6 de setiembre del 2016 DCA-2254

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio No de setiembre del 2016 DCA-2254 Señor Marvin Corrales Barboza Subgerente General Banco de Costa Rica Estimado señor: Asunto: Se otorga autorización al Banco de Costa Rica, para que contrate en forma directa los servicios profesionales de (14) catorce abogados para la atención de procesos de cobro judicial en diferentes zonas a nivel nacional, por el plazo de 6 meses. Nos referimos a su oficio No. SGBMI del 18 de julio del 2016, recibido en este órgano contralor el 20 de julio de este mismo año, donde se solicita la autorización descrita en el asunto. Mediante el oficio No (DCA-1979) de fecha 4 de agosto del 2016, esta División solicitó información adicional necesaria para atender la gestión, requerimiento que fue atendido por ese Banco mediante el oficio No.SGBMI del 10 de agosto pasado. I.-Antecedentes y justificación. Para efectos de la solicitud, el Banco de Costa Rica señala como parte de las justificaciones los siguientes aspectos: 1. Que esta Contraloría General mediante el oficio No (DCA-2186) del 2 de setiembre del 2015, autorizó al Banco de Costa Rica, para que contratara en forma directa los servicios profesionales de treinta y un (31) abogados, para la atención de procesos de cobro judicial en diferentes zonas a nivel nacional, por el plazo máximo de 9 nueve meses, en el tanto se tramitara el procedimiento ordinario que por monto corresponde. 2. Que dicha contratación directa al haberse otorgado por un plazo de 9 meses, feneció en el mes de agosto pasado. 3. Que la Licitación Pública No. 2015LN promovida por ese Banco para la Contratación de Servicios Profesionales de abogados para la atención de Cobro Judicial para Diferentes Zonas a Nivel Nacional, actualmente se encuentra en fase de adjudicación, pero se encuentra pendiente en virtud de una medida cautelar

2 2 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual suspendió los sorteos programados para el 11 de julio, que determinarían los adjudicatarios de la licitación entre las ofertas empatadas, proceso que no puede continuar hasta que el Tribunal resuelva dicho gestión. 4. Que en virtud de las anteriores circunstancias, conllevan a que los profesionales dejen de brindar los servicios de cobro judicial que requiere el Banco, provocando un vacío y una afectación directa en el servicio expedito que la Administración necesita para llevar a cabo de la mejor manera la mayor cantidad de recuperaciones de su cartera en mora. 5. Derivado de lo anterior, requiere el Banco que se autorice contratar en forma directa y por un plazo de 6 meses los siguientes 16 profesionales, para que atiendan las zonas en las cuales se mantenía la contratación y con ello garantizar que no se afecte el servicio, siendo que el cobro judicial es un proceso sensible del Banco: No. Nombre Cédula Zona Contrato vence 1 Warner Céspedes Arias Gran Área Metropolitana Rodney Montalbán Rivera Gran Área Metropolitana Laura Ramírez Ulate Gran Área Metropolitana María Adilia Salas Bolaños Gran Área Metropolitana Albán Sing Villalobos Gran Área Metropolitana Esteban Troyo Dittel Gran Área Metropolitana Mauricio Vargas Salas Gran Área Metropolitana Lauren Campos Campos Guanacaste Guillermo Azofeifa Álvarez, conocido Limón como Guillermo Angulo Álvarez 10 Loahn Lindo Dell Limón Isabel Sibaja Rojas Limón Mayra Rojas Guzmán Limón y Guápiles Yanory Jiménez Figueroa Pérez Zeledón y Ciudad Neilly Víctor Emilio Rojas Hidalgo San Carlos José Enrique Jiménez Bogantes San Ramón Isabel Montero Mora San Ramón Aclara el Banco, que se requiere la incorporación de dos profesionales, a saber: Loahn Lindo Dell e Isabel Sibaja Rojas, cuyas contrataciones derivan de la Licitación Pública No. 2011LN , refrendada por esa Contraloría General mediante el oficio No (DCA-3028) del 17 de noviembre del 2011 y ampliados según el

