Lima, siete de agosto. Del año dos mil ocho.

Transcripción

1 Lima, siete de agosto Del año dos mil ocho. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil novecientos ochenta y ocho dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Bertha Teresa Urco García mediante escrito de fojas ciento once, contra la sentencia de vista emitida por la Primera Sala Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas noventa y tres, su fecha veintiséis de enero del año dos mil siete, que confirma la sentencia apelada de fojas cincuenta y tres que declara fundada la demanda interpuesta por la Compañía Minera Agregados Calcáreos Sociedad Anónima y ordena llevar adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con pagar a la ejecutante la suma de doscientos cuatro mil setecientos ochenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos o su equivalente en moneda nacional del día y lugar de pago, más intereses que se calcularán en ejecución de sentencia, gastos, costas y costos; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución del veinticinco de setiembre del año dos mil siete, por la causal prevista en el inciso tercero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto: a) aquello que el artículo setecientos veinticuatro del Código Procesal Civil faculta a ejecutar en esta vía es el saldo deudor luego de producido el remate del bien dado en garantía, lo que se obtiene de restar el importe exigido en la demanda de ejecución de garantías y el producto del remate, sin embargo, la actora ha recaudado con la demanda una resolución que incorpora intereses al saldo deudor del remate, lo que ha viciado al título ejecutivo restándole el mérito que le confiere la ley bajo determinadas condiciones; b) la Sala Superior sostiene que el importe de doscientos cuatro mil setecientos ochenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos, pretendido por la actora, no ha agregado interés alguno, sin embargo la Sala no se detiene a analizar si ese es efectivamente el saldo deudor del remate, por lo que la demanda debió ser declarada improcedente; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, conforme aparece de la revisión de los actuados, la Compañía Minera Agregados Calcáreos Sociedad Anónima ha interpuesto demanda contra Bertha Teresa Urco García para que ésta cumpla con pagarle la suma de doscientos cuatro mil setecientos ochenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos o su equivalente en moneda nacional, más intereses, gastos, costas y costos, monto que fuera aprobado mediante la Resolución número ochenta y uno, expedida por el Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, en calidad de saldo deudor derivado del proceso de ejecución de garantías seguido entre las mismas partes luego del remate de los derechos mineros hipotecados por la empresa ejecutante, por lo que su demanda se ampara en lo dispuesto en el artículo setecientos veinticuatro del Código Procesal Civil; Segundo. Que, no habiendo la ejecutada formulado contradicción contra el mandato ejecutivo que ordenó el pago de la suma demandada, la Juez de la causa declaró fundada la demanda y ordenó llevar adelante la ejecución, al haberse acreditado la existencia del saldo deudor mediante las copias de los actuados en el proceso de ejecución de garantías. La ejecutada apeló esta decisión precisando que el saldo deudor producto del proceso de ejecución de garantías sólo ascendía a la suma de ciento cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y dos dólares americanos con

