SENTENCIA NÚM. 55. En Valladolid, a diecinueve de Febrero del año dos mil trece.

Transcripción

1 SENTENCIA: SENTENCIA NÚM. 55 En Valladolid, a diecinueve de Febrero del año dos mil trece. Vistos por la Sra. Dña. LOURDES DEL SOL RODRIGUEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal numero Uno de esta ciudad, las actuaciones correspondientes al Procedimiento Abreviado seguido ante este Juzgado bajo el número 49/12 y procedentes del Juzgado de Instrucción número Seis de Valladolid, seguidas por el posible delito de atentado, falta de lesiones y falta contra el orden público, contra JOAQUÍN ISABEL CARRIÓN, con DNI número L, nacido el 6 de Julio de 1956, hijo de Lorenzo y de Amparo, natural de Villavaquerín (Valladolid) y vecino de Valladolid, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procuradora Sra. Fernández Marcos y defendido por el Letrado Sra. Benegas Haddad, y contra ENRIQUE MARTÍNEZ GARCÍA, con DNI número T, nacido el 20 de Noviembre de 1954, hijo de Jose y Asunción, natural de Valladolid y vecino de Valladolid, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procuradora Sr. Ares Rodríguez y asistido del Letrado Sr. Correges Pereira, y contra DIONISIO ALONSO MAESTRE, con DNI número D, nacido el 4 de Noviembre de 1966, hijo de Martín y de Melchora, natural de Zamora y vecino de Valladolid, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procuradora Sr. Simó Martínez y asistido del Letrado Sr. Martínez González, y contra TEODORO GARRIDO VILLATÉ, con DNI número H, nacido el 25 de octubre de 1946, hijo de Agustín y Camila, natural de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) y vecino de Valladolid, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procuradora Sra. Fernández Marcos y defendido por el Letrado Sra. Benegas Haddad, y contra ANSELMO TAMAYO JIMÉNEZ, con DNI número C, nacido el 12 de Mayo de 1959, hijo de Anselmo y Encarna, natural de Calahorra (Rioja) y vecino de Valladolid,

2 sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procuradora Sr. Simó Martínez y asistido del Letrado Sr. Martínez González, y actuando el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Con fecha 22 de Septiembre de 2008, y con ocasión de actuaciones remitidas por la Policía, se incoaron en el Juzgado de Instrucción número Seis de los de Valladolid, las Diligencias Previas núm. 1391/08 por el posible delito de atentado, falta de lesiones y falta contra el orden público, actuaciones en las que, previa la práctica de las diligencias que se estimaron procedentes, con fecha 30 de Junio de 2010 se dictó por aquél Juzgado resolución en la que se acordaba la tramitación del procedimiento establecido en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. SEGUNDO.- Solicitada por el Ministerio Fiscal la apertura del juicio oral y calificados provisionalmente los hechos por las partes acusadoras, por resolución dictada en dicho Juzgado con fecha 7 de Octubre de 2011 se acordó dicha apertura y la remisión de las actuaciones al Juzgado Penal, en el que, recibidas las mismas y registradas como Procedimiento Abreviado núm. 49/12, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 792 de la Ley Procesal. TERCERO.- En el mismo acto del Juicio, por el Ministerio Fiscal se calificaron los hechos como constitutivos de una falta de lesiones del artículo del Código Penal, un delito de atentado del artículo 550 y 551 del Código Penal y una falta contra el orden público del artículo 634 del Código penal, considerando autor del delito de atentado y de la falta de lesiones a Joaquín Isabel Carrión, y autores de la falta contra el orden público a Enrique Martínez García, Dionisio Alonso Maestre, Teodoro Garrido Villaté y Anselmo Tamayo Jiménez, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando que le fuera impuesta a Joaquín Isabel Carrión la pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa (con cuota diaria de 10 euros) por la falta, y a Enrique Martínez García, Dionisio Alonso Maestre, Teodoro Garrido Villaté y Anselmo Tamayo Jiménez la pena de 60 días de multa con cuota diaria de 10 euros por la falta contra el orden público, y pago de costas, debiendo indemnizar Joaquín Isabel Carrión al agente de la Policía Municipio 8535 en la cantidad de 600 euros por los días de baja y en 43 euros por los desperfectos causados.

