19/11/15. Embargo por impago de sanción.

Transcripción

1 19/11/15 Embargo por impago de sanción. Una persona pone en nuestro conocimiento el embargo del que había sido objeto el saldo de la cuenta de la que es titular, y que aparentemente se correspondía al impago de una multa por escándalo público. Alude a unos hechos sucedidos unos meses atrás, cuando unos agentes le solicitaron que se identificara por una presunta infracción con la bicicleta, pero que en su opinión, no eran merecedores de multa. Considera injusta esta situación, un abuso de poder, dado que no tiene ningún ingreso, y en esa cuenta sólo ingresa dinero de sus ahorros, para sus gastos, para la matrícula de la universidad, etc. Nos solicita por ello orientación sobre las posibilidades de actuación que caben en este caso. Tras recibir la reclamación, solicitamos por una parte, copia del expediente sancionador por infracción leve de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, a consecuencia del cual se le impuso multa por importe de 200 euros; y por otra, copia del expediente de apremio, por el cual se intentó cobrar esa multa, al Departamento de Hacienda. A la vista del expediente sancionador, la multa a consecuencia de la cual se ha producido el embargo es por la infracción consistente en desobediencia a los mandatos de los agentes de la autoridad y desorden en la vía pública. Como fundamento de dicha sanción, consta en el expediente administrativo un informe elaborado por la Policía Local, en el que se da cuenta de un altercado, exponiendo con detalle en qué consistió este. Al no contar esta Sindicatura con ningún otro indicio que pudiera servir para refutar la versión de los agentes de la policía local, más allá del relato del reclamente, prima el testimonio de los agentes, ya que cuenta con la presunción de veracidad. Asimismo, concluimos que los hechos relatado en el informe encajan adecuadamente en la calificación de desobediencia a los mandatos de los agentes de la autoridad y desorden en la vía pública.

2 Formalmente, tras el análisis de los trámites que han desembocado en la sanción económica, podemos concluir que la tramitación es ajustada a la ley. Por lo que al embargo se refiere, al haber transcurrido el plazo para pagar voluntariamente el importe inicial de la multa, comenzaron a sumarse recargos e intereses de demora, y se inició un procedimiento de apremio para recaudar en vía ejecutiva la deuda generada, dando como resultado, el embargo de los depósitos de los que era titular el reclamante. Así pues, cotejando los trámites llevados a cabo por el Ayuntamiento con la normativa aplicable, hemos de concluir que en el presente caso la actuación del Ayuntamiento ha sido jurídicamente correcta, y que la sanción impuesta se corresponde razonablemente con los hechos que se denuncian. Notificación Estimada conciudadana: Me dirijo a usted en relación con el expediente abierto en esta Oficina en virtud de su queja, en la que manifestaba que le habían embargado el saldo de la cuenta de la que es titular, para informarse en concepto de qué lo habían hecho; al acudir al ayuntamiento a informarse, le indicaron que aparentemente se debía a una multa por escándalo público. Se refirió a unos hechos sucedidos unos meses atrás, y dijo que no hizo nada para que le multaran, ya que iba con un amigo por la calle, el cual llevaba la bici en la mano, pero una señora se tropezó con ellos, y unos agentes de policía local les dijeron que "iban como locos". Ella le dijo a su amigo "vámonos de aquí que sólo quieren poner multas y recaudar dinero". Entonces le pidieron la identificación, diciéndole que no iba a conllevar ninguna consecuencia. No obstante, tras identificarse el agente le dijo "por mi parte no pasa nada, pero mis compañeros quieren ponerte una falta". Nos relató que pensaba 2

3 que simplemente iba a quedar reflejo de ese hecho, y por ello, no recogió ninguna de las notificaciones que provenían del Ayuntamiento. Considera injusta esta situación, un abuso de poder, dado que no tiene ningún ingreso, y en esa cuenta sólo ingresa dinero de sus ahorros, para sus gastos, para gastos de matrícula de la universidad, etc.. Por ello, solicitaba Dejar constancia de su disconformidad con el embargo y con la multa, dado que no cometió infracción alguna, así como una orientación sobre las posibilidades de actuación que caben en este caso. Tras recibir su reclamación, solicitamos por una parte, copia del expediente sancionador por infracción leve de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, a consecuencia del cual se le impuso multa por importe de 200 euros; y por otra, copia del expediente de apremio, por el cual se intentó cobrar esa multa, al Departamento de Hacienda. A la vista del expediente sancionador, la multa a consecuencia de la cual se ha producido el embargo es por la infracción consistente en desobediencia a los mandatos de los agentes de la autoridad y desorden en la vía pública. Como fundamento de dicha sanción, consta en el expediente administrativo un informe elaborado por cuatro agentes de Policía Local, en el que se da cuenta de un altercado con dos personas en bicicleta que cirulaban por la zona peatonal. Una de ellas circulaba a una velocidad inadecuada y realizando zig-zag entre los peatones obligando a apartarse a estos, siendo seguido por una mujer. Momento en el cual los agentes fueron testigos de cómo esta persona, para evitar colisionar con un peatón, tuvo que frenar de manera brusca con los pies. A partir de ahí, el informe policial expone con detalle en qué consistió el altercado, y cuál fue la actitud tanto de su acompañante como de usted misma hacia los agentes. Le remitimos copia íntegra del informe para que pueda usted tener conocimiento pleno de dicha exposición. 3