2 ochenta y seis centavos, que fue el remanente del capital adeudado luego del remate, pero sin embargo la suma demandada c omo saldo deudor en este proceso incluye intereses, los que de ninguna manera pueden formar parte del título ejecutivo, ya que los intereses, aún proviniendo del saldo deudor, deben liquidarse al momento de disponerse el pago al acreedor, y no antes, tal como lo dispone el artículo setecientos cuarenta y seis del Código Procesal Civil. La Sala Superior, sin embargo, estima que el título que concede mérito a la ejecución, esto es, la resolución mediante la cual se señala que el saldo deudor resultante es equivalente a la suma de doscientos cuatro mil setecientos ochenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos, no se le ha incorporado ninguna clase de interés y que, en todo caso, el hecho de adicionar a la pretensión demandada el pago de intereses es perfectamente viable a tenor de lo establecido en el artículo seiscientos noventa y siete del Código Procesal Civil; Tercero. Que, en primer lugar, tal como ha exhortado este Supremo Tribunal en diferentes oportunidades a los magistrados de los órganos jurisdiccionales inferiores, el hecho de que la parte ejecutada no hubiera formulado contradicción al mandato ejecutivo no constituye impedimento alguno para que los magistrados evalúen y analicen el mérito del título puesto a cobro, para efectos de establecer si la obligación demandada resulta cierta, expresa y exigible, tal como lo estipula el artículo seiscientos ochenta y siete del Código Procesal Civil. En segundo lugar, es preciso resaltar que este deber de análisis de ninguna manera debe ser arbitrario, sino que debe realizarse con sujeción a las normas procesales especiales que rigen para la validez formal del título ejecutivo; y para el caso especial de la ejecución del saldo deudor a que se refiere el artículo setecientos veinticuatro del acotado Código Procesal resulta razonable, conveniente y prudente tener en cuenta los actuados del proceso de ejecución de garantías del cual deriva, pues lo que se ejecuta al amparo de la citada norma procesal es el remanente que resulta inmediatamente después del remate del bien o bienes hipotecados y que no pudo ser cubierto con lo obtenido luego de realizada la venta judicial; Cuarto. Que, en efecto, el artículo setecientos veinticuatro del Código Procesal Civil establece que: Si después del remate del bien dado en garantía hubiera saldo deudor, éste será exigible mediante proceso ejecutivo. Ergo, corresponde a los jueces determinar: 1) a cuánto ascendió la suma demandada en el proceso de ejecución de garantías y, particularmente, por qué monto se expidió el mandato ejecutivo o, en su caso, hasta qué suma ascendió el monto ordenado a pagar en la resolución final; 2) cuál fue la suma recaudada producto del remate del bien o bienes dados en garantía; y, 3) finalmente, cuál fue el saldo deudor no cubierto por la suma recaudada producto del remate que será materia del proceso ejecutivo que autoriza la norma procesal antes citada; Quinto. Que, en autos, como recaudos de la demanda, la Compañía Minera Agregados Calcáreos Sociedad Anónima ha acompañado los siguientes actuados del proceso de ejecución de garantías: i) copia de la demanda mediante la cual se exige el pago de la suma de seiscientos cuatro mil novecientos noventa y dos dólares americanos con ochenta y seis centavos o dos millones ciento cinco mil trescientos setenta y cinco nuevos soles con quince céntimos, que es el equivalente del valor de las veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve punto doce toneladas métricas de mineral (talco) que les adeuda la emplazada, bajo apercibimiento de remate de diversos derechos mineros; ii) la Resolución número dos, que contiene el mandato ejecutivo requiriendo a la ejecutada el pago en especie del mineral o su equivalente por la suma de dos millones ciento cinco mil trescientos setenta y cinco nuevos soles con quince céntimos, suma que como expresamente se señala en el indicado auto no incluye intereses, los que serán liquidados en ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto

3 en el artículo setecientos cuarenta y seis del Código Procesal Civil; iii) la resolución final que declara infundada la contradicción y ordena el remate de los derechos mineros dados en garantía; iv) el auto que ordena la adjudicación y transferencia de los derechos mineros; v) la resolución número ochenta y uno que aprueba los intereses por la suma de cuatro mil setecientos noventa y nueve dólares americanos con tres centavos y como saldo deudor a dicha fecha (veintisiete de enero del año dos mil seis) la suma de doscientos cuatro mil setecientos ochenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos; y vi) la resolución que requiere a la ejecutada el pago del saldo deudor anotado, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Estos documentos por si solos resultan insuficientes para crear convicción en el juzgador, para efectos de expedir una sentencia justa con sujeción a un debido proceso, por cuanto: 1) aquellos documentos probatorios no explican cómo es que el saldo deudor de una deuda principal ordenada pagar en especie o en moneda nacional por el Juez de la causa, finalmente derive en un monto expresado en moneda de los Estados Unidos de América; 2) si bien en el auto que contiene el mandato ejecutivo se dispuso que los intereses se liquidarían en ejecución de sentencia, y que sólo se ordenaba el pago del capital o de la especie adeudada, sin embargo no se tienen a la vista los documentos que nos permitan apreciar si finalmente se efectuó dicha liquidación de intereses en la etapa respectiva (previo al pago con el dinero obtenido del remate, tal como lo establece el artículo setecientos cuarenta y seis del Código Procesal Civil) y que por tanto, el saldo deudor producto del remate incluyera ya el cómputo de intereses (legales o convencionales), todo ello para efectos de descartar que la Resolución número ochenta y uno emitida por el Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, que sustenta la presente demanda, contenga algún tipo de capitalización de intereses, situación que prohíbe el artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil, y que se encuentra permitida sólo a favor de instituciones financieras, que no es el caso de la empresa demandante; 3) tampoco obran en autos los actuados que nos permitan determinar cuál fue la suma obtenida a consecuencia del remate de los derechos mineros y cómo se restó aquélla de la suma ordenada a pagar y dio como resultado el saldo deudor; entre otras muchas incógnitas que necesitan ser resueltas y aclaradas previamente por los Jueces antes de emitir una decisión final en este proceso, sin que tales consideraciones importen de ninguna manera cuestionar la validez de lo actuado o decidido en el proceso de ejecución de garantías, sino únicamente garantizar una adecuada motivación de las resoluciones judiciales; Sexto. Que, obviamente, nada impide que luego de establecerse con certeza cuál es el monto del saldo deudor resultante del remate de los derechos mineros, su pago devengue igualmente intereses legales que se liquidarán en este proceso ejecutivo, en razón de que aquel saldo pasa a desprenderse e independizarse del proceso de ejecución de garantías del cual deriva y forma un título ejecutivo con una deuda que da mérito a un nuevo proceso, tal como lo reconoce el artículo setecientos veinticuatro del Código Procesal Civil, y aún la propia ejecutada al sustentar su recurso de apelación. Sin embargo, por el momento, y mientras no se tenga a la vista la integridad de los actuados en el proceso de ejecución de garantías, no es posible determinar si resulta o no cierta y exigible la suma de doscientos cuatro mil setecientos ochenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos que se demanda, sobre todo si aquella suma tiene incorporados los intereses aprobados por la suma de cuatro mil setecientos noventa y nueve dólares americanos con tres centavos, tal como se indica en la Resolución número ochenta y uno, obrante a fojas diecinueve, lo que pone de manifiesto la evidente incongruencia incurrida por la Sala Superior, al afirmar que en el saldo deudor aprobado por

4 dicha resolución no se ha incorporado clase de interés alguno. Por todas estas razones, los fundamentos contenidos en los acápites a) y b) del recurso de casación merecen ser amparados; Sétimo. Que, en conclusión, a fin de no sentenciar con autos diminutos, resulta necesario que ambas instancias tengan a la vista el expediente de ejecución de garantías, seguido entre las mismas partes ante el Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima y, en tal sentido, se torna imperioso declarar la nulidad de ambas resoluciones de mérito, para efectos de que pueda analizarse detenidamente la causa y garantizar el derecho a la doble instancia que asiste a los sujetos procesales, debiendo el Juez de la causa emplear las facultades que le asisten conforme a lo dispuesto en los artículos cincuenta y uno inciso segundo y ciento noventa y cuatro del Código Procesal Civil, debiendo precisarse que la admisión de pruebas de oficio en un proceso encuentra su razón de ser en el estado de insuficiencia de los medios probatorios que advierte el Juzgador, al considerar que los ya incorporados no cumplen plenamente su finalidad, que no es otra cosa que producir certeza y crear convicción respecto de los puntos controvertidos; por tanto, cuando un Magistrado ejerce esa potestad, no desnaturaliza de el proceso, sino que por el contrario, propende al cumplimiento de sus fines señalados en el artículo tercero del Título Preliminar del acotado Código Procesal; Octavo. Que, siendo así, al configurarse la causal procesal denunciada, el recurso de casación resulta fundado, debiendo procederse conforme a lo normado en el numeral dos punto tres inciso segundo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil; RESOLUCIÓN: declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bertha Teresa Urco García mediante escrito de fojas ciento once; CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas noventa y tres, su fecha veintiséis de enero del año dos mil siete, E INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas cincuenta y tres, su fecha dieciséis de octubre del año dos mil seis; MANDARON a que el Juez de la causa emita nuevo fallo, teniendo a la vista el expediente de ejecución de garantías seguido entre las mismas partes; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano ; en los seguidos por la Compañía Minera Agregados Calcáreos Sociedad Anónima contra Bertha Teresa Urco García y Otro; sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el señor Castañeda Serrano. SS. PAJARES PAREDES PALOMINO GARCÍA CASTAÑEDA SERRANO MIRANDA MOLINA VALERIANO BAQUEDANO cbs

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