3 CUARTO.- Por las defensas de Joaquín Isabel Carrión, Enrique Martínez García, Dionisio Alonso Maestre, Teodoro Garrido Villaté y Anselmo Tamayo Jiménez se solicitó su libre absolución. QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones y formalidades que determina la Ley. HECHOS PROBADOS La presente causa se inició por atestado instruido por la Policía Nacional que fue remitido al Juzgado de Instrucción número Seis de Valladolid conforme a las normas de reparto, que el día 22 de Septiembre de 2008 dictó auto de incoación de las diligencias Previas 1391/08. Practicadas las diligencias de investigación que constan en autos, el día 23 de Enero de 2009 se dictó por el Juzgado de Instrucción auto en el que se reputaba falta el hecho que dio origen a dichas Diligencias Previas y además, se acordaba que a la firmeza de la resolución, se procedería a su registro como Juicio de Faltas. El procedimiento tuvo entrada en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid el 28 de enero de 2009 y el día 10 de Febrero de 2009 por el Fiscal que intervenía en dichas Diligencias se interpuso recurso de reforma contra el auto de 23 de Enero de 2009, por estimar que los hechos objeto de enjuiciamiento revestían caracteres de delito de atentado. El Juzgado de Instrucción, providencia de 6 de Marzo de 2009 tuvo por interpuesto en tiempo y forma recurso de reforma contra la resolución de 23 de enero de 2009 por el Ministerio Fiscal y tras evacuarse el traslado por las demás partes personadas, dictó auto de 13 de enero de 2010 en el que estimó el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal y revocó y dejó sin efecto la indicada resolución. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- En el trámite previo del juicio oral por la Letrada Sra. Benegas, como cuestión previa a la que se adhirieron los otros dos Letrados de las Defensas, indicó que a la vista de la certificación remitida por la Ilma. Fiscal Jefe

4 de la Audiencia Provincial de Valladolid con carácter anticipado a la celebración de la vista, el recurso que en su día se interpuso por el Ministerio Fiscal contra el auto de 23 de Enero de 2009 en el que el Juzgado de Instrucción reputaba falta los hechos, se había presentado fuera de plazo y que por tanto dicha resolución devino firme por el transcurso del plazo sin haberse formulado recurso contra la misma. En consecuencia, al haber transcurrido más de seis meses entre la fecha en la que el Juzgado de Instrucción abrió el traslado a las partes respecto del recurso de reforma (6 de Marzo de 2009) y la fecha en la que se resolvió el recurso (13 de enero de 2010), esas faltas habrían prescrito y por tanto solamente cabría el dictado de un pronunciamiento absolutorio. El Ministerio Fiscal en dicho acto se opuso a la cuestión previa formulada, por estimar que el auto dictado por el Juzgado de Instrucción resolviendo el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal, fue recurrido pro la Letrada Sra. Benegas en apelación únicamente por razones de fondo, sin hacer referencia alguna a la preclusión del plazo para la interposición del recurso, indicando además que, según la certificación de la Ilma. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, los autos entraron en Fiscalía el día 28 de Enero de 2009 y el recurso se interpuso el día 10 de Febrero, estimando que la observancia de los plazos no puede ser igual respecto del Ministerio Fiscal y de las demás partes, ya que considera que no es posible que el Ministerio Fiscal asuma estos plazos por sus especialidades organizativas mientras que los Letrados que intervienen en la causa sí pueden hacerlo. Para el examen de la cuestión previa formulada por la Letrada Sra. Benegas en el juicio oral ha de partirse de los datos objetivos que constan en la presente causa en relación con la fecha del dictado de la resolución que reputa falta los hechos que estaban siendo investigados, la fecha de interposición del recurso de reforma por el Ministerio Fiscal, así como los datos que se desprenden de la certificación remitida por la Ilma. Sra. Fiscal Jefe en relación con la fecha de entrada del expediente en Fiscalía, la del dictamen del recurso y la fecha de salida del expediente de la Fiscalía. Todos estos datos se han recogido en los hechos probados de la presente resolución y de ellos se desprende que cuando el Ministerio Fiscal interpuso el recurso de reforma contra el auto de 23 de Enero de 2009 había transcurrido con exceso el plazo para la interposición del recurso. Debe además tenerse en cuenta que el artículo 202 de la LECrim establece de forma categórica la improrrogabilidad de los términos judiciales, y que la Ley de Enjuiciamiento Civil, supletoria de la Ley Adjetiva Criminal, en su artículo 134 ratifica la improrrogabilidad de los plazos y en su artículo 136 establece taxativamente que transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de

