TOMO I. VALORACIÓN DE INCIDENCIA TERRITORIAL

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1 TOMO I. VALORACIÓN DE INCIDENCIA TERRITORIAL

2 ÍNDICE. 1. OBJETO AFECCIÓN NORMATIVA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DE LA NORMATIVA ESTUDIADA APLICACIÓN AL MODELO DE ORDENACIÓN DE CASTILLEJA DEL CAMPO OBJETO El Estatuto de Andalucía establece, en su artículo 56.5, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental. Con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, modificado en algunos aspectos en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos destinados a poner suelo urbanizable en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, se establecen nuevos requerimientos en relación a las determinaciones que han de contener los Planes Generales de Ordenación Urbanística sobre aspectos relativos a la Ordenación del Territorio, por lo que se adjunta una justificación de su aplicación al presente Plan. La aprobación del Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla y se crea su comisión de seguimiento (BOJA 132 de 9 de julio de 2009), supone la afección al término municipal de Castilleja del Campo de las determinaciones que en el mismo se recogen. De esta forma, la Disposición Transitoria Primera del mismo establece la obligatoriedad de adaptar el planeamiento general municipal a dichas determinaciones en el plazo máximo de cuatro años. 2. AFECCIÓN NORMATIVA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN. Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (En adelante, LOUA), con sus respectivas modificaciones Ley 13/2005, Ley 1/2006 y Ley 2/2012. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación (en adelante, POTA). Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos destinados a poner suelo urbanizable en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla y se crea su comisión de seguimiento (En adelante, POTAUs). 1 /4

3 2.2. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DE LA NORMATIVA ESTUDIADA. Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía: El Planeamiento Urbanístico General deberá contener, junto a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos. Orden de 3 de abril de El informe de incidencia territorial previsto en el artículo 32.1, regla 2ª, de la LOUA se emitirá sobre los documentos de PGOU previo a su aprobación definitiva. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, corresponde al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la competencia para la emisión de dicho informe. El informe se solicita por el Ayuntamiento de Castilleja del Campo al titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente, en la fase de exposición pública del documento aprobado inicialmente. Según los arts. 9 y 10 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, corresponden a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente las competencias en materia de planificación y ordenación territorial y urbanismo, que venía ejerciendo hasta ahora la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El informe deberá valorar la incidencia de las determinaciones del planeamiento general en el territorio y su coherencia con las previsiones de los instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes, relativos al sistema de ciudades y de asentamientos, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos. Decreto 525/2008, de 16 de diciembre. Sustituye al Decreto 220/2006, en el cual se crea la denominada Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. Es un órgano consultivo. Corresponde al Delegado proponer al Secretario General de Planificación y Desarrollo que dé traslado a la Comisión de las propuestas de informes de incidencia territorial de los PGOU, para que emita valoración. Esta valoración será previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento general que corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto. La Comisión emitirá su valoración sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios y equipamientos previstos para garantizar la ordenación propuesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su caso, las previsiones de inversión pública disponible. La Comisión deberá pronunciarse en este sentido cuando en las propuestas de los instrumentos de planeamiento general, o sus innovaciones, concurra alguno de los siguientes supuestos: a. Cuando el PGOU contemple un crecimiento urbanístico que supere los parámetros establecidos en POTA y en la revisión de los mismos establecidos en el Decreto 11/2008, de 22 de enero. b. Cuando el PGOU contenga: Propuestas de nuevos asentamientos no contiguos a los núcleos urbanos existentes. Dotaciones, equipamientos, servicios e instalaciones con incidencia o interés supramunicipal o territorial no contemplados específicamente en la planificación sectorial, tales como: puertos, aeropuertos, carreteras, centros universitarios, centros hospitalarios, campos de golf, grandes centros logísticos o de servicios, grandes establecimientos comerciales, o grandes centros deportivos según lo establecido en la normativa sectorial correspondiente. Conclusión: esta Comisión emitirá un informe a incorporar al informe de incidencia territorial que ha de elaborar la consejería competente, documento técnico que no supone, al contrario que el POTA, unos requisitos exhaustivos a cumplir para la aprobación de clasificación de suelo. Más bien supone un filtro de comprobación de que se cumplen ciertas condiciones en los instrumentos de planeamiento estudiados, al margen de la resolución que sobre estos crecimientos se adopte en la CPOTU. POTA (Modificado parcialmente por el Decreto 11/2008, de 22 de enero). Por el contrario, el POTA sí que dispone en su Norma 45 unos condicionantes tales, que los PGOU que se extralimiten en los mismos no serán aprobados, dado su carácter de Norma: Con carácter general, no se admitirán crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable (de uso según D11/2008) superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% (60% según D11/2008, para municipios de menos de habitantes), en ocho años. Conclusiones: Dentro del suelo urbano se ha de entender tanto el consolidado como el no consolidado, la duda a resolver será el criterio exacto para la determinación del suelo urbano consolidado, exigiéndose para ello únicamente la urbanización, o bien la urbanización y un porcentaje a fijar de la edificación. Por otro lado, queda la duda de si son criterios acumulativos o si, por el contrario, bastaría con cumplir uno solo de ellos. En el presente documento se ha interpretado que ambos criterios son acumulativos y se ha considerado como suelo urbano al categorizado como consolidado, mientras que el no consolidado se asimila al urbanizable para el cómputo de su crecimiento tanto superficial como poblacional. Cuando se hace referencia a los suelos urbanizables, se incluyen en el cómputo sólo los ordenados y sectorizados, pues los no sectorizados tienen un condicionante de desarrollo que así lo hace entender. No obstante, y a pesar de ello, el propio POTA deja una pequeña puerta abierta para no cumplir estrictamente esos requisitos: en la Norma 2.3 se establece que las actuaciones que se desvíen de las determinaciones en el Plan deberán justificarse, haciendo explícitas las razones de ello y de la necesidad de reorientar el contenido de las disposiciones del Plan afectadas ; también la Norma 45 dice Con carácter general, luego se debe entender que puede haber excepciones. Es por esto, por lo que en casos muy tasados y con una justificación sólida, parece ser que se permitiría una extralimitación en los requisitos dispuestos en este texto normativo, aunque el presente documento de Plan General no lo haga. 2 /4

