LAUDO ARBITRAL Nº 215

Transcripción

1 Procedimiento Arbitral núm. 25/2014 Empresa: XXXXXX LAUDO ARBITRAL Nº 215 Ángel Luis de Val Tena, árbitro designado por la Autoridad Laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de 24 de marzo de 1995, y el artículo 31 del R.D. 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa, en relación con el expediente de arbitraje núm. 25/2014, iniciado por impugnación de D. XXXXXX, en nombre y representación de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO.), de conformidad con lo previsto en los artículos 76 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y 42 del R.D. 1844/1994, dicto el siguiente LAUDO ARBITRAL I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. El pasado día 4 de julio de 2014, el sindicato CC.OO., en virtud de lo establecido en el artículo 67.1 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, presentó ante la Oficina Pública dependiente de la Autoridad Laboral el preceptivo escrito de preaviso para la celebración de elecciones en la empresa XXXXXX., fijando como fecha de inicio del proceso electoral el día 5 de agosto de El referido escrito de preaviso viene identificado con el núm SEGUNDO. En la fecha señalada se constituyó la Mesa Electoral y se expuso el censo electoral provisional. En el mismo no figuraban la trabajadora D.ª AAAAAA (por error se identifica a esta trabajadora en el escrito de impugnación como D.ª aaaaaa) y tampoco el trabajador D. BBBBBB (por error se identifica a este trabajador en el escrito de impugnación como D. bbbbbb). 1

2 El día 31 de julio de 2014, afirma la representación del sindicato CC.OO. que recibió de parte de la empresa el censo electoral, siendo tachado a mano el nombre de la trabajadora D.ª AAAAAA. TERCERO. El día 6 de agosto de 2014, el sindicato CC.OO. presentó reclamación previa ante la Mesa Electoral, solicitando que se incluyera en el censo a los dos trabajadores citados ut supra, dado que ambos trabajadores han sido despedidos por la empresa, habiéndose presentado ante los Juzgados de lo Social dos demandas solicitando la nulidad del despido por violación al derecho fundamental de libertad sindical. La Mesa Electoral desestimó, mediante resolución fechada el día 7 de agosto de 2014, la referida reclamación previa, señalando que actualmente no trabajaban en la empresa y, por lo tanto, no cumplen los requisitos exigidos para poder ser incluidos en el censo. CUARTO. Frente a esta decisión de la Mesa Electoral se presenta impugnación arbitral en materia electoral, por considerar no ajustada a derecho la resolución de la Mesa Electoral, solicitando que se declare la nulidad del proceso electoral y, en consecuencia, se retrotraiga el mismo al momento de elaboración del censo electoral, incluyendo en el mismo a D.ª AAAAAA y a D. BBBBBB, sobre la base de los argumentos ya adelantados en su escrito de reclamación previa. QUINTO. En el acto de comparecencia, la representante del sindicato CC.OO. retira la solicitud de inclusión en el censo de D.ª AAAAAA porque ha pactado la extinción de su contrato de trabajo con la empresa aporta acta de acuerdo en el SAMA el pasado día 21 de agosto de Mantiene, sin embargo, la petición de incluir a D. BBBBBB. Como prueba documental, la representante del sindicato CC.OO. presenta copia de la demanda presentada fecha de registro de 24 de abril de 2013 por D. BBBBBB, donde solicita la nulidad de la decisión empresarial extintiva, alegando vulneración directa del derecho a la libertad sindical. El juicio, para su celebración, ha quedado señalado por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Zaragoza el día 23 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, según se acredita documentalmente. Como se afirma en la demanda por despido, D. BBBBBB es afiliado al sindicato CC.OO. y es representante de los trabajadores miembro del comité de empresa en la mercantil XXXXXX, para la que ha prestado servicios desde el 20 de octubre de 2003 con la categoría profesional de Operador de Unidad Móvil. Sucede, conforme al relato de hechos que figura 2