5 parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. Curiosamente, tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado Sr. Martínez González hicieron referencia al evacuar el traslado referido a la cuestión previa suscitada por la Letrada Sra. Benegas, a una misma resolución, la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Vizcaya el día 15 de marzo de 2010 (ponente Sr. Gil Hernández), en la que se examina un supuesto en el que el Ministerio Fiscal interpuso recurso de reforma contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción acordando el sobreseimiento libre de la causa, un mes después de su notificación, supuesto muy semejante al que es ahora objeto de examen, por lo que su argumentación, referida tanto por el Ministerio Fiscal como por una de las Defensas, puede ser trasladada a la cuestión que es aquí objeto de debate. Parte el análisis que realiza la indicada resolución del carácter imperativo y de orden publico de las normas procesales que son, por ello, indisponibles. Cita la indicada resolución diversas resoluciones del Tribunal Supremo en las que, entre otros extremos, se indica que la existencia de plazos obedece a exigencias del principio de seguridad jurídica, que se impone aún en detrimento del triunfo de la justicia material; y si esto es así, el principio es de obligatoria observancia, por lo que la habilitación para el ejercicio de los derechos sometidos a un determinado plazo corre desde el primero hasta el último día. De condicionar el cómputo de un plazo a las incidencias que puedan surgir como consecuencia del momento en que sea utilizado el mismo, implica el rompimiento de la fijeza matemática y temporal inherente a esa institución, abriendo una brecha contradictoria con la razón de ser de la misma, para pasar a una zona sembrada por la incertidumbre (STS de 24 de Julio de 1992), sin que sea posible subsanar la extemporaneidad o incumplimiento de un plazo, el cual se agota una vez llega a su término (STS de 1 de Julio de 1995) sin que pueda quedar al arbitrio de las partes, ni se somete a la disposición de éstas una posible prórroga (STS de 14 de Noviembre de 1995). Esta resolución analiza la posición del Ministerio Fiscal en el proceso penal actual, y las distintas posturas doctrinales existentes en cuanto a su posible calificación como parte del proceso en un nivel de igualdad con las otras partes del proceso, que es precisamente la argumentación a la que se hizo referencia por el Ministerio Fiscal en el plenario, pero termina concluyendo que la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal es muy variada, atendiendo a la etapa o fase del procedimiento, aunque siempre siendo considerado como autoridad pública, con capacidad y legitimación procesal propia, pero entiende esta Sala ello no le otorga el privilegio de estar exenta del cumplimiento de los plazos especialmente los de recurrir cuando como consecuencia de tal existan otras partes que se vean perjudicadas, por lo

6 que el Tribunal estima presentado fuera de plazo el recurso por el Ministerio Fiscal. La reproducción de las conclusiones de la sentencia invocada tanto por el Ministerio Fiscal como por las Defensas se hace precisamente por la similitud entre el supuesto de hecho examinado en aquélla y el que es objeto de análisis en la presente, asumiéndose en la presente resolución íntegramente la argumentación empleada por la Sección Sexta de la Audiencia de Vizcaya, de tal forma que, cuando el Ministerio Fiscal presentó el recurso de reforma contra el auto de 23 de enero de 2009, éste ya había devenido firme al haber transcurrido con exceso los plazos para su impugnación, siendo indiferente a estos efectos que en el recurso de apelación interpuesto por una de las Defensas contra el auto que estimaba el recurso de reforma se hiciera o no referencia a este extremo, puesto que el transcurso del plazo ya había provocado la firmeza de la resolución de 23 de Enero de SEGUNDO.- Sentado lo anterior, el segundo escalón en la cuestión previa formulada es la aplicación del instituto de la prescripción, puesto que entre la providencia de 6 de marzo de 2009 que tiene por interpuesto el recurso de reforma y el auto de 13 de enero de 2010 que estima el recurso, no ha habido ninguna resolución, transcurriendo por tanto con exceso el plazo de seis meses que para la prescripción de las faltas establece el artículo del Código Penal. En consecuencia, como los hechos objeto de enjuiciamiento no podían haber sido calificados mas que como constitutivos de faltas y entre las dos resoluciones dictadas en la causa han transcurrido más de seis meses, las faltas se encontrarían prescritas, por lo que procede la estimación de la cuestión previa formulada por las Defensas y estimar prescritas las faltas que pudieran haber cometido los acusados el día 29 de Febrero de 2008, por lo que procede dictar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos inherentes. TERCERO.- Procede conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, declarar de oficio las costas procesales. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

7 F A LL O Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a JOAQUÍN ISABEL CARRIÓN, ENRIQUE MARTÍNEZ GARCÍA, DIONISIO ALONSO MAESTRE, TEODORO GARRIDO VILLATÉ y ANSELMO TAMAYO JIMÉNEZ del delito y faltas de los que han sido acusados, con declaración de oficio de las costas procesales. Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo de diez días. Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.