3 3 artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa mediante contratación directa No. 2015CD , mismos que vencieron el 1 de junio del presente año. 7. Que en virtud de la naturaleza de los servicios prestados, la cuantía de la presente contratación es inestimable, siendo el cliente el que efectúa el pago de honorarios, y por ende no se requiere de partida presupuestaria por parte del Banco. 8. Para efectos de la solicitud, aporta por cada uno de los profesionales: Declaración Jurada en relación con el régimen de prohibiciones de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, certificación de obligaciones con la C.C.S.S. y Fodesaf y el respectivo cronograma de ejecución de la presente contratación directa. II.- Criterio de la División. La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 138 y 139 de su Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para considerar que el procedimiento de contratación directa es la mejor forma alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes que lleven al convencimiento de que la contratación directa es la vía que mejor satisface el interés público, tal y como lo señala el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al establecer: La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. (lo destacado no es del original) En el presente caso, esta Contraloría General mediante el oficio No (DCA-2186) del 2 de setiembre del 2015, autorizó al Banco de Costa Rica, para que contratara en forma directa los servicios profesionales de treinta y un (31) abogados, para la atención de procesos de cobro judicial en diferentes zonas a nivel nacional, por un plazo máximo de 9 nueve meses, en el tanto se tramitara el procedimiento ordinario que por monto correspondía, partiendo del respectivo análisis de las circunstancias que motivaron dicha solicitud en el momento dado. Ahora bien, se tiene que el Banco ha expuesto que requiere contratar nuevamente los servicios profesionales de abogados, necesarios para atender los procesos de cobro judicial en varias zonas del territorio nacional, considerando en primera instancia que el procedimiento ordinario (Licitación Pública No. 2015LN ), se ha promovido oportunamente, no

4 obstante que la adjudicación respectiva se encuentra suspendida por una medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo. De manera que, explica ese Banco, que derivado de la autorización de contratación directa otorgada según los términos del oficio No , requiere contratar solo a 16 profesionales en las zonas donde se mantenía la contratación, para que de esta manera no se afecte el servicio requerido y no se dejen desatendidas las zonas respectivas, considerando además que tales contrataciones se encuentran vencidas. Sobre los motivos expuestos, considera esta División que resultan suficientes para otorgar la autorización solicitada, siendo que se tiene por acreditado por parte del Banco que el procedimiento ordinario respectivo, se ha promovido oportunamente, no obstante por factores ajenos al proceso mismo, se encuentra suspendido por orden del Tribunal Contencioso Administrativo. Aunado a lo anterior, se entiende que el objetivo de la autorización es no desatender las gestiones de cobro judicial en las zonas respectivas y no afectar la recuperación efectiva de la cartera de mora que posee esa entidad bancaria, justificación que considera viable esta Contraloría General considerando además, que se ha indicado que las contrataciones se encuentran vencidas. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la LCA y 138 del RLCA, se autoriza al Banco de Costa Rica para que contrate en forma directa los servicios profesionales de 14 profesionales en derecho para la atención de procesos de cobro judicial las diferentes zonas donde se encontraban asignados, por el plazo de 6 meses, según las razones que de seguido se explicarán. Considerando que el Banco, ha manifestado que la contratación de los 16 profesionales citados en el punto 5 del apartado de Antecedentes y Justificaciones de este oficio, deriva de los términos otorgados en el oficio de autorización No , se ha verificado los datos de los profesionales de la solicitud con los autorizados en ese momento, de donde se desprende que únicamente los siguientes 14 profesionales efectivamente se encuentran en la lista de abogados cuyas contrataciones fueron autorizadas en el citado oficio: 4 Nombre Cédula Zona 1 Warner Céspedes Arias Gran Área Metropolitana 2 Rodney Montalbán Rivera Gran Área Metropolitana 3 Laura Ramírez Ulate Gran Área Metropolitana 4 María Adilia Salas Bolaños Gran Área Metropolitana 5 Albán Sing Villalobos Gran Área Metropolitana 6 Esteban Troyo Dittel Gran Área Metropolitana