4 Esta Sindicatura no cuenta con ningún otro dato, prueba o indicio que pudiera servir para refutar la versión de los agentes de la policía local, más allá del relato que usted nos refirió, pero, como es sabido, el testimonio de los agentes sobre aquellos hechos de los que han sido testigos cuenta con la presunción de veracidad. Otra cosa es si del relato de los hechos que ofrecen los agentes cabe inferir que se haya podido cometer el tipo de la infracción por el que a usted se le sanciona. Y en este sentido, analizado el contenido de dicho informe, y como decimos, a falta de cualquier otro dato que pudiera refutarlo, debemos concluir que los hechos que ahí se relatan, y en particular los que a usted se le imputan, encajan adecuadamente en la calificación de desobediencia a los mandatos de los agentes de la autoridad y desorden en la vía pública. Sobre la base de este informe, el Departamento de Seguridad Ciudanana inició un procedimiento sancionador; la resolución por la que se acordaba iniciarlo se le intentó notificar según establece la ley. Como no fue posible hacerlo en persona, acabó publicándose en el Boletín Oficial de Álava (BOTHA). En esa comunicación se le otorgaba un plazo para realizar alegaciones, pero al no hacerlo, se dictó resolución sancionadora, en la que también se concedía plazo para recurrir. Como tampoco se le pudo notificar esta resolución, se volvió a publicar en el BOTHA, momento en el que empezó a contar el mes de plazo para presentar recurso. La notificación es una garantía de los derechos de defensa y oposición del interesado, es decir, el fin de notificar las resoluciones administrativas era que ud. pudiera efectuar las alegaciones que estimara oportunas, presentara las pruebas que apoyaran su testimonio De esta manera, los agentes denunciantes hubiesen dado su versión de los hechos, y hubiese podido dar lugar, eventualmente, a solicitar una reducción en el importe de la multa, por ejemplo. En este caso, al no existir una prueba contradictoria, ni un testimonio distinto sobre los hechos que figuran en el 4

5 expediente, el informe de los agentes desemboca en la sanción de 200 euros. Formalmente, tras el análisis de los trámites que han desembocado en la sanción económica, podemos concluir que la tramitación es ajustada a la ley, dado que tal y como subraya en una rota remitida por la dirección del Departamento de Seguridad Ciudadana junto con el expediente solicitado: Tanto la resolución de incoación como la de imposición de sanción se han intentado notificar en tres ocasiones cada una por correo certificado con acuse de recibo, a la dirección que consta tanto en el informe policial de inicio, como en la página correspondiente de padrón municipal y como en la aplicación informática con la que tramitamos este tipo de expedientes sancionadores, todos ellos coincidentes. Además, y para una mayor garantía, respecto de la resolución de incoación del expediente y a la vista de la imposibilidad de notificación por vía de correo certificado, enviamos a dos policías a la misma dirección que hicieron sendos intentos de entrega en mano, ambos infructuosos. Sólo después de todo ello se procedió a la publicación en el tablón de edictos y en el BOTHA. Efectivamente, a la vista de la documentación que obra en el expediente, las notificaciones se han realizado correctamente, y es más, en este caso se han cotejado varias bases de datos para comprobar la dirección exacta a la que enviar las notificaciones, y se ha incluso intentado la notificación personal mediante agentes de la policía local. Por lo que al embargo se refiere, en la resolución sancionadora por la que se determinaba la sanción económica, 200 euros en su caso, se le concedía plazo de un mes para recurrir la decisión, y se otorgaba ese mismo plazo para el pago voluntario. Al no recurrir, esta resolución adquirió firmeza (no cabe ningún recurso más), y por haber transcurrido el plazo sin abonar el importe de la multa, comenzaron a sumarse recargos e intereses de demora. 5

6 Por ello, se inició un procedimiento de apremio, es decir, Hacienda tramitó un expediente para recaudar en vía ejecutiva la deuda generada, dando como resultado, el embargo de los depósitos de los que era titular. La ley contempla límites en las cantidades a embargar provenientes de sueldos, salarios o pensiones. Pero a la vez, permite embargar los depósitos de las cuentas bancarias, sin distinguir si se perciben ingresos mensualmente o no. En caso de haber recurrido este embargo y de haber accedido el Ayuntamiento a levantarlo, la deuda hubiese seguido viva, incrementándose con los recargos e intereses de demora mensualmente, y desde el Servicio de Recaudación se hubiera intentado cobrar de manera reiterada. Así pues, cotejando los trámites llevados a cabo por el Ayuntamiento con la normativa aplicable, hemos de concluir que en el presente caso la actuación del Ayuntamiento ha sido jurídicamente correcta, y que la sanción impuesta se corresponde razonablemente con los hechos que se denuncian. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal, en este caso NO es posible emitir una resolución estimatoria de su petición. Finalmente, le agradezco la confianza depositada en esta Institución, y le comunico que doy por finalizada mi actuación en el presente asunto, sin perjuicio de nuevas gestiones, si las mismas resultaran necesarias, en relación con este u otros asuntos. Reciba un cordial saludo, Martin Gartziandia Síndico-Defensor Vecinal Sindikoa-Herritarren defendatzailea 6