SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES : JUAN MANUEL CORONADO MENDOZA DEMANDADO :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

Transcripción

1 SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES EXPEDIENTE DEMANDANTE : SP-CA-01 : JUAN MANUEL CORONADO MENDOZA DEMANDADO :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR MATERIA : IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCUÓN NÚMERO DIECISIETE Tumbes, Cinco de Abril del dos mil once.- VISTOS: En audiencia pública el expediente SP-CA-01 seguido por Juan Manuel Coronado Mendoza contra La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar; sobre impugnación de resolución administrativa. RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN: Es materia de pronunciamiento en esta instancia judicial, la apelación formulada por el procurador público de la entidad municipal emplazada contra la sentencia contenida en la resolución número NUEVE del trece de julio del dos mil diez, que declara fundada en parte la demanda y en consecuencia nula la resolución de alcaldía materia de impugnación; y además ordena el pago de la suma de S/.4, Nuevos Soles por concepto de indemnización por daños y perjuicios. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: A folio doscientos setenta y cinco, corre el escrito impugnatorio formulado por el procurador público de la entidad municipal, en el que expone lo siguiente:

2 Precisa presuntos errores del que adolece la apelada: 1) Sostiene que el A quo incurre en error al no haber tenido en cuenta, que sí existió un procedimiento disciplinario a instancia de la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios a cargo de la contraloría general de la república, que evacuó el informe CG/ORPI Examen especial periodo , y justamente en virtud a ello la municipalidad formó la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios, emitiendo el informe número CEPAD-MPCVZ. 2) También se incurre en error al hacerse apreciaciones de carácter subjetivo, toda vez que señala, que la comisión de procesos administrativos no podría hacer suyas las conclusiones a las que llegó en su momento el órgano de control, sin que haya señalado los motivos del porqué de tal apreciación; y 3) Del mismo modo también hace referencia a una incongruencia en los considerandos de la sentencia, pues refiere que la comisión de procesos administrativos disciplinarios no respetó el debido procedimiento, o que este se llevó de manera irregular, y por otro lado afirma que no existió procedimiento disciplinario. Precisa pretensión impugnatoria: Solicita que la resolución impugnada sea REVOCADA, y declarada infundada por el órgano jurisdiccional superior. CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA: PRIMERO.- El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, constituye un derecho abstracto de todo ciudadano, reconocido expresamente por nuestra carta Constitucional, que se expresa a través del derecho de acción y contradicción, ya sea que lo ejercite el demandante o el demandado; ello significa que el derecho de acción se materializa a través de la demanda, la cual debe reunir todo los requisitos y exigencias procesales que la Ley de la materia establece. Para el caso de autos tratándose de una demanda

3 contenciosa administrativa, orientada a procurar se efectivice el control jurídico sobre determinada actuación administrativa corresponde tener presente lo establecido en el artículo 22 del TUO de la ley 27584, así como las exigencias previstas en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: Del análisis de autos, se aprecia que la pretensión del actor se orienta a procurar se declare: i) La nulidad de la Resolución de Alcaldía número A- MPCVZ que le impone la medida disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones para el desempeño de funciones en la administración pública por espacio de un año; y asimismo ii) Se disponga el pago de la suma de S/.24, Nuevos Soles por concepto de indemnización por daños y perjuicios, que comprende diversos conceptos, entre ellos lucro cesante, daño emergente, daño al proyecto de vida y daño moral. Como argumentos de su demanda afirma, que mediante la resolución impugnada se le ha impuesto la sanción disciplinaria de Suspensión para el desempeño de funciones en la administración pública por espacio de un año, habiéndose contravenido la Constitución y la Ley en razón a que la sanción impuesta no está prevista legalmente, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 155º del Decreto Supremo PCM. solo se han regulado las sanciones de: a) Amonestación verbal o escrita; b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días; c) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a 30 días y hasta por 12 meses; y d) Destitución. Lo que significa que no está prevista la sanción de suspensión por un año, menos para el desempeño de función en la administración pública. Por otro lado también hace referencia a que de conformidad a lo previsto en el artículo 158º concordante con el artículo 163º del Decreto Supremo PCM para imponer sanción disciplinaria de cese temporal o destitución se necesita la apertura de

4 procedimiento administrativo disciplinario; y que en su caso no se le ha sometido a procedimiento alguno, razón por la cual considera que la sanción impuesta constituye un acto arbitrario e ilegal, que ha afectado su honor y buena reputación.- TERCERO: Por su parte la emplazada, Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar contradice la demanda, negando los hechos sustentatorios de la demanda; y solicita que en su oportunidad se declaren infundadas las pretensiones postuladas, alegando que el accionante admite la existencia del informe evacuado por la Contraloría General de la República, que tiene la calidad de prueba pre-constituida, emitida luego de habérsele otorgado el derecho de hacer sus descargos respecto a los hallazgos encontrados y que comprometen su actuación como funcionario público, pero que en nada enervan su ilegal actuación en la administración pública. Agrega que el accionante se limita argumentar la falta al debido proceso sin tocar el tema de fondo, relacionado al hecho que en su condición de miembro del comité de recepción de obra dio conformidad y recepcionó la obra Construcción del Techado de la tribuna del Estadio de Zorritos Contralmirante Villar, ocasionando un perjuicio económico ascendente a la suma de S/.14, Nuevos Soles, sin advertir que la indicada obra se había ejecutado sin respetar las especificaciones técnicas consignadas en el expediente técnico.- CUARTO: Efectuada la correspondiente evaluación a lo actuado en el proceso se advierte lo siguiente: i) Que el acto administrativo impugnado, consistente en la Resolución de Alcaldía número A-MPCVZ del uno de diciembre del dos mil ocho ha sido emitida en mérito al informe número CEPAD-MPCVZ del veinte de noviembre del dos mil ocho, evacuado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, tal como así se verifica de las documentales obrantes de folio sesenta y tres a ochenta y cuatro; ii) De la lectura y análisis del informe antes

