INSTITUTO COSTARRICENSE DE DERECHO NOTARIAL ICODEN DE: REGISTRO NACIONAL CONTRA: MARLENE LOBO AVILA VOTO #

Transcripción

1 PROCESO DISCIPLINARIO NOTARIAL EXPEDIENTE # NO DE: REGISTRO NACIONAL CONTRA: MARLENE LOBO AVILA VOTO # TRIBUNAL DE NOTARIADO : San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero del dos mil ocho.- Proceso disciplinario establecido ante el Juzgado Notarial por el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE representado por su Sub-director a.i., Licenciado Wálter Méndez Vargas, mayor, casado, vecino de San José, cédula , contra la Licenciada MARLENE LOBO AVILA, mayor, casada una vez, abogada y notaria, de San Antonio de Puriscal, cédula RESULTANDO : 1.- El Registro Público de la Propiedad Mueble, a través de su Subdirector a.i. Licenciado Wálter Méndez Vargas denunció que la notaria Marlene Lobo Avila confeccionó la escritura número 169, a las 9:00 horas del 26 de setiembre del dos mil tres, la que fue presentada al Registro bajo el asiento tomo 524 del Diario.- Que en esa escritura, compareció la señora Margarita Morales Delgado, cédula , en su calidad de apoderada generalísima de Angel Barboza Murillo, cédula , y al consultar la registradora a quien correspondió dicho documento para su calificación, contra el Padrón Nacional, determinó que el citado señor Barboza Murillo estaba fallecido desde el 5 de agosto del dos mil uno.- Finaliza diciendo que la denuncia se hace en vista de la violación a la fe pública en que incurrió la notaria En su contestación, la notaria aduce que la escritura se confeccionó con datos suministrados por las partes, referentes al estado civil de los comparecientes, pues el estado civil de los otorgantes es pura manifestación de las partes.- Que cuando se autorizó la escritura tenía copia del poder debidamente inscrito, vigente, sin que conste a su margen ningún tipo de anotación o referencia que avise sobre situación o circunstancia anómala, que aporta con su contestación, y agrega que como notaria trabaja al amparo de la publicidad registral, por lo que no estuvo fuera de la ley, otorgando de la manera que se hizo.- Señala que es el registro el encargado de anunciar a los usuarios a través de las anotaciones al margen de los

2 asientos de los tomos en todos sus registros, para no afectar los actos que se consultan al amparo de sus informaciones y de los cuales son responsables.- Menciona que lo único de que dio fe, fue de que el poder estaba inscrito y vigente a la fecha de otorgamiento, tal como dio fe de la existencia del plano.- Manifiesta que desde el momento que se le notificó está reuniendo a las partes para su comparecencia a efecto de rescindir dicha escritura El señor Juez de primera instancia mediante sentencia de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo del dos mil siete, declaró con lugar la denuncia y le impuso a la notaria tres años de suspensión Por no estar conforme con lo resuelto, apeló la notaria denunciada, en vista de lo cual conoce ahora el Tribunal de la sentencia indicada En los procedimientos se han observado las prescripciones y plazos de ley. No se notan defectos u omisiones que puedan causar nulidad. - Redacta el Juez Sánchez Sánchez.- CONSIDERANDO : I.- Expresa la notaria que la sentencia apelada debe ser anulada en su totalidad, pues no indica la fundamentación jurídica que lleve a dictar la sanción en su contra, no está fundamentada e ignora en qué normativa se basó el A quo, pues se omite toda consideración.- Al respecto debe indicarse que la nulidad sólo procede decretarla para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Como ninguno de los dos casos se da en autos, procede rechazar la nulidad de la sentencia que se interpone junto con el recurso.- Además, el juzgador de instancia sí fundamentó la sentencia y, como consta en ésta, se basó en los artículos 15, 19, 139 y 146 inciso c) del Código Notarial.- II.- De la lista de hechos probados que contiene la sentencia apelada, se aprueban los hechos 1) y 2).-