4 Decreto 267/2009 por el que se aprueba el POTAUs. Del Título Primero, Artículo 15. Áreas de Oportunidad metropolitana. (D) y Artículo 29. Movilidad y transporte en el planeamiento urbanístico. (D) Se recogen condiciones específicas para la ordenación del término municipal que afectan directamente a la redacción de presente PGOU. Del Título Segundo, Capítulo I. Determinaciones generales sobre los usos urbanos y Capítulo II. Determinaciones sobre las Áreas de Oportunidad metropolitana. Del Título Tercero, Artículo 62. Vías Pecuarias. (N y D), Artículo 73. Programa de Reforestación, Sección 2ª. Elementos culturales del Patrimonio Territorial. Del Título Cuarto, Artículo 107. Infraestructuras de Telecomunicaciones. (D y R). Enclavado en el Sector D: Guadiamar, junto a los municipios de Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe, Pilas y Villamanrique de la Condesa, comparte con los mismos los criterios potenciación de las funciones metropolitanas del Sector a través del fomento de la actividad logística y el control de los procesos de urbanización atendiendo a criterios de viabilidad de la actividad con el objetivo de la conservación del patrimonio ya presente en los núcleos de población. Define un Área de Oportunidad de Carácter Tecnológico (T3) al Este del municipio, junto a la carretera A472, cuya ficha es la siguiente: 3. APLICACIÓN AL MODELO DE ORDENACIÓN DE CASTILLEJA DEL CAMPO. Analizado el modelo ordenación urbanística definido en el PGOU de Castilleja del Campo en comparación con el marco normativo de aplicación, encontramos la siguiente situación. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLEJA DEL CAMPO VIVIENDAS máx SUELO URBANO CONSOLIDADO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO , , ,00 terciario 9 otros 6.204, ,55 SUELO URBANO ,74 SUELO URBANIZABLE ORDENADO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO , , ,80 otros SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO m² suelo 8.591, , ,72 SUELO URBANIZABLE ,13 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA CENSO Del mismo modo recoge la red de vías Pecuarias del Expediente de Clasificación de Vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura (orden de 22 de Agosto de 1962), incidiendo en la importancia de su reutilización como corredores ecológicos, y estableciendo el deber de recogerlas en el planeamiento urbanístico asegurando el mantenimiento de sus trazados y anchuras, sin perjuicio de los necesarios procedimiento de clasificación, deslinde, amojonamiento y acondicionamiento ( ) para lo que se requerirán acciones de reforestación. 60% DE LA POBLACIÓN 391 VIVIENDAS CORRESPONDIENTES (2,4 hab/viv) 163 VIVIENDAS NUEVAS EN EL PLAN 159 CRECIMIENTO POBLACIONAL ESTIMADO 381 % INCREMENTO POBLACIONAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL PERMITIDO Entre otras Normas, Disposiciones y Recomendaciones de aplicación directa en la redacción del presente documento destacamos las siguientes: 653 SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL CLASIFICADO 58,35 % 40,00% ,57 5,87% ,48 3 /4