3 en la demanda y como se comprueba en la documentación aportada, que este trabajador recibió una primera comunicación de su empresa, el día 21 de marzo de 2013, en la que se le indicaba que figura entre el personal a subrogar por la nueva adjudicataria la empresa YYYYYY del servicio de teleasistencia domiciliaria en los municipios de la provincia de Teruel y que quedará definitivamente integrado en la plantilla de la nueva empresa adjudicataria el día 25 de marzo de Sin embargo, habiéndose presentado en la nueva empresa adjudicataria de aquel servicio el día indicado, esta última le comunicó el mismo día 25 de marzo de 2013 que de momento no se iba a llevar a cabo la subrogación hasta que todos los problemas sean solucionados. Con dicha actuación por parte de la empresa para la que presta servicios el trabajador, que le ha dejado sin ocupación efectiva, y también por parte de la nueva empresa adjudicataria del servicio, se constata siempre como denuncia en la demanda judicial una minoración del número de representantes de los trabajadores en la empresa y un intento directo de evitar la eficacia de una acción sindical reivindicativa de la plantilla que permanece en XXXXXX, en particular, a través de la extinción de la relación laboral de un miembro del comité de empresa. En definitiva, se entiende que se ha producido la vulneración de la garantía sindical de permanencia en la compañía y el respeto a la acción de la representación legal de los trabajadores, pudiendo apreciarse como causa de nulidad de la extinción de la relación laboral efectuada en el presente caso, al existir una vulneración directa al derecho de la liberad sindical. Tramitada, por lo tanto, esta impugnación en materia electoral conforme al procedimiento arbitral previsto en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, habiéndose celebrado, el día 26 de agosto de 2014, la comparecencia de las partes interesadas ante mí, considero de aplicación los siguientes II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. En aplicación del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en ese precepto y, tras haber sido nombrado árbitro para este asunto, entro a conocer del mismo. Además, cumpliendo lo preceptuado en el artículo 76.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, el sindicato impugnante acredita interés legítimo para impugnar el proceso electoral de referencia. 3

4 SEGUNDO. La cuestión controvertida es, únicamente, la no inclusión de D. BBBBBB en el censo electoral, puesto que se había extinguido su relación laboral despido tácito bastantes meses antes del inicio del proceso electoral. Sucedió que la empleadora dejó sin ocupación efectiva al trabajador, tras no subrogarse la nueva empresa adjudicataria del servicio de teleasistencia en los municipios de la provincia de Teruel, considerando el trabajador que con esta actuación su empleadora ha podido pretender según consta en la demanda judicial reducir el número de representantes de los trabajadores en la empresa, limitando al mismo tiempo la eficacia de la acción sindical reivindicativa de la plantilla que permanece en XXXXXX, puesto que se ha producido de hecho la extinción de la relación laboral de quien es miembro del comité de empresa. Así, entiende el trabajador demandante que se ha producido la vulneración de la garantía sindical de permanencia en la compañía y el respeto a la acción de la representación legal de los trabajadores, pudiendo apreciarse como causa de nulidad de la extinción de la relación laboral efectuada en el presente caso, al existir una vulneración directa al derecho de la liberad sindical. Por lo tanto, ha tenido lugar una extinción contractual, no comunicada por escrito y sin que se haya alegado causa alguna, de un trabajador afiliado a un sindicato y que es miembro del comité de empresa. Es verdad que en la fecha de presentación del preaviso, el 4 de julio de 2014, ya no estaba prestando servicios efectivos en la empresa; sin embargo, la extinción contractual, muy anterior en el tiempo, ha sido impugnada judicialmente, habiéndose solicitado la nulidad por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y estando todavía pendiente de celebración el acto del juicio, debido a la acumulación de demandas ante los Juzgados de los Social. En principio, la decisión empresarial de despedir en este caso, la mera extinción contractual o despido tácito surte efectos extintivos sobre la relación de trabajo desde el momento en que se produce el despido, por lo que podría pensarse que el trabajador, al dejar de serlo, no tendría derecho a participar ni como elector ni como elegible, por no pertenecer a la empresa en el momento de presentación del preaviso. No obstante, esta interpretación, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 44/2001, de 12 de febrero) debe ser matizada cuando existan fundados indicios de que el acto extintivo empresarial encubre una finalidad antisindical, puesto que el otorgamiento de efectos extintivos inmediatos al actor empresarial de despedir ha de conciliarse con la doctrina sobre los efectos de la nulidad radical del despido por vulneración de derechos fundamentales, ya que, si finalmente el órgano judicial declara el despido radicalmente nulo por vulneración del derecho de libertad sindical, esta 4