3 Únicamente se agrega al hecho número 1), que mediante ese documento la señora Margarita Morales Delgado, como apoderada generalísima de Angel Barboza Murillo vende la finca del Partido de San José, matrícula a los señores Hernán y Gerardo ambos Barboza Morales, la que fue presentada al Registro bajo el asiento tomo 524 del Diario.- Que en esa escritura, la notaria da fe de que el poder está inscrito y está vigente a la fecha de la escritura que autorizó.- Se suprimen los hechos 3) y 4) por ser hechos procesales.- III.- Se suprime por innecesario el único hecho tenido por indemostrado.- IV.- En el presente asunto se tiene que la notaria denunciada autorizó la escritura número 169, del 26 de setiembre del 2003, mediante la cual comparece la señora Margarita Morales Delgado, como apoderada generalísima de Angel Barboza Murillo cédula , y vende la finca del Partido de San José, matrícula a los señores Hernán y Gerardo ambos Barboza Morales, la que fue presentada al Registro bajo el asiento tomo 524 del Diario.- La autoridad de primera instancia le impuso una sanción de tres años de suspensión a la notaria, con base en lo dispuesto en el artículo 146 inciso c) del Código Notarial, por haber autorizado una escritura que es falsa, dando fe de un acto que ya era inexistente.- V.- Al respecto debe indicarse que lo resuelto por la citada autoridad se encuentra ajustado a derecho y por eso ha de confirmarse.- En efecto, la notaria hizo constar, al amparo de la fe pública de la cual es depositaria, la vigencia del poder conferido por el señor Angel Barboza Murillo cédula a la señora Margarita Morales Delgado, quien compareció al acto de otorgamiento de la escritura número 169, en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de dicho señor, siendo que don Angel falleció desde el 5 de agosto del Con ello, la notaria incurrió en un incumplimiento de deberes, ya que es su deber como notaria verificar la vigencia y eficacia del poder generalísimo con base en el cual actuaba la compareciente Morales Delgado, principalmente lo que atañe a los artículos 40 y 84 del Código Notarial y 1278 inciso 5) del Código Civil, pues una de las causales por las cuales se extingue el poder es por la muerte del poderdante, de manera que su actuación como notaria no se limita a hacer constar en la escritura vigencia de éste y su inscripción en el Registro, sino también a comprobar la existencia del poderdante.- La notaria al no verificar la existencia del poderdante, incurrió en la autorización de un contrato ilegal, ineficaz y

4 absolutamente nulo, y al expedir el testimonio de la escritura, es evidente que expidió un testimonio falso, puesto que la escritura matriz es falsa.- VI.- La apelante funda sus agravios en que considera injusta la sanción que se le impone, pues se basó en los principios de publicidad y seguridad registral, ya que los documentos públicos se hicieron con base del estudio hecho en el Registro de Personas, donde no aparece revocado ni mucho menos extinguido por muerte del poderdante y si la entidad denunciante hace un control cruzado contra el Padrón Nacional, también es su deber, al tener conocimiento de la muerte de las personas, mantenerlo actualizado, toda vez que esto responde al principio de seguridad registral y que no sea posterior al otorgamiento del instrumento notarial, en que de una forma un tanto maliciosa se induce al error al indicarse en el Registro de Personas que el poder se encuentra o no vigente.- Sobre este punto, debe indicarse que es función de la notaria verificar la vigencia e idoneidad del poder por lo que su labor no se circunscribe a efectuar el estudio registral, sino que, como contralora de legalidad del contrato cuya confección le piden las partes realizar, debe constatar no sólo su vigencia, sino también verificar que no se haya producido ninguna de las causales por las cuales se extingue el poder, contempladas en el numeral 1278 del Código Civil, para así poder garantizar su legalidad, eficacia y validez, así como su vigencia, en su condición de fedataria pública, lo cual constituye su deber funcional, porque si ha acaecido alguna de esas causales, cuya verificación es deber suyo, está impedida de dar fe de su vigencia, conforme lo establecen los artículos 32 y 84 del Código Notarial.- De ahí que el Registro, al comprobar el fallecimiento del poderdante, le canceló el asiento de presentación al documento, porque así lo estatuye el citado numeral 84, que en lo conducente dice: "De comprobarse que la personería indicada no está vigente, se cancelará el asiento de presentación".- A demás, no es válido su argumento de que el registro debe actualizar la información cuando una persona fallece, ya que, como se expresó, al margen de que así sea, persiste su deber de verificación de que respecto al poder que se le presenta, no se da ninguna de las causales contempladas en el artículo 1278 del Código Civil.- Aduce también la denunciada que del conocimiento que ha tenido de las partes denunciadas, nunca se enteró del fallecimiento del poderdante, de quien preguntó y por la confianza que tenía de los otorgantes, siempre se le indicó que estaba vivo, por lo que hizo el estudio correspondiente en el Registro de Personas que le publicitó que estaba vigente.- Sin embargo, esa explicación no es admisible, como argumento para exonerarla, ya que aunque así haya sucedido, eso no la dispensa, en su condición de fedataria pública, de constatar con relación al poder, que no hubiera acaecido ninguna de las causales por medio de las cuales se extingue el poder.- Tampoco la exonera de responsabilidad el hecho de que nunca compareció don Angel y que su esposa le presentó copia de la inscripción del