5 Se clasifica como suelo urbano un total de 27,88 has. de las cuales un 85,88% se considera consolidado, mientras que el resto está incluido en actuaciones urbanizadoras cuya finalidad es la de completar la trama urbana existente. Dentro de la clasificación del suelo urbanizable, distinguimos: un sector de suelo urbanizable ordenado, cinco sectores urbanizables sectorizados, de los cuales uno es y cuatro son es, y cuatro áreas de suelo urbanizable no sectorizado, tres es y una, que definen la zona preferente de crecimiento una vez que se haya agotado 2/3 del resto del suelo urbanizable. En lo referente al crecimiento superficial de suelo clasificado como urbanizable, la disposición adicional segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, modifica el POTA para potenciar el desarrollo económico de los municipios andaluces, limitando al 40% de crecimiento territorial únicamente al suelo urbanizable. Considerando una extensión superficial del suelo urbano consolidado de 23,94 has, el máximo crecimiento permitido sería de 9,58 has, mientras que el Plan únicamente contempla una clasificación de 1,41 has de suelo urbanizable sectorizado para uso. Podríamos concluir, que el Plan General de Ordenación Urbanística de Castilleja del Campo resulta coherente con las determinaciones que el POTA define como parámetros de crecimiento máximo. Además, cabe reseñar que se recogen las determinaciones que el POTAUs establece de forma genérica para la aglomeración urbana de Sevilla y en particular para Castilleja del Campo, y que no se dan ninguno de los supuestos previstos en el Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, sobre la necesidad de emitir una valoración por parte de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. Castilleja del Campo, junio de 2012 Manuel Guardado Santervás Arquitecto En lo referente al crecimiento poblacional del municipio, entendido en relación con el incremento de viviendas nuevas en sectores, la disposición adicional segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, modifica el POTA en los parámetros relativos a máxima capacidad poblacional del modelo en ocho años, aumentando a un incremento permitido del 60% para municipios menores de habitantes, como es el caso de Castilleja del Campo. La escasa dimensión poblacional del municipio hace que este condicionante muestre tal sensibilidad, que se ha convertido en el principal de los criterios y objetivos del Plan para la definición de las nuevas zonas de crecimiento, en detrimento de otros, como pudieran ser resolver las discontinuidades de la trama urbana o la aspiración a una oferta de sistemas generales de dotaciones o infraestructuras de mayor relevancia. Así, el crecimiento proyectado en el presente Plan General es de 159 viviendas, que supone un incremento poblacional de 381 habitantes, según la ratio empleada de 2,4 hab/vivienda, por la ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Esto se cuantifica en un incremento poblacional del 58,35%, que además de estar dentro de los márgenes permitidos, se proyecta en un horizonte de catorce años, superior a los ocho que limita la normativa. Especialmente llamativa podría ser la cantidad de suelo urbanizable que se clasifica en el Plan en relación con el resto de suelo urbano y urbanizable. Esto es debido a que en el modelo propuesto se incluye el suelo reservado como Área de Oportunidad en el POTAUs, si bien se entiende que las 60has. que inicialmente se contemplan en la ficha T3 del mismo pueden ser excesivas, por lo que se reservan para la misma 35,02has. de suelo (15,52has. como urbanizable sectorizado y 19,50has. como urbanizable no sectorizado). En cuanto a la protección del territorio, no solo se trabaja en la potenciación desde el Plan la red de vías pecuarias y de caminos vecinales, sino que se define una estrategia de recuperación de zonas degradadas por las actividades extractivas desarrolladas durante más de medio siglo en el término municipal. 4 /4