Acuerdos, Licenciado Paj mi ris Sa am Razo Salcedo, quien autoriza y da fe. FAR/ragr

10 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 27/2015, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDFIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN NUEVE FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS. DOY FE.