5 poder en el Registro de Personas y de que nunca actuó con culpa o dolo, ya que estos elementos no determinan su responsabilidad ni son eximentes sino que lo que interesa en este asunto es si cometió la falta que se le achaca o no y, dentro del proceso se demostró que si la cometió, actuación con la cual lesionó la fe pública de la cual es depositaria.-en lo relativo a que por resolución de las 7:30 horas del 5 de setiembre del dos mil cinco, ya se le había suspendido por un mes por el juzgado de primera instancia, por lo que considera esta nueva sanción totalmente injusta, irracional y desproporcionada, ya que se viola su libertad de trabajo, al sufrir un menoscabo, tanto económico como moral, pues ni siquiera una llamada de atención ha recibido debe señalarse que, revisado el expediente # del Juzgado Notarial, traído por este Tribunal ad effectum videndi, se desprende que, en efecto, ante instancia de la misma entidad denunciante, ya el Juzgado Notarial se pronunció en la sentencia indicada imponiéndole una suspensión de un mes a la notaria, pero con relación a la escritura número 170 que autorizó el 26 de setiembre del 2003, utilizando la mandataria el mismo poder, para vender la finca del Partido de San José, matrícula al señor Gerardo Barboza Morales, de modo que el alegato en ese sentido no resulta de recibo.- Además, la sanción impuesta no es injusta ni viola la libertad de trabajo de la notaria, ya que dentro del proceso se tuvo por probado el hecho por el que se le denunció, aplicándose el mínimo de la sanción prevista por el legislador para este tipo de casos.- Además, se le sancionó por su transgresión a la fe pública, al dar fe de la vigencia de un poder generalísimo estando fallecido el poderdante, lo que se tradujo en que autorizara un acto ilegal, nulo e ineficaz y haber expedido, en consecuencia un testimonio falso.- Agrega la denunciada que en aplicación del principio del non bis inidem, la resolución debe ser revocada, toda vez que el asunto fue tramitado en la Fiscalía Adjunta de Puriscal, en donde el proceso se archivó, ya que la autoridad correspondiente consideró que no había mérito para continuar con el proceso penal iniciado, debido a que nunca provocó daño o menoscabo en sus derechos a persona alguna, por lo que antepone la excepción de cosa juzgada material.- Sobre este punto debe indicarse que, para que la sentencia firme produzca cosa juzgada material en relación a otro proceso, será necesario que en ambos sean iguales las partes, el objeto y la causa, por lo que, conforme lo dispuesto en los artículos 162 y 163 del Código Procesal Civil aplicados supletoriamente por disposición del párrafo final del artículo 163 del Código Notarial aquí no opera esa defensa, porque por su naturaleza los procesos son distintos, éste es de de naturaleza disciplinaria y lo que pretende es investigar la conducta del notario respecto a la observancia de los deberes que le impone el ejercicio de la función notarial en relación a la escritura número 169 y el proceso penal lo que persigue es determinar si el notario cometió o no delitos.- De todas formas, debe considerarse que aunque la autoridad penal haya resuelto en la forma que la notaria detalla no impide que se ventile el presente asunto disciplinario, ya que, de conformidad con lo que dispone el artículo 19 del Código Notarial, los notarios

6 pueden ser sancionados en distintos campos en forma independiente, simultánea o sucesiva, a excepción de los casos que deban excluirse en virtud de la fuerza de cosa juzgada de las sentencias judiciales.- Finalmente, debe apuntarse que la sanción que se le impone a la notaria no es desproporcionada, como ella afirma, sino que es la mínima prevista en el artículo 146 del cuerpo legal citado en último término.- Así las cosas, ha de confirmarse la sentencia apelada.- POR TANTO : Se rechaza la nulidad alegada y la excepción de cosa juzgada interpuesta en esta instancia y se confirma la sentencia apelada.- Licda. Ana Cecilia Ching Vargas Lic. Roy A. Jiménez Oreamuno Lic. Rafael Sánchez Sánchez Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 19/1/2011 9:12:27 PM