5 señalado, se puede constatar que la Comisión especial de procesos administrativos disciplinarios, solo ha tenido en cuenta como fuente probatoria y de referencia el informe de contraloría número CG/ORPI-EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PERIODO no habiendo notificado ni requerido a los servidores comprometidos en las observaciones detectadas para que efectúen sus descargos antes las imputaciones o cargos atribuidos; es decir no se aprecia que el demandante Juan Manuel Coronado Mendoza haya ejercido su derecho a la defensa, haciendo el descargo ante las imputaciones y cargos atribuidos relacionados a las presuntas irregularidades incurridas en su actuación como miembro del comité de recepción de la obra denominada Construcción del Techado de la tribuna del Estadio de Zorritos Contralmirante Villar ; en otros términos es evidente, que el indicado informe solo ha tenido como parámetro y fuente probatoria única el informe de contraloría ya señalado, que si bien se trata de una prueba, que por mandato legal tiene la condición de prueba pre-constituida, cierto es también que de acuerdo a las normas reglamentaria previstas en el capítulo XIII del Decreto Supremo PCM la comisión disciplinaria deberá otorgar a los servidores investigados el plazo legal, a efecto que realicen sus descargos, y además requerirá los informes necesarios orientados al esclarecimiento de los hechos materia de investigación; esto significa que no podrá evacuar validamente un informe sin antes haber brindado al servidor y/o funcionario investigado la oportunidad de hacer sus descargos; procedimiento que la Comisión especial de procesos administrativos disciplinarios no ha efectuado, pues tal como ha quedado anotado, simplemente ha tenido a la vista el informe de contraloría.- QUINTO: De otro lado para los efectos de emitir pronunciamiento, también es importante tener en cuenta, que en el artículo 155º del Decreto Supremo PCM.

6 no se ha previsto la sanción, que se le ha impuesto al demandante 1. Es decir que efectivamente tal como así lo alega el accionante, legalmente no está prevista la medida disciplinaria de Suspensión para desempeño de funciones en la administración pública, menos si se trata de una suspensión por espacio de un año; pues tal como ha quedado anotado precedentemente la medida de suspensión no puede ser superior a los treinta días; y si en todo caso se tendría que calificar dicha medida como de cese temporal, también estaríamos frente a un acto administrativamente viciado, en razón a que no se ha seguido un procedimiento administrativo disciplinario regular, conforme se ha señalado en el considerando que antecede 2.- SEXTO: En cuanto al extremo referido a la pretensión indemnizatoria se debe tener en cuenta, que estamos frente a un supuesto de responsabilidad contractual, de carácter laboral sustentado en la imposición irregular de una medida disciplinaria, que según manifiesta el actor le afecta su derecho constitucional al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho al trabajo; sin embargo es de advertir que en autos no se ha llegado a actuar elemento probatorio alguno, que nos permita prevé la existencia de daño ocasionado al demandante; que según alega le ha ocasionado perjuicios de carácter patrimonial como es el lucro cesante y daño emergente, además de daño a su proyecto de vida y daño moral, sin embargo no ha ofrecido ni presentado prueba alguna orientada a acreditar el supuesto daño sufrido, por lo tanto carece de objeto evaluar la concurrencia de los demás presupuestos de la responsabilidad civil contractual. De lo expuesto líneas arriba se puede colegir, efectivamente la imposición irregular y arbitraria de una medida disciplinaria, pero que a criterio del colegiado no tiene porqué 1 Artículo 155º del Decreto Supremo PCM. las siguientes sanciones: a) Amonestación verbal o escrita; b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días; c) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a 30 días y hasta por 12 meses; y d) Destitución. 2 Artículo 158º del Decreto Supremo PCM. El cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de 30 días y hasta por 12 meses se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Artículo 170º del Decreto Supremo PCM. La comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad recomendando la sanción a imponer

7 ser considerado como un acto generador de responsabilidad civil, y menos como generador de la frustración al proyecto de vida; en todo caso no se ha probado tal circunstancia, razón por la cual este extremo de su demanda debe ser desestimado.- POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, al amparo de lo expuesto en el artículo 41º del TUO de la Ley LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES, RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia, en el extremo que declara FUNDADA la demanda y declara nula la Resolución de Alcaldía A-MPCVZ mediante la cual se le impuso la medida disciplinaria de suspensión para desempeño de funciones en la administración pública por espacio de un año; en los seguidos por JUAN MANUEL CORONADO MENDOZA contra LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR sobre Impugnación de resolución Administrativa; ORDENARON asimismo, que la entidad municipal emplazada a través del órgano competente expida nueva resolución observando las normas legales y reglamentarias que garanticen el derecho al debido proceso en el procedimiento disciplinario; Asimismo REVOCARON el extremo que ordena pagar la suma de Cuatro Mil Doscientos Nuevos Soles por concepto de Indemnización Por Daños y Perjuicios; REFORMÁNDOLO declararon INFUNDADA dicha pretensión. Con lo demás que contiene. Interviene como Juez Superior ponente el magistrado Williams Vizcarra Tinedo.- Suscriben la sentencia los magistrados Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco Villavicencio. Secretaria Enma del Pilar Zárate Vite.