5 5 7 Mauricio Vargas Salas Gran Área Metropolitana 8 Lauren Campos Campos Guanacaste 9 Guillermo Azofeifa Álvarez, conocido como Guillermo Angulo Limón Álvarez 10 Mayra Rojas Guzmán Limón y Guápiles 11 Yanory Jiménez Figueroa Pérez Zeledón y Ciudad Neilly 12 Víctor Emilio Rojas Hidalgo San Carlos 13 José Enrique Jiménez Bogantes San Ramón 14 Isabel Montero Mora San Ramón De manera que, con fundamento en lo anterior, la autorización otorgada en el presente oficio, resulta procedente para que se contrate directamente los servicios de cobro judicial que requiere ese Banco, con los anteriores 14 profesionales, en el entendido de que son estos los que corresponden con los anteriormente autorizados. Desde luego, no se deja de lado que en la zona de Limón existen dos profesionales adicionales a saber: Loahn Lindo Dell e Isabel Sibaja Rojas, sobre lo que únicamente se ha explicado por el Banco que su propuesta deriva del procedimiento ordinario Licitación Pública No. 2011LN y contratación directa No. 2015CD , contratos actualmente vencidos. No obstante, de la lectura del oficio No , se puede apreciar que para la zona de Limón, se autorizó la contratación de los señores: Guillermo Angulo Alvarez, Grace Robinson Arias y Mayra Rojas Guzmán, pero solo dos de ellos se mantienen en el nuevo listado sin que se haya hecho ninguna explicación o consideración sobre las razones de la variación. Al respecto, no se autoriza la inclusión de los señores Loahn Lindo Dell e Isabel Sibaja Rojas, considerando que el Banco no ha brindado mayores explicaciones en relación con la contratación de los mismos, ni ha explicado por qué no habiéndose otorgado anteriormente la contratación de tres profesionales en esta misma zona, se mantienen solo dos de ellos. De igual forma, no se ha indicado tampoco por qué en el caso de la zona de Limón se está incrementando la cantidad autorizada originalmente. En cuanto al plazo de la contratación, se otorga por los 6 meses que el Banco solicitó, considerando que lo ha estimado conveniente, siendo que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronuncie sobre el procedimiento interpuesto en esa sede judicial. No obstante, si los contratos producto la licitación pública que se está promoviendo a los efectos, pueden iniciar su ejecución antes del vencimiento del plazo aquí autorizado, se dará una terminación anticipada a los contratos surgidos por la presente autorización, aspecto que así deberá ser advertido a los contratistas.

6 En cuanto al monto de la contratación, se destaca que el Banco ha señalado que es un proceso de cuantía inestimable, siendo que la cancelación de honorarios, la asume directamente el cliente. 6 III. Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización La autorización se otorga condicionada a lo que de seguido se expone: 1. Se otorga autorización al Banco de Costa Rica, para que contrate en forma directa los servicios profesionales de (14) catorce abogados para la atención de procesos de cobro judicial en diferentes zonas a nivel nacional, por el plazo de 6 meses. 2. Los profesionales abogados a contratar, son los que se incluyen en el siguiente listado: Nombre Cédula Zona 1 Warner Céspedes Arias Gran Área Metropolitana 2 Rodney Montalbán Rivera Gran Área Metropolitana 3 Laura Ramírez Ulate Gran Área Metropolitana 4 María Adilia Salas Bolaños Gran Área Metropolitana 5 Albán Sing Villalobos Gran Área Metropolitana 6 Esteban Troyo Dittel Gran Área Metropolitana 7 Mauricio Vargas Salas Gran Área Metropolitana 8 Lauren Campos Campos Guanacaste 9 Guillermo Azofeifa Álvarez, conocido como Guillermo Angulo Limón Álvarez 10 Mayra Rojas Guzmán Limón y Guápiles 11 Yanory Jiménez Figueroa Pérez Zeledón y Ciudad Neilly 12 Víctor Emilio Rojas Hidalgo San Carlos 13 José Enrique Jiménez Bogantes San Ramón 14 Isabel Montero Mora San Ramón 3. El plazo de la contratación será de 6 meses, computados a partir de la notificación de la orden de inicio respectiva. No obstante, si los contratos producto la licitación pública que se está promoviendo a los efectos, pueden iniciar su ejecución antes del vencimiento del plazo aquí autorizado, se dará una terminación anticipada a los

7 7 contratos surgidos por la presente autorización, aspecto que así deberá ser advertido a los contratistas. 4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados. 5. En cuanto al contenido presupuestario, se destaca que la presente autorización es de cuantía inestimable según lo indicado por el Banco y que la cancelación de los honorarios a los profesionales corre por cuenta del cliente, por lo que el pago a los abogados deberá realizarse en apego a la normativa que regula la materia. 6. Deberá suscribirse un contrato con cada uno de los notarios cuya contratación se autoriza, y cada uno de éstos deberá contar con aprobación interna según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 7. En relación con el cronograma de la contratación directa remitido, deberá esa Administración agilizar eficientemente cualquier gestión interna, en razón de que los contratos se encuentran vencidos y la necesidad del Banco de contar con los servicios señalados. 8. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 9. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración debe tener presente que es su responsabilidad fiscalizar la contratación, con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 10. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante la fase de ejecución, que los notarios se encuentren debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de parte de los notarios de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 11. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto

8 8 que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...). 12. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 13. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que los notarios no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado, y que no se encuentre inhabilitados para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad del señor Marvin Corrales Barboza, en su condición de Subgerente General del Banco de Costa Rica, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. Atentamente, Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado Rebeca Bejarano Ramírez Fiscalizadora Asociada RBR/chc NI: 19551, 21612, Ci: Archivo central G: