S E N TE N C I A nº /2014

Transcripción

1 ADMINISTRACION DE JUSTICIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N 1 Calle Sol28 Santander Teléfono: Fax.: Modelo: )(901 Proc.: PROCEDIMIENTO ABREVIADO N': /2012 NIG: Materia: Tráfico, circulación y seguridad vial Resolución: Sentencia /2014 lnteivención: lnteiviniente: Procurador: Abooado: Demandante JAVIER MORA COSPEDAL Ddo.admon.local- AYUNTAMIENTO DE MARIA GONZALEZ- CARMEN LOPEZ- SANTANDER PINTO COTERILLO RENDO RODRIGUEZ S E N TE N C I A nº /2014 En Santander, a 4 de febrero de dos mil catorce. Vistos por D. Juan Varea Orbea, Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N 1 de Santander los autos del procedimiento abreviado 367/2012 sobre potestad sancionadora, en el que actúa como demandante (Dato protegido por la LOPD), representado y defendido por el Letrado Sr. Mora Cospedal, siendo parte demandada el Ayuntamiento de Santander, representado por la Procuradora Sra. González-Pinto Coterillo y asistido por la Letrado Sra. López Rendo Rodríguez dicto la presente resolución con base en los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Letrado Sr. Mora Cospedal presentó, en el nombre y representación indicados, demanda de recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento de Santander de que desestima el recurso de reposición contra la Resolución de fecha que imponía sanción de multa por infracción en de la normativa de tráfico. SEGUNDO.- Admitida a trámite se dio traslado al demandado, citándose a las partes, con todos los apercibimientos legales, a la celebración de la vista el día 4 de febrero. TERCERO.- El acto de la vista se celebró el día y hora señalados, con la asistencia del demandante y del demandado. La parte demanda formuló su contestación oponiéndose a la pretensión. A continuación, se fijó la cuantía del procedimiento en 272 euros y se recibió el pleito a prueba. Tras ello, se practicó la prueba propuesta y admitida, esto es, la documental y la testifical. Practicada la prueba, se presentaron conclusiones orales, manteniendo el actor las pretensiones de la demanda, en tanto que, los 1

2 demandados reiteraron sus alegaciones iniciales y solicitaron la desestimación de la pretensión de la actora. Al)M!NISTAACION OEJ\.ISTICIA Terminado el acto del juicio, el pleito quedó visto para sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El demandante presenta recurso contra la Resolución por la cual se le impone sanción de multa de 200 euros por infracción del art A RGC. Alega que el conductor, padre y representante del titular de la tarjeta, incapaz, aparcó en zona reservada a minusválidos colocando la tarjeta en el cristal delantero si bien, por un problema con un ticket de la OLA, nos e veía bien, razón por la que fue sancionado. Solicita se deje sin efecto la sanción, con devolución de su importe así como los 72 euros pagados por la retirada del vehículo por la grúa. Frente a dicha pretensión se alza la Administración alegando que no. se ha incurrido en infracción alguna. SEGUNDO.- La potestad sancionadora de la Administración constituye una manifestación del ius puniendi del Estado reconocida en el art. 25 CE y que, como tal, debe estar respaldada por una habilitación legal. Es por ello que se acepte pacíficamente por doctrina y jurisprudencia la necesidad; proclamada reiteradamente por el TC, de aplicar a tal potestad los principios inspiradores y las garantías del Derecho Penal, si bien, con las matizaciones necesarias para adecuarlos a su especial naturaleza, en los términos que ha ido precisando el Alto Tribunal. Así, se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional la aplicación de los principios y garantías derivados del art. 25 CE aplicables al proceso penal, concretamente, legalidad (art. 127 LRJAP), tipicidad (art. 129), irretroactividad (art.128), culpabilidad (art. 130), proporcionalidad (art. 131) y non bis in idem (art. 133). De igual manera, se ha declarado la plena aplicación de los derechos y garantías del art. 24 CE, especialmente, el derecho a la presunción de inocencia y la interdicción de la indefensión. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, se hace necesario hacer una breve reflexión sobre el objeto del recurso contencioso administrativo en materia de ejercicio de potestades sancionadoras de la Administración. Como ha señalado la doctrina del TC, no son los Tribunales del orden contencioso administrativo quienes, al modo de lo que sucede en el orden jurisdiccional penal, sancionan al administrado, pues la sanción la pone siempre la Administración en el ejercicio de la potestad reconocida por la CE (SSTC 59/2004, 89/1995) sino que su función consiste en el control, como garantía del administrado, del ejercicio de esa potestad, de su adecuación a derecho. Es por ello que la Administración no puede realizar una actividad superior a la de justificar mediante sus alegaciones la juridicidad de su 2