5 declaración de nulidad debe traer consigo el restablecimiento del contrato de trabajo en los mismos términos en los que existía al momento del despido, lo que significa que el trabajador mantuvo su condición de elector y también su calidad de elegible como representante de personal en su empresa (SJS núm. 1 de Zaragoza de 24 de octubre de 2013). En suma, y sin que a ello obsten los efectos constitutivos del despido, debe preservarse el derecho del trabajador a participar como elector y elegible en el proceso electoral de referencia. El derecho a participar en el proceso electoral, pese a estar despedido, en nada perjudica a la empresa y al propio trabajador, pues una eventual declaración de nulidad significaría la retroacción de todo el proceso laboral al momento de la publicación del censo electoral, con anulación del proceso electoral a partir de ese momento. Coincidimos, así, con el criterio generalizado en los procedimientos arbitrales (por todos, Laudo correspondiente al Procedimiento Arbitral 36 37/2012, fechado el 24 de julio de 2012 y dictado por D. Manuel Álvarez Alcolea) de que la decisión del empresario de despedir a un trabajador, habiéndose impugnado el despido, y aportando la demandante indicios de una posible lesión de un derecho fundamental, sin que se haya pronunciado una resolución judicial, por estar pendiente la celebración del acto del juicio, no puede afectar al derecho de los trabajadores a ser electores y elegibles. En estos supuestos, se debe considerar que la decisión extintiva no es firme hasta que se produzca la resolución definitiva por los órganos competentes del orden social de la jurisdicción, por lo que, en caso de declarar la nulidad o improcedencia, si hubiera readmisión, la decisión de habilitar la participación del trabajador despedido no causará perjuicios al mismo. Y ello porque la exclusión como elector y, más aún, como elegible del trabajador despedido puede producir efectos irreversibles y conculcar un derecho básico del trabajador y del resto de trabajadores, que no podrán elegirlo, si decidiera presentar su candidatura. Cabe extender esta doctrina, igualmente, al supuesto analizado, pese a que la extinción impugnada en sede judicial y pendiente de resolución, se produjo bastantes meses antes de que se registrara el preaviso de elecciones que da origen al proceso electoral de referencia. Tanto la situación de origen extinción o despido impugnado por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, habiendo aportado indicios suficientes de ello, estando sub iudice la impugnación de su cese como las posibles consecuencias finales que una estimación de la demanda pudiera tener para el trabajador perjuicios irreparables si tiene acogida finalmente su pretensión y no pude quedar repuesto en su derecho de ejercicio de la libertad sindical, al no haber podido participar en el proceso electoral. En ningún caso, el 5

6 retraso de los órganos judiciales en resolver su demanda puede ser un elemento contrario a los intereses del trabajador. En conclusión, estando sub iudice un despido que se impugna, con petición de declaración de nulidad por supuesta vulneración de derechos fundamentales particularmente por vulneración de la libertad sindical y habiendo aportado el trabajador en su demanda indicios suficientes sobre ello, éste debe ser incluido en el censo electoral como elector y elegible, a fin de dotar de una mayor seguridad jurídica al proceso electoral, así como preservar los derechos sindicales del propio trabajador incurso en la acción de despido, pues de otro modo no sería posible reponer estos derechos a la inclusión en el censo, ahora si se estima la pretensión de declaración de nulidad de la extinción. Vistos y examinados por mí, el árbitro designado, los hechos enumerados y los preceptos legales citados y demás de general aplicación, vengo a dictar la siguiente III. DECISIÓN ARBITRAL Estimo la impugnación formulada por D. XXXXXX, en nombre y representación de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO.), y anulo la resolución de la Mesa Electoral, fechada el 7 de agosto de 2014, que excluyó al trabajador D. BBBBBB del censo electoral, donde debe ser incluido con la doble condición de elector y elegible; en consecuencia, resultan nulas todas las actuaciones seguidas a la decisión de la Mesa Electoral impugnada y, así, la Mesa Electoral publicará de nuevo el censo electoral, incluyendo a D. BBBBBB, proseguirá el proceso electoral, conforme a un nuevo calendario, que concluirá con el acto de la votación, observando cuanto disponen las normas legales y reglamentarias a tal efecto. Se notificará una copia de este laudo a las partes interesadas y a la Oficina Pública dependiente de la Autoridad Laboral de esta provincia, competente en materia electoral, con la advertencia de que contra el mismo se podrá interponer recurso ante el Orden Social de la Jurisdicción, en el plazo de tres días, contados desde que tuvieron conocimiento del laudo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.6 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 42.4 del R.D. 1844/1994 y los artículos 127 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. En la I. C. de Zaragoza a 29 de julio de