3 AOMINISTRACION DE JUSTICIA actuación, aunque al administrado, en virtud del derecho de defensa del art. 24 CE y lo establecido en el art. 56 LJ, si se le permitan nuevos alegatos o pruebas con independencia de si se plantearon o no en la fase administrativa previa (SSTC 74/2004). Es por ello que el proceso judicial no pude ser utilizado por la Administración para ejercer sus potestades sancionadoras ni para subsanar vicios, omisiones o vulneraciones de derechos de la fase previa (SSTC 59/2004) ni por el órgano judicial para ejercitarlas por aquella (SSTC , 193/2003). TERCERO.- En primer debe fijarse con toda precisión el objeto del pleito a la vista de la pretensión del actor de que se deje sin efecto la sanción de multa de 200 euros por aparcamiento indebido en zona reservada a minusválidos, se devuelva esa cantidad pagada y se restituyan los 72 euros pagados por la Tasa municipal por retirada de vehículo. Es decir, esgrime dos pretensiones, si bien son de diversa naturaleza y surgen como consecuencia de dos actos distintos, una resolución administrativa sancionadora y una resolución administrativa tributaria de liquidación de una tasa por un servicio. Sin embargo, no se están recurriendo dos resoluciones sino solo la impuesta en el expediente sancionador omitiéndose toda referencia ala liquidación de la tasa, cuya impugnación en vía judicial exigiría previo recurso de reposición preceptivo (art. 108 LBRL). Así, una cosa es la sanción impuesta por infracción de la normativa sobre aparcamiento, y otra la liquidación de la tasa por la retirada con grúa del vehículo de ese aparcamiento. En este último caso, ha existido una actuación material de la administración, como es la retirada de un vehículo de la vía pública por estar mal estacionado así como, el devengo de la correspondiente tasa fiscal, regulada en la Ordenanza 4 T reguladora de la tasa por prestación de servicios de la policía, inmovilización, depósitos y retirada de vehículos de la vía pública cuyo art. 2 regula el hecho imponible. Es por ello que solo cabe analizar los motivos contra la resolución sancionadora pues la resolución que liquida la tasa, no ha sido impugnada ni en vía administrativa ni judicial y ni siquiera consta en el EA. El actor alega un error del Agente denunciante pues la autorización existe, y se aporta con la demanda, está en vigor y se colocó en el parabrisas delantero si bien, es posible que no pudiera leerla el Agente por un ticket de la OLA que la cubría. Así, desde el punto de vista fáctico queda acreditado que el hijo del actor cuenta con tarjeta que autoriza al estacionamiento en zonas reservadas a minusválidos y que el día de los hechos el vehículo estaba estacionado en zona reservada sin exhibir de forma visible la citada tarjeta, pues tal dato resulta de la ratificación del agente coincidiendo con los hechos que se denuncian, no solo al describirlos sino también al citar el precepto infringido y con su explicación en la vista, por otro lado, asumida por el actor. Todo el debate y, este es el argumento fundamental del actor, gira en torno a la concurrencia o no del tipo sancionador que penaliza la infracción de la prohibición del art d) (no es el apartado a) que señala la denuncia). Tal precepto prohíbe estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y la infracción de esta prohibición y, no otra 3

4 conducta, es lo que se sanciona. Desde el punto de vista del tipo, es claro e indiscutible que el actor está autorizado para aparcar en la zona de uso exclusivo y que por ello no vulneraría la prohibición. Así, a la vista de la tarjeta nos e admite el alegato de que solos e autoriza al minusválido conductor. Como es lógico, según la finalidad de este tipo de autorizaciones, se reserva el aparcamiento en la tarjeta aportada a personas con minusvalía que, o bien conduzcan o bien usen el vehículo, no estableciéndose para conductores con minusvalía, lo cual vaciaría de contenido el fin de la autorización. Respecto a que el titular no era transportado, no debe olvidarse que estamos en un procedimiento sancionador donde. rige la presunción de inocencia de. modo que los elementos del tipo deben acreditarse por la administración. Reálmente, lo que se pretende sancionar no es eso sino la falta de exhibición de la tarjeta pero el tipo no recoge tal conducta ni sanciona el indebido uso de la autorización, ni se condiciona esta a esa exhibición haciendo perder su validez. No se sanciona por otros tipos del RGC o de la ordenanza municipal de circulación. En definitiva, si bien la denuncia estaba justificada dado que no se vio la tarjeta existe una instrucción posterior que tiene una finalidad, acreditar o no los hechos de la denuncia y resolver de modo que, aún a pesar de lo justificado de la denuncia, si resulta la autorización para el aparcamiento, la sanción no debió imponerse. El restablecimiento de la situación jurídica vulnerada exige la condena a la devolución de la cantidad abonada en concepto de sanción más los intereses legales para evitar cualquier perjuicio económico.. QUINTO.- Pero tal conclusión no puede alcanzar sin más a la. segunda pretensión, como se ha dicho, pues la tasa no se liquida como! consecuencia de la resolución sancionadora sino de otra resolución que no ha sido expresamente impugnada.. La tasa girada se regula en la Ordenanza 4 T reguladora de la tasa por prestación de servicios de la policía, inmovilización, depósitos y retirada de vehículos de la vía pública cuyo art. 2 regula el hecho imponible, que, por lo que aquí interesa señala 1.- El hecho imponible está constituido por la prestación de los siguientes servicios: a) La retirada de la vía pública y depósito de aquellos vehículos abandonados o que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación de vehículos y peatones. b) La retirada de la vía pública y depósito de vehículos por resolución, orden o puesta a disposición de las autoridades judiciales o administrativas. e) La imnovilización de los vehículos antirreglamentariamente aparcados." Y ello, en relación a 1Ordenanza municipal de circulación arts. 23 y 24. En el presente caso, tal liquidación no ha sido anulada ni se pretende tal 4

5 anulación en vía judicial, con lo que no procede restituir el importe abonado. AOMINISTAACION OEJVSTI<:IA SEXTO.- De conformidad con el art. 139 LJ, no se aprecian motivos que justifiquen la condena en costas. FALLO SE-ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Letrado Sr. Mora Cospedal, en nombre y representación (Datos protegidos por la LOPD) contra la Resolución del Ayuntamiento de Santander de que desestima el recurso de reposición contra la Resolución de fecha y, en consecuencia, SE ANULA la misma y SE CONDENA al ayuntamiento a devolver el importe que se hubiera abonado por la sanción que devengará el interés legal desde la fecha del abono y hasta el efectivo pago. No se hace especial pronunciamiento en costas. Notifíquese la presente resolución a las partes haciendo constar que la misma es firme y no cabe recurso alguno contra la misma